Sentencia CIVIL Nº 107/2020, Juzgados de lo Mercantil - Vigo, Sección 3, Rec 358/2019 de 01 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

XDO. DO MERCANTIL N. 3PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00107/2020

CALLE LALÍN NÚMERO 4 6ª PLANTA, 36209 VIGO

Teléfono:886218403 Fax:886218405

Correo electrónico:

Equipo/usuario: AG

Modelo: N04390

N.I.G.: 36038 47 1 2019 0300942

JVB JUICIO VERBAL 0000358 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre TRANSPORTES

DEMANDANTE , DEMANDANTE D/ña. Graciela, Fernando

Procurador/a Sr/a. ANA MARIA PAZO IRAZU, ANA MARIA PAZO IRAZU

Abogado/a Sr/a. MARIA MERCEDES VAZQUEZ ALVAREZ, MARIA MERCEDES VAZQUEZ ALVAREZ

DEMANDADO D/ña. VUELING AIRLINES

Procurador/a Sr/a. NURIA SANABRIA DELGADO

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA 107/2020

En Vigo, a uno de septiembre de dos mil veinte.

Sergio Burguillo Pozo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, ha visto los presentes autos de juicio verbal Número358/2019, sobre reclamación de cantidad, promovidos por Don Fernando y doña Graciela representados por Procuradora, contra VUELING AIRLINES S.A.,representada por procuradora y defendida por el letrado, en los que ha recaído la presente resolución con base en los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.-El día 7 de agosto de 2018 tenía salida programada el vuelo origen Florencia y destino Vigo que resultó retrasado varias horas, perdiendo el vuelo de conexión, solicitando por ello la indemnización de 2000 euros, más los intereses y costas.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha seis de febrero de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda y se ordenó el traslado a la demanda, quien contesta en escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte alegando circunstancias extraordinarias que impidieron la salida del vuelo, y solicitando se dictara sentencia desestimatoria.

Fundamentos

PRIMERO.- De la documentación aportada con la demanda, resulta que el vuelo Florencia-Vigo sufrió un retraso indemnizable.

Se reclama por la parte demandante la compensación prevista en el Reglamento comunitario 261/04, por importe de 400 euros por pasajero.

La parte demandada se opone a la demanda y afirma que no procede el abono de la suma que se reclama, pues el vuelo fue retrasado debido a una incidencia en cuanto a la regulación de capacidad de espacio aéreo.

SEGUNDO.- El Reglamento comunitario 261/2004, del Parlamento y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, que entró en vigor el 17 de febrero de 2005, tiene por objeto el establecimiento de normas mínimas de protección de los pasajeros en el ámbito del transporte aéreo, ante las situaciones de cancelación de vuelos, retrasos y denegación de embarque. Entre los mecanismos de protección que establece figura la fijación de compensaciones mínimas para las situaciones anormales que contempla.

En el marco del Reglamento 261/2004, el artículo 1 precisa que su objeto es establecer los derechos 'mínimos' que asistirán a los pasajeros en caso de denegación de embarque contra su voluntad, cancelación o retraso de su vuelo y, efectivamente, en el Reglamento (CE) Nº 261/2004 se reconocen a los pasajeros, según los casos, los siguientes derechos 'mínimos': 1) derecho a una compensación, 2) derecho al reembolso o a un transporte alternativo y 3) derecho a atención.

Sostiene la demandada que en este caso concurrirían las circunstancias extraordinarias que menciona el artículo 5.3 del Reglamento comunitario ('un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al art. 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables').

La primera de las cuestiones que debe ser objeto de examen es la referente a la concurrencia de 'circunstancias extraordinarias' que habrían motivado, según alega la demandada, la cancelación del vuelo en el que debía viajar el actor.

