Sentencia Civil Nº 17/2011, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 170/2010 de 31 de Marzo de 2011

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

Sala Civil y Penal

R. Casación nº 170/2010

SENTENCIA Nº 17

Presidente:

Ilmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombau

Magistrados:

Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors

Ilma. Sra. Dª. Mª Eugènia Alegret Burgués

Barcelona, 31 de marzo de 2011.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados que se expresan mas arriba, ha visto el recurso de casación núm. 170/2010 contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación núm. 706/09 como consecuencia de las actuaciones de juicio ordinario núm. 927/08 seguidas ante el Juzgado de 1a Instancia núm. 1 de Barcelona . La entidad ROCADOT PRINCIPAL SL ha interpuesto este recurso representada por la Procuradora Sra. Anna Camps Herreros y defendida por el Letrado Sr. José Amadeo Mor Lorente. Es parte recurrida la Sra. Rosalia como heredera de la Sra. Virtudes , representada por el Procurador Sr. Jaime Lluch Roca y defendida por el Letrado Sr. José María Solano Sesé.

Antecedentes

Primero.- El Procurador de los Tribunales Sr. Jaume Lluch Roca, actuó en nombre y representación de Doña. Virtudes formulando demanda de juicio ordinario núm. 927/08 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Barcelona . Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó sentencia con fecha 14 de abril de 20009 , la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente:

"Estimar la demanda interposada per Doña. Virtudes contra Rocadot Principal S.L. i,

1r.- Declarar procedent la rescissió del contracte de compravenda atorgat mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona Sr. Salvador Carballo Casado en data 26 d'agost de 2004, per Doña. Virtudes com a part venedora i Rocadot Principal, S.L. com a part compradora, de la següent finca:

Urbana. Entitat núm. NUM000 , porta NUM001 de la NUM001 planta de la casa número NUM002 NUM003 del carrer DIRECCION000 , de Barcelona. Extensió, cent trenta vuit metres seixanta un decímetres quadrats. Llindars: Front, Sud, façana principal sobre el carrer DIRECCION000 ; dreta, entrant, Est, façana lateral sobre la casa número NUM002 del mateix carrer; esquerra, Oest, porta NUM004 de la mateixa planta; fons, Nord, façana posterior sobre la finca de la Via DIRECCION001 núm. NUM005 ". Inscrita al Registre de la Propietat núm. 6 de Barcelona, Tom NUM006 , foli NUM007 , finca núm. NUM008 .

2n.- Fixar el termini de trenta dies per tal de que la compradora pugui evitar la rescissió, mitjançant el pagament a la venedora, o la consignació al compte del Jutjat, de la quantitat de 428.040,30 euros, amb els interessos legals des del 26 d'agost de 2004. Transcorregut el termini dit sense que la demandada hagi evitat la rescissió amb el pagament o la consignació de la quantitat dita, la condemno a tornar a la venedora la finca en les condicions en que li va ser entregada i lliure de càrregues posteriors a la compravenda, rebent d'aquesta el preu pagat de 300.506 euros, amb els interessos legals des del 26 d'agost de 2004, i disposo per aquest cas de que no sigui evitada la rescissió, la cancel·lació de l'assentament de domini en el Registre de la Propietat a que hagi donat lloc a la compravenda rescindida.

3r.- Imposar a la part demandada les costes del judici".

Segundo.- Contra esta Sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona la cual dictó Sentencia en fecha 27 de abril de 2010 , con la siguiente parte dispositiva:

"1. Desestimamos el recurso de apelación.

2. Imponemos las costas del recurso al apelante"

Tercero.- Contra esta Sentencia, la Procuradora Sra. Anna Camps Herreros en nombre y representación de Rocadot Principal SL interpuso recurso de casación que por auto de esta Sala, de fecha 25 de octubre de 2010 , se admitió a trámite dándose traslado a la parte recurrida y personada para formalizar su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Cuarto.- Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2010 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señaló para su votación y fallo que ha tenido lugar el día 13 de enero de 2011.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. José Francisco Valls Gombau.

Fundamentos

PRIMERO.- Acción de rescisión por lesión. Naturaleza civil o mercantil de la venta.

1.- En el primer motivo del recurso de casación interpuesto se denuncia la errónea interpretación de los artos. 344 y 325 del Código de Comercio (en adelante, CCom .) en relación con el art. 321 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña (en adelante CDCC ) de los que se deduce e infiere la irrescindibilidad de las compraventas mercantiles, y ello por incurrir la resolución recurrida, a entender del recurrente, en una errónea calificación de la naturaleza jurídica de la compraventa del inmueble de autos.

2.-Esta Sala Civil del TSJC se ha pronunciado, hasta el momento, en ocho ocasiones sobre la cuestión planteada en las SSTSJC 5/1990, de 7 de junio, 9/1990, de 4 de julio, 32/1995, de 20 de noviembre, 35/2004, de 22 de noviembre, 37/2005, de 10 de octubre, 27/2007, de 10 de septiembre, 46/2008, de 30 de diciembre y 28/2010, de 22 de julio .

La STSJC 27/2007, de 10 de septiembre , aplicó por vez primera la doctrina que en el caso de compraventas mercantiles no es aplicable la rescisión por lesión en virtud de lo dispuesto en el art. 344 CCom ., estableciendo que no se rescindirán las ventas mercantiles por causa de lesión, tanto si se considera de aplicación la norma reseñada en forma directa como analógica. Nótese que en dicho supuesto el contrato de compraventa había sido suscrito entre comerciantes dedicados al negocio inmobiliario y la operación se enmarcaba dentro del objeto de tráfico empresarial de las dos sociedades, por lo cual " ... Tal operació, en la mesura en què forma part de la sèrie orgànica d'actes propis del tràfic de les empreses immobiliàries litigants (compravenda de béns immobles per revendre'ls en la mateixa forma o degudament urbanitzats i parcel·lats) ha de reputar-se com de contracte mercantil...".

