Sentencia Civil Nº 158/2013, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 635/2012 de 16 de Abril de 2013

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA

SECC. 3a

ROLLO DE APELACIÓN: 635/2012

PROCEDENCIA: JUICIO VERBAL 1112/2010 JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 5 EL VENDRELL

APELANTE : Loreto

PROCURADOR : GERARD PASCUAL VALLÉS

LETRADO : JOSÉ Mª. COBALEDA SEQUEROS

APELADO : PASTOR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A.

PROCURADOR : JOSE FARRE LERIN

LETRADO : TERESA MARCOS RUIZ

S E N T È N C I A

MAGISTRAT

Il lm. Sr. JOAN PERARNAU i MOYA

Tarragona, 16 d'abril de 2013

Vist en aquesta Secció 3a de l'Audiència Provincial recurs d'apel lació interposat per Loreto , representada en aquesta instància pel Procurador/a Sr. Pascual Vallés i defensada pel Lletrat/da Sr. Cobaleda Sequeros, contra Sentència del Jutjat de 1a Instància 5 del Vendrell de data 11-7- 2011, en procediment Verbal 1112/10, en el que figura com a demandant Pastor Servicios Financieros EFC S.A. i com a demandada la recurrent.

Antecedentes

PRIMER.-En data 6-6-2012 es va presentar per Loreto recurs d'apel lació contra la Sentència d'instància que disposa: 'Estimo la demanda interposada per Pastor Servicios Financieros EFC S.A. contra Loreto , condemno la citada demandada a pagar a l'actora en la quantitat de 2.261 euros en concepte de principal i 678,34 euros en concepte d'interessos i costes'.

SEGON.-Pastor Servicios Financieros EFC S.A. en data 4-7-2012 es va oposar al recurs.

TERCER.-En la tramitació del present procediment, en aquesta alçada, s'han observat les normes i formalitats legals.

Fundamentos

PRIMER.-S'interposa demanda reclamant la devolució del que resta d'un préstec fet el 20-2-2008 per la quantitat de 2.520 euros, amb un interès remuneratori del 13,60 % (14,04 % TAE) anual, de manera que s'havia de retornar en 48 mensualitats a 70,14 euros/mes (3.366 euros a retornar en total), i un interès moratori del 27% anual. Es reclamen 2.261 euros (2.089,30 euros en concepte de principal, 32,42 euros per interessos de demora i 139,40 euros per comissions).

La sentència impugnada estima la demanda.

SEGON.-Al lega la recurrent, en primer lloc, no estar d'acord amb la quantia del principal, considerant que solament deuria 1.919,82 euros.

No explica la recurrent d'on treu tal quantitat, quines operacions aritmètiques ha fet per arribar a la mateixa, per la qual cosa es desestima el motiu d'impugnació.

TERCER.-Al lega, en segon lloc, que els interessos moratoris pactats, el 27% anual (2,25% mensual), s'han de declarar nuls per abusius.

Hem dit reiteradament (interlocutòries de 18 de setembre de 2012; 15 de març de 2011; Sentència de 8 de novembre de 2011 , entre moltes) que: 'A los intereses moratorios sí son, en cambio, de aplicación las normas de protección de consumidores y usuarios para examinar si son o no abusivos, y especialmente la Ley de Crédito al Consumo, cuyo art. 19 establece una norma definidora de qué puede considerarse abusivo, cuando dice textualmente: '4. En ningún caso se podrá aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero'.

En relación con este precepto legal, hay doctrina que entiende que esta norma no es aplicable directamente en materia de contratos de préstamos, porque está prevista para proteger al cuentacorrentista que, de modo expreso o por tácita concesión de la entidad bancaria, dispone de crédito incluso con descubiertos en su cuenta corriente, para la cual impone una tasa de interés, de ese crédito al descubierto, de un 2,5 veces el interés legal del dinero que no puede rebasar; pero no es en ningún caso, un interés vinculado a un incumplimiento. Por tanto no es aplicable esta limitación a los intereses de demora que tengan otra naturaleza y carácter distinto, como podrían ser los de un contrato de préstamo.

