Sentencia Civil Nº 140/2015, Juzgados de lo Mercantil - Burgos, Sección 1, Rec 1000375/2009 de 26 de Mayo de 2015

Encabezamiento

JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4)

BURGOS

SENTENCIA: 00140/2015

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1

DE BURGOS

BURGOS

AVDA REYES CATOLICOS, 51 BIS

55800

Número de Identificación Único: 09059 42 1 2009 0005198

Procedimiento: PZ.INC.CONC. OPOSICION CALIFICACION(171) 1000375 /2009

Sobre PZ.INC.CONC. OPOSICION CALIFICACION(171)

De D/ña. MUEBLES FIERRO SL

Procurador/a Sr/a. MARIA ELENA PRIETO MARADONA

Contra D/ña. Juan Ignacio , Alfonso , Benito , ADCCION CONCURSAL

Procurador/a Sr/a. MARIA ELENA PRIETO MARADONA, MARIA ELENA PRIETO MARADONA , MARIA ELENA PRIETO MARADONA ,

SENTENCIA Nº 140/15

En Burgos a veintiséis de mayo de 2.015.

D. JOSE MARIA TAPIA LOPEZ, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, habiendo visto los presentes Autos de CALIFICACIÓN CONCURSALnúmero 375/2.009, a instancia de la Administración Concursal de la Mercantil 'MUEBLES FIERRO, S.L.', como parte coadyuvante la Mercantil 'INDUSTRIAS MARTORELL, S.A.', representada por la Procuradora Sra. Santamaría Alcalde y asistida por el Letrado Sr. Villanueva, como parte demandada la Sociedad 'MUEBLES FIERRO, S.L.', representada por la Procuradora Sra. Prieto Maradona y asistida por el Letrado Sr. Holderl, como personas afectadas por la calificación Dª. Verónica , D. Julián , D. Benito y D. Juan Ignacio , representados por la Procuradora Sra. Prieto Maradona y asistidos por la Letrado Sra. Rubio, D. Alfonso , representado por la Procuradora Sra. Prieto Maradona y asistida por el Letrado Sr. Holderl, con intervención del Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO: Con fecha 22 de abril de 2.010, se dictó Auto por el que se acordaba la apertura de la fase de liquidación, y la formación de la Sección Sexta de Calificación del Concurso.

SEGUNDO:Por escrito de fecha 13 de julio de 2.010, por la Administración Concursal se presentó Informe de Calificación del Concurso, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminaba por suplicar que se dictara Sentencia por la que se declarara culpable el presente Concurso de Acreedores, que se declarara personas afectadas por la calificación a D. Alfonso (en su condición de administrador societario de la Concursada), subsidiariamente, que se declarara cómplices a Dª. Verónica , D. Julián , D. Juan Ignacio , destinatarios de las transferencias de los vehículos de la Concursada ya D. Teodoro , en su calidad de Administrador de la Asesoría AGA, S.L., encargada de la elaboración de la contabilidad, liquidaciones tributarias y cuentas anuales presentadas, condenando a D. Alfonso a reintegrar la Prensa REMARH Na 22, si no identifica al presunto destinatario del depósito realizado, se condenara a Dª. Verónica a perder los créditos concursales que ostenta y a devolver a la Concursada la deuda reconocida, se condenara a la Asesoría AGA, S.L., a perder sus créditos concursales ordinarios por importe de 3.758,40 Euros y su crédito contra la masa, por el mismo importe, ya que como responsable de la elaboración de la contabilidad debería conocer que esta no reflejaba la imagen fiel de la Empresa, se condenara a Dª. Verónica , a D. Julián , a D. Benito , a D. Juan Ignacio , a devolver los vehículos a su nombre transferidos.

El Ministerio Fiscal emitió Dictamen con fecha 20 de septiembre de 2.010, adhiriéndose a la propuesta de calificación culpable instada por la Administración Concursal.

