Sentencia CIVIL Nº 148/2019, Juzgado de Primera Instancia - Salamanca, Sección 4, Rec 201/2017 de 27 de Mayo de 2019

Encabezamiento

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.N.4

SALAMANCA

SENTENCIA: 00148/2019

PLAZA COLON 8 -2ª PLANTA- CP 37001

Teléfono: 923-284690, Fax: 923-284691

Correo electrónico:

Equipo/usuario: AMG

Modelo: 0030K0

N.I.G.: 37274 42 1 2017 0003209

ICO INCIDENTE CONCURSAL COMUN 0000201 /2017 0001

Procedimiento origen: S6C SECCION VI CALIFICACION CONCURSO 0000201 /2017

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE , DEMANDANTE D/ña. MINISTERIO FISCAL, Leticia

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. , SOFÍA MARTÍN ALDEA

D/ña. HIJOS DE JUSTO RAMOS S.L., Rodrigo , Ricardo

Procurador/a Sr/a. MARIA PILAR BRUFAU REDONDO, MARIA PILAR BRUFAU REDONDO , MARIA PILAR BRUFAU REDONDO

SENTENCIA

En Salamanca, a veintisiete de Mayo de dos mil diecinueve.

Vistos por Dª. Mª Jesús Martín García, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Salamanca, con funciones de Juzgado de lo Mercantil, los presentes autos de INCIDENTE CONCURSAL nº 201/2017-1 que deriva del CONCURSO nº 201/2017, sobre calificación del concurso, seguidos ante este Juzgado entre partes, de un lado, como demandantes, la ADMINSTRACION CONCURSAL, Sra. Leticia , y el MINISTERIO FISCAL, y de otro, como demandados, la concursada HIJOS DE JUSTO RAMOS, S.L., y, como personas afectadas D. Ricardo y D. Rodrigo , representados por la Procuradora Sra. Brufau Redondo y asistidos por el Letrado Sr. Llamas Pombo.

Antecedentes

PRIMERO.-La administración concursal de la mercantil HIJOS DE JUSTO RAMOS, S.L.presentó informe de calificación del concurso solicitando su consideración como culpable y considerando personas afectadas por dicha calificación a D. Ricardo y D. Rodrigo , solicitando su inhabilitación para para representar a cualquier persona y administrar bienes ajenos durante dos años, la pérdia de cualquier derecho que tuvieran en el concurso, y al pago del 50% de los créditos concursales y contra la masa no satisfechos tras la total liquidación de la masa activa, con condena al pago de las costas procesales.

El Ministerio Fiscal presentó informe mostrando su conformidad con dicha calificación.

SEGUNDO.- Dado traslado de la demanda a las demandadas, todas ellas contestaron oponiéndose a la demanda incidental y solicitando se dicte sentencia por la que se declare el concurso fortuito, absolviendo a los demandados, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.-Solicitada por las partes la celebración de vista, se les citó al efecto con arreglo a las prescripciones legales, compareciendo a la misma todas las partes, que se afirmaron y ratificaron en sus respectivos escritos, y tras admitir y practicar la prueba propuesta y admitida, quedaron los autos para resolver.

CUARTO.-En la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia debido a la especial complejidad del asunto y la carga de trabajo existente en este juzgado, con funciones civiles y mercantiles compartidas.

Fundamentos

PRIMERO.-La administración concursal ampara su petición de culpabilidad en diferentes hechos y fundamentos que revelan la culpabilidad en la generación o agravación del estado de insolvencia, en aplicación de los arts. 164 a 166 de la LC .

En concreto, en aplicación de la cláusula general del art. 164.1 LC , considera que el concursado ha agravado la situación de insolvencia de la entidad concursada con actos tanto anteriores como posteriores a la declaración de concurso que se incardinan en la propia definición de este precepto, con conductas incardinables en el artículo 165.1.2º de la LC .

El Ministerio Fiscal sostiene la calificación de culpable, adhiriéndose a lo solicitado por la Administración Concursal.

La concursada y las personas afectadas se opusieron a la referida calificación.

