Sentencia CIVIL Nº 171/2018, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 18/2017 de 19 de Abril de 2018

Encabezamiento

Secció núm. 2 de l'Audiència Provincial de Lleida. Civil

Carrer Canyeret, 1 - Lleida

25007 Lleida

Tel. 973705820

Fax: 973700281

A/e: aps2.lleida@xij.gencat.cat

NIG 2512042120158168387

Recurs d'apel lació 18/2017 C

Matèria: Judici ordinari per quantia

Òrgan d'origen: Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida

Procediment d'origen: Procediment ordinari 956/2015

Part recurrent / Sol licitant: Rosario , CALAFELL PA TORRAT 2012, S.L.

Procurador/a: Ricardo Pala Calvo, Ricardo Pala Calvo

Advocat/ada: MIGUEL MERINO CRIADO

Part contra la qual s'interposa el recurs: PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA GARZA, S.A.

Procurador/a: María Ferre Tornos

Advocat/ada: DAVID GIL PUJOL

SENTÈNCIA NÚM. 171/2018

President:

Il.lm. Sr. Albert Guilanyà i Foix

Magistrats:

Il.lm. Sr. Albert Montell Garcia

Il.lma. Sra. Ana Cristina Sainz Pereda

Lleida, 19 d'abril de 2018

Antecedentes

PRIMER.-Es van rebre les actuacions de Procediment ordinari 956/2015, procedents del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida, a fi de resoldre el recurs d'apel lació interposat pel procurador Ricardo Pala Calvo en representació de Rosario i CALAFELL PA TORRAT 2012, S.L., contra la Sentència de data 24/10/2016 , en què consta com a part apel lada la procuradora María Ferre Tornos, en representació de PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA GARZA, S.A..

SEGON.-El contingut de la decisió de la Sentència objecte de recurs és el següent:

'ESTIMO la demanda presentada en representación de PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA GARZA, S.A., contra Doña Rosario y contra CALALFELL PA TORRAT 2012, S.L., y, en consecuencia, DECLARO resuelto el contrato firmado entre ambas partes el 19 de marzo de 2013 y CONDENO SOLIDARIAMENTE a los demandados a pagar a la actora la cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (17.896,15 Euros).[...]'

TERCER.-El recurs es va admetre i es va tramitar de conformitat amb la normativa processal per a aquest tipus de recursos.

Assenyalat l'acte de deliberació, votació i decisió, ha tingut lloc el dia 19/04/2018.

QUART.-En la tramitació d'aquest procediment s'han observat les normes processals essencials aplicables al cas.

Es va designar com a ponent el magistrat Albert Guilanyà i Foix.

Fundamentos

PRIMER.La part demandada apel la contra la sentència de primera instància a l'entendre que aquella no és ajustada a dret ja que conté error en la valoració de la prova, concorre una manca de legitimació passiva de la Sra. Rosario i no esqueia la imposició de les costes atès que l'estimació de la demanda era parcial a l'haver-se desestimat la pètita relativa als interessos moratoris.

La part demandant apel lada s'oposa al recurs, recorda la situació de rebel lia en primera instància de la demandada i la seva manca d'oposició, essent que tot el que ara planteja són qüestions noves que s'haguessin hagut de fer valer en primera instància.

SEGON.Com es pot observar la part demandada apel lant no va contestar a la demanda en el seu moment col locant-se voluntàriament en situació de rebel lia durant tota la primera instància. Ara en aquesta alçada fa tot un seguit d'al legacions, que més tenen a veure amb un escrit de contestació a la demanda que en un recurs d'apel lació. Cal recordar que en relació a les qüestions plantejades per primer cop en aquesta alçada diu la STS de 13 de maig de 2002 que:' la doctrina de esta Sala, viene declarando que los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen los principios de rogación ( sentencias de 15 de diciembre de 1984 , 4 de julio de 1986 , 14 de mayo de 1987 , 18 de mayo y 20 de septiembre de 1996 , 11 de junio de 1997 ), y de contradicción (sentencias de 30 de enero de 1990 y 15 de abril de 1991 ), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla 'iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium' ( sentencias de 19 de octubre de 1981 y 28 de abril de 1990 ), sin que quepa modificar los términos de la demanda (prohibición de la 'mutatio libelli', sentencia de 26 de diciembre de 1997 ), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia ('pendente apellatione nihil innovetur', sentencias de 19 de julio de 1989 , 21 de abril de 1992 y 9 de junio de 1997 ).