TERCERO:Por Providencia de fecha 27 de octubre de 2.010, se acordó dar audiencia a las personas afectadas por la calificación, a fin de que en el plazo de cinco días compareciera en las actuaciones. Por escrito de fecha 28 de abril de 2.011, presentado por la Procuradora Sra. Prieto Maradona, en nombre y representación de la Mercantil Concursada, se opuso a la calificación del Concurso como culpable, en los términos que obran en las actuaciones. Por la Procuradora Sra. Prieto Maradona, en nombre y representación de Dª. Verónica , de D. Julián , de D. Benito y de D. Juan Ignacio se opuso a la calificación culpable del Concurso propuesta por la Administración Concursal. Por escrito de fecha 28 de noviembre de 2.011, presentado por la representación procesal de D. Alfonso se opuso a la calificación culpable.

De los escritos de oposición a la calificación culpable del Concurso se acordó dar traslado a la Administración Concursal y al Ministerio Fiscal para que realizaran las alegaciones que tuvieran por convenientes.

QUINTO: En la tramitación del presente Procedimiento se han observado los preceptos y prescripciones legales, salvo el plazo para dictar Sentencia debido a la cargad e trabajo que soporta este Juzgado de lo Mercantil.

Fundamentos

PRIMERO:De acuerdo con la regulación contenida en el art. 164 de la Ley Concursal , el Concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, de sus representantes legales, y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho. En este sentido, para facilitar la prueba de tales hechos, los art. 164.2 y 165, establecen una serie de presunciones para presumir o determinar la existencia de la referida culpabilidad.

La regulación de las causas de calificación de un concurso como culpable en la Ley Concursal se hace de forma escalonada, de manera que cabe distinguir: 1º) la cláusula general del artículo 164.1 de la Ley Concursal , que exige la valoración de la conducta del concursado, es decir, del administrador en el caso de sociedades, como dolosa o gravemente culposa y la determinación de una relación de causalidad entre la misma y la generación o agravación de la insolvencia; 2º) las presunciones iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal , que suponen comportamientos omisivos que entrañan, salvo prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero necesitan, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia; y 3º) los conductas previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal , las cuales son consideradas por la ley como suficientes para determinar por sí mismas el carácter culpable del concurso, bastando, por tanto, con constatar la concurrencia de alguna de ellas, sin que quepa la posibilidad de desvirtuar el carácter doloso o gravemente culposo de las mismas y sin que deba exigirse prueba de la relación de causalidad entre ellas y la insolvencia de la sociedad.

Con frecuencia las causas de calificación del concurso como culpable serán precisamente las previstas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal , dado que el legislador, aplicando determinadas máximas de experiencia y persiguiendo determinados objetivos de política legislativa que considera necesario garantizar (en especial la observancia de unas mínimas exigencias de corrección y comportamiento ético en el tráfico económico), ha decidido que el concurso en el que se aprecie la concurrencia de ciertas conductas gravemente reprochables por parte del deudor o, si es una persona jurídica, de su administrador o liquidador, de hecho o de derecho, han de suponer, en todo caso, su calificación como culpable. Por esa razón no es necesario que en cada supuesto concreto se valore la concurrencia de dolo o culpa grave, distinto de la propia conducta prevista en los diferentes apartados del artículo 164.2 de la Ley Concursal , ni que se pruebe la relación de causalidad entre tal conducta y la insolvencia, puesto que se trata de 'supuestos que, en todo caso, determinan esa calificación, por su intrínseca naturaleza' (según el apartado VIII de la exposición de motivos de la Ley Concursal). Tales previsiones legales determinan la declaración de culpabilidad del concurso si concurren los supuestos previstos en las mismas, en muchos de los cuales la propia conducta ilícita del deudor o de su administrador provoca una situación de opacidad que dificulta, cuando no imposibilita, la prueba del dolo o la negligencia grave distinta de la referida a la propia conducta tipificada en el artículo 164.2 de la Ley Concursal y de su relación de causalidad con la generación o provocación de la insolvencia, o provoca un daño difuso difícil de concretar a efectos de determinar tal relación de causalidad respecto de un daño concreto y cuantificable.