Otra doctrina entiende, en cambio, que si bien esta norma no sea aplicable directamente, no impide una aplicación analógica de la misma, como criterio orientativo en caso de aplicar facultades moderadoras. Para ello se hace una utilización analógica (al no ser posible, en muchos casos, una aplicación directa del precepto por la naturaleza del contrato en cuestión) del citado art. 19.4 para establecer los límites no abusivos de una cláusula de intereses moratorios. La consecuencia será declarar en su caso el interés moratorio pactado como manifiestamente abusivo, y reducirlo a 2,5 veces el interés legal vigente en la fecha del contrato.

Es esta segunda doctrina la que se está progresivamente imponiendo, de manera que se acepta que puedan los Tribunales de oficio examinar si los intereses moratorios pactados son o no abusivos conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios, y, en caso de serlo, la posibilidad de reducirlos entonces al límite fijado por la Ley de Crédito al Consumo (2,5 veces el interés legal vigente en la fecha del contrato).

Por tanto, siendo la finalidad de los intereses moratorios la de indemnizar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, derivando su procedencia del hecho de que el artículo 1108 CC , en el supuesto de obligaciones dinerarias, establece que la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 1101 del mismo texto legal consistirá en el pago del interés de demora, es posible el control judicial de estos intereses moratorios a los efectos únicamente de determinar su carácter abusivo de acuerdo con las normas de protección de los consumidores.

El actual artículo 85.6 LGDCU , texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, dispone que 'serán abusivas, en todo caso: 6. Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones'. Por su parte, ya el artículo 10 bis.1 LGDCU 26/1984, de 19 de julio, consideraba como cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente, que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, fijando una presunción legal de carácter abusivo a ciertas cláusulas a las que se refería la Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984 , entre ellas '...la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla con sus obligaciones'; y el último párrafo de este artículo 10 bis 1 concluye recordando la necesidad de determinar el carácter abusivo, no de forma general, sino particularizado en atención a la naturaleza de los bienes o servicio contratados así como las circunstancias concurrentes. La sanción del carácter abusivo de una de estas cláusulas se fija en artículo 10.bis.2 LGDCU , la cual determina la nulidad de las mismas, autorizando la integración judicial del contrato y el uso por parte del juez de facultades moderadoras. Sobre esta base legal debe de analizarse el interés fijado unilateralmente en el contrato por parte de la financiera. Para ello hay que partir de la comparación de los diferentes intereses que pueden ser tomados como punto de referencia para la proporcionalidad del interés de demora pactado.

Es evidente que todo interés de mora, por su propia condición de cláusula indemnizatoria por el incumplimiento del deudor de la obligación, tiene que ser superior al ordinario pactado con carácter remuneratorio, pero en todo caso debe de guardar una cierta proporción, o en palabras de la STS de 17 de marzo de 1998 , con referencia a las cláusulas absolutamente desproporcionadas contenidas en un contrato de leasing para fijar las consecuencias económicas del incumplimiento, añade que 'la cuantificación de estos es posible pactarla, pero ese pacto debe ser acomodado al equilibrio patrimonial, que en el presente caso se manifiesta enormemente desproporcionado...', y continua, 'en definitiva, se puede afirmar que todo lo previsto para el caso de impago tiene la naturaleza de cláusula penal, y el Tribunal está facultado para hacer uso de la moderación que la ley le confiere - art. 1154 CC ...'. Y lógicamente dicha proporción no se da cuando existe una diferencia muy sustancial entre el interés remuneratorio y el de demora. Para determinar tal diferencia habrá de atenderse al interés pactado en el contrato de adhesión por un lado (usualmente entre el 20% y el 30% anual) y al tipo fijado como interés legal del dinero y al interés fijado como de demora para el año que corresponda por otro lado, de manera que cuando tal diferencia sea sustancial la cláusula contractual que fijó el interés podrá ser considerada como abusiva y reducir el Tribunal tal interés al fijado por la Ley de Crédito al Consumo (2,5 veces el interés legal vigente en la fecha del contrato).

Esta doctrina parece ser aceptada por la reciente Sentencia del TS, Civil, sección 1, de 23 de septiembre de 2010 , que declara abusivo el interés moratorio pactado del 29% anual en base al aplicable, por la fecha del contrato en cuestión, artículo 10 de la Ley de Consumidores y Usuarios de 1984 , interpretando y aplicando dicha norma a la luz de la legislación posterior adaptada a la realidad social, conforme al artículo 3.1 del Código Civil .