Dispone el artículo 1.105 del Código Civil que ' fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables'. En interpretación de tal precepto, la jurisprudencia señala ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de diciembre de 2.006,) que 'la concurrencia de los requisitos para la aplicación del art. 1105 CC, es decir, la imprevisibilidad y la inevitabilidad exige una prueba cumplida y satisfactiva (Sentencias 28 de diciembre de 1997 y 2 de marzo de 2001, incumbiendo la carga de la prueba a quien alega la existencia del caso fortuito o la fuerza mayor (SS. 31 de mayo de 1985; 11 de octubre de 1991; 31 de julio de 1996; 29 de diciembre de 1998; 8 de noviembre de 1999; 8 de febrero de 2000; 10 de octubre de 2002); de modo que la apreciación del soporte factual corresponde a los tribunales que conocen en instancia primera y apelación (SS. 6 de mayo de 1984 SIC; 2 de febrero de 1989; 23 de junio de 1990; 31 de julio de 1996; 29 de julio de 1998; 12 de julio de 2000; 14 de marzo de 2001; 23 de noviembre de 2004; 11 de octubre de 2005; 2 de febrero de 2006, el cual sólo puede ser revisado en casación a través del error en la valoración de la prueba, aunque sí cabe plantear el recurso extraordinario para el control de la razonabilidad jurídica en relación con la calificación de imprevisibilidad o inevitabilidad (SS. 22 de mayo de 1978; 30 de diciembre de 1991; 31 de enero y 3 de septiembre de 1992; 28 de marzo de 1994; 31 de marzo de 1995; 24 de diciembre de 1999), por cuanto se trata de conceptos jurídicos aunque indeterminados. También tiene dicho esta Sala que la fuerza mayor ha de entenderse constituida por un acontecimiento surgido «a posteriori» de la convención que hace inútil todo esfuerzo diligente puesto en la consecución de lo contratado (S. 24 de diciembre de 1999), debiendo concurrir en dicho acontecimiento, hecho determinante, la cualidad de ajenidad, en el sentido de que ha de ser del todo independiente de quien lo alega (SS. 19 de mayo de 1960, 28 de diciembre de 1997, 13 de julio y 24 de diciembre de 1999 y 2 de marzo de 2001, sin que pueda confundirse la ajenidad con aquellas circunstancias que tienen que ser asumidas y previstas por la parte contratante de quien depende el cumplimiento (S. 22 de febrero de 2005); y asimismo debe haber una total ausencia de culpa (SS. 31 de marzo de 1995, 31 de mayo de 1997, 18 de abril de 2000, 23 de noviembre de 2004), porque la culpa es incompatible con la fuerza mayor y el caso fortuito (S. 2 de enero de 2006). La fuerza mayor ha de consistir en una fuerza superior a todo control y previsión (S. 20 de julio de 2000, y para ponderar su concurrencia habrá de estarse a la normal y razonable previsión que las circunstancias exijan adoptar en cada supuesto concreto, o inevitabilidad en una posibilidad de orden práctico (S. 4 de julio de 1983, reiterada en las de 31 de marzo de 1995, 31 de mayo de 1997, 20 de julio de 2000 y 15 de febrero de 2006). La jurisprudencia, en su versión casuística, insiste en la exigencia de haber obrado con la diligencia exigible por las circunstancias de cada caso (atención y cuidados requeridos, S. 16 de febrero de 1988; diligencia razonable, S. 5 de diciembre de 1992; adecuada, S. 5 de febrero de 1991 y 2 de enero de 2006; precisa, S. 31 de marzo de 1995; debida, SS. 28 de marzo de 1994 y 31 de mayo de 1997; necesaria, S. 8 de noviembre de 1999, pues la fuerza mayor como el caso fortuito, no procede ante un comportamiento negligente con suficiente aportación causal'

El concepto de circunstancias extraordinarias al que hace referencia el art. 5.3. del Reglamento Europeo guarda un gran paralelismo con el concepto de fuerza mayor de nuestra legislación interna, concepto que cabe distinguir del de caso fortuito, de forma esencial, a partir de un dato: el origen interno o externo de las circunstancias que los determinan. Si esas circunstancias son intrínsecas a la actividad, se está ante una situación de caso fortuito, pero no de fuerza mayor, de manera que no existe exoneración de responsabilidad. En cambio, únicamente si la circunstancia es completamente ajena a los riesgos propios de la actividad en el curso de la cual se originó el daño, se está ante la fuerza mayor exonerante.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha matizado el concepto de circunstancias extraordinarias del art. 5 del Reglamento y en concreto la sentencia del Tribunal de 12 de mayo de 2011 EDJ2011/47600 dice que ' el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) num. 261/2004 ..., ha de interpretarse en el sentido de que el transportista aéreo, toda vez que está obligado a tomar todas las medidas razonables para evitar las circunstancias extraordinarias, debe razonablemente, al planificar el vuelo, tener en cuenta el riesgo de retraso vinculado a la posible aparición de tales circunstancias. En consecuencia, tiene que prever una cierta reserva de tiempo que le permita, si es posible, efectuar el vuelo en su integridad en el momento en que las circunstancias extraordinarias hayan finalizado. En cambio, dicha disposición no puede interpretarse en el sentido de que impone, en concepto de medidas razonables, planificar, de manera general e indiferenciada, una reserva de tiempo mínima aplicable indistintamente a todos los transportistas aéreos en todas las situaciones de aparición de circunstancias extraordinarias.La apreciación de la capacidad del transportista aéreo de garantizar la integridad del vuelo previsto en las nuevas condiciones resultantes de la aparición de estas circunstancias debe llevarse a cabo velando porque la amplitud de la reserva de tiempo exigida no tenga como consecuencia llevar al transportista aéreo a consentir sacrificios insoportables habida cuenta de las capacidades de su empresa en el momento pertinente'.