Sin embargo, cuando se aplica una presunción iuris tantum del artículo 165 de la Ley Concursal , ya hemos dicho que ésta solo permite cubrir, y a salvo de prueba en contra, la existencia de dolo o culpa grave, pero resulta necesario, además, para justificar la calificación como culpable, que se aporte la prueba de la existencia de relación de causalidad entre esas omisiones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia.

SEGUNDO:En primer lugar debemos señalar que no es posible la alegación genérica de preceptos (164 y 165 LC) para determinar conductas o imputaciones en régimen de presunciones o cargas probatorias distribuidas sin una concreta referencia e identificación de aquellas en relación a estas. El artículo 169.2 LC expresamente recoge que el administrador presentará informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes con propuesta de resolución. Y de la misma forma el Ministerio Fiscal presentará un dictamen que ha sido desarrollado por Instrucción de la Fiscalía General del Estado en tal sentido.

El art. 169 de la Ley Concursal regula los trámites iniciales a seguir tras la incoación de la sección sexta en los siguientes términos:' 1. Dentro de los quince días siguientes al de expiración de los plazos para personación de los interesados, la administración concursal presentará al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución. Si propusiera la calificación del concurso como culpable, el informe expresará la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hayan causado por las personas anteriores.

2. Una vez unido el informe de la administración concursal, el Secretario judicial dará traslado del contenido de la sección sexta al Ministerio Fiscal para que emita dictamen en el plazo de diez días (...) Si el Ministerio Fiscal no emitiera dictamen en ese plazo, seguirá su curso el proceso y se entenderá que no se opone a la propuesta de calificación (...).'

Si la Administración concursal o el Ministerio Fiscal calificaran el concurso como culpable, el juez dará audiencia al deudor por plazo de diez días y ordenará emplazar a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o declaradas cómplices, a fin de que, en plazo de cinco días, comparezcan en la sección si no lo hubieran hecho con anterioridad ( art. 170.2 LC ), de forma que, a quienes comparezcan en plazo el Secretario judicial les dará vista del contenido de la sección para que, dentro de los diez días siguientes, aleguen cuanto convenga a su derecho ( art. 170.3 LC ).

En el caso de que el deudor o alguno de los comparecidos formulasen oposición, el art. 171.1 LC establece que 'se sustanciará por los trámites del incidente concursal. De ser varias las oposiciones, se sustanciarán juntas en el mismo incidente.'

El incidente concursal, cauce previsto en la Ley Concursal para la tramitación de todas las cuestiones que se susciten y que no tengan señalada en la Ley otra tramitación, se desarrolla en los arts. 192 a 196 del citado texto. Aquí, por su vinculación con el problema debatido, cabe traer a colación el art. 194, cuyo apartado 1 señala que 'La demanda se presentará en la forma prevista en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil '.

Admitido a trámite el incidente, se emplazará 'a las demás partes personadas, con entrega de copia de la demanda o demandas, para que en el plazo común de 10 días contesten en la forma prevenida en el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ' art. 194.3 LC ).

Y el art. 194.4 LC distingue en función de la existencia y contenido del escrito de contestación a la demanda:

- Si se ha presentado escrito de contestación a la demanda, existe discusión sobre los hechos y éstos son relevantes a juicio del juez, y se han propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y utilidad, se convocará a las partes a una vista, que se desarrollará en la forma prevista en el art. 443 LEC para los juicios verbales.

- En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando sólo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe.

