Sentencia Civil Nº 123, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 244 de 22 de Marzo de 2000

Fundamentos

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00123/2000

AUDIENCIA PROVINCIAL

Sección Primera

PONTEVEDRA

Rollo: MENOR CUANTIA 244 /1999

P.Civil: 311/98

Tipo Asunto: MENOR CUANTÍA

Procedencia: JDO. DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 3 DE PONTEVEDRA

LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL  DE PONTEVEDRA,  compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JAIME CARRERA IBARZABAL, Presidente

D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO

D- BEGOÑA GARCIA DE ANDOIN JORQUERA

han dictado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 123

En PONTEVEDRA, a veintidós de Marzo de dos mil.

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos del proceso civil número 311/98 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pontevedra, y promovido entre las partes, de una parte como apelante-demandada, doña MARIA DEL MAR, representado en esta instancia por el Procurador de los Tribunales Sr. Barreras González y bajo la dirección del Letrado Sr. Feijoo Torres y de la otra como apelado-demandante, doña MARIA GEMMA y doña ZOILA, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Bernárdez Filloy, y bajo la dirección del Letrado Sr. González Lojo, y como apelado-demandado, INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, bajo la dirección del Letrado de la Xunta, en juicio de MENOR CUANTIA sobre.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los de la sentencia de primera instancia y,

      PRIMERO: En los autos a que este rollo se refiere en fecha veintiocho de mayo de 1999, el Señor Magistrado-Juez del Jdo de Primera Instancia e Instrucc. nº 3 de Pontevedra, dictó sentencia, cuyo Fallo textualmente dice:

      "FALLO: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA MARIA GEMMA Y DOÑA ZOILA contra DOÑA MARIA MAR y el INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, debo declarar y declaro:

      1.- Que la vivienda sita en el número 26 (antes 171) del Grupo Sindical …de Vigo, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vigo número 1, al folio 133 del Tomo 582 Finca número 58.894 tiene carácter ganancial de la sociedad que en su día formaron D. Jesús y Doña Carmen.

      2.- La nulidad parcial de la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por D. Jesús y Doña María del Mar en escritura pública otorgada en fecha 27 de mayo de 1992 ante el Notario D. César Cunqueiro González Seco bajo el número 1127 de su protocolo, en cuanto afecte a la vivienda antes reseñada.

      Se desestima la demanda en sus restantes pedimentos. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y la mitad de las comunes."

      Y, contra dicha sentencia, por la parte MARIA DEL MAR se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos por lo que las actuaciones fueron elevadas a esta Sala y previo emplazamiento a las partes, como éstas se personaron ante ella en tiempo y forma, se las tuvo por comparecidas, y se les entregaron aquéllas para instrucción, por término de seis días, al Magistrado PONENTE, y una vez devueltas se señaló el día diecisiete de los corrientes para la vista del recurso y se pasaron los autos a los litigantes, también para instrucción, por el plazo de cuatro días a cada uno de ellos.

      SEGUNDO: En la tramitación de este instancia, se han cumplido las Prescripciones y términos legales.

      Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don JAIME CARRERA IBARZABAL, quien expresa el parecer de la sala.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

