Sentencia Civil Nº 123/2014, Audiencia Provincial de Cadiz, Sección 2, Rec 560/2013 de 30 de Mayo de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CADIZ

SECCION SEGUNDA

S E N T E N C I A 1 2 3

Ilustrísimos Señores:

PRESIDENTE

José Carlos Ruiz de Velasco Linares

MAGISTRADOS

Margarita Alvarez Ossorio Benítez

Antonio Marín Fernández

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3 DE CHICLANA DE LA FRONTERA

JUICIO ORDINARIO Nº 1215/2010

ROLLO DE SALA Nº 560/2013

En Cádiz a 30 de mayo de 2014.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, integrada por los Ilmos. Srs. reseñados al margen, ha visto el Rollo de apelación de la referencia, formado para ver y fallar la formulada contra la sentencia dictada por el citado Juzgado de Primera Instancia y en el Juicio Ordinario que se ha dicho.

Ha comparecido en calidad de apelante Adolfo , representado por el Pdor. Sr. Malia Benítez, quien lo hizo bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. Gago Piñero.

Ha comparecido en calidad de apelada la entidad MAPFRE, representada por el Pdor. Sr. Guillén Guillén, quien lo hizo bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. Pajares Briones.

Ha sido Ponente el Magistrado Sr. Antonio Marín Fernández, conforme al turno establecido.

Antecedentes

PRIMERO.- Formulado recurso de apelación ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de los de Chiclana de la Frontera por la parte antes citada contra la sentencia dictada el día 20/mayo/2013 en el procedimiento civil nº 1215/2010, se sustanció el mismo ante el referido Juzgado. La parte apelante formalizó su recurso en los términos previsto en Ley de Enjuiciamiento Civil y la apelada, por su parte, se opuso instando la confirmación de la resolución recurrida, remitiéndose seguidamente los autos a esta Audiencia para la resolución de la apelación.

SEGUNDO.- Una vez recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se turnaron a esta Sección, acordándose la formación del oportuno Rollo para conocer del recurso y la designación de Ponente. Reunida la Sala al efecto quedó votada la sentencia acordándose el Fallo que se expresará.

Fundamentos

PRIMERO.-Planteamiento y toma de posición. El recurso del apelante Sr. Adolfo debe ser desestimado. Damos por reproducidos y hacemos nuestros los acertados razonamientos expuestos en la sentencia recurrida por la Juez a quo para desestimar su demanda de responsabilidad civil ejercitada contra la aseguradora de la Comunidad de Propietarios de la que era vecino.

Sabido es que el art. 120.3 de la Constitución en conexión con el art. 24.1 del texto constitucional, imponen a los tribunales la obligación de motivar debidamente las resoluciones por ellos dictadas en el ejercicio de su jurisdicción con el fin de dar a conocer a las partes las razones de las decisiones judiciales y propiciar su crítica a través de los recursos. Pero dicho esto, también es cierto, según ha señalado reiterada doctrina emanada tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que es válida la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, precisamente porque en tal resolución se exponían argumentos correctos y bastantes, de hecho y de derecho, que fundamentasen en su caso la decisión adoptada ya que en tales supuestos, cual precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 20/octubre/1997 , subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo aquello que resulte necesario (entre otras muchas, sentencias del Tribunal Supremo de 16/octubre/1992 , 19/abril/1993 , 5/octubre/1998 ).