De todos modos, tanto en las demás sentencias anteriormente citadas como en la STSJC 46/2008, de 30 de diciembre , la cuestión se resuelve calificando la compraventa objeto de litigio como civil. En este último supuesto, la parte actora y en su momento vendedora, era una persona física no comerciante y la compradora, dedicada a la intermediación inmobiliaria, no quedó acreditado que comprase la finca con intención de revenderla a un tercero y enriquecerse con el precio obtenido en la reventa; siendo trascendente, según se establece en dicha resolución a los efectos de calificación de la venta como civil o mercantil, la condición personal del vendedor mas que la del comprador. Por tanto, si la venta se instrumentaliza como una operación de refinanciación atendida la precaria situación económica de la demandante, mediante dos contratos independientes, los dos con la misma fecha, uno de compraventa de vivienda y otro de arrendamiento con opción de compra a favor de la vendedora no se dan los requisitos imprescindibles para considerarla como mercantil.

Como resumen de la jurisprudencia de este TSJC en el extremo debatido, hemos de declarar, que la calificación como mercantil de la compraventa, a los efectos de la rescisión por lesión, deberá declararse para aquellos supuestos en que el vendedor tenga por objeto de su tráfico la promoción de bienes de dicha naturaleza y la operación se inscriba en la serie orgánica de actos propios de la empresa y el comprador tenga el mismo ánimo especulativo, sin dejar de resaltar que el ánimo especulativo es indudablemente un elemento que debemos tener en cuenta, pero no el único, puesto que como declaró la STSJC 35/2004, de 22 de noviembre " ... Per determinar la naturalesa civil o mercantil d'un contracte de compra-venda i, per tant, per a fer-ne la seva qualificació, s'ha d'estar fonamentalment al contingut dels seus pactes o estipulacions, i si d'ells en resulten elements qualificables uns de caràcter civil i altres d'índole mercantil, caldrà veure quins són els prevalents per tal de qualificar la compra-venda global com a civil o com a mercantil...".

3.- Por tanto, en el caso examinado, hemos de considerar que la compraventa ha de calificarse como civil y queda sujeta a la acción de rescisión por lesión en atención a las siguientes circunstancias:

a) La condición de persona física no comerciante de la vendedora. A dichos efectos no podemos olvidar que el concepto de compraventa mercantil en el CCcom, por lo que hace referencia a las cosa muebles, parece recaer esencialmente en el ánimo especulativo del comprador cuando en la rescisión por lesión, en la CDCC, la acción rescisoria solamente puede solicitarse por el vendedor.

b) No se ha acreditado en autos el ánimo de revender de la compradora. Al respecto, hemos de hacer notar el otorgamiento simultaneo a la venta de un arrendamiento sobre la finca objeto de transmisión, a favor de la vendedora, por un plazo de doce meses prorrogables hasta un máximo de cinco años, lo que determina que la inmediatez, como señala la contraparte, que se presupone en todo negocio de reventa sea inexistente en el caso examinado que tampoco consta se haya producido puesto que la recurrente ROCADOT ni la puso en venta en aquel momento ni consta que lo haya hecho posteriormente, manteniéndola en su patrimonio. A ello debe añadirse, como acertadamente declara la sentencia recurrida, el dato de haber hipotecado posteriormente la finca por una cantidad de 840.648, 70 euros, lo cual evidencia la falta de intención de reventa puesto que quedaba sujeta a un arrendamiento por un plazo máximo de cinco años y una hipoteca de 840. 648, 70 euros, cuando el precio fijado por la tasación realizada por la Entidad crediticia lo fue por un importe de 688.009 euros (f. 927).

Ha de rechazarse el primer motivo del recurso.

SEGUNDO.- Caducidad de la acción.

1.- El segundo motivo del recurso considera infringido por interpretación errónea el art. 322 CDCC en relación con lo dispuesto en el art. 3__h6_1453art>1450 Código Civil (en adelante CC ), ya que la sentencia recurrida no aprecia la previa perfección de la compraventa habida mediante el ejercicio de un derecho de opción de compra con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública de compraventa a efectos del cómputo del plazo legal de cuatro años.

Al respecto, hemos de hacer notar que la opción de compra se otorgó en 2 de julio de 2004 y la escritura pública de venta se efectuó en 26 de agosto de 2004 (f. 93 ss.) presentándose la demanda en 23 de Julio de 2008 (f. 2), es decir, cuando aun no se había cumplido el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción que era de 4 años. Sin embargo, el recurrente sostiene que el ejercicio unilateral del ejercicio de la opción de compra perfecciona el contrato de compraventa, por lo cual, si en 4 de julio de 2004 se produce un primer pago del precio y posteriormente en 22 de julio se siguen efectuando dichos pagos, a su entender, bien se fije como dies a quo para el cómputo del plazo cuatrienal el día 7 ó 22 de junio de 2004, es claro que al momento de presentación de la demanda el día 23 de Julio de 2008 había transcurrido el plazo legal para el ejercicio de la acción.

2.- La opción de compra no se considera rescindible hasta tanto el optante no exteriorice su voluntad de ejercitar el derecho de opción concedido por el precio establecido y dicha solicitud no llegue al conocimiento del vendedor, tal como se pronuncian las SSTSJC 11/1991, de 7 de octubre, 7/1993, de 22 de marzo y 25/1993, de 9 de noviembre , mientras que con algunas vacilaciones como son las SSTSJC 5/1994, de 24 febrero y 17/2003, de 19 mayo , para determinar el precio justo debemos atender al momento en que se perfeccionó la opción como declaramos en la STSJC 1/2011, de 7 de enero . Asimismo, para concluir con el estudio de la jurisprudencia de este TSJC en relación con el ejercicio de opción y la acción de rescisión por lesión hemos de referirnos a las otras dos sentencias que se han dictado por este TSJC en dicha materia como son las SSTSJC 42/2005, de 14 de noviembre y la STSJC 29/2001, de 5 de noviembre , declarando esta última que " .. no és cert que el preu d'un immoble arrendat s'ha de considerar lliure d'arrendament si el compra un arrendatari amb dret de pròrroga forçosa (com era aquest cas com diu l'Audiència), ja que l'arrendatari pot fer valer la seva condició de tal per aconseguir un millor preu de compra; a part que aqui la Sentència de l'Audiència explica que el preu del local sense arrendament hauria estat de 22.600.000 PTA, molt inferior per tant al doble dels 15.000.000.PTA que seria necessari per a la viabilitat de l'acció ultra dimidium..."

