Sentencia Civil Nº 174/2007, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 623/2007 de 26 de Junio de 2007

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00174/2007

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1

PALMA DE MALLORCA

ASUNTO: Juicio Verbal nº623/07

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 26 de junio de 2007

Vistos por mí, Víctor Fernández González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio Verbal nº623/2007, a instancia del Procurador D. Antonio Ramón, en nombre representación de Distribuciones Petra 2000 SL, y defendido por el Letrado D. Luis Moyá Roselló, contra D. Alexander , con domicilio en la AVENIDA000 NUM000 , de Palma de Mallorca, declarado en rebeldía.

Antecedentes

Primero: por D. Antonio Ramón, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado, el día 5 de diciembre de 2006 , demanda de Juicio Verbal contra D. Alexander , en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que:

1. & ; Se declare que D. Alexander , como administrador único de la entidad Massanella Adventure Center SL, adeuda a la actora la cantidad de 2.291,14 €, como consecuencia de servicios de distribuciones en su día realizados por la demandante, así como la cantidad que en concepto de costas se determine en la tasación en los procedimientos judiciales referenciados en la demanda y seguidos contra la entidad administrada por el demandado, más los intereses legales que se devenguen durante la tramitación del presente procedimiento.

2. & ; Se condene a D. Alexander a pasar por dicha declaración y consecuentemente a abonar solidariamente a la actora la mencionada cantidad más los intereses legales devengados así como la cantidad que en concepto de costas se determine en la tasación en los procedimientos judiciales referenciados en la demanda y seguidos contra la entidad administrada por el demandado. Todo ello con imposición de las costas del juicio.

Segundo: admitida a trámite la demanda, por resolución de 10 de enero de 2007, se procedió a emplazar a los demandados para que compareciesen y formulasen contestación a la misma en el acto del juicio que tendría lugar el 25 de junio de 2007. Llegada dicha fecha, tuvo lugar la celebración del juicio a la que solo compareció la actora, en legal forma, sin que lo hiciesen el demandado pese a estar citado en legal forma, por lo que se procedió a declararlo en rebeldía.

Tercero: en el acto del juicio la parte actora ratificó su demanda, solicitando el recibimiento del pleito a prueba, siendo que la prueba propuesta y admitida fue la documental e interrogatorio del demandado, tras lo cual quedó el juicio visto para sentencia.

Cuarto: en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero: de los autos, y en concreto de la demanda y la documentación aportada en la misma aparece acreditado que la sociedad Massanella Adventure Center SL, mantuvo relaciones comerciales con la actora y como consecuencia de las mismas ésta dejó en deber a la demandante la cantidad de 1.974,91 €. A consecuencia de ello se iniciaron reclamaciones judicial, mediante juicio monitorio nº68/03 (y posterior ejecución de título judicial nº450/03), tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Inca, y mediante juicio cambiario nº174/03 (y posterior ejecución de título judicial nº174/03), tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Inca, en los que pese a que se despachó ejecución contra los bienes de la sociedad, no ha sido posible encontrar bienes de la mercantil (documento nº3 a 7 de la demanda). En dichos procedimientos se han generado intereses por importe de 316,23 €, más unas costas pendientes de tasarse.

Igualmente queda acreditado que D. Alexander es el administrador único de Massanella Adventure Center SL, tal y como se desprende del documento nº2 de la demanda.

Segundo: acreditado que nos encontramos ante una relación contractual, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el CC sobre las obligaciones, y así, de acuerdo con lo establecido en los art.1089 y 1091 CC , las obligaciones nacen de los contratos, los cuales tienen fuerza de ley entre las partes debiendo cumplirse según el tenor de los mismos. Esto implica que todas las cláusulas establecidas por las partes serán, siempre que no contradigan la ley, la moral o el orden público (art.1255 CC ), las normas por las que se regirá la vida contractual.

A ello hay que añadir que la actora ejercita la acción de reclamación de cantidades, para lo habrá que tener en cuenta el art.217 LEC, que establece "1 . Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio."

Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que al actor le basta con probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, pues si el demandado no se limita a negar aquellos sino que alega otros, con el objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades. En definitiva, en términos generales, cuando se invoca un hecho que sirve de presupuesto al efecto jurídico que se pretende y el mismo no ha sido probado, las consecuencias de esa falta de prueba son que se tendrá tal hecho por inexistente en el proceso, en contra de aquél sobre quien pesaba la carga de su demostración.