SEGUNDO.-La calificación del concurso constituye un incidente dentro del procedimiento concursal, tendente a depurar la responsabilidad del concursado y, en su caso, de terceros cómplices.

La finalidad de la calificación es de índole estrictamente jurídico-privada, concretada en la producción de determinadas consecuencias y limitaciones sobre la persona del concursado y la suerte de su empresa, en caso de que exista en su conducta interés de defraudar.

Se establece que, tendrá lugar la calificación del concurso en dos supuestos:

1.º Cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una espera superior a tres años.

2.º En todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación.

Dos son las calificaciones del concurso posibles: culpable y fortuito. Además, se consideran cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de hecho como de derecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable.

La sentencia que califique el concurso como culpable produce los siguientes efectos:

a) La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación.

b) La pérdida de derechos de las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices.

c) La condena al pago de los créditos concursales.

Establece el art. 164.1 LC que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, siendo persona jurídica, como acontece con la concursada, una sociedad limitada, de sus administradores o liquidadores de hecho o derecho.

Se toma como presupuesto la situación de insolvencia del deudor, para luego examinar si su conducta ha tenido incidencia para la causación o agravación de la insolvencia y además, ya en el plano subjetivo se requiere el deudor haya actuado de forma dolosa o con culpa grave. Estamos, por tanto, en presencia de un elemento subjetivo en la actuación del deudor común, que implica la infracción de los deberes más elementales que pesan sobre él y que tienden a evitar la causación o agravamiento del estado de insolvencia. La conducta dolosa requiere mala fe, malicia o voluntariedad respecto a la causación o agravamiento de la insolvencia. Mientras que la culpa grave conlleva la involuntariedad en la infracción de la regla de conducta, pero con infracción de los más elementales o básicos deberes. En el supuesto de que el deudor fuera una persona jurídica, se ha de analizar la conducta desarrollada por sus legales representantes, habiendo extendido el legislador el análisis también a la conducta de los administradores de hecho de la persona jurídica.

Por tanto, para la calificación culpable del concurso se debe probar:

1º.- la conducta dolosa o culposa grave,

2º.- la causación o agravación de la insolvencia,

3º.- la relación de causalidad entre la conducta y la insolvencia.

Ahora bien, ante los problemas que plantea la prueba de estos hechos, el legislador, para paliar las dificultades probatorias que conlleva toda labor de calificación subjetiva de conductas, ha optado por el establecimiento de una serie de presunciones en los arts 164.2 y 165 de la LC , presunciones que tienen distinta naturaleza.

La diferencia entre los supuestos recogidos en el art. 164.2 de la LC y los del art. 165 del mismo texto legal , más allá de que los primeros no admiten prueba en contrario y los segundos sí, está precisamente en la extensión de los presupuestos amparados por la presunción y que no deben ser objeto de prueba. Así, los supuestos del artículo 164.2 LC engloban todos los presupuestos o requisitos exigidos para calificar un concurso como culpable, de manera que la acreditación de estas circunstancias conlleva necesariamente la calificación del concurso como culpable, como se deduce de la expresión 'en todo caso' incluida en la ley. (En este sentido SAP de Madrid, sección 28ª, 24 de septiembre de 2007 , 5 de febrero de 2008 , 17 de julio de 2008 y 30 de enero de 2009 . En la STS de 6 de octubre de 2011 se señala que el mandato de que el concurso se califique como culpable 'en todo caso (...), cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos', que establece el artículo 164.2 LC 'evidencia que la ejecución de las conductas, positivas o negativas, que se describen en los seis ordinales de la norma, es determinante de aquella calificación por sí sola -esto es, aunque no haya generado, a agravado el estado de insolvencia del concursado o concursada-'.. Esta posición fue reiterada en la STS de 17 noviembre 2011 , indicando que 'los supuestos del apartado dos del artículo 164 LC no lo son de 'presunción de dolo o culpa grave, sino que se trata de supuestos legales de culpabilidad del concurso, como lo revela la expresión inicial 'en todo caso' y, por consiguiente, 'cualquiera de las conductas descritas en dicho apartado dos del artículo 164 determina irremediablemente la calificación de culpable al concurso, sin que quepa exigir además los requisitos de dolo o culpa grave (sin perjuicio de la que corresponde a la propia conducta) y de haber generado la insolvencia producida o su agravación'.