El art. 322 CDCC dispone que el momento para el inicio del cómputo del plazo de caducidad de cuatro años es el de la fecha del contrato que ha de ser entendido, por consiguiente, como el de su perfección. En dicho sentido, la STSJC 5/1995, de 9 de febrero , establece en el caso de un contrato de compraventa en contrato privado y que después es formalizada en escritura pública, que el plazo de caducidad empieza a computarse desde que se perfecciona el contrato, aun cuando la enajenación o el contrato no se hayan consumado, puesto que el ejercicio de la acción rescisoria solamente exige la existencia o la perfección del contrato traslativo y, por tanto, no se precisa se haya producido el efecto transmisor de la propiedad mediante la escritura pública. Y más concretamente en relación con la opción de compra la STSJC 25/1993, de 9 de noviembre , estima que la acción de rescisión nace desde que se perfecciona el contrato y si por el ejercicio de la opción se perfecciona la compraventa, desde entonces se puede ejercitar la acción de rescisión por lesión. En dicho sentido, cabe hacer mención de las SSTS S. 1ª 5980/2007, de 27 de septiembre, 3251/2007, de 23 de mayo y 522/20110, de 17 de septiembre , que para el ejercicio de la opción de compra declaran que el ejercicio la opción se perfecciona siempre que la notificación de la misma se haya llevado a cabo de forma efectiva aun cuando la compraventa se consume posteriormente.

Al respecto, han de tenerse presente, a los efectos litigiosos, los artos. 31 y 32 de la Ley 22/2001, de 31 de diciembre , de regulación de los derechos de superficie, de servidumbre y de adquisición voluntaria o preferente, aplicable a autos por una cuestión de derecho intertemporal, como asimismo el art. 568-12 del CCCat estableciendo que los optantes han de satisfacer el precio al ejercitar el derecho de opción o antes de su ejercicio y deben notificar fehacientemente a los concedentes o los propietarios el ejercicio del citado derecho en el domicilio que conste en el título de constitución.

3.- La parte recurrente sostiene en su recurso que bien sea desde el 7 o el 22 de julio de 1994, es decir, con anterioridad a los cuatro años de presentación de la demanda (23 de julio de 1998) se perfecciona la opción de compra y por tanto ha caducado el derecho puesto que no puede computarse el dies a quo desde la fecha de la escritura pública de venta en 26 de agosto de 1994 sino desde el ejercicio del derecho de opción.

Hemos de rechazar dicha tesis puesto que el ejercicio de opción no consta fuera realizado con anterioridad a la escritura pública de 22 de julio de 2004. Ni en el documento de 7 de julio de 1994 ni en el acta de 22 de julio de 1994 (doc. Núm. 7 -f. 846) como sucede con la de 5 de agosto de 1995 (doc. Núm. 8 -f.851 ss) consta que se ejercita la opción, ya que son actas de manifestaciones de la concedente en que se declara que se han entregado sumas que serán descontadas del precio de la escritura a los efectos del ejercicio de la opción, por lo cual, no puede inferirse, en modo alguno, que se ejercitaba el derecho de opción y quedaba perfeccionado al concurrir los presupuestos legales exigidos precedentemente así como también los convencionalmente asumidos por las partes en la escritura de opción (estipulación quinta) que establecía " ... la optante deberá notificar fehacientemente a la propietaria, en su domicilio ....con quince días de antelación, su intención de ejercitar su derecho de opción de compra, con ofrecimiento de pago del precio y con designación del Notario para formalizar la escritura..."

Por todo ello, al no cumplirse los requisitos legales expuestos para el ejercicio del derecho de opción de compra, en el caso examinado, con anterioridad a la escritura pública de 26 de agosto de 2004 no es sino hasta este momento cuando debe entenderse que se ejercita el derecho de opción con entrega del precio, por lo cual, al momento de presentación de la demanda no habían transcurrido los cuatro años establecidos para el ejercicio de la acción rescisoria.

Ha de rechazarse el segundo motivo del recurso.

TERCERO.- Renuncia a la acción de rescisión por lesión.

En el tercer motivo del recurso se denuncia la inaplicación del art. 322 CDCC regulador de la renuncia a la acción por rescisión ultradimidium efectuada por la parte vendedora, que, a entender de la recurrente, lo fue con posterioridad a la celebración de la compraventa consumada mediante el ejercicio previo de un derecho de opción de compra.

La renuncia a dicha acción solamente puede realizarse, conforme se dispone en el art. 322 CDCC , después de celebrado el contrato lesivo, fuera del Tortosa y de su antiguo territorio, en que la renuncia puede llevarse a efecto en el mismo contrato, como igualmente se declara en la STSJC 4/93, de 8 de febrero .

En el caso de autos, obra en el doc. núm. 12 (f. 891) la citada renuncia a la acción por lesión " ... por haber recibido una mayor cantidad en concepto de complemento de precio (100. 000 euros) así como por transmitirse la finca arrendada a la Sra. Virtudes " y seguidamente consta como fecha la de 26 de agosto de 2004 que coincide con la de la escritura pública de venta.

La sentencia recurrida en línea con lo argumentado por la resolución dictada en primera instancia establece como hecho probado que dicha renuncia fue anterior a la venta y niega también como hecho probado -que no ha sido combatido por el cauce del recurso extraordinario de infracción procesal- y por tanto resulta intangible este recurso de casación que la Sra. Virtudes recibiera ningún complemento de precio ni los 100.000 euros señalados en el citado doc. núm. 12, por lo cual, firmes ambos datos en el presente recurso la conclusión es clara que no procede otorgarse validez a dicha renuncia ni se ha producido con anterioridad a la venta puesto que la afirmada renuncia ya fue pactada con anterioridad al citado documento y, en su consecuencia, no resulta válida máxime cuando, reiteramos, la Sra. Virtudes consta probado que no recibió el complemento de precio por conformar un hecho probado no combatido por el cauce del recurso extraordinario de infracción procesal.

Por lo expuesto, ha de rechazarse el tercer motivo del recurso.

CUARTO- Inexistencia de lesión en más de la mitad de su justo precio.

1.- El cuarto motivo considera infringido por aplicación indebida el art. 323 CDCC en relación con la existencia no considerada de una carga de arrendamiento y un mayor precio satisfecho por el inmueble que determinan la existencia de lesión en más de mitad del justo precio.

