Sentencia Civil 578/2023 Juzgado de Primera Instancia de Pamplona/Iruña nº 7, Rec. 1323/2022 de 30 de marzo del 2023

PRIMERO. - Objeto procedimiento.

La parte actora presenta demanda solicitando la nulidad de la cláusula quinta "gastos a cargo de la prestataria" de la escritura de préstamo hipotecario otorgada en fecha 26 de abril de 2007 ante el Notario del Ilustre Colegio de Pamplona Don Luis-Ignacio Leach Ros, con nº de protocolo 778 habiendo intervenido como parte prestataria e hipotecante Doña Debora y como entidad prestamista Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, hoy Caixabank, S.A.

Dicha escritura obra en autos aportada por la demandante como documento nº 1 de la demanda.

Como consecuencia de la nulidad de la referida cláusula la parte actora solicita la restitución de las siguientes cuantías y conceptos:

- 50% aranceles de notario 221,75 euros.

- 100% aranceles de registro 127,39 euros.

- 100% gastos de tasación 100,92 euros.

- 50% gastos de gestoría 255,20 euros (el restante 50% indica corresponde a la escritura de compraventa).

Por un total de 705,26 euros.

La parte actora interesa además el abono de los intereses legales correspondientes desde la fecha de pago hasta la sentencia y con posterioridad incrementados en dos puntos.

La parte demandada manifiesta allanarse parcialmente a la demanda en lo que concierne a la restitución de los importes interesados y a la nulidad de la cláusula de gastos, con excepción de los apartados e) referente al seguro de daños e incendio y al apartado g) seguro de vida, manteniendo la validez de los mismos. En cuanto a la contratación de un seguro de daños, la entidad mantiene que ello es válido conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de regulación del mercado hipotecario. En relación a los gastos derivados de un seguro de vida, indica que responde a una práctica habitual pero que en el presente supuesto no se ha llevado a cabo la contratación de ningún seguro de vida y por ello no puede declararse su nulidad porque no hay vulneración de lo dispuesto en el artículo 89.4 TRLDCU.

SEGUNDO. - Cláusula de gastos. Nulidad. Allanamiento parcial.

La entidad demandada se allana a la nulidad de la cláusula de gastos con excepción de los apartados e) y g).

La nulidad de la cláusula de gastos radica en el hecho que es estipulación no negociada e impuesta por la entidad en virtud de la cual se imputan todos los gastos que puedan derivar del contrato y del propio otorgamiento de la escritura a la parte prestataria, con independencia de que su pago le corresponda a la misma o a la entidad prestamista. Es la atribución general y genérica de todos los gastos, incluidos los que corresponden a la parte prestataria, sin que exista una negociación individual sobre los mismos, lo que se considera que causa un evidente perjuicio a la parte prestataria, vulnerando el principio de buena fe. Atribución genérica y general de todos los gastos que se realiza por parte de la entidad en virtud de su mayor fuerza en las posiciones contractuales. Todo ello en atención a la dispuesto en el artículo 10 bis de la Ley 26/1984 de 19 de Julio de Consumidores y usuarios y a la Disposición adicional 1ª nº 22 de la Ley 7/1988, de Condiciones Generales de la Contratación. Por lo tanto, una vez analizada la cláusula y apreciado esta causa de nulidad, la misma afecta a dicha estipulación en su integridad, no sólo a los apartados referentes a gastos que debe de asumir la entidad. Otra cosa diferente es que, una vez declarada la nulidad de dicha estipulación, deba de analizarse si los gastos asumidos por la prestataria conforme a la normativa aplicable, siguen siendo a cargo de la parte prestataria (en cuyo caso no los puede reclamar) o si deben de ser asumidos por la entidad.

Por ello en cuanto a los apartados e) y g) también deben considerarse nulas porque imponen el pago de dichos gastos de forma general y genérica.

A ello hay que añadir que en principio los gastos que derivan del seguro de daños e incendios pueden ser válidos, pero deberá analizarse también la naturaleza y condiciones de dicho contrato, habiendo en ocasiones declarado la nulidad de los mismos por parte de este Juzgado. Asimismo, la atribución de los gastos del seguro de vida de la parte prestataria dependerá también en principio si dicho contrato es válido.

Además, si los contratos de seguro y de vida son válidos, la previsión de dicha estipulación carece de interés, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguro la obligación de pago de la prima del seguro corresponde al tomador del mismo. Declarada la nulidad de la estipulación, por lo tanto, si existieran dichos contratos y fueran válidos, serían asumidos por la parte prestataria.

Finalmente poner de manifiesto que en el caso que nos ocupa no queda acreditado tampoco que existan contratos de seguro de daños e incendio, ni contrato de seguro de vida, no reclamándose por la parte actora las primas que derivarían del mismo.

Por todo lo expuesto, se estima la demanda y se procede a declarar la nulidad de toda la estipulación.

TERCERO. - Consecuencia de la nulidad. Allanamiento.

La entidad se allana a la restitución de los conceptos reclamados.

Conforme a lo dispuesto en el art. 21.1 L.E.C., cuando el demandado se allane a todas las pretensiones de la parte actora, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, salvo que el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre el allanamiento indicando que: " siendo el derecho civil, salvo los supuestos de objeto procesal indisponible (filiación, capacidad, estado civil) un derecho esencialmente disponible por las partes, implica que en los casos de allanamiento el juez tenga que dictar una sentencia condenatoria, de acuerdo con lo solicitado por las partes, es decir, por el actor que reclama, y con el demandado que expresa ser cierta esa pretensión y solicita se dicte sentencia conforme a las consecuencias jurídicas pedidas por el actor, con la solas limitaciones ya expresadas en el propio art. 21" y "con estas solas limitaciones, el allanamiento vincula al órgano judicial a dictar sentencia conforme a lo solicitado por las partes" ( STS Sala 1ª de 22 de octubre de 1991, recurso 1832/1989 ; SSTS 1135/2007, de 18 de octubre o 8/2009, de 28 de enero ).

En este caso no se aprecia la existencia de fraude de ley, ni que la renuncia vaya contra el interés general o se haga en perjuicio de tercero, siendo la materia sobre la que recae disponible por las partes.

En virtud de lo expuesto se condenará a la demandada a abonar a la actora las cantidades objeto del allanamiento, que ascienden a 705,26 euros.

Asimismo, la entidad se allana a la restitución de los intereses legales desde la fecha de pago por parte de la demandante (tasación desde el 5.3.2007, notario desde el 26.4.2007, gestoría y registro desde el 25.6.2007 conforme a las fechas de las facturas) hasta la fecha de la sentencia. Con posterioridad y hasta el completo pago se devengarán los intereses previstos en el artículo 576 LEC.

CUARTO. - Costas.

En cuanto a las costas, estimándose íntegramente la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 LEC procede la imposición a la parte demandada, ello considerando además que estamos ante un allanamiento parcia y que la parte actora procedió a requerir extrajudicialmente a la entidad la nulidad de la estipulación y la restitución de las cuantías, y no consta contestación alguna.

Visto los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,