Tanmateix el Sr jutge a quo ja comença la seva resolució manifestant que no hi ha fets controvertits atesa la situació de rebel lia de la demandada, malgrat la qual cosa cal acreditar els fets en que se sostingui la demanda. Afegirem però, 'ex abundantia', i pel que fa a la segona instància, que la sentència de l'Audiència Provincial de Granada, secció 5, de 24-4-15 , argumenta en supòsits com el present el següent: 'a los fines de concretar la materia objeto de conocimiento en la presente alzada, tenemos que precisar que, en cuanto a las consecuencias de la falta de contestación a la demanda por el demandado, tal y como establecíamos en sentencia de esta misma Sección, de fecha 21 de noviembre de 2014 , en la materia de alegaciones de hecho o de derecho efectuadas por la parte demandada en trámite posterior a su personación, introducidas después de precluido el trámite de contestación a la demanda , '...hemos de estar al contenido del art. 405.1 de la LEC , según el cual, en la contestación a la demanda, 'el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente'. Mientras que el mismo artículo, en su apartado segundo, establece que 'en la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor'. Por otra parte el art. 286 de la LEC , establece que, 'si precluidos los actos de alegación previstos en esta Ley y antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia ocurriese algún hecho de relevancia para la decisión del pleito, las partes podrán hacer valer ese hecho, alegándolo de inmediato por medio de escrito que se llamará de ampliación de hechos, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o vista. En tal caso se llevará a cabo en dichos actos cuanto se prevé en los apartados siguientes'. Asimismo, conforme al art. 499 de la LEC , 'cualquiera que sea el estado del proceso en que el demandado rebelde comparezca, se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda retroceder en ningún caso'. Por último, conforme al art. 136 de la LEC , 'transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate'. De todo lo cual resulta evidente que la preclusión del plazo de contestación a la demanda, impide hacer alegaciones, de hecho o de derecho, en contradicción de las efectuadas por la parte actora en su demanda. Bien es verdad que la rebeldía, o el silencio ante el emplazamiento para contestar a la demanda, no implica la tácita aceptación de los hechos que perjudiquen al demandado ( art. 496 de la LEC ); si bien ello no da lugar a la posibilidad de que, precluido el trámite de contestación, pueda el demandado hacer alegaciones que excedan de la mera contradicción de hechos. Pues el derecho de defensa que, para el demandado en el juicio declarativo ordinario, se articula, como escrito rector, en torno a la contestación a la demanda, se compone, en idéntico y equiparable rango de relevancia, tanto de alegaciones de hecho como de derecho. De tal forma que, a salvo el acaecimiento de hechos nuevos ( art. 286 de la LEC ), o la posibilidad de meras aclaraciones o fijación de conceptos ( art. 426 de la LEC ), no le viene dado al demandado que dejó precluir el trámite de contestación hacer alegaciones, ni de hecho ni de derecho, que contradigan los respectivos posicionamientos de la demanda. Pues, la sorpresiva introducción de cuestiones nuevas que alteren el estado de cosas que hubo de combatirse en la contestación, no solo infringe el principio de preclusión, sino que invierte la posición ganada por la actora, al obligársele a improvisar la contradicción y prueba de materia que no puede formar parte del litigio'.

Recordàvem així mateix a la nostra Sentència de data 10 de maig de 2017 que '...tal y como se encarga de oponer la apelada, esta es una cuestión que no fue planteada en la contestación a la demanda, a lo que debe añadirse que tampoco fue objeto de alegación complementaria en el acto de la audiencia previa. Hay que tener en cuenta que conforme a las normas procesales debe estarse, en todo caso, a los concretos términos en que quedó planteado el debate en primera instancia, sin que quepa alterarlo ni modificarlo en esta alzada ( arts. 399 , 400 , 405 , 412 , 433 y 456 de la LEC ).Con arreglo a estos preceptos los respectivos escritos de alegaciones de las partes constituyen el limite preclusivo para la formulación de pretensiones y, en su caso, alegación de hechos impeditivos, extintivos o excluyentes ( art. 405 de la LEC ) porque según dispone el art.412.1 LEC establecido lo que sea objeto de debate en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente. En este sentido, es doctrina jurisprudencial reiterada la que enseña que no cabe introducir en la segunda instancia cuestiones que no fueron debatidas en el periodo expositivo del proceso y que, por tanto, se apartan de los términos en que quedó planteado el debate en la instancia puesto que, aunque el recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos a los planteados en la primera instancia pues a ello se opone el principio general de derecho 'pendente apellatione, nihil innovetur' ( SSTS 5-2 y 11-3-1963 , 2-12-1983 , 20-5-1986 , 19-7-1989 , 10-11-1990 , 21-4-1992 y 9-6-1997 ) proclamando la invariabilidad en la segunda instancia de los términos de la litis y el respeto a la situación procesal creada por las partes en la primera instancia, so pena de infringir los principios de igualdad de partes, contradicción y defensa. Esta doctrina es la que informa el tenor del art. 456.1 LEC relativo al ámbito del recurso de apelación, al señalar que habrá de estarse a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia. En consecuencia las alegaciones de la recurrente resultan claramente extemporáneas y, como tal, inadmisibles en esta alzada.'