      PRIMERO.- El tema único a dilucidar, una vez abandonados en el recurso los demás motivos de oposición, es el de determinar si la titularidad de la vivienda unifamiliar de planta baja del núm. 26 del Grupo de Viviendas "…", parroquia de Sárdoma en Vigo correspondía a la sociedad de gananciales del matrimonio compuesto por D. Jesús y Dª. Carmen, que la habrían adquirido a virtud del contrato de adjudicación otorgado en fecha 8 de enero de 1958 por la Delegación Nacional de Sindicatos de …y de las…, a través de la obra Sindical del Hogar, en concepto de propietario de dicho inmueble y D. José, en calidad de beneficiario o, aquella debe atribuirse a la sociedad de  gananciales constituida por el matrimonio de D. José y Dª María del Mar, a virtud de la  escritura pública de compraventa otorgada en su favor por  el Instituto Galego da Vivenda e Solo, con fecha 19 de mayo  de 1992. Pues bien, como ya se ha sostenido en anteriores  resoluciones de  este Tribunal, el llamado contrato de acceso diferido a la propiedad (como tal ha de calificarse,  sin duda, el contrato de fecha 8 de enero de 1958 y ninguna  de las partes cuestiona tal naturaleza), es un contrato de  compraventa con pacto de reserva de dominio, en virtud del  que, el vendedor, entregándole la posesión, no transmite al  comprador el dominio de  la cosa vendida hasta que este  último abona la totalidad del precio convenido, de suerte  que, el pacto de reserva de dominio funciona a modo de  garantía para el cobro del precio aplazado y el pago total  del precio actúa a manera de presupuesto de adquisición por  el comprador del pleno dominio de la cosa comprada y,  verificado aquel pago completo, se produce ipso iure la  trasferencia dominical;  dicho pacto no afecta a la  perfección de la venta, sino sencillamente a su consumación  y así el comprador está adquiriendo a virtud de ese pacto un derecho de propiedad expectante, pudiendo, antes de que  se cumpla la especie de condictio iuris consistente en el  entero pago del precio, ejercitar las acciones procedentes  para conservar su derecho (art. 1121 del Código Civil ) y  efectuado el pago, los  efectos de la obligación se  retrotraen, luego de cumplida, al día de su constitución  (art. 1120 del Código Civil ). Tal no es sino trasunto fiel  y abreviado de  la doctrina jurisprudencial al respecto  (sentencias de  10 de diciembre de 1991, 21 de enero de  1992, 13 de marzo de 1992, 23 de diciembre de 1992 ó 23 de  mayo de 1996). Y a partir de tal doctrina, la atribución de  la titularidad de la vivienda litigiosa debe decantarse a  favor de la sociedad de gananciales existente al tiempo de  la conclusión del "contrato de adjudicación" de 8 de enero  de 1958, frente a la constituida en el momento de operarse  el otorgamiento de la escritura pública de venta de 19 de  mayo de 1992, y ello no solamente tomando en consideración  el momento de  perfección del contrato, sino también la  retroactividad de efectos del cumplimiento de la condición  (abono total del pago del precio, que en el supuesto de  litis se realiza a manera  de amortización anticipada),  retroactividad que no comporta, cual afirma la parte  recurrente, un  choque con la teoría del título y del modo  y, en consecuencia, la vulneración de lo prevenido en el  art. 609 del Código Civil, en la medida en que supuesta la  existencia del título de adquisición, la entrega de la cosa  tiene lugar, no de manera instrumental en el momento de la  escritura pública, sino con anterioridad, al tiempo del  otorgamiento del llamado "contrato de adjudicación", a  medio de la entrega real de la vivienda, es decir, de la  puesta de la misma en  poder y posesión del comprador  (párrafo primero del art. 1462 del Código Civil), que ya  desde entonces pasa a  habitarla. Naturalmente, la  imposición en aquel contrato de ciertas limitaciones a las  facultades de disposición  (prohibición de la cesión o  traspaso de la vivienda), asl como el de arrendarla o  constituir en ella industria o negocio alguno, durante el periodo de amortización de la vivienda (cláusula séptima del contrato), no fundamenta el alegato de la recurrente, vinculado con el principio de transmisión por causa de muerte (art. 659 del Código Civil ) y expresivo de que nos hallamos ante una facultad o derecho de carácter personalísimo y por ello intransmisible. Procede en consecuencia y dando por reproducidos los impecables razonamientos de la sentencia de instancia, la desestimación del recurso interpuesto.

      SEGUNDO.- De conformidad con lo prevenido en el art. 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la desestimación del recurso comporta la imposición, a la parte apelante, de las costas procesales de la alzada, al no apreciar la Sala la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento.

      En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.

FALLAMOS

      Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. Montserrat Barreras González, en nombre y representación de Dª María del Mar, contra la sentencia de fecha 28 de mayo de 1999 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Pontevedra, confirmamos la misma, con imposición, a la parte apelante, de las costas procesales de la alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.