TERCERO:El estudio de los preceptos expuestos pone de relieve, primero, que el informe de la Administración concursal, y en su caso el del Ministerio Fiscal, son los escritos rectores del proceso en cuanto que contienen las imputaciones que fundamentan la calificación del concurso y las pretensiones sobre las que cuales habrá de resolverse en sentencia; segundo, que aunque el art. 169 LC no impone una forma específica para dicho informe, lo cierto es que, por remisión expresa del art. 171 al 194, ambos de la Ley ConcursaL , y de este último al art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deberá exponer, de forma ordenada y clara, debidamente numerados y separados, los hechos que fundamenten las pretensiones y los fundamentos de derecho que se estimen aplicables, fijando con claridad y precisión lo que se pida; tercero, que, en la medida que la calificación tiene un indudable componente sancionador, es necesario determinar, objetiva y subjetivamente, los concretos hechos imputados y precisar su concreta tipificación, exponiendo las razones que justifican su incardinación en el específico numeral del art. 164 o del art. 165 de la Ley Concursal al amparo del cual se postule la calificación del concurso como culpable; y, cuarto, que el reenvío al cauce del incidente incidental no supone que se inicie ex novo un incidente, sino que se aplican las normas del incidente a partir del trámite en el que nos encontramos, es decir, con una demanda, constituida por el informe de calificación de la Administración concursal y del Ministerio Fiscal, y una contestación a la demanda, configurada por el escrito de oposición de cualquiera de las personas afectadas por la calificación.

No es que el escrito de oposición del deudor constituya una demanda cuya sustanciación deba ventilarse por los trámites del incidente concursal, sino que las posiciones de las partes ya han quedado fijadas a través del informe de calificación y del escrito de oposición a dicha calificación, remitiendo la ley para la tramitación de la controversia así planteada al incidente concursal, lo que supone que, si concurren los requisitos del art. 194 LC , se convocará a las partes a la oportuna vista, que se desarrollará conforme a lo previsto en el juicio verbal, y, en otro caso, los autos quedarán conclusos para sentencia.

Obsérvese que, si se aceptara el planteamiento contrario, habría que considerar, o bien que el escrito de oposición es la demanda que inicia el incidente, lo que comportaría una inversión de posiciones procesales, obligando al deudor a demostrar la no concurrencia de los motivos de oposición alegados por la Administración concursal y el Ministerio Fiscal, o bien dicho escrito de oposición abre un nuevo trámite para que la Administración concursal o el Ministerio Fiscal, a la vista de la oposición formulada, interpongan a su vez nueva demanda con pleno conocimiento de los motivos en que se apoya la oposición del deudor, lo que ni constitucional ni procesalmente es admisible en tanto que vulneraría el derecho de defensa de los afectados por la calificación e iría en contra del principio de agilidad procesal que pretende introducir el legislador al optar por el juicio verbal.

CUARTO:La finalidad de la calificación concursal ha sido definida en numerosas resoluciones, que resumen la 'ratio legis' de la institución de la calificación en los siguientes términos: '(...) la calificación concursal presenta como finalidad la de analizar las causas de la insolvencia y, en particular, si el comportamiento del deudor, o de otros sujetos, directamente o por vía accesoria, ha contribuido en la generación o agravamiento de aquel estado, depurando a tal fin las correspondientes responsabilidades, a través del cuadro de sanciones que recoge el art. 172. La declaración de culpabilidad supone, por tanto, un juicio de reproche dirigido contra el deudor y sus cómplices, exigente de la valoración de su conducta, no bastando la mera constatación de la situación de insolvencia patrimonial presupuesto para la declaración de concurso; la valoración de la conducta del deudor implica un acto de imputación subjetiva, por incumplimiento de específicos deberes como causa de insolvencia o como determinante de su agravación'.

De ahí que el art. 164.1 LC establezca que 'el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho'.

Como recordaban las sentencias de 23 de diciembre de 2013 y 10 de marzo de 2014, el precepto incorpora el requisito básico que define la culpabilidad concursal. Los problemas de prueba han llevado al legislador a establecer unas presunciones absolutas para la calificación como culpable en el art. art. 164.2 LC , y unas presunciones relativas, que admiten prueba en contrario, no del concurso culpable sino de la existencia del dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia ( art. 165 LC ).

