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Última revisión
02/12/2021
Sentencia CIVIL Nº 187/2021, Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3, Rec 230/2021 de 09 de Septiembre de 2021
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Tiempo de lectura: 36 min
Orden: Civil
Fecha: 09 de Septiembre de 2021
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: BOBADILLA GONZALEZ, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 187/2021
Núm. Cendoj: 06083370032021100312
Núm. Ecli: ES:APBA:2021:1181
Núm. Roj: SAP BA 1181:2021
Encabezamiento
Modelo: N10250
AVDA. DE LAS COMUNIDADES S/N
Equipo/usuario: 002
Recurrente: Emilia
Procurador: JOSE LUIS RUIZ DE LA SERNA
Abogado: CRUZ ANTONIO GOMEZ CORONEL
Recurrido: Jesús Carlos, Juan Antonio , Pedro Antonio
Procurador: VICTOR ALFARO RAMOS, GLORIA GALAN MATA , JOSE LUIS RUIZ DE LA SERNA
Abogado: JUAN LUIS RAYEGO HIDALGO, ADOLFO FERNANDEZ DIAZ , CRUZ ANTONIO GOMEZ CORONEL
Rollo: Recurso civil núm. 230/2021
Procedimiento de origen: División de Herencia n º 319/2014
Juzgado procedencia: Juzgado de Primera Instancia n º 1 de Villanueva de la Serena
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En la ciudad de Mérida a nueve de septiembre de dos mil veintiuno.
Vistos en grado de apelación ante esta sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, los presentes autos de División de Herencia nº 319/2014 procedente del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Villanueva de la Serena, a los que ha correspondido el rollo de apelación núm.230/2021, en el que aparecen, como parte apelante Doña Emilia, representada por el Procurador Don José Luis Ruiz de la Serna y asistida por el letrado Don Cruz Antonio Gómez Coronel y como parte apelada Don Jesús Carlos, representado por el Procurador Don Víctor Alfaro Ramos y asistido por el letrado Don Juan Luis Rayego Hidalgo y Don Juan Antonio, representado por la Procuradora Doña Gloria Galán Mata y asistido por el letrado Don Adolfo Fernández Díaz.
Antecedentes
-Un 50% de la finca urbana sita en Villanueva de la Serena, en la calle en la CALLE000 nº NUM000, esquina con la CALLE001, nº NUM001,; compuesta por dos locales comerciales en la planta baja y una vivienda en la primera planta: adquirida en su día por la sociedad de gananciales formada por el causante y su esposo: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villanueva de la Serena, finca número NUM002.
Sobre la finca anterior se entiende incluido como de la propiedad de la causante el suelo de las construcciones de don Jesús Carlos.
-El 50% del ajuar familiar cuyo otro 50% formara parte de la herencia del marido del causante don Eloy.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Don José Antonio Bobadilla González quien expresa el parecer de la Sala.
Fundamentos
En el F.J Primero se impugna la admisión de la testifical-pericial presentada por la representación de Don Jesús Carlos y prestada por el Sr. Cornelio con la excusa de que había realizado informe pericial sobre la firma de la causante estampada en el documento litigioso por el que reconocía deuda a favor de Don Jesús Carlos, pero en procedimiento distinto. Todas las preguntas en realidad fueron en calidad de perito
En el F.J Segundo se alega error en la apreciación de la prueba. Se ha dado validez al documento antedicho en la sentencia y si bien es cierto que las diligencias penales seguidas sobre la falsedad del mismo han sido archivadas, esta parte ha presentado informes periciales sobre la totalidad el documento, no solo sobre la firma y realizados en laboratorio. Lo mismo que dice el perito de la recurrente, que el posicionamiento de la signatura es inusual, reconocía la Guardia Civil en el procedimiento penal, añadiendo que, aunque no pueden afirmarlo, la firma dubitada podría haberse realizado en fecha posterior a la que consta en el documento. El informe del perito de esta parte de fecha 14 de marzo de 2016 detecta rastros de tóner de impresora en la firma, estando por encima de la tinta, lo que determina que se hizo después del documento. La juzgadora critica dicha conclusión diciendo que no se aclara la manera de haber digitalizado el documento pues la luz del lugar podría alterar la luminosidad. En cambio, el método ACSA que consta en el informe solo admite un tipo de archivo para digitalizar las imágenes. La juzgadora no es que valore el informe según el art. 348LEC según las reglas de la sana crítica, sino que introduce valoraciones sin tener conocimientos para ello y como mera hipótesis que habría necesitado la práctica un informe de contrario.