Es también la doctrina seguida reiteradamente y desde hace años por este Tribunal, que ya se ha pronunciado sobre la posibilidad que tienen de oficio los Tribunales para examinar si los intereses pactados son, o no, abusivos, y la posibilidad de reducirlos de oficio en este último caso.

Así nuestra Sentencia de 14-7-2008 y Autos AP Tarragona, Secc. 3ª, de 30 de junio de 2009 y 9 de diciembre de 2009 , entre otros.

En conclusión, la reducción hecha de oficio por el Juez a quo de los intereses moratorios a multiplicar por 2,5 el interés legal del dinero al considerar abusivos los pactados del 27% anual es ajustada a derecho'.

L'anterior doctrina, però, ha de ser corregida per imperatiu de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 14-6-2012 .

Aquesta sentència ratifica que puguin els Tribunals examinar d'ofici i en qualsevol moment processal la validesa o no de les clàusules que puguin ser abusives en els contractes d'adhesió fets entre professionals i consumidors.

Ara bé, i a diferència del que era la nostra doctrina, tal sentència no permet als Tribunals integrar el contracte modificant el contingut de la clàusula abusiva, sinó simplement declarar nul litat de la mateixa i eliminar-la, no aplicant-la doncs al consumidor en absolut. Tal conseqüència deriva -diu- tant de l'interès públic en que descansa la protecció dels consumidors, com d'una qüestió d'eficàcia en tal protecció, ja que si els Tribunals podessin modificar el contingut de les clàusules abusives dels contractes, aquesta facultat contribuiria a eliminar l'efecte dissuasori que exerceix sobre els professionals el fet que, pura i simplement, tals clàusules abusives no s'apliquin als consumidors, en la mesura que els professionals podrien veure's temptats a utilitzar clàusules abusives al saber que, encara que fossin declarades nul les, el contracte seria integrat pel Tribunal en el que fos necessari, garantint així l'interès de tals professionals.

Per imperatiu doncs de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 14-6-2012 , no és procedent fer pels Tribunals tal reducció dels interessos, és a dir, integrar el contracte modificant el contingut de la clàusula declarada abusiva relativa als interessos, sinó simplement declarar nul litat de la mateixa i eliminar-la, no aplicant-la en absolut al consumidor, el que suposa que no s'hagin de pagar interessos de demora.

En el present cas, tals interessos són clarament abusius i per tant nuls. La quantitat reclamada per tal concepte era de 32,42 euros, que no s'ha de pagar.

QUART.-Impugna també els 678,34 euros donats en concepte d'interessos i costes sense perjudici d'ulterior liquidació, per no ser un pronunciament propi d'un declaratiu sinó d'un procediment d'execució.

És evident que té tota la raó la recurrent. Tal quantitat ni es reclamava al monitori, sinó únicament pel cas de no haver oposició i procedir el despatx execució contra la demandada, per la qual cosa la sentència és inclús incongruent amb la demanda.

Per tant, la quantitat a pagar per la demandada és la de 2.228,58 euros (2.261 euros en concepte de principal - 32,42 euros per interessos de demora), el que fa que al ser una estimació substancial de la demanda no s'alteri la imposició de les costes a la demandada.

CINQUÈ.-Conforme als arts. 394 i 398 LEC , a l'estimar-se parcialment el recurs, no es fa imposició de les costes d'aquesta instància.

Fallo

ESTIMO parcialmentel recurs d'apel lació interposat per Loreto contra Sentència del Jutjat de 1a Instància 5 del Vendrell de data 11-7-2011 , en procediment Verbal 1112/10, que es REVOCA en el sentit de:

1.- Fixar la quantitat a pagar per la demandada a l'actora en 2.228,58 euros, quantitat que meritarà únicament els interessos de l' art. 576 LEC .

2.- No es fa imposició de les costes d'aquesta instància.

Retorneu les actuacions originals al Jutjat de procedència, amb testimoni de la present resolució, i demaneu d'aquell rebut.

Així ho acordo, mano i signo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por quien la dictó estando celebrando Audiencia Pública en el día dieciséis de abril de dos mil trece. Doy fe.