Sentencia Civil Nº 18/2012, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 608/2011 de 20 de Enero de 2012

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 608/11 - AUTOS Nº 198.08/08

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: INCIDENTE CONCURSAL

PONENTE SR. ENRIQUE PINAZO TOBES.

S E N T E N C I A N º 18

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

D. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la Ciudad de Granada, a 20 de enero de dos mil once.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 608/11- los autos de Incidente Concursal nº 198.08/08, del Juzgado Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de VERASAL GRANADA, S.L. representado por la procuradora Dª Mª José Alvarez Camacho y defendido por el letrado D. José Manuel Acosta Martínez contra ADMINISTRACION CONCURSAL DE "ANTONIO GARCIA FERNANDEZ MAYORAL,S.A." representado por la procuradora dª Ana Espigares Huete y defendido porel letrado D. Francisco P. Zurita López.

Antecedentes

PRIMERO .- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 13 de octubre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimo la demanda incidental formulada por la representación de VERASAL GRANADA S.L. e impongo a la misma las costas causadas en el incidente en esta instancia".

SEGUNDO .- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte actora, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 11 de octubre de 2011, y formado el rollo se señaló día para la votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO .- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ENRIQUE PINAZO TOBES.

Fundamentos

PRIMERO: Comenzando por la eficacia probatoria de los documentos públicos, debemos establecer, inicialmente, que ninguna infracción comete la sentencia recurrida, ya que no pone en duda la realización de las manifestaciones que en el reconocimiento de deuda se incluyen, cuestionado solo su expresión simulada. Debemos precisar que el documento publico da fe del hecho y de la fecha, es decir, de lo comprendido en la unidad del acto, no de su verdad intrínseca, de la que no pueda dar fe el notario, y que por tanto admite prueba en contrario, tal y como reiteradamente ha enseñado la jurisprudencia ( STS 7/7/1989 , 5/3/1986 y 2/6/1983 ). En definitiva respecto de tercero el documento público no prueba que las manifestaciones reales vertidas por los otorgantes respondan a la realidad, y todo ello conforme a lo dispuesto en el articulo 319.1 LEC

Lo mismo ocurre respecto de los documentos privados, sin que se dude de su emisión, precisando además que, sin perjuicio de su conocimiento por la administración concursal, ninguno se acompaño a la demanda, y respecto de los aportados en el acto del juicio por el recurrente, como antecedente del reconocimiento de deuda, no se reconoció su valor probatorio por la administración concursal.

En todo caso conviene también precisar que la jurisprudencia, ha venido declarando que siendo grandes las dificultades que encierra la prueba plena de la simulación de los contratos, por el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer los vestigios de la simulación, y por aparentar que el contrato es cierto y fiel reflejo de la realidad, en la práctica totalidad de los casos, ello obliga a deducir la simulación por la prueba indirecta de las presunciones; STS. 25 junio 1969 , 20 diciembre 1983 , 13 de octubre de 1987 , 22 febrero 1991 , 23 octubre 1992 , 3 febrero 1993 , 27 de abril de 2000 , 3 de octubre de 2002 , 24 de septiembre de 2003 , 29 de junio de 2005 y 13 de febrero de 2006 . Por tanto, ninguna infracción puede apreciarse por su empleo, acertado por parte del Juez, a tenor del resultado de la prueba practicada.

SEGUNDO: La administración concursal, en su contestación, no admitía la eficacia del reconocimiento de deuda, básico según la solicitante para la admisión de su crédito, y aunque es cierto que antes del inicio de este incidente conocía el contrato y la factura aportados antes por la concursada para ampararlo, ello no significa que reconociese sus efectos, por no pronunciarse sobre tales documentos, máxime cuando ciertamente no se habían acompañado con el escrito de comunicación, ni con la demanda en este incidente, y claramente, en la contestación de la administración concursal, se ponía en duda el reconocimiento, cuando aparecía otorgado pocos días después de la presentación de la solicitud de concurso necesario.

Además, rechazaba tajantemente la admisión del crédito reclamado por importe de 429.000 euros, saldado mediante la liberación, según lo pactado, del pago por parte de Versal Granada SL, de dos pagares de 97.774,4 euros.