A estos efectos, al no deducirse recurso extraordinario de infracción procesal, hemos de partir de los hechos probados que se han declarado en la sentencia recurrida y que en relación con la cuestión planteada son:

(a) No se ha probado el pago de complemento de precio documentado al f. 891, de 100.000 euros.

(b) El precio escriturado fue de 300.506 euros y como precio de la finca la resolución recurrida en su FJ. 6º ratifica los razonamientos de la sentencia de instancia que lo fija entre un mínimo de 688.009, 22 euros (Ibertasa) y un máximo de 807.000 euros (Sr. Jesús Manuel ), que dan un promedio de 728.546,30 euros que es el precio fijado como valor justo de la finca; rechazándose la valoración realizada por el perito de la demandada Sr. Pablo Jesús que asigna al piso el importe de 415.006 euros. Asimismo, añade, que el Banco que les concedió la hipoteca (f. 927) lo estableció en el mínimo reseñado de 688.009, 22 euros que incluso, en dicho supuesto, justificaría la lesión en más de la mitad del justo precio, y

(c) En relación con el arrendamiento otorgado sobre la finca litigiosa declara que no pueden establecerse reglas genéricas, pero en el supuesto enjuiciado el contrato de arrendamiento se estipuló por un período de cinco años y por una renta de mercado lo que no lo desvaloriza sustancialmente.

Por otra parte, tampoco puede aplicarse la doctrina sentada en la STSJC 29/2001, de 5 de noviembre , reseñada en el F. J.2º de la presente resolución, atendida la diversidad de supuestos de hechos ya que en aquel caso el arrendamiento lo era por un tiempo indefinido y quedaba sujeto a prórroga forzosa.

2.- El recurrente pretende combatir en esta sede del recurso de casación los hechos probados insistiendo en que: (a) Se entregaron 100.000 euros como complemento de precio y (b) No valorarse el arrendamiento en alguna medida resulta incongruente, estableciendo como justiprecio el fijado por su perito de 415.306, 64 euros. Ello comporta, en el presente supuesto, hacer supuesto de la cuestión o incurrir en el vicio denominado como "cuestión de principio" que determina inexorablemente la desestimación del motivo. Téngase presente que en el recurso de casación no cabe hacer supuesto de la cuestión, es decir, partir de hechos distintos a los declarados probados, o basarse en los que no se han declarado probados en la sentencia de instancia, o ignorar o soslayar las determinaciones de carácter eminentemente fáctico que pertenecen al ámbito sentenciador de la instancia, para extraer consecuencias jurídicas o pretender la aplicación de determinadas normas a partir de una construcción propia y unilateral y en oposición a lo resuelto en la instancia de conformidad con aquéllos ( SSTS 1ª 494/2008 de 6 jun. -FJ1-, 1205/2008 de 17 dic. -FJ3-, 184/2009 de 23 mar. -FJ2-, 325/2009 de 7 may. -FJ2-, 318/2009 de 12 may. -FJ2-, 480/2009 de 30 jun. -FJ5-, 545/2009 de 30 jun. -FJ2-, 466/2009 de 2 jul. -FJ4-, 527/2009 de 2 jul. -FJ3- y 685/2009 de 5 nov. -FJ14 - así como esta Sala en reiteradas resoluciones ( SSTSJ Cataluña de 5/2003, de 22 diciembre, 34/2004, de 18 de noviembre, 23/2009, de 11 de junio, 26/2009, de 2 de julio , y 8/2010, de 25 de febrero , entre otras); puesto que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, sino una modalidad de recurso extraordinario, en el que prevalece la finalidad de control de la aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial, lo que exige plantear cuestiones jurídicas, de un modo preciso y razonado, pero siempre sin apartarse de los hechos, pues no cabe la revisión de la base fáctica de la sentencia de segunda instancia.

Nótese que la LEC 2000 ha dejado limitado el recurso de casación a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción del supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico que no puede ser alterado por la vía casacional de la infracción de Ley. Y la razón de ello es que la casación no constituye una tercera instancia donde pueda examinarse de nuevo la prueba producida en las anteriores para obtener conclusiones distintas de las alcanzadas en la sentencia del tribunal a quo ( SSTS 1ª 137/2007 de 6 feb. -FJ1-, 626/2009 de 13 oct. -FJ2-, 642/2009 de 21 oct. -FJ4- y 685/2009 de 5 nov. -FJ14 -), por lo cual, el recurrente al no haber combatido el "factum" anteriormente referido por la vía del recurso extraordinario de infracción no puede en sede de este recurso de casación pretender una revisión de la pericial practicada o de la documental cuyo vía, en su caso, correspondía realizarse por los cauces del art. 469.1 LEC .

En su consecuencia, justificado que el precio escriturado fue el entregado a la concedente de la opción y que se ha producido la lesión en más de la mitad del precio justo procede la desestimación del motivo y la confirmación íntegra de la sentencia recurrida.

QUINTO.- Costas.

Las costas del presente recurso han de ser impuestas a la recurrente por aplicación del art. 398 LEC .

F A L L A M O S

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA DECIDE:

NO HA LUGAR al recurso de casación presentado por la representación procesal de la recurrente ROCADOT PRINCIPAL S.L. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª) de fecha 27 de abril de 2010 dictada en el Rollo de apelación 706/2009 , con confirmación de la misma en todos sus extremos e imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido.

Remítanse las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de su procedencia.