El decimocuarto considerando del Reglamento 261/2004 establece que ' del mismo modo que en el marco del Convenio de Montreal, las obligaciones de los transportistas aéreos encargados de efectuar un vuelo se deben limitar o excluir cuando un suceso haya sido causado por circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Dichas circunstancias pueden producirse, en particular, en casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo.' Por su parte, el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, aplicable a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración, en su art. 19 señala que: 'El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas'. Por último, el art. 22.1 norma que: 'En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el art. 19, en el transporte de personas la responsabilidad del transportista se limita a 4.150 derechos especiales de giro por pasajero'.

En el presente caso la parte demandada alude a una sobrecapacidad en el corredor de Marsella que obligó a retrasar el vuelo de la compañía, sin embargo el informe de ENAIRE no avala esta circunstancia, sino que alude a que no se produjo el despegue en plazo. En todo caso esta sobrecapacidad genérica no es una causa que deba exonerar a la compañía, pues es una circunstancia que pudiendo darse debe ser evitada por la compañía, fundamentalmente a través de puntualidad en el despegue que se ha concedido, lo que la demandada no acredita, por lo que debe condenarse a la demandada. En concreto, la compensación por tal concepto habrá de ascender a la cantidad de 400 euros para cada pasajero, conforme a lo estipulado en el Reglamento nº 261/2004.

TERCERO.- Respecto al daño moral, el artículo 12.1 dispone que 'El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria. La compensación que se conceda con arreglo al presente Reglamento podrá deducirse de la misma' Esto supone la posibilidad de aplicar la noción de daño moral, que es expresamente reconocido, bajo determinados presupuestos, por el Tribunal Supremo para el transporte aéreo. Así, la STS de 31-5-00, recoge la doctrina jurisprudencial sobre el daño moral señalando:

'Se afirma, en sede de prueba, que la jurisprudencia exige acreditar la realidad y alcance del daño, esto es, su existencia y contenido o entidad, y que ello es aplicable al daño moral, y en armonía con tal alegación se pretende que en el caso no se dio cumplimiento a la exigencia jurisprudencial, lo que debe determinar la consecuencia desfavorable para el actor, por incumbirle la carga, de la denegación de su pretensión indemnizatoria.

La temática planteada, aunque relacionada con la doctrina general sobre la carga de la prueba del daño, presenta ciertas peculiaridades, sobre todo por la variedad de circunstancias, situaciones o formas con que puede presentarse el daño moral en la realidad práctica, y de ello es muestra la jurisprudencia, que aparentemente contradictoria, no lo es si se tienen en cuenta las hipótesis a que se refiere. Así se explica que unas veces se indique que la falta de prueba no basta para rechazar de plano el daño moral (S. 21 octubre 1996 EDJ1996/6432), o que no es necesaria puntual prueba o exigente demostración (S. 15 febrero 1994 EDJ1994/1301), o que la existencia de aquel no depende de pruebas directas (S. 3 junio 1991), en tanto en otras se exija la constatación probatoria (s. 14 diciembre 1993 EDJ1993/11357), o no se admita la indemnización -compensación o reparación satisfactoria- por falta de prueba (S. 19 octubre 1996 EDJ1996/8164 ). Lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo (s. 23 julio 1990 EDJ1990/7963 , 29 enero 1993 EDJ1993/667 , 9 diciembre 1994 EDJ1994/9233 y 21 junio 1996), sobre todo en relación con su traducción económica, y que haya de estarse a las circunstancias concurrentes, como destacan las Sentencias de 29 de enero de 1993 y 9 de diciembre de 1994 EDJ1994/9233 . Cuando el daño moral emane de un daño material (s. 19 octubre 1996 ), o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la 'in re ipsa loquitur', o cuando se da una situación de notoriedad (Ss. 15 febrero 1994 EDJ1994/1301 , 11 marzo 2000 EDJ2000/2156 ), no es exigible una concreta actividad probatoria. (...)