Tal es el caso de autos por cuanto el exhaustivo análisis del objeto litigioso y la más que adecuada motivación de dicha resolución ya dieron respuesta suficiente al derecho de la parte recurrente a la tutela judicial efectiva. Con todo, procuraremos ahora a su vez dar también cumplida respuesta a las alegaciones contenidas en el recurso en los términos que exigen los arts. 456.1 y 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEGUNDO.-La responsabilidad por riesgo en el ámbito de accidentes ocurridos en edificios en régimen de Propiedad Horizontal. La jurisprudencia constante del Tribunal Supremo sobre la materia aparece bien resumida en la sentencia de 31/octubre/2006 . Y es que en 'la jurisprudencia de esta Sala sobre la responsabilidad por riesgo en relación con elart. 1902 CC, conviene destacar, ante todo, que nunca se ha llegado al extremo de erigir el riesgo en fuente única de responsabilidad con fundamento en dicho precepto (SSTS 6-9-05,17-6-03,10-12-02y 6- 4-00); lejos de ello, debe excluirse con fuente autónoma de tal responsabilidad el riesgo general de la vida (STS 5-1-06con cita de las de 21-10y11-11-05), los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar (STS 2-3-06que también cita la de 11-11-05) o los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida (STS 17-7-03). Más concretamente en relación con caídas en edificios en régimen de propiedad horizontal o acaecidas en establecimientos comerciales, de hostelería o de ocio, muchas sentencias de esta Sala anteriores a la ahora recurrida en casación ya exoneraron a la comunidad de propietarios o a los titulares del negocio demandados cuando la caída se había debido a la distracción del perjudicado por no advertir un obstáculo que se encontrara dentro de la normalidad (así,SSTS 28-4-97y14-11-97), declarándose en cambio la responsabilidad del demandado cuando su negligencia era identificable (p. ej.SSTS 21-11-97, por carecer de pasamanos una escalera, y2-10-97, caída en una discoteca sin personal de seguridad); y aunque, entre las ya citadas, laSTS 21-11-97propugnara una objetivación máxima de la responsabilidad, línea que luego sería en cierto modo ratificada porlaSTS 31-3-03al considerar aplicable en este ámbito una inversión total de la carga de la prueba en contra del demandado, lo cierto es que la jurisprudencia viene manteniendo hasta ahora la exigencia de una culpa o negligencia del demandado suficientemente identificada para poder declarar su responsabilidad'.

Quiere ello decir que ni siquiera la inversión de la carga de la prueba puede resultar de aplicación. Antes al contrario, es exigible de la parte actora-recurrente la prueba completa y acabada de la negligencia de la Comunidad de Propietarios. Y ésta no puede encontrarse en hechos no solo carentes de prueba, sino ajenos al ámbito propio de la responsabilidad de la Comunidad de Propietarios.

En ese sentido, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 22/febrero/2007 recogiendo un hecho similar -se trataba de una caída producida en un centro comercial por el agua de lluvia existente en los accesos al mismo- resuelve en el sentido expuesto. Tras reiterar la doctrina ya apuntada ('Como declara laSTS de 31 de octubre de 2006, en relación con caídas en edificios en régimen de propiedad horizontal o acaecidas en establecimientos comerciales, de hostelería o de ocio, muchas sentencias de esta Sala han declarado la existencia de responsabilidad de la comunidad de propietarios o de los titulares del negocio cuando es posible identificar un criterio de responsabilidad en el titular del mismo, por omisión de medidas de vigilancia, mantenimiento, señalización, cuidado o precaución que debían considerarse exigibles (...) Por el contrario, no puede apreciarse responsabilidad en los casos en los cuales la caída se debe a la distracción del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de la vida por tratarse de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad o tiene carácter previsible para la víctima'), aplica tal doctrina para el supuesto litigioso en los siguientes términos: 'La Sala de instancia no cita elemento alguno de orden fáctico que permita identificar la existencia de una negligencia por parte del titular del establecimiento. Afirma que los materiales empleados para la construcción del suelo no sólo resultan adecuados, sino que presentan un grado suficiente de seguridad y adherencia. Desecha, finalmente, el carácter imprevisible, como accidente u obstáculo, del estado húmedo o mojado del suelo en zona próxima a la entrada del mercado en día de lluvia, para quien penetra en el local provisto de un paraguas. (...) La sentencia aplica correctamente a los hechos que declara probados un criterio de imputación causal que implica poner a cargo de quienes lo sufren aquel daño que se produce como consecuencia de los riesgos generales de la vida inherentes al comportamiento humano en la generalidad de los casos, según la regla id quod plerumque accidit (lo que sucede normalmente). Para ello tiene en cuenta que el estado húmedo o mojado del suelo del establecimiento próximo a la entrada como consecuencia de la lluvia constituye un acontecimiento previsible por parte de los clientes, que deben tomar las medidas de precaución adecuadas para evitar las caídas. El criterio de imputación utilizado, este sí revisable en casación, constituye una aplicación razonable del criterio de asunción del riesgo fundado en la jurisprudencia de esta Sala sobre la asunción de los riesgos ordinarios o generales de la vida, aplicado en casos similares en las sentencias que se han citado'.