TERCER.Sosté ara la part apel lant en aquesta alçada que hi ha un error en la valoració de la prova quan és sabut que la valoració de l'activitat probatòria desenvolupada al llarg de la primera instància és competència del jutge de primera instància, i aquesta valoració, per la seva neutralitat, ha de ser preferida a la que proposen les parts que estan naturalment interessades a obtenir un pronunciament favorable als seus interessos, fins i tot encara que no sigui l'única possible, de manera que només podrà ser modificada i revocada aquella valoració probatòria si s'acredita que ha estat irracional, il lògica, absurda o contrària a la llei, o que s'han obviat determinades proves practicades, o que s'ha infringit alguna norma legal, tot pesant sobre qui impugna la valoració la prova d'aquestes circumstàncies en la sentència impugnada.

Altrament i respecte de la manca de legitimació passiva de la Sra. Rosario és pla que la manca de legitimació que s'al lega no és una manca de legitimacióad procesum, és a dir una manca de capacitat processal per a suportar una demanda, que evidentment la té, sinó una manca de legitimacióad causamque s'identificaria amb una manca d'acció en el fons contra ella. Resulta però que aquesta manca de legitimació al legada és una excepció impeditiva que no pot ser apreciada d'ofici i que cal que hagi estat al legada i provada de forma temporània per la part que la fa valer, cosa que aquí no succeeix. Efectivament dels documents acompanyats a la demanda i mes concretament del pacte 5é del contracte de data 19 de març de 2013 en relació al document de 5 de juliol de 2013 (doc. 4 de la demanda) es dedueix tot el contrari i acredita la legitimació de la demandada.

Pel que fa a la resta d'al legacions relatives als consums i rappels, cal insistir en que es tracta d'una al legació que requeria haver estat feta en el moment processal oportú i que novament obeeix a una interpretació esbiaixada del contracte per part de la demandada.

QUART.-Finalment i en relació a les costes de la primera instància atès que s'ha estimat en part el recurs a l'haver-se desestimat la part de reclamació relativa als interessos moratoris, tampoc podem estar-hi d'acord atès que estem enfront d'una estimació substancial que fa que, com afirma la sentència del TS de 8 març de 2007 , amb cita de les de 9 juny i 21 de desembre, quan es refereix a les estimacions substancials als efectes de la imposició de les costes, 'esta especie de 'cuasi vencimiento', que resulta de la estimación sustancial de la demanda, opera únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido (...) no cuando existe una diferencia tan notable como para no poderla equiparar al vencimiento total a que se refiere la norma que se dice infringida'.

CINQUE.-Atès el que disposa l' article 394 de la LEC i a l'haver-se desestimat el recurs escau la imposició de les costes d'aquesta alçada a la part apel lant.

Fallo

DESESTIMEMel recurs d'apel lació interposat pel procurador Pala contra la sentència de data 24 d'octubre de 2016 del jutjat de primera instància número 2 de Lleida queCONFIRMEMi amb imposició a la part apel lant de les costes causades en la present instància.

Torneu les actuacions al Jutjat de procedència amb certificació de la sentència als efectes que s'escaiguin.

Contra aquesta resolució es pot interposar unrecurs de cassacióen els supòsits de l' article 477.2 de la LEC i unrecurs extraordinariper infracció processal ( regla 1.3 de la disposició final 16a de la LEC ) davant del Tribunal Suprem ( article 466 de la LEC ), sempre que es compleixin els requisits legals establerts jurisprudencialment.

També s'hi pot interposar unrecurs de cassacióen relació amb el dret civil català, en els supòsits de l' article 3 de la Llei 4/2012, de 5 de mar ç, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

Els recursos s'han d'interposar per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest òrgan judicial en el termini devint diesa partir de l'endemà de la notificació. Així mateix, s'ha de constituir al compte de dipòsits i consignacions d'aquest òrgan judicial el dipòsit a què es refereix la disposició addicional addicional 15a de la Llei orgànica del poder judicial , reformada per la Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre.

Així per aquesta la nostra sentència, ho pronunciem, ho manem i ho signem,

Els magistrats