En la STS de 16 de enero de 2012 se afirma, con cita de la STS de de octubre de 2011, que la Ley 22/2.003 sigue dos criterios para describir la causa de que el concurso se califique como culpable y que, conforme al segundo, previsto en el apartado 2 del artículo 164 , la calificación es ajena a la producción del resultado contemplado en el apartado 1 del mismo artículo, ' ya que está condicionada a la ejecución por el sujeto agente de alguna de las conductas descritas en la propia norma (de modo que) la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, determina aquella calificación por sí sola, esto es, aunque no haya generado o agravado el estado de insolvencia', por lo que, recurriendo a los conceptos tradicionales, puede decirse que el legislador describió en esta norma unos tipos 'de simple actividad'. Y en la STS de 17 de noviembre de 2011 añade que el art. 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos del art. 164 - apartados 1 y 2-, 'sino que es una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1'.

La calificación del concurso como culpable exige, por tanto, analizar las concretas causas apreciadas y comprobar si en el caso particular concurren los requisitos objetivos y el elemento subjetivo exigidos, en el bien entendido de que la circunstancia de que la sociedad haya devenido a un estado de insolvencia por causas ajenas o externas (pérdida de la financiación, cierre de mercados, cesación de actividad, resolución de contratos...) no obsta a que el concurso puede ser calificado como culpable si la conducta del deudor coadyuvó a o precipitar esa situación o agravar sus efectos para con los acreedores, impidiendo o dificultando la ordenada liquidación de la entidad mercantil.

En relación al alegado artículo 164.1 LC de forma genérica conviene señalar, con la STS de 1 de abril de 2014 que no puede confundirse la situación de insolvencia que define el artículo 2.2 de la Ley Concursal cuando afirma que «se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles», con la situación de pérdidas agravadas, incluso de fondos propios negativos, que determinan el deber de los administradores de realizar las actuaciones que las leyes societarias les imponen encaminadas a la disolución de la sociedad y, que, en caso de incumplimiento de tales deberes, dan lugar por esa sola razón a su responsabilidad con arreglo a la legislación societaria. En la Ley Concursal la insolvencia no se identifica con el desbalance o las pérdidas agravadas. Cabe que el patrimonio contable sea inferior a la mitad del capital social, incluso que el activo sea inferior al pasivo y, sin embargo, el deudor pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, pues obtenga financiación. Y, al contrario, el activo puede ser superior al pasivo pero que la deudora carezca de liquidez (por ejemplo, por ser el activo ser liquidable a muy largo plazo y no obtener financiación) lo que determinaría la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones en un determinado momento y, consecuentemente, la insolvencia actual. Por consiguiente, aunque con frecuencia se solapen, insolvencia y desbalance patrimonial no son equivalentes, y lo determinante para apreciar si ha concurrido el supuesto de hecho del art. 165.1 de la Ley Concursal es la insolvencia, no el desbalance o la concurrencia de la causa legal de disolución por pérdidas agravadas.

QUINTO.Aplicando la doctrina expuesta al caso enjuiciado el Informe de Calificación Culpable de este Concurso de Acreedores emitido por la Administración Concursal, así como el Dictamen emitido por el Ministerio Fiscal no cumplen con las previsiones contenidas en el art.169 de la ley Concursal en relación con el art.399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , dado que no se tratan de Informes razonados y mucho menos documentados y lo suficientemente detallados para poder entrar a valorar la concurrencia de los art.164 y 165 de la Ley Concursal .

Así por ejemplo, y por lo que se refiere al Informe de Calificación realizado por la Administración Concursal, se realiza una serie de alegaciones de 'hechos relevantes, circunstancias concurrentes y presupuestos detectados, determinantes para la calificación del concurso', pero que, sin embargo, carecen de todo sustrato probatorio para acreditar su veracidad y existencia. Igualmente la alegación de tales hechos carece de la necesaria integración o concreción en algunas de las presunciones iurs et de iure o iuris tantum, previstas y reguladas en los art.164 y 165 de la LC , ni se acredita la existencia de dolo o culpa grave en las personas afectadas por la calificación culpable de este Concurso de Acreedores, lo que en definitiva determina la estimación de la oposición a la calificación culpable del Concurso, debiendo ser declarado el mismo como fortuito.