TERCERO.-La aplicación de la citada jurisprudencia al supuesto litigioso. El supuesto no ofrece duda no ya, que también, desde la perspectiva de la imputación subjetiva de algún género de culpa o negligencia a la Comunidad de Propietarios asegurada por la demandada, sino desde el punto de vista de la aplicación de elementales criterios de imputación objetiva a nivel causal como es el del riesgo permitido. Tal solución responde por lo demás al criterio mantenido por este tribunal en supuestos análogos al de autos como el resuelto en la sentencia de 12/julio72007 (Rollo nº 283/2007 ).

Sobre la indudable admisión de la causalidad de hecho, esto es, admitiendo que el actor cae y se lesiona como consecuencia de la presencia de un charco de agua cuyo origen posiblemente estuviera en los problemas que presentaba para su cierre hermético la puerta de acceso a la azotea, lo que dista de estar claro es que ello fuera imputable a la negligente actuación de la Comunidad de Propietarios. Es evidente que siendo domingo el día 14/diciembre/2008 en que sucede el hecho, es imposible imputar a la Comunidad de Propietarios un defecto de mantenimiento o limpieza en orden a eliminar el charco. Siendo el actor vecino del inmueble, necesariamente ha de saber que si sube un domingo a las 8,30 de la mañana a la azotea, las escaleras no han sido limpiadas y/o recogidas al menos desde dos días antes. No puede esperar que estén secas y en perfecta disposición de uso, si admitimos, como hace su representación letrada en la demanda, que llevaba varios días lloviendo y era conocida por la Comunidad de Propietarios la problemática del cierre de la referida puerta. Pero no es solo ello, es que el actor sube a la azotea porque tiene filtraciones en su vivienda, lo cual ineludiblemente quiere decir que encima de ella debería haber una acumulación de agua que las estuviera provocando.

Es por todo ello que el Sr. Adolfo sabía o debía saber que las escaleras o el rellano debían estar mojadas o que era muy probable que así fuera, de modo que debió adoptar las cautelas precisas, asumiendo por tanto el riesgo que implicaba acceder a la azotea bajo esas condiciones. Ningún reproche, por el contrario, cabe hacer a la Comunidad de Propietarios asegurada por Mapfre, y en todo caso el defecto de mantenimiento de la puerta de acceso a la azotea no se tiene por causalmente relevante para la producción del daño desde la perspectiva del criterio de imputación objetiva antes mencionado: estamos ante los denominados riesgos generales de la vida que no son susceptibles de erigirse en títulos que fundamenten la responsabilidad civil.

CUARTO.- Costas. En el caso de dictarse fallo confirmatorio de la resolución apelada, se impondrán las costas al apelante según dispone el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que la Sala observe dudas de hecho o de derecho que, conforme a lo dispuesto en los arts. 398.1 y 394.1 de la Ley procesal , justifiquen la adopción de otra decisión.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, y en razón a lo expuesto,

Fallo

PRIMERO.- Que desestimandoel recurso de apelación sostenido en esta instancia por Adolfo contra la sentencia de fecha 20/mayo/2013 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Chiclana de la Frontera en la causa ya citada, confirmamosla misma en su integridad.

SEGUNDO.- Condenamos al apelante al pago de las costas procesales causadas en esta alzada.

TERCERO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir y procédase a dar al mismo el destino previsto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio literal al Rollo de Sala y se notificará a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de casación en el caso de concurrir las circunstancias previstas en el art. 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.