El alcance del artículo 165 es, sin duda, menor, aunque no existe una opinión común en la llamada 'jurisprudencia menor' respecto de los elementos o presupuestos favorecidos por la presunción. Así, algunos tribunales entienden que cuando concurre una presunción del artículo 165 LC , ésta sólo permite tener por acreditado, salvo prueba en contrario, el elemento subjetivo -la concurrencia de dolo o culpa grave -por lo que resulta necesario para calificar como culpable el concurso que, además, se aporte la prueba de la existencia de la relación de causalidad entre esas condiciones contempladas en la ley y la generación o agravación de la insolvencia (así, SAP Madrid, 28ª 24 septiembre 2007 , 5 febrero 2008 , 17 julio 2008 , 17 julio 2088 o 23 septiembre 2011 ). Otros tribunales consideran que la estructura de imputación del artículo 165 LC , únicamente atiende a la realización del acto, y al establecer una presunción de dolo o culpa grave, permite la posibilidad de eximirse de responsabilidad justificando la ausencia de este elemento subjetivo y ello porque las conductas descritas en este precepto no necesariamente pueden haber incidido en la generación o agravación de la insolvencia. Y es que no todos los supuestos contenidos en las presunciones son expresa aplicación de la cláusula general del art. 164.1 de la LC , pues si bien algunos son aptos para provocar o agravar el estado de insolvencia (por ejemplo, el alzamiento de bienes), otros no tienen que ver con dicho presupuesto objetivo (por ejemplo, el incumplimiento del deber de colaborar con el juez del concurso), sino que integran determinados incumplimientos legales postconcursales.

El TS en su sentencia de fecha 17 noviembre 2011 tercia en la polémica, adscribiéndose a la primera de las tesis expuestas, señalando, respecto de la naturaleza y finalidad de las presunciones del artículo 165 LC , que este precepto 'no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los artículos 164.1 y 164.2, sino que es una norma complementaria de la del artículo 164.1 en el sentido de que presume el elemento del dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo a la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia.. Si éste no concurre, los supuestos del artículo 165 LC son insuficientes para declarar un concurso culpable'.