SEXTO:Consta en las actuaciones la solicitud de calificación de Concurso Culpable instada por la representación procesal de la Mercantil 'INDUSTRIAS MARTORELL, S.A.', en este sentido merece traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de febrero de 2.015 , que establece lo siguiente: 'En las SSTS 534/2012, de 13 de septiembre , de 24 de octubre y de 30 de octubre de 2.012 , que invoca la recurrente cuya doctrina denuncia como infringidas, el Tribunal de apelación, por razones de fondo, desestimó el recurso de apelación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se había personado en la Sección Sexta del concurso, basando su decisión en la redacción primitiva del art. 168 de la Ley 22/2003, de 9 de julio , antes de la modificación operada por el RDL 3/2009, -a cuyo tenor 'cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse en la sección alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable' y en la norma del apartado 1º del art. 170 LC , según la que 'si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno'.

Y decíamos entonces que la cuestión planteada tenía 'un evidente fundamento procesal ... pero también un contenido sustantivo, al defender la legitimación del derecho material, que es el que otorga o deniega la titularidad del derecho, obligación o interés discutido en el proceso'.

A pesar de que en los tres supuestos a que se refieren aquellas resoluciones no eran aplicables a los litigios la nueva redacción del art. 168 dada por el RDL 3/2009 , ya se señalaba entonces que ello no significaba que la interpretación dada por los Tribunales de apelación a dicha norma, en su redacción originaria, fuera la correcta, 'teniendo en cuenta que estaba en cuestión un derecho fundamental - STC 15/2012 de 13 de febrero , y las que en ella se citan-'.

Por ello en las sentencias invocadas, se estimó la legitimación bien de la TGSS, bien de la AEAT, para recurrir en apelación, por lo que se estimaron los recursos y se remitieron las actuaciones a las respectivas Audiencias Provinciales para que dieran respuesta a los recursos de apelación interpuestos por los citados organismos públicos.

2. En el caso aquí enjuiciado, las modificaciones introducidas por el RDL 3/2009 en el art. 168 LC se hallaban vigentes. En ellas, se atribuye al acreedor la condición de parte procesal -así se rotula el artículo: 'Personación y Condición de parte'-, y en los apartados 1 y 2, se refieren a que, además de poder personarse, añaden 'y ser parte de la Sección'.

La sentencia ahora recurrida no ha negado la condición de parte a la AEAT como en los supuestos contemplados en las SSTS invocadas por la recurrente. No le ha negado la posibilidad de actuar en el procedimiento como parte coadyuvante, sosteniendo la calificación formulada por la administración concursal o el ministerio fiscal, ni tampoco la posibilidad de apelar la sentencia dictada en primera instancia. Lo que le ha negado es la posibilidad de impugnar la sentencia de calificación por no estimar una pretensión que no había sido introducida en el informe de la administración concursal ni en el dictamen del ministerio fiscal, y por ello no formaba parte del objeto litigioso.

La 'ratio decidendi' que se infiere de la sentencia impugnada es que el ministerio fiscal, como tutor de los intereses públicos y la administración concursal, como defensor y representante de los intereses generales del concurso, son los únicos que pueden formular propuestas de resolución que puedan ser tenidas en cuenta por el Juez. En el fondo, aún sin citarlo, el fundamento se encuentra en el art. 170.1 LC , que ha permanecido invariable desde su redacción originaria. De acuerdo con este precepto, si ambos órganos coincidieran en sus respectivos escritos (informe de la administración concursal y dictamen del ministerio fiscal), en calificar el concurso como fortuito, 'el juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones mediante auto, contra el que no cabrá recurso alguno'. Por muchas y bien fundadas que fueran las alegaciones que pudieran haberse formulado por parte del acreedor en sentido contrario, -para postular la calificación de culpable del concurso-, de nada servirían si no son acogidas por la administración concursal o el ministerio fiscal en sus respectivos escritos de alegaciones.