Así lo acuerdan, manda y firman la Presidenta y los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

R. cassació núm. 170/2010

SENTÈNCIA núm. 17

President:

Il·lm. Sr. José Francisco Valls Gombau

Magistrats:

Il·lm. Sr. Enric Anglada i Fors

Il·lma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués

Barcelona, 31 de març de 2011

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'expressen més amunt, ha vist el recurs de cassació núm. 170/2010, contra la Sentència dictada en grau d'apel·lació per la Secció 14a de l'Audiència Provincial de Barcelona en el rotllo d'apel·lació núm. 706/09 , com a conseqüència de les actuacions de judici ordinari núm. 927/08, seguides davant el Jutjat de 1a Instància núm. 1 de Barcelona. L'entitat ROCADOT PRINCIPAL, SL, ha interposat aquest recurs representada per la procuradora Sra. Anna Camps Herreros i defensada pel lletrat Sr. José Amadeo Mor Lorente. La part contra la qual es recorre és la Sra. Rosalia , com a hereva de Doña. Virtudes , representada pel procurador Sr. Jaime Lluch Roca i defensada pel lletrat Sr. José María Solano Sesé.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. El procurador dels tribunals Sr. Jaume Lluch Roca va actuar en representació de Doña. Virtudes i va formular demanda de judici ordinari núm. 927/08 en el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Barcelona. Un cop seguida la tramitació legal, el Jutjat va dictar sentència amb data 27 de abril de 2010 , la part dispositiva de la qual diu el següent:

"Estimar la demanda interposada per Doña. Virtudes contra Rocadot Principal, SL, i

1r. Declarar procedent la rescissió del contracte de compravenda atorgat mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona Sr. Salvador Carballo Casado, en data 26 d'agost de 2004, per Doña. Virtudes , com a part venedora, i Rocadot Principal, SL, com a part compradora, de la següent finca:

Urbana. Entitat núm. NUM000 , porta NUM001 de la NUM001 planta de la casa número NUM002 NUM003 del carrer DIRECCION000 , de Barcelona. Extensió, cent trenta vuit metres seixanta un decímetres quadrats. Llindars: Front, Sud, façana principal sobre el carrer de la Reina Victòria; dreta, entrant, Est, façana lateral sobre la casa número NUM002 del mateix carrer; esquerra, Oest, porta NUM004 de la mateixa planta; fons, Nord, façana posterior sobre la finca de la Via DIRECCION001 núm. NUM005 ". Inscrita al Registre de la Propietat núm. 6 de Barcelona, tom NUM006 , foli NUM007 , finca núm. NUM008 .

2n. Fixar el termini de trenta dies per tal de que la compradora pugui evitar la rescissió, mitjançant el pagament a la venedora, o la consignació al compte del Jutjat, de la quantitat de 428.040,30 euros, amb els interessos legals des del 26 d'agost de 2004. Transcorregut el termini dit sense que la demandada hagi evitat la rescissió amb el pagament o la consignació de la quantitat dita, la condemno a tornar a la venedora la finca en les condicions en que li va ser entregada i lliure de càrregues posteriors a la compravenda, rebent d'aquesta el preu pagat de 300.506 euros, amb els interessos legals des del 26 d'agost de 2004, i disposo per aquest cas que no sigui evitada la rescissió, la cancel·lació de l'assentament de domini en el Registre de la Propietat a que hagi donat lloc a la compravenda rescindida.

3r.- Imposar a la part demandada les costes del judici".

Segon. Contra aquesta Sentència, la part demandada va interposar un recurs d'apel·lació, que es va admetre i es va substanciar a la Secció 14a de l'Audiència Provincial de Barcelona, la qual va dictar Sentència en data 27 d'abril de 2010 , amb la part dispositiva següent:

"1. Desestimamos el recurso de apelación.

2. Imponemos las costas del recurso al apelante"

Tercer. Contra aquesta Sentència, la procuradora Sra. Anna Camps Herreros, en representació de Rocadot Principal, SL, va interposar un recurs de cassació que, per mitjà d'una interlocutòria d'aquesta Sala, de data 25 d'octubre de 2010, es va admetre a tràmit i es va traslladar a la part contra la qual es recorre i que s'ha personat perquè formalitzés la seva oposició per escrit dins el termini de vint dies.

Quart. Per mitjà d'una provisió de data 16 de desembre de 2010 es va tenir per formulada l'oposició al recurs de cassació i, d'acord amb l' article 485 de la Llei d'enjudiciament civil , es va assenyalar dia i hora per a la votació i decisió, que ha tingut lloc el 13 de gener de 2011.

Ha estat ponent l'Il·lm. Sr. José Francisco Valls Gombau.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Acció de rescissió per lesió. Naturalesa civil o mercantil de la venda

1. En el primer motiu del recurs de cassació interposat es denuncia la interpretació errònia dels articles 344 i 325 del Codi de comerç (d'ara endavant, CCom ), en relació amb l' article 321 de la Compilació del dret civil de Catalunya (d'ara endavant CDCC ), dels quals s'infereix la irrescindibilitat de les compravendes mercantils, i això perquè, segons el recurrent, la resolució objecte de recurs incorre en una qualificació errònia de la naturalesa jurídica de la compravenda de l'immoble de què tracten les actuacions.

2. Aquesta Sala Civil del TSJC s'ha pronunciat, fins ara, en vuit ocasions sobre la qüestió plantejada, en les sentències del TSJC 5/1990, de 7 de juny; 9/1990, de 4 de juliol; 32/1995, de 20 de novembre; 35/2004, de 22 de novembre; 37/2005, de 10 d'octubre; 27/2007, de 10 de setembre; 46/2008, de 30 de desembre, i 28/2010, de 22 de juliol .

La Sentència del TSJC 27/2007, de 10 de setembre , va aplicar per primera vegada la doctrina segons la qual en el cas de compravendes mercantils no és aplicable la rescissió per lesió, en virtut del que disposa l' article 344 del CCom , que estableix que no es rescindiran les vendes mercantils per causa de lesió, tant si es considera aplicable la norma indicada de forma directa com analògica. Noteu que en el supòsit esmentat el contracte de compravenda havia estat subscrit entre comerciants dedicats al negoci immobiliari i l'operació s'emmarcava dins de l'objecte de tràfic empresarial de les dues societats, per la qual cosa " ... Tal operació, en la mesura en què forma part de la sèrie orgànica d'actes propis del tràfic de les empreses immobiliàries litigants (compravenda de béns immobles per revendre'ls en la mateixa forma o degudament urbanitzats i parcel· lats) ha de reputar-se com de contracte mercantil...".

De totes maneres, tant en les altres sentències esmentades com en la STSJC 46/2008, de 30 de desembre , la qüestió es resol qualificant la compravenda objecte de litigi com de civil. En aquest últim supòsit, la part actora, i en aquell moment venedora, era una persona física no comerciant i la compradora es dedicava a la intermediació immobiliària, però no va quedar acreditat que comprés la finca amb intenció de revendre-la a un tercer i enriquir-se amb el preu obtingut en la revenda; és transcendent, segons s'estableix en la resolució esmentada, a l'efecte de la qualificació de la venda com a civil o mercantil, la condició personal del venedor, més que la del comprador. Per tant, si la venda s'instrumentalitza com una operació de refinançament, atesa la precària situació econòmica de la demandant, mitjançant dos contractes independents, amb la mateixa data, un de compravenda d'habitatge i un altre d'arrendament amb opció de compra a favor de la venedora, no es donen els requisits imprescindibles per considerar-la com a mercantil.