TERCERO.-Una valoración conjunta de la prueba practicada (documental y declaraciones testificales, de la que ha logrado una mayor convicción judicial la del técnico inspector del ganado que la del veterinario, que reconoció su amistad manifiesta con las personas afectadas y resultó menos objetivo que el primero, así como la del economista contable que realizó las cuentas anuales y preparó la documentación contable para presentar la solicitud de declaración en concurso de acreedores), permite tener por acreditado que el concurso de la mercantil HIJOS DE JUSTO RAMOS, S.L. se declaró mediante auto de fecha 11 de Mayo de 2017, procediéndose a la aceptación del cargo por la Administración Concursal el día 16 de Mayo. Al proceder a la intervención de la empresa, en el Acta de Intervención y Memorandum entregados, se requirió a la concursada para que en el plazo de tres días aportase a la Administración Concursal la documentación que indicaba; ante el incumplimiento de dicho requerimiento, la Administración Concursal reiteró el mismo, con indicación más específica de la necesidad de la documentación relativa a la naturaleza, circunstancias, peso y valoración de los animales de la explotación, que no son incluidos en el inventario de bienes y derechos presentado por la concursada en la solicitud de declaración en concurso, a pesar de que el objeto social de la concursada es precisamente la explotación de animal porcino. Ante el incumplimiento de dicho requerimiento (la falta de inclusión de los animales podría haberse considerado incluso ocultación de activos de la concursada) la Administración concursal tuvo que solicitar auxilio judicial para reclamarlos, mediante escritos de fecha 25 de Mayo, 9 de Junio y 26 de Julio de 2017, habiendo sido necesarios tres requerimientos judiciales para que la concursada cumpliera su deber de entrega de la documentación requerida, consistente en el expediente administrativo completo de la explotación obrante en el Registro General de explotaciones ganaderas de la Junta de Castilla y León, detallando el tipo de explotación, número de animales que la conforman, raza, características y fichas de intensificación de cada uno (corrales y circunstancias de seguimiento), ni el Libro Registro de la explotación ganadera, que la concursada no tenía regularizado, a pesar de que el grueso de su sector de producción y su objeto social es la producción de cerdo ibérico, ni tenía documento alguno que indicase las altas y bajas de animales, la naturaleza y origen de los alimentos suministrados a los animales, los medicamentos y piensos medicamentosos administrados, los productos de origen animal que hayan salido de la explotación, el resultado de los controles e inspecciones llevadas a cabo sobre los animales de la explotación, las enfermedades infecciosas y parasitarias e intoxicaciones diagnosticadas, la identificación de la totalidad de animales existentes en la explotación, con los certificados legales, guías de orden y sanidad, listado de nacimientos de los años 2015, 2016 y 2017, y defunciones en dichos periodos. Tampoco se le aportó la documentación exigida en el art. 3 sobre obligaciones de los ganaderos (Orden AAA/1549/2014, de 28 de Agosto, por la que se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria para la mejora de la trazabilidad, la calidad de las producciones de cerdo ibérico y coadyuvar al cumplimiento de la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico). De hecho, tras las visitas realizadas por el técnico inspector D. Santiago en fecha 19 de Julio de 2017, en la que detectó que los animales de la explotación ganadera de la concursada estaban mal contados y mal calificados, y no cumplían la normativa de calidad exigida en el sector, apercibiendo a la concursada de que debía subsanar las incidencias detectadas para regularizar y adaptar su explotación dentro del sector ibérico, volviendo a hacer otra visita el 10 de Octubre de 2017, en la que al comprobar que no había subsanado ninguna de las deficiencias observadas, tras el informe de la inspección, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico emitió resolución de suspensión de la concursada para el ejercicio de actividades relacionadas con la comercialización de cerdo ibérico. Dicha circunstancia se produjo por la absoluta desorganización en la calificación y clasificación de animales en la explotación, que ya en el momento de la intervención pudo constatar la Administración Concursal (falta de colocación de crotales en muchos animales, falta de clasificación de cerdas paridoras de raza ibérica y de raza blanca, sin poderse constatar el cumplimiento de la normativa ibérica en las crías, ...) y que finalmente llevó a la suspensión de la concursada en la comercialización de ibérico, y a la consiguiente pérdida de valor de los ejemplares adquiridos como ibérico y cuya calificación le fue denegada por no poderse constatar la pureza de raza de los mismos).

Por tanto, concurre el requisito de la agravación de la insolvencia por la actuación de la concursada (concretada en la pérdida de valor de los animales de la explotación al no cumplir los requisitos exigidos en la normativa reguladora del sector de cerdo ibérico y no serle reconocida tal calidad a los producidos por la concursada), y de los hechos expuestos resulta indudable el incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no habiendo facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso, para lo que fueron necesarios tres requerimientos judiciales.

TERCERO.-Tras desgranar los hechos justificativos de la calificación del concurso como culpable ahora cabe determinar las personas afectada por tal declaración y sus efectos.

En orden a las personas afectadas, son los administradores solidarios de la concursada, D. Ricardo y D. Rodrigo , que es a quienes cabe imputar los hechos probados determinantes de la calificación del concurso como culpable.

En cuanto a los efectos, la administración concursal interesa la condena a pagar el 50% del importe de los créditos tanto concursales como contra la masa que no perciban los acreedores en la liquidación de la masa activa.

El art. 172.3 de la L.C . establece que 'si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la Sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa'.

Tres son los presupuestos para que se de dicha responsabilidad:

A) un presupuesto material, que exige que la calificación se haya abierto o en su caso reabierto como consecuencia de la liquidación concursal, por lo que no es suficiente con el hecho de que la calificación se declare como culpable para dilucidar esta responsabilidad. Este presupuesto se da en este caso, ya que la calificación se ha abierto a consecuencia de abrirse la fase de liquidación.