Ciertamente era escasa la argumentación ofrecida en la contestación sobre los indicios de la simulación, pero también, y parece olvidarlo la apelante, resultaba insuficiente la justificación de la deuda brindada por ella, en base a un reconocimiento de deuda, otorgado después de solicitarse el concurso, donde fácilmente podía tratarse de favorecer a determinadas personas de confianza, máxime en este caso cuando se llevaba a cabo una incomprensible y altruista compensación desigual, que hacia ciertamente cuestionable la certeza de la deuda reconocida y su carácter, como derivada de causa onerosa por importe de 429.200 euros, cuando quedaba satisfecha, simplemente con la liberación del pago de ciertos pagares ya emitidos, por importe total de 97.774,4 euros, a favor de la ahora demandante, y todo ello respecto de efectos, que al parecer ya no se encontraban en poder de la concursada, obligándose por ello a su rescate, sin señalar en la demanda nada sobre su destino, sin ofrecer ninguna explicación sobre su situación. Es más en el acto del juicio, 24 de junio de 2009 la recurrente reconocía que el primer pagare, ya vencido, no se había abonado, y respecto del de vencimiento de 2010, ningún hecho nuevo se ha invocado ofreciéndose la justificación de su pago con cargo a la demandante.

Es decir, sin apartarnos de los hechos de la contestación, podemos estimar, a tenor de los elementos existentes en tal momento, el carácter simulado del importe reflejado en el reconocimiento de deuda del que surge el debito reclamado, perdiendo su carácter de negocio fijación y constitutivo, en cuanto a dar por existente un determinado debito contra la concursada, en atención a la presencia de la prueba indirecta obrante en las actuaciones. Por tanto, el que el examen de las pruebas practicadas ratifique esa apreciación inicial, y que la sentencia recurrida desmonte, con acertados razonamientos, la prueba y argumentación ofrecida por la demandante, para destruir los indicios de simulación, no determina que pueda estimarse incongruente, o que infringiera los derechos de defensa de la apelante, al entrar sobre hechos, que aunque no se adujeron en la contestación, solo permiten corroborar el carácter simulado del debito reclamado.

TERCERO: Frente a lo destacado por la recurrente, del resultado de la prueba de interrogatorio del propio representante de la demandante, con sus limitados efectos ( articulo 316.1 LEC ), de la documental y testifical practicada, solo podemos concluir que, efectivamente, no responde a la realidad el reconocimiento de deuda, no solo por no justificarse la instrumentalización de contrato alguno, o su gestión posterior registral o catastral, no llevando a cabo la sociedad apelante ninguno de los servicios mencionados en el contrato de febrero de 2008, no corroborada por la declaración testifical del entonces representante de la demandada, sino porque de su declaración y del interrogatorio, sin relación con tal documento, solo resulta que se trataba de recompensar a una persona de confianza del entonces administrador de la concursada, por actuaciones llevadas a cabo antes, septiembre de 2007, e incluso no contratadas, inicialmente, por quien entonces ostentaba la valida representación de la sociedad, y que además, como la venta del accionariado no podemos comprender porque debía ser remunerada por la entidad concursada, en lugar de por los titulares del capital social. Por otra parte, desde cualquier punto de vista, en ningún caso, la interesada declaración testifical de quien creó el documento por el que se exige la deuda puede, en cuanto lógicamente interesado en la conservación de sus efectos y en ocultar su simulación, estimarse suficiente para rechazarla, y determinar que el debito respondía a la realidad, y a la justa retribución de servicios realizados en beneficio de la sociedad concursada.

Es mas no se prueba, que labor desempeño la demandante, respecto de los inmuebles del desconocido anexo del contrato, en el que se pretende causalizar el reconocimiento de deuda. Es más sí según se sostiene trataba de remunerarse la actividad de nueve meses, según el interrogatorio de la apelante, resulta inexplicable, que la factura de abril de 2008, ya determinase el devengo de 370.000 euros, más IVA, por solo dos meses de hipotético trabajo a favor de la concursada, cuando el contrato en el que pretende situar el origen de la deuda era de febrero de 2008. Por otra parte, ni se ha probado la conclusión de ninguna labor de intermediación, de la que era ajena la demandante, según resulta del contrato, ni puede establecerse, objetivamente, la imposibilidad de la enajenación, según lo previsto en la estipulación que se pretende hacer valer del contrato de febrero de 2008, y menos aún podemos contemplar, o admitir que la mera recompensa gratuita, que no es contraprestación de ningún servicio de los expresados en el contrato, puede determinar el nacimiento de ningún debito contra la sociedad concursada, sirviendo para crear la causa del reconocimiento de deuda.