Com a resum de la jurisprudència d'aquest TSJC en el tema debatut, cal declarar que la qualificació com a mercantil de la compravenda, a l'efecte de la rescissió per lesió, s'ha de fer en aquells supòsits en què l'objecte del tràfic del venedor sigui la promoció de béns d'aquella naturalesa i l'operació s'inscrigui en la sèrie orgànica d'actes propis de l'empresa, i el comprador tingui el mateix ànim especulatiu, sense deixar de ressaltar que l'ànim especulatiu és indubtablement un element que hem de tenir en compte, però no l'únic, ja que com va declarar la STSJC 35/2004, de 22 de novembre " ... Per determinar la naturalesa civil o mercantil d'un contracte de compravenda i, per tant, per fer-ne la seva qualificació, s'ha d'estar fonamentalment al contingut dels seus pactes o estipulacions, i si d'ells en resulten elements qualificables uns de caràcter civil i altres d'índole mercantil, caldrà veure quins són els prevalents per tal de qualificar la compravenda global com a civil o com a mercantil..."

3. Per tant, en el cas examinat, hem de considerar que la compravenda s'ha de qualificar de civil i queda subjecta a l'acció de rescissió per lesió en atenció a les circumstàncies següents:

a) La condició de persona física no comerciant de la venedora. A aquest efecte, no podem oblidar que el concepte de compravenda mercantil en el CCcom, pel que fa a les coses mobles, sembla recaure essencialment en l'ànim especulatiu del comprador, i en la rescissió per lesió, en la CDCC, l'acció rescissòria només la pot sol·licitar el venedor.

b) No s'ha acreditat, en les actuacions, l'ànim de revendre de la compradora. Sobre això, destaquem l'atorgament simultani a la venda d'un arrendament sobre la finca objecte de transmissió a favor de la venedora, per un termini de dotze mesos prorrogables fins a un màxim de cinc anys, la qual cosa determina que la immediatesa, com assenyala la contrapart, que es pressuposa en tot negoci de revenda, en aquest cas és inexistent, i tampoc consta s'hagi produït, ja que la recurrent, ROCADOT, ni la va posar en venda en aquell moment ni consta que ho hagi fet posteriorment, sinó que l'ha mantingut en el seu patrimoni. A això s'ha d'afegir, com encertadament declara la Sentència objecte de recurs, la dada d'haver hipotecat posteriorment la finca per una quantitat de 840.648,70 euros, la qual cosa evidencia la falta d'intenció de revenda, ja que quedava subjecta a un arrendament per un termini màxim de cinc anys i una hipoteca de 840.648,70 euros, quan en la taxació l'entitat creditícia havia fixat un preu de 688.009 euros (f. 927).

S'ha de rebutjar el primer motiu del recurs.

SEGON. Caducitat de l'acció

1. El segon motiu del recurs considera infringit per interpretació errònia l' article 322 de la CDCC , en relació amb el que disposa l' article 1450 Codi civil (d'ara endavant CC ), ja que la Sentència objecte de recurs no aprecia la perfecció prèvia de la compravenda que duta a terme mitjançant l'exercici d'un dret d'opció de compra amb anterioritat a l 'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, a l'efecte del còmput del termini legal de quatre anys.

Sobre això, hem de destacar que l'opció de compra es va atorgar el 2 de juliol de 2004 i l'escriptura pública de venda es va efectuar el 26 d'agost de 2004 (f. 93 i següents), i que la demanda es va presentar el 23 de juliol de 2008 (f. 2), és a dir, quan ni tan sols s'havia complert el termini de caducitat per exercir l'acció, que era de 4 anys. No obstant això, el recurrent sosté que l'exercici unilateral de l'exercici de l'opció de compra perfecciona el contracte de compravenda, per la qual cosa, si el 4 de juliol de 2004 es produeix un primer pagament del preu i posteriorment, el 22 de juliol, se segueixen efectuant els pagaments esmentats, al seu entendre, tant si es fixa com a dies a quo per al còmput del termini quadriennal el dia 7 o el 22 de juny de 2004, és clar que en el moment de presentació de la demanda, el 23 de juliol de 2008, havia transcorregut el termini legal per exercir l'acció.

2. L'opció de compra no es considera rescindible fins que l'optant no exterioritza la seva voluntat d'exercitar el dret d'opció concedit pel preu establert i aquesta sol·licitud no arriba a coneixement del venedor, tal com es pronuncien les sentències del TSJC 11/1991, de 7 d'octubre; 7/1993, de 22 de març, i 25/1993, de 9 de novembre , mentre que, amb algunes vacil·lacions, com passa en les sentències del TSJC 5/1994, de 24 febrer, i 17/2003, de 19 maig , per determinar el preu just hem d'atenir-nos al moment en què es va perfeccionar l'opció, com declarem en la STSJC 1/2011, de 7 de gener . Així mateix, per concloure l'estudi de la jurisprudència d'aquest TSJC en relació amb l'exercici d'opció i l'acció de rescissió per lesió, hem de referir-nos a les altres dues sentències que ha dictat aquest TSJC en aquesta matèria, la STSJC 42/2005, de 14 de novembre , i la STSJC 29/2001, de 5 de novembre ; aquesta última declara que " .. no és cert que el preu d'un immoble arrendat s'ha de considerar lliure d'arrendament si el compra un arrendatari amb dret de pròrroga forçosa (com era aquest cas com diu l'Audiència), ja que l'arrendatari pot fer valer la seva condició de tal per aconseguir un millor preu de compra; a part que aqui la Sentència de l'Audiència explica que el preu del local sense arrendament hauria estat de 22.600.000 PTA, molt inferior per tant al doble dels 15.000.000.PTA que seria necessari per a la viabilitat de l'acció ultra dimidium..."