B) Por otro lado se exige un presupuesto cuantitativo, pues la condena a esta responsabilidad concursal sólo puede darse si la masa activa a liquidar no permite atender el pago de todos los acreedores en el total importe de sus créditos. Este presupuesto estará condicionado al resultado de la liquidación y es de imposible apreciación en este momento. En todo caso, conecta con el carácter subsidiario de esta responsabilidad, que solo puede predicarse de aquellos supuestos en los que la masa activa se muestra insuficiente para satisfacer a todos los créditos.

C) Un presupuesto subjetivo, en tanto que dicha responsabilidad sólo puede dilucidarse respecto de los administradores o liquidadores de hecho o de derecho, de la persona jurídica cuyo concurso fuera calificado como culpable. Por tanto, no puede ser condenado nadie que no haya sido considerado previamente como persona afectada por una calificación culpable.

En este caso, se parte de la calificación como culpable del concurso, con determinación subjetiva de las personas afectadas, los demandados D. Ricardo y D. Rodrigo .

D) Por último, un presupuesto temporal, en tanto que la responsabilidad concursal sólo podrá exigirse a los que tuvieron dicha condición antes expuesta, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso.

Este presupuesto se da también en este caso, dado que los demandados D. Ricardo y D. Rodrigo han sido administradores solidarios de la entidad durante los dos años anteriores a la formulación de la solicitud de declaración en concurso de acreedores.

Analizados los presupuestos previos de la responsabilidad concursal estamos en la posición de analizar si se dan los concretos requisitos de la responsabilidad dilucidada. Dicha responsabilidad lo es por culpa, culpa concretada en la causación o agravación de la insolvencia, causada por dolo o culpa grave. Por tanto, solo se condenará por la responsabilidad concursal al administrador de hecho o de derecho que con su actuación hubiere contribuido a ocasionar la insolvencia o a agravar sus consecuencias valorando su participación precisamente en función de dicha culpa.

Pues bien, en este caso, esa culpa es evidente que concurre y que es imputable a los administradores demandados, al haber contribuido de una manera relevante al déficit concursal, como se deriva de los hechos probados.

Determinadas las personas afectadas por la calificación, el primer efecto necesario de dicha declaración es la inhabilitación para administrar bienes ajenos por un período de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona ( art. 172.2.2º LC ). Atendida la gravedad de los hechos expuestos, se considera proporcionado el periodo de dos años de inhabilitación para representar a otras personas y para administrar bienes ajenos.

Además, de conformidad con el art. 172.2.3º LC , la declaración de concurso culpable determina como efecto necesario de dicha declaración, la pérdida de los derechos que tienen reconocidos las personas afectadas por la calificación. De igual forma, dicho precepto impone la condena a las personas afectadas por la calificación a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa.

CUARTO.-Por lo que se refiere a las costas procesales, habida cuenta de la remisión del art.196.2 de la LC al art. 394 de la LEC , 'en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho'. Procede, en consecuencia, la condena a los demandados al pago de las costas procesales causadas en esta intancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMAR la demanda formulada por la Administración ConcursalSra. Leticia , y el MINISTERIO FISCAL, contra la concursada HIJOS DE JUSTO RAMOS, S.L., y y DECLARAR el concurso CULPABLE, y, en consecuencia, CONDENAR como personas afectadas a D. Ricardo y D. Rodrigo a pagar a la masa activa del concurso el 50% del importe de los créditos que no perciban los acreedores en la liquidación de la masa activa, a la pérdida de todos los derechos que tuviera en el concurso, a tres años de inhabilitación para representar a personas y para administrar bienes ajenos, y alpago de las costas procesales causadas en este incidente

La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Salamanca, que habrá de interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a su notificación conforme a los dispuesto en los artículos 172.4 de la LC y 458 y siguientes LEC , debiendo constituir el depósito legalmente establecido.

Notifíquese esta resolución a las partes, cuyo original quedará registrado en el Libro de sentencias quedando testimonio de la misma en estos autos.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por parte del Ilmo. Juez que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.