Por todo ello, solo cabe concluir confirmando la desestimación de la demanda acordado en la sentencia recurrida, no sin antes también precisar que en todo caso, según resulta de los términos literales de la escritura de reconocimiento de deuda, apartado III B) de su exposición, Versal Granada SL, en ese momento, "dá" por saldada la deuda que mantenía con ella la concursada de 429.000 euros, solo por quedar liberada del pago de ciertos pagares, sin que por tanto pudiera estimarse subsistente tal deuda, y dado que respecto del compromiso de Mayoral, concursada, de recuperar los efectos, nada se ha probado, y nada clarifica el documento de 17 de febrero de 2009 de Banco Popular, que no identifica los títulos cambiarios a que se refiere, admitiendo incluso la apelante en la vista que nada había pagado por tales efectos, tampoco cabe sin más estimar, que la apelante deba ser reintegrada por el importe de los pagarés, estimando su petición subsidiaria, ya que ningún perjuicio, derivado del incumplimiento de la concursada , ha quedado acreditado.

Por último no cabe apreciar en la sentencia recurrida, ninguna infracción de las normas reguladoras sobre la representación de la entidad concursada, al tiempo de suscribirse el reconocimiento de deuda, ya que por ello no se niega su eficacia, remitiéndonos a lo ya que expuesto antes respecto de los indicios de simulación, y falta de justificación suficiente de la deuda reclamada.

CUARTO: Por otra parte, debemos señalar que, sí no procede el reconocimiento del crédito, ninguna infracción puede estimarse cometida por no haberse procedido a su inclusión en la relación de acreedores a que se refiere el artículo 94.2 LC . En todo caso la impugnación no se dirige a la exclusión del crédito del instante, y aunque el informe de la administración concursal, artículo 94.3 de la LC , debía contemplar la relación de créditos excluidos, sin referirse al crédito de la actora, tal y como parece admitirse (señalándose incluso que tal relación no debía hacerse), ello solo debe tomarse en cuenta respecto de la imposición de costas del incidente, al estimar que, al no señalarse los motivos de la exclusión del crédito en el informe del artículo 74 LC incorporando la lista de acreedores, estaba justificada la iniciación del incidente de impugnación, donde se ha obtenido respuesta sobre los motivos de la exclusión. Por tanto, aunque la sentencia recurrida en su momento se ajusto a lo previsto en la LEC, como ordena el articulo 196.2 LC , en este punto debe ser modificada, dejando sin efecto la condena en costas impuesta, en atención a las serias dudas de hecho suscitadas por el silencio en el informe respecto del crédito tempestivamente insinuado y comunicado a la administración concursal por la recurrente.

QUINTO: Conforme a lo dispuesto en el articulo 398.2 LEC , no procede imponer las costas del recurso, parcialmente estimado, a ninguno de los litigantes.

Fallo

Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Verasal Granada SL, contra la Sentencia dictada en el incidente concursal 198.08/2008 de que dimana este rollo, de 3 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado de lo mercantil de Granada (antes 1ª Instancia 14), con devolución del depósito constituido para recurrir, confirmando la desestimación de la demanda incidental, revocando solo el pronunciamiento de imposición de costas a la promotora del incidente, en cuanto a las costas devengadas en ambas instancias, cada parte soportara las causadas a su instancia y las comunes por mitad

Frente a esta resolución, cabe recurso de casación, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados y la Ilma. Sra. Magistrada que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.

Reconocimiento de deuda
Administración concursal
Documento público
Pagaré
Práctica de la prueba
Prueba en contrario
Documento privado
Fuerza probatoria
Sociedad de responsabilidad limitada
Declaración del testigo
Solicitud de concurso necesario
Capital social
Contraprestación
Título cambiario
Reconocimiento de crédito
Informe de la administración concursal
Lista de acreedores