L' article 322 de la CDCC disposa que el moment per a l'inici del còmput del termini de caducitat de quatre anys és el de la data del contracte, que s'ha d'entendre, per tant, com el de la seva perfecció. En aquest sentit, la STSJC 5/1995, de 9 de febrer , estableix, en el cas d'un contracte de compravenda en contracte privat, i que després es formalitza en escriptura pública, que el termini de caducitat comença a computar-se des que es perfecciona el contracte, encara que l'alienació o el contracte no s'hagin consumat, ja que l'exercici de l'acció rescissòria només exigeix l'existència o la perfecció del contracte translatiu i, per tant, no cal que s'hagi produït l'efecte transmissor de la propietat mitjançant l'escriptura pública. I més concretament, en relació amb l'opció de compra, la STSJC 25/1993, de 9 de novembre , estima que l'acció de rescissió neix des que es perfecciona el contracte i si per l'exercici de l'opció es perfecciona la compravenda, des d'aleshores es pot exercitar l'acció de rescissió per lesió. En aquest sentit, cal esmentar les sentències del TS, S. 1a, 5980/2007, de 27 de setembre; 3251/2007, de 23 de maig, i 522/20110, de 17 de setembre , les quals per a l'exercici de l'opció de compra declaren que l'opció es perfecciona sempre que la seva notificació s'hagi dut a terme de manera efectiva, encara que la compravenda es consumi posteriorment.

Sobre això, cal tenir present, als efectes litigiosos, els articles 31 i 32 de la Llei 22/2001, de 31 de desembre , de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent, aplicable a les actuacions per una qüestió de dret intertemporal, i també l' article 568-12 del CCCat , que estableix els optants han de satisfer el preu en exercitar el dret d'opció o abans d'exercitar-lo i han de notificar fefaentment als concedents o als propietaris l'exercici del dret esmentat en el domicili que consti en el títol de constitució.

3. La part recurrent sosté en el seu recurs que tant si és des del 7 o des del 22 de juliol de 1994, és a dir, amb anterioritat als quatre anys de presentació de la demanda (23 de juliol de 1998), es perfecciona l'opció de compra i, per tant, el dret ha caducat, ja que no es pot computar el dies a quo des de la data de l'escriptura pública de venda, el 26 d'agost de 1994, sinó des de l'exercici del dret d'opció.

Hem de rebutjar aquesta tesi, ja que no consta que s'hagués exercitat l'opció amb anterioritat a l'escriptura pública de 22 de juliol de 2004. Ni en el document de 7 de juliol de 1994 ni en l'acta de 22 de juliol de 1994 (doc. núm. 7 -f. 846) com succeeix amb la de 5 d'agost de 1995 (doc. núm. 8 -f. 851 i següents) consta que s'exerciti l'opció, ja que són actes de manifestacions de la concedent, en què es declara que s'han lliurat sumes que seran descomptades del preu de l'escriptura a l'efecte de l'exercici de l'opció, per la qual cosa, no es pot inferir, de cap manera, que s'exercitava el dret d'opció i quedava perfeccionat en concórrer els pressupostos legals exigits precedentment, així com també els convencionalment assumits per les parts en l'escriptura d'opció (estipulació cinquena) que establia " ... la optante deberá notificar fehacientemente a la propietaria, en su domicilio ....con quince días de antelación, su intención de ejercitar su derecho de opción de compra, con ofrecimiento de pago del precio y con designación del Notario para formalizar la escritura..."

Per tot això, atès que en el cas examinat no es compleixen els requisits legals exposats per a l'exercici del dret d'opció de compra amb anterioritat a l'escriptura pública de 26 d'agost de 2004, no és fins a aquest moment que cal entendre que s'exercita el dret d'opció amb lliurament del preu, i, per tant, en el moment de presentació de la demanda no havien transcorregut els quatre anys establerts per a l'exercici de l'acció rescissòria.

S'ha de rebutjar el segon motiu del recurs.

TERCER. Renúncia a l'acció de rescissió per lesió

En el tercer motiu del recurs es denuncia la inaplicació de l' article 322 de la CDCC , regulador de la renúncia a l'acció per rescissió ultradimidium efectuada per la part venedora, que, segons la recurrent, es va fer amb posterioritat a la celebració de la compravenda consumada mitjançant l'exercici previ d'un dret d'opció de compra.

La renúncia a l'acció esmentada només es pot realitzar, d'acord amb l' article 322 de la CDCC , un cop celebrat el contracte lesiu, fora de Tortosa i del seu antic territori, en què la renúncia es pot dur a terme en el mateix contracte, com es declara igualment en la STSJC 4/93, de 8 de febrer .

En aquest cas, en el document núm. 12 (f. 891) consta la renúncia a l'acció per lesió esmentada " ... por haber recibido una mayor cantidad en concepto de complemento de precio (100. 000 euros) así como por transmitirse la finca arrendada a la Sra. Virtudes " i seguidament consta com a data la de 26 d'agost de 2004, que coincideix amb la de l'escriptura pública de venda.

La Sentència objecte de recurs, d'acord amb el que s'ha argumentat en la resolució dictada en primera instància, estableix com a fet provat que la renúncia esmentada va ser anterior a la venda, i també nega com a fet provat -que no ha estat combatut per la via del recurs extraordinari d'infracció processal- i, per tant, resulta intangible en aquest recurs de cassació que la Sra. Virtudes rebés cap complement de preu ni els 100.000 euros assenyalats en el document núm. 12 esmentat, per la qual cosa, ja que les dues dades són fermes, la conclusió en aquest recurs és clara, que no és procedent atorgar validesa a la renúncia, ni s'ha produït amb anterioritat a la venda, atès que ja va ser pactada amb anterioritat al document indicat i, en conseqüència, no és vàlida, sobretot quan consta provat, reiterem, que la Sra. Virtudes no va rebre el complement de preu per tractar-se d'un fet provat no combatut per la via del recurs extraordinari d'infracció processal.

Pel que s'exposa, cal rebutjar el tercer motiu del recurs.

QUART. Inexistència de lesió en més de la meitat del seu preu just

1. El quart motiu considera infringit, per aplicació indeguda, l' article 323 de la CDCC , en relació amb l'existència no considerada d'una càrrega d'arrendament i un preu major satisfet per l'immoble, que determinen l'existència de lesió en més de la meitat del preu just.