Tercero: con todo, y en base a las manifestaciones de la actora en su demanda, así como de la documental aportada en la misma, resulta acreditada la existencia de la deuda que ahora se reclama; y ello gracias a que ha quedado probado la existencia del contrato entre la actora y Masanella Adventure Center SL (ello en base a la documental presentada por la actora y anteriormente citada, en los que se reconocen tales extremos).

Con ello queda acreditada la realidad del contrato de suministro surgiendo como obligaciones principales, de las partes, la de entregar la cosa pactada en el tiempo y la forma acordada y a cambio pagar el precio estipulado. De los autos queda acreditada la entrega de lo pactado, pero no pagado el precio por valor de 1.974,91 € (como consta de la prueba documental aportada en la demanda), ni los intereses devengados, por importe de 316,23 €.

Partiendo de la existencia de la deuda reclamada, y en orden a la tutela solicitada, se plantea, igualmente, el problema de la posible responsabilidad solidaria de la sociedad y del administrador de la misma. Así, se plantea la posibilidad de aplicar el contenido del art.105.5 TRLSRL , en cuanto a las causas de disolución de la sociedad.

El legislador instauró, en relación con la normativa citada, un sistema de responsabilidad "ex lege", esto es, se pretendía que cuando concurriesen los motivos establecidos en la ley correspondería responder a los administradores de todo perjuicio que se hubiese ocasionado, sin obviar la responsabilidad que incumbe en todo caso a las entidades mercantiles. Debe entenderse que estamos ante un supuesto de sanción civil de naturaleza objetiva cuya apreciación no requiere prueba en torno a la existencia de un daño vinculado en relación de causalidad con el actuar negligente de los administradores, sino que concurrirá esta responsabilidad cuando objetivamente se cumplan los requisitos que expondré a continuación. En todo caso, para que exista responsabilidad solidaria de los administradores de una SL es preciso, y tal como se pone de manifiesto en SSTS de 30/06/1997 y 3/04/1998 , que concurran los siguientes requisitos:

- Que concurra una causa legal de disolución de la sociedad.

-Que dichos administradores no cumplan con la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que se adopte, en su caso, el acuerdo de disolución cuando se de la circunstancia descrita en el apartado anterior.

Con todo ello se llega a la conclusión que el legislador estableció un sistema para evitar que sociedades en las que concurrieran motivos para instar su disolución, no lo hiciesen efectivo, continuando su actividad en el tráfico mercantil como si nada hubiese ocurrido, o dejase de actuar en el mismo, produciéndose un cierre de facto de la empresa. Con ello, el legislador, a través del sistema del art.104 TRLSRL , prevé un sistema de causas de disolución que al concurrir alguna de ellas obligan a los administradores a instar la disolución de la entidad, a través de la correspondiente convocatoria de la junta general (art.105.5 TRLSRL ).

En el caso de autos y de la documental presentada por la actora se demuestra la desaparición fáctica de Masanella Adventure Center SL, todo ello como consecuencia de la baja provisional a efectos de Hacienda que resulta de la nota registral emitida por el Registro Mercantil (documento nº2 de la demanda), más la ausencia de bienes conocidos de la mercantil (como resulta de los procedimientos judiciales seguidos frente a dicha sociedad, arriba referenciados), más los certificados expedidos por las distintas entidades bancarias del documento nº9 de la demanda (que dan cuenta de la ausencia de activos y saldos) y las deudas que ahora se reclaman, que exceden el capital social.

En este punto cabe destacar que, partiendo del documento nº2 de la demanda, así como el interrogatorio de parte, la sociedad no ha presentado sus cuentas anuales desde el ejercicio 2002, además de no constar inscrito su disolución o liquidación, ni la declaración de suspensión de pagos ni de quiebra, indicativo de que se ha producido un cese en la actividad social que conduciría a una desaparición fáctica de la empresa y por ende a una imposibilidad de cumplimiento de su objeto social (construcción y reparación de obras de cualquier clase). Por todo, la situación de desaparición fáctica del tráfico jurídico económico es notoria, sin que se hubiese procedido a cumplir las exigencias legales de disolución y liquidación de la empresa.