3. El legislador ha querido establecer un régimen especial de intervención a la que ha anudado unas limitadas facultades:

1ª.- La personación de un acreedor y la condición de parte que le reconoce el actual art. 168 LC debe cohonestarse con el resto de las normas sobre la calificación, y muy especialmente con la previsión contenida en el art. 170 LC , no modificado por la reforma, según las cuales sólo las proposiciones que formulen la administración concursal y el ministerio público serán tenidas en cuenta por el juez para conformar, en su caso, el objeto de incidente de calificación. De tal forma que si ambos califican el concurso de fortuito, la sección de calificación habrá concluido ( art. 170.1 LC ). Si alguno de ellos o los dos piden la calificación culpable, se dará traslado a la concursada y a las personas que se pide sean declaradas afectadas por la calificación o cómplices, para que puedan alegar lo que estimen conveniente respecto de las concretas peticiones contenidas en el informe de la administración concursal y el dictamen del ministerio fiscal, en atención a los hechos y las concretas causas o motivos de calificación aducidos en dichos escritos para fundamentar sus pretensiones.

2ª.- A pesar de que los intereses que se ejercitan en la sección de calificación no son estrictamente públicos, pues los hay generales del concurso y por ello de los acreedores en su conjunto, la legitimación para ejercitar estas acciones se restringe a la administración concursal y al fiscal. Expresamente se pretende evitar una acumulación de acciones particulares, encomendando a la administración concursal y al ministerio fiscal el ejercicio de esta acción, que muy bien puede calificarse, por lo que respecta a la reclamación del pago del déficit concursal frente a los administradores, de colectiva. La administración concursal representa los intereses generales del concurso, dentro de los cuales se encuentran los de los acreedores concursales de obtener la íntegra satisfacción de sus créditos, y el ministerio fiscal el interés público. Ambos tienen la llave de la calificación, pues a ellos les corresponde formular la petición concreta y las consecuencias de esta calificación.

3ª.- De ello resulta que la legitimación de los acreedores en la sección sexta es limitada y condicionada. De un lado, las alegaciones solo deben ir dirigidas en un determinado sentido (para la calificación del concurso como culpable); de otro, las alegaciones de los acreedores son las primeras en el tiempo, se formulan antes de conocer los escritos de la administración concursal y el ministerio fiscal, como efecto de lo dispuesto en el art. 169.1º LC , tampoco modificado por la reforma.

4ª.- Solo la administración concursal y, en su caso, el ministerio fiscal pueden formular 'propuestas de resolución', mediante el informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, la explicación de las causas con arreglo a las cuales procede calificar, en su caso, culpable el concurso y, también en su caso, las concretas consecuencias de la calificación culpable ( art. 169.1 y 3 LC ). En consecuencia, la sentencia que se dicte en la sección de calificación, no deberá tener en cuenta las alegaciones y pretensiones formuladas por estos terceros, sino que deberá ajustarse a los hechos y las concretas pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal.

5ª.- Los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación para pedir una determinada calificación, pero se les reconoce la posibilidad de intervenir como adyuvantes de la concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, y para apelar ( art. 172. bis. 4 LC ). Y a estos concretos efectos se les reconoce la condición de parte.

De cuanto antecede se desprende que la intervención de los terceros en esta sección es más limitada que la prevista con carácter general en el art. 193.2 LC , y se acomoda mejor a la modalidad de 'intervención adhesiva simple', que contempla el art. 13.1 LC , porque al intervenir como coadyuvantes de la concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, no pueden sostener otras distintas.