A aquests efectes, en no deduir-se recurs extraordinari d'infracció processal, hem de partir dels fets que s'han declarat provats en la Sentència objecte de recurs i que, en relació amb la qüestió plantejada, són:

(a) No s'ha provat el pagament de complement de preu documentat al f. 891, de 100.000 euros.

(b) El preu escripturat va ser de 300.506 euros i com a preu de la finca la resolució objecte de recurs, en el FJ 6è, ratifica els raonaments de la Sentència d'instància, que el fixa entre un mínim de 688.009, 22 euros (Ibertasa) i un màxim de 807.000 euros (Don. Jesús Manuel ), que donen una mitjana de 728.546,30 euros, que és el preu fixat com a valor just de la finca; es rebutja la valoració realitzada pel perit de la demandada, Don. Pablo Jesús , que assigna al pis l'import de 415.006 euros. Així mateix, afegeix, que el Banc que els va concedir la hipoteca (f. 927) el va fixar en el mínim indicat de 688.009,22 euros, que, fins i tot, en aquest cas, justificaria la lesió en més de la meitat del just preu, i

(c) En relació amb l'arrendament atorgat sobre la finca litigiosa, declara que no es poden establir regles genèriques, però en el supòsit enjudiciat el contracte d'arrendament es va estipular per un període de cinc anys i per una renda de mercat, la qual cosa no el desvaloritza substancialment.

D'altra banda, tampoc es pot aplicar la doctrina fixada en la STSJC 29/2001, de 5 de novembre , esmentada en el FJ 2n d'aquesta resolució, atesa la diversitat de supòsits de fets, ja que en aquell cas l'arrendament ho era per un temps indefinit i quedava subjecte a pròrroga forçosa.

2. El recurrent pretén combatre en el recurs de cassació els fets provats, insistint en què: (a) es van lliurar 100.000 euros com a complement de preu i (b) el fet de no valorar l'arrendament en alguna mesura resulta incongruent, i establint com a preu just el fixat pel seu perit de 415.306,64 euros. Això comporta, en aquest supòsit, fer supòsit de la qüestió o incórrer en el vici anomenat "qüestió de principi", que determina inexorablement la desestimació del motiu. Cal tenir present que en el recurs de cassació no escau fer supòsit de la qüestió, és a dir, partir de fets diferents dels declarats provats, o basar-se en els que no s'han declarat provats en la sentència d'instància, o ignorar o defugir les determinacions de caràcter eminentment fàctic que pertanyen a l'àmbit sentenciador de la instància per extreure conseqüències jurídiques o pretendre l'aplicació de determinades normes a partir d'una construcció pròpia i unilateral i en oposició amb allò resolt en la instància d'acord amb aquells ( sentències del TS, 1a, 494/2008, de 6 juny -FJ 1-, 1205/2008, de 17 de desembre -FJ 3-, 184/2009, de 23 març -FJ 2-, 325/2009, de 7 maig -FJ 2-, 318/2009, de 12 maig -FJ 2-, 480/2009, de 30 juny -FJ 5-, 545/2009, de 30 juny -FJ 2-, 466/2009, de 2 juliol -FJ 4-, 527/2009, de 2 de juliol -FJ 3-, i 685/2009, de 5 de novembre -FJ 14 -, així com aquesta Sala en reiterades resolucions - sentències del TSJ de Catalunya de 5/2003, de 22 desembre; 34/2004, de 18 de novembre; 23/2009, d'11 de juny; 26/2009, de 2 de juliol, i 8/2010, de 25 de febrer , entre d'altres-), ja que el recurs de cassació no constitueix una tercera instància, sinó una modalitat de recurs extraordinari, en què preval la finalitat de control de l'aplicació de la norma i de creació de doctrina jurisprudencial, cosa que exigeix plantejar qüestions jurídiques, d'una manera precisa i raonada, però sempre sense apartar-se dels fets, ja que no escau la revisió de la base fàctica de la sentència de segona instància.

Cal tenir en compte que la LEC del 2000 ha deixat limitat el recurs de cassació a una estricta funció revisora del judici jurídic, que consisteix a determinar l'abast i el significat jurídic dels fets provats, és a dir, la qualificació jurídica d'aquells fets i la subsumpció del supòsit de fet previst en la norma de resultes d'aquell judici fàctic que no pot ser alterat per la via cassacional de la infracció de Llei. I la raó d'això és que la cassació no constitueix una tercera instància on es pugui examinar de nou la prova produïda en les instàncies anteriors per obtenir conclusions diferents de les que s'havien obtingut en la sentència del tribunal a quo ( sentències del TS, 1a, 137/2007, de 6 de febrer -FJ 1-; 626/2009, de 13 d'octubre -FJ 2-; 642/2009, de 21 d'octubre -FJ 4-, i 685/2009, de 5 de novembre -FJ 14 -), per la qual cosa, com que el recurrent no havia combatut el factum anteriorment referit per la via del recurs extraordinari d'infracció, no pot, en el recurs de cassació, pretendre una revisió de la pericial practicada o de la documental, la qual, si escaigués, caldria du a terme per les vies de l' article 469.1 de la LEC .

En conseqüència, un cop justificat que el preu escripturat va ser el lliurat a la concedent de l'opció i que s'ha produït la lesió en més de la meitat del preu just, és procedent desestimar el motiu i confirmar íntegrament la Sentència objecte de recurs.

CINQUÈ. Costes

Les costes d'aquest recurs s'han d'imposar a la recurrent per aplicació de l' article 398 de la LEC .

Fallo

NO ESCAU el recurs de cassació presentat per la representació processal de la recurrent, ROCADOT PRINCIPAL, SL, contra la Sentència dictada per l'Audiència Provincial de Barcelona (Secció 14a) de data 27 d'abril de 2010, dictada en el rotllo d'apel·lació 706/2009 , de la qual en confirmem tots els punts. Així mateix, imposem les costes d'aquest recurs a la part recurrent i la declarem la pèrdua del dipòsit constituït.

Remeteu les actuacions, juntament amb el testimoniatge d'aquesta resolució, a l'òrgan del qual prové.

Així ho acorden i signen els magistrats indicats al marge. El Secretari judicial en dona fe.

PUBLICACIÓ. La Sentència l'han signat tots els magistrats que l'han dictat i s'ha publicat d'acord amb la Constitució i les lleis. En dono fe.