El caso es que se ha utilizado un informe en laboratorio ratificado en vista oral, confundiendo la juzgadora luz con luminosidad. Sin embargo, también se utilizaba por esta parte otros medios de prueba. Así documentos manuscritos de la causante autenticados pericialmente con el informe del Sr. Fabio de 12 de junio de 2018 en los que expone la causante sus sospechas de que su hijo Jesús Carlos la ha engañado, diciendo que tiene 82 años en esos documentos, con lo que se habrían efectuado en 2009, cinco años antes de morir. Se dice en la sentencia que por ello no se presentó denuncia penal, pero es un indicio a tener en cuenta que Jesús Carlos es el único hijo a quien en testamento solo se deja la legítima estricta.
A parte de todo lo anterior, no ha aportado Don Jesús Carlos facturas para acreditar la realización de las obras en los inmuebles. En cambio, se han aportado a la vista oral por la representación de Doña Adoracion documentos como los n º 3 y 4 de modo que para las primeras obras se otorgó licencia municipal en 1991 y en mayo de 1992 se les concedió préstamo por Banca Pueyo y con los n º 5 y 6 licencia en junio de 1997 para las segundas obras vendiendo en diciembre de ese año la madre una casa con su hermana con cuy precio pagó esas obras. Además, el documento n º 7 acredita que en abril de 2002 se autorizaron las últimas obras en noviembre de 2001(documento n º 10) se rescató un depósito a plazo fijo de 24.000 euros con ese fin del pago
En el F.J Tercero se alega no haberse valorado ciertas pruebas, así el soporte videográfico aportado como documento n º 18 por Don Eloy en cuanto a la formación de inventario en el previo procedimiento de división de herencia del padre en el que ya se presentó el documento litigioso por la representación de Don Eloy. En ella Doña Adoracion dice que la firma es suya pero que no había firmado el reconocimiento de deuda. No ha sido valorado y reafirma la tesis de que se firmó un documento en blanco con engaño, siendo que el posicionamiento en el lado derecho se debe a que se trataba de un documento oficial modelo 302 de hacienda siendo que en el miso la firma se hace al final en el lado derecho.
Por otro lado, en la sentencia dictada en fecha 10 de febrero de 2011 en el seno de la división de herencia del padre de los litigantes, se reconocían obras en los locales, no así en la vivienda, con lo que a lo sumo habría que incluir ahora solo el 50% de su valor. En la sentencia se decía que debían excluirse todas las facturas y albaranes que se refieran a la casa de Don Jesús Carlos y que se admitieran solo las facturas a nombre de Don Jesús Carlos y referidas al local de la calle Gómez Marín. Lo mismo cabe afirmar respecto al 50% en el local de la calle López de Ayala, realizándose un examen de las facturas y albaranes en la sentencia nº 182/2011 dictada por esta Audiencia Provincial.
Solo el 50 % de las obras en su caso debería incluirse, aparte de que no se han tenido en cuenta otros documentos sobre el importe de las mismas, a valorar, y tampoco las obras reflejadas en el recurso y realizas por los padres de los hoy litigantes en los inmuebles litigiosos y que reflejan los documentos n º 3,5 y 7 aportados a la vista. Nada de esto se valora por la juzgadora.
-En su oposición al recurso la representación de Don Jesús Carlos se remite al resultado de las D.P 1225/2014 seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia n º 1 de Villanueva de la Serena, en que fue analizado el documento litigioso, siendo que el perito mencionado en el recurso declaró hasta el punto de que la propia representación de la ahora apelante le realizó preguntas técnicas y además en la resolución impugnada ni siquiera se hace referencia a dicha declaración, que no ha resultado determinante para la decisión final.