Volviendo al tema de las cuentas anuales hay que tener en cuenta los principios registrales que rigen en nuestro sistema y en concreto el de la publicidad formal, según el cual el Registrado da fe de que la documentación que se le presenta a inscribir cumple los requisitos legales exigidos, sin que de fe del contenido del mismo. Así el artículo 6 del Reglamento del registro Mercantil dice "Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro." Por otro lado el art.368 del mismo texto legal dispone "Dentro del plazo establecido en este reglamento, el Registrador calificará exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la ley, si están debidamente aprobados por la Junta general o por los socios, así como si constan las preceptivas firmas de acuerdo con lo dispuesto en el párr.2 apartado 1 art.366 . Verificado el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Registrador tendrá por efectuado el depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro de depósito de cuentas y en la hoja abierta a la sociedad. El Registrador hará constar también esta circunstancia al pie de la solicitud, que quedará a disposición de los interesados. En caso de que no procediere el depósito, se estará a lo establecido para los títulos defectuosos." Con ello se pone de manifiesto que el administrador no ha cumplido sus obligaciones legales, a lo que se debe añadir que no se ha aportado ningún otro tipo de documentación por la que se pueda comprobar la situación real de la empresa, y ver si es tal y como se refleja en las cuentas anuales, lo cual puede reflejarse por otros medios, y en concreto a través de auditorías, que son las encargadas de verificar si realmente la situación económica y contable de la empresa es la que reflejan sus libros, y por ende las cuentas publicadas. A pesar de todo ello, la realidad contable de la empresa es desconocida, ya que no se ha aportado la contabilidad de la misma, a pesar de incumbirle dicha carga al demandado.

Finalmente por la actora se solicitó que se procediese conforme al art.304 LEC , el cual establece "Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del art. 292 de la presente Ley . En la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior." En concreto se preguntó acerca de los hechos objeto de la demanda, tanto la existencia de la deuda como los presupuestos de la responsabilidad solidaria que se reclama.

Con lo expuesto queda acreditada la circunstancia del art.104.1 .c) y e) del TRLSRL. Como consecuencia los administradores debían haber convocado, en el plazo de dos meses, junta general para acordar la disolución de la sociedad, de tal forma que al no haberlo realizado procede aplicarle la responsabilidad solidaria prevista en el art.105.5 TRLSRL .

Por todo lo expuesto hasta ahora procede condenar al administrador como responsable solidario de las obligaciones sociales, y con ello de la presente demanda.

Cuarto: los intereses reclamados por el actor son los denominados intereses moratorios. La mora de los demandados determina la condena al pago del interés legal del dinero de la cantidad adeudada (art.1101 y 1108 del Código Civil ) Para la determinación del momento en que se inicia su devengo es necesario tener en cuenta el artículo 1100 del Código Civil que constituye en mora al deudor desde que el acreedor le interpela judicialmente. Esta circunstancia tiene lugar el día 5 de diciembre de 2007, fecha de la demanda, respecto del íntegro importe debido al ser imputable al comportamiento de la demandada la iliquidez de la cantidad reclamada.

Quinto: en cuanto a las costas y en concreto en virtud del principio de vencimiento recogido en el art.394 de la LEC procede su imposición, también, al demandado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que con estimación de la demanda interpuesta, a instancia del Procurador D. Antonio Ramón, en nombre representación de Distribuciones Petra 2000 SL, y defendido por el Letrado D. Luis Moyá Roselló, contra D. Alexander , con domicilio en la AVENIDA000 NUM000 , de Palma de Mallorca, declarado en rebeldía, DEBO DECLARAR Y DECLARO que D. Alexander , como administrador único de la entidad Massanella Adventure Center SL, adeuda a la actora la cantidad de 2.291,14 €, como consecuencia de servicios de distribuciones en su día realizados por la demandante, así como la cantidad que en concepto de costas se determine en la tasación en los procedimientos judiciales referenciados en la demanda y seguidos contra la entidad administrada por el demandado, más los intereses legales que se devenguen durante la tramitación del presente procedimiento, y DEBO CONDENAR Y CONDENO a D. Alexander a pasar por dicha declaración y consecuentemente a abonar solidariamente a la actora la mencionada cantidad más los intereses legales devengados así como la cantidad que en concepto de costas se determine en la tasación en los procedimientos judiciales referenciados en la demanda y seguidos contra la entidad administrada por el demandado. Todo ello con expresa condena en costas al demandado.

Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que se preparará ante este Juzgado en el plazo de CINCO días

Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doy fe.