Sentencia Civil 605/2025 Juzgado de Primera Instancia de Burgos nº 8, Rec. 507/2024 de 03 de noviembre del 2025

Primero.Ejercitó la parte actora una acción de reclamación en aplicación de lo establecido en los artículos 7.1 párrafo 2 y 9 de la ley de Propiedad Horizontal, solicitando se dicte sentencia declarando que, el espacio del DIRECCION001 situado en el DIRECCION002 del portal nº NUM000 (descrito en el informe pericial como, espacio situado detrás de los núcleos de ascensores) es propiedad de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA DIRECCION000 de Burgos, y en su consecuencia se condene a la demandada a que proceda a desmantelar el cerramiento efectuado por ella en dicho espacio y a su completa restitución en el estado inicial en que se encontraba, libre de enseres o cualquier otro elemento ajeno al garaje, y al pago de las costas judiciales generadas en el presente procedimiento. Subsidiariamente, y para el remoto supuesto en el que se entendiere la superficie ocupada, de propiedad de la demandada, se le condene igualmente a la retirada a su costa del cerramiento efectuado por estar prohibido ex artículo 2 de los estatutos comunitarios.

Se alega por la comunidad demandante que, siendo la demandada la propietaria de la plaza de garaje nº NUM001, en el año 2020 procedió en beneficio propio al cerramiento del DIRECCION002 del portal NUM000, colindante a la plaza de garaje de su propiedad situada en el DIRECCION001, y su ocupación, hecho no consentido por la comunidad, toda vez que, para en el supuesto en que en el futuro se pretendiera bajar el ascensor a cota cero no se podría llevar a cabo y todo ello sin olvidar que, los estatutos de la Comunidad prohibían expresamente tal ocupación.

La parte demandada pese a su válido emplazamiento fue declarada en situación procesal de rebeldía.

Segundo.Establece el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal:

"1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador."

Y, así mismo el artículo 9 del mismo texto recoge:

"1. Son obligaciones de cada propietario:

a) Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos."

Y, en aplicación de lo establecido en dichos artículos, solicitó la comunidad demandante se condenara a la demandada copropietaria en dicha comunidad a la retirada del cerramiento colocado en el espacio del DIRECCION001 situación en DIRECCION002 del portal nº NUM000, elemento común de la comunidad. Y, en defensa de sus intereses, se aportó informe pericial realizado por D. Alonso (documento nº 4 de la demanda) que recogía de forma expresa:

"El espacio situado detrás de los núcleos de comunicación de garaje con portales o salida al exterior no pertenece a ninguna plaza de garaje aunque la lógica es que se pudiese utilizar por las plazas adyacentes. Lo que a mi juicio no se puede hacer es cerrar estos espacios de manera fija y menos con llave, ya que así lo indican los estatutos y por las instalaciones comunitarias que discurren estos espacios. Como se observa por los materiales utilizados y las características constructivas de todo el edificio el cerrado del espacio detrás del ascensor, DIRECCION002 adyacente a la plaza de garaje nº NUM001 se ha ejecutado en fechas cercanas. "

Habiendo quedado acreditado con la documentación aportada tanto la falta de titularidad del espacio ocupado por la titular de la plaza cercana, así como la ocupación reciente realizada por la demandada correspondía a esta acreditar cualquier hecho o título que permitiera el cerramiento objeto de reclamación.

Tercero.El artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala.

"La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario."

Tal y como ha señalado de forma reiterada la doctrina del Tribunal Supremo, en nuestro derecho, la rebeldía de la demandada, no equivale a su allanamiento a la pretensión actora, sino que subsiste en el actor la carga de acreditar los hechos fundamentales en los que basa su pretensión. Ahora bien, de ello no puede derivarse la concesión al demandado rebelde de una suerte de privilegio procesal, de modo que se imponga al demandante el peso de demostrar exhaustivamente y por prueba directa cada uno de los hechos alegados en la demanda, exigiéndole no ya una "probatio" diabólica, sino una acreditación imposible a falta de una colaboración y lealtad procesal siempre exigible a quienes acudan, o abdican de dicha facultad, como litigantes ante la Administración de Justicia. Ciertamente, ello no implica que se tolere en el actor una especie de relación probatoria, dejando de demostrar aquellos hechos cuya demostración estaba en su mano, sino simplemente de advertir que existen elementos fácticos que la realidad social impone que no están a su alcance en determinados casos y que, además, se ven dificultados por la postura renuente del accionado. A ello cabe añadir que, cuando la rebeldía es voluntaria y en la demanda inicial se acompañan documentos acreditativos de los hechos que en la misma se relatan, los mismos puedan ser tomados en consideración con relevancia decisoria, por no impugnados, cuando la lealtad procesal así lo imponía.

Pues bien, en el presente caso, la situación de rebeldía procesal de la parte demandada, es voluntaria, toda vez que la demanda fue notificada el día 218 de noviembre de 2.024 a D. ª Carolina recogiéndola ella misma. Por lo tanto, ante la existencia de documentación suficiente por parte de la demandante, al no haberse demostrado por la demandada hecho negativo o impeditivo alguno, frente a la acción ejercitada, procede acordar la estimación de la demanda presentada, en los términos solicitados, esto es, se condena a la demandada a que proceda a desmantelar el cerramiento efectuado por ella en dicho espacio y a su completa restitución en el estado inicial en que se encontraba, libre de enseres o cualquier otro elemento ajeno al garaje.

Cuarto.El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala:

"1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho."

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares."

La íntegra estimación de la demanda presentada implicará la condena al pago de las costas procesales a la parte demanda.

Vistos los artículos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al caso