Sus iniciales alegaciones tan sólo habrán servido para informar a la administración concursal, para sugerir un determinado sentido la calificación, a fin de que las tenga en cuenta, y, haciéndolas suyas, las incorpore en su informe 'como hechos relevantes para la calificación del concurso' ( art. 169.1º LC ).

Luego, iniciado ya el incidente concursal, los terceros personados podrán proponer prueba, participar en la vista y realizar cualquier otra actuación procesal, pero dirigida a confirmar y ratificar los supuestos de hecho que dan soporte a las pretensiones de la administración concursal y el ministerio fiscal, únicas frente a las que habrán de defenderse los demandados y demás personas afectadas. A tenor del art. 170.4 LC , los terceros personados podrán recurrir también la sentencia de no ser estimadas todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal.

4. Como bien reconocen las partes, en la Ley Concursal existen otros casos en que se restringe la legitimación activa. En unos casos, corresponde en exclusiva a la administración concursal. Así ocurre con el ejercicio de las acciones sociales contra los administradores de la sociedad deudora ( art. 48 quater LC , introducido por la Ley 38/2011), las acciones contra los socios personalmente responsables por las deudas sociales ( art. 48.bis 1º LC ), y las de exigir, en el momento y cuantía que estimen conveniente, el desembolso de las operaciones sociales diferidas ( art. 48.2º bis LC ).

En otros supuestos, la legitimación es de la administración concursal, pero se reconoce a los acreedores una legitimación subsidiaria, como ocurre con el ejercicio de acciones rescisorias a que se refiere el art. 72.1º LC o una acción del concursado de carácter patrimonial, frente a terceros, a que se refiere el art. 54.4º LC . En ambos supuestos, de no ejercitar la administración concursal las respectivas acciones, tras la denuncia fehaciente de los acreedores, estos podrán ejercitarla en interés de la masa.

En el caso enjuiciado, la legitimación del art. 168.1 LC presenta los caracteres que hemos dejado expuestos. De ello se infiere que el objeto del proceso está integrado por las pretensiones formuladas por la administración concursal y el ministerio fiscal. Si no hubo petición sobre la responsabilidad por déficit concursal a que se refiere el art. 172.3, en su originaria redacción y no hay, por tanto, un pronunciamiento en la sentencia de instancia, por la misma razón la sentencia del Tribunal de apelación no puede pronunciarse sobre tal condena, por razones de congruencia ( art. 218.1º LEC ).

5. Sin embargo, las alegaciones de la AEAT planteadas en su escrito de comparecencia en la sección sexta, para evitar su impunidad, pueden ser analizadas y tomadas en consideración para el ejercicio de una acción rescisoria de las previstas en el art. 71 LC , poniéndolas de manifiesto previamente a la administración concursal ( art. 72.1º LC ), para que, caso de no ejercitarla dentro del plazo de dos meses, podrá ejercitarla el propio recurrente.

También, de concurrir los presupuestos necesarios, el recurrente tiene a su alcance la posibilidad de exigir a la administración concursal la responsabilidad prevista en el art. 36.1º LC por 'los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia'.

Por lo tanto y no cumpliendo ni el Informe de Calificación de la Administración Concursal ni el Dictamen del Ministerio Fiscal las condiciones exigidas en el art.169 de la LC , no es posible entrar a valorar los hechos alegados por dicho acreedor personado en esta Sección de Calificación para calificar el Concurso como culpable.

SEPTIMO:En cuanto a las costas, no ha lugar a imponerlas a ninguna de las partes litigantes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando como estimo la oposición a la calificación culpable del Concurso de Acreedores nº 375/2.009:

- Declaro FORTUITO el Concurso Voluntario de la Mercantil 'MUEBLES FIERRO, S.L.', tramitado con el nº 375/2.009.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.

Líbrese testimonio de esta Sentencia que se unirá a los presentes autos quedando el original en el libro de Sentencias de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ( art. 172.4 de la LC ).

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.