Las Sentencias de esta Sala han reconocido que el daño moral constituye una noción dificultosa (S. 22 mayo 1995 EDJ1995/2454 ), relativa e imprecisa (SS. 14 diciembre 1996 EDJ1996/9131 y 5 octubre 1998 EDJ1998/25076 ). Iniciada su indemnización en el campo de la culpa extracontractual, se amplió su ámbito al contractual (Ss. 9 mayo 1984, 27 julio 1994 EDJ1994/6228 , 22 noviembre 1997 EDJ1997/9815 , 14 mayo EDJ1999/8563 y 12 julio 1999 EDJ1999/13412 , entre otras), adoptándose una orientación cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación a la concepción clásica del 'pretium doloris' y los ataques a los derechos de la personalidad (S. 19 octubre de 1998 ). Cierto que todavía las hipótesis más numerosas se manifiestan en relación con las intromisiones en el honor e intimidad (donde tiene reconocimiento legislativo), los ataques al prestigio profesional (Sentencias 28 febrero EDJ1994/1773 , 9 EDJ1994/9233 y 14 diciembre 1994 EDJ1994/9494 , y 21 octubre 1996 EDJ1996/6432 ), propiedad intelectual (igualmente con regulación legal), responsabilidad sanitaria (Sentencias 22 mayo 1995 EDJ1995/2454 , 27 enero 1997 EDJ1997/667 , 28 diciembre 1998 EDJ1998/30716 y 27 septiembre 1999 ) y culpa extracontractual (accidentes con resultado de lesiones, secuelas y muerte), pero ya se acogen varios supuestos en que es apreciable el criterio aperturista (con fundamento en el principio de indemnidad), ora en el campo de las relaciones de vecindad o abuso del derecho, (S. 27 julio 1994 EDJ1994/6228), ora con causa generatriz en el incumplimiento contractual (Ss. 12 julio 1999 EDJ1999/13412, 18 noviembre 1998 EDJ1998/24834, 22 noviembre 1997 EDJ1997/9815, 20 mayo EDJ1996/2669 y 21 octubre 1996 EDJ1996/6734), lo que, sin embargo, no permite pensar en una generalización de la posibilidad indemnizatoria.

Ciertamente la prueba practicada por la parte actora es escasa, sí puede objetivarse que llegaron a Vigo con unas 12 horas de retraso, incluyendo la noche, y que desde luego el funcionamiento de la compañía aérea en el traslado al hotel, que nunca se produjo, fue cuanto menos anormal y de ello debemos deducir la obligación de indemnizar que se fija prudencialmente en 300 euros para cada uno de los pasajeros, atendiendo a la dejación de obligaciones que la compañía debió asumir para el traslado al hotel, no pudiendo descasar en el mismo por la exclusiva responsabilidad de la compañía aérea.

CUARTO.- En cuanto a los intereses de demora, ( artículo 1100 y 1108 del Código civil), se tomará como día inicial para el cómputo de los intereses legales de demora la fecha de interposición de reclamación a la compañía (14 de agosto de 2.018) hasta la sentencia y desde ésta conforme al artículo 576 LEC.

Conforme a lo que establece el artículo 394 de la LEC, no procede imponer las costas procesales no habiéndose acreditado mala fe o temeridad, y no siendo preceptiva la intervención de profesionales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Fernando y doña Graciela, contra VUELING AIRLINES S.A., representada por el procurador y defendida por letrado, DEBO CONDENAR Y CONDENOa la expresada demandada a que pague a los demandantes la cantidad de 1.400 euros,más los intereses legales devengados desde el día de la reclamación extrajudicial (14 de agosto de 2.018) hasta la fecha de esta sentencia, a partir de la cual será de aplicación lo establecido en el artículo 576 de la LEC.

No se fijan costas procesales a ninguna de las partes.

Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: La anterior sentencia fue leída en audiencia pública por el Sr. Magistrado-juez que la suscribe en el mismo día de su fecha; doy fe.-