En la alegación segunda se desmonta el intento de la contraparte de demostrar que se obtuvo la firma del documento con engaño. Los herederos Doña Emilia y Don Juan Antonio al menos desde 2009 conocían un documento que fue aportado en el juicio verbal n º 91/2009 de división de herencia en cuya vista la causante reconoció la firma. Posteriormente en cambio en la denuncia penal de 2014, Doña Emilia decía que su madre había negado la firma. En su petición de las periciales caligráficas del Departamento de Grafística de la Guardia Civil se solicita dictamen sobre la autenticidad de la firma el resultado del dictamen pericial no arrojaba dudas, como consideró el Auto de sobreseimiento de fecha 21 de agosto de 2017 que fue recurrido por la contraparte, solicitando nuevas pruebas, pero no relativas a l documento de reconocimiento de deuda que ahora nos atañe.
Hay que recordar que se intenta hacer prevalecer la opinión de la parte recurrente sobre la valoración de las pruebas en la instancia, siendo que -salvo el informe pericial sobre un supuesto diario que llevaba la causante, el resto de los existentes obraban en las D.P 1225/2014 Se cuestiona incluso en el recurso la valoración de la pericia conforme a las reglas de la sana crítica pero no se cuestiona que sea arbitrario o irracional , siendo falso además que solo haya aportado informes periciales la apelante, ya que la apelada presentó el referido del Departamento de Grafística de la Guardia Civil. Incluso el propio perito Sr. Fabio, que critica todo un informe como el mencionado de la Guardia Civil, reconoció en la vista que la titulación que figura en su dictamen no es correcta Se recogen ciertas preguntas y respuesta realizadas a dicho perito para demostrar lo ineficaz de su postura. En el último informe sobre el supuesto diario de la causante, afirma sin más que pertenece a ella sin cotejarlo con ningún otro documento. Aparte de ello la sentencia recoge otras pruebas, como el reconocimiento de la causante en el juicio por división de herencia de su marido y el hecho de que no se hubiera formulado denuncia alguna por falsedad en este documento también existe el reconocimiento de Don Juan Antonio en la conversación grabada y realizada el día 23 de octubre de 2014 con su hermano Jesús Carlos, aunque se negara en la vista su realidad.
No se puede modificar el criterio del juzgador por el interesado de una de las partes. El hecho de que entre las partes existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden a la valoración en conjunto de la prueba y la cuestión litigiosa, no impide en modo alguno que la cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que si la prueba practicada en el proceso se pondera por el Juez de instancia de forma racional y asépticamente, sin que pugne con las reglas de la lógica y la razón o las normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración.
Sobre la
Por un lado, en cuanto a la alegación contenida en el F.J Primero del recurso no podemos atribuir relevancia alguna a la cuestión de haberse admitido la prueba consistente en el testimonio del Sr. Cornelio como testigo-perito, al que en cambio se le habrían realizado preguntas en su condición de perito, pese a no haberse presentado en forma un informe pericial encargado de rebatir el incorporado a instancias de la representación de Doña Adoracion. Y es que la sentencia en modo alguno se fundamenta en dicha prueba para llegar a la conclusión de que debe incluirse en el pasivo de la herencia de la causante el importe de las obras litigiosas
Dicho lo anterior, en el F.J Segundo de la sentencia apelada se realizan valoraciones sobre ese error en la apreciación de la prueba. Si observamos el apartado cuarto de la sentencia que analiza las obras litigiosas, es evidente que se ha dado absoluta prevalencia, sin que por ello como veremos se hayan dejado de valorar otros elementos probatorios, al reconocimiento de deuda que aparece firmado por la causante Doña Adoracion de fecha 18 de junio de 2004. Es lógico desde luego si partimos del significado mismo del reconocimiento de deuda en Derecho Civil como institución.
Consiste el reconocimiento de deuda en un acto unilateral en virtud del cual una persona reconoce voluntaria y expresamente adeudar a otra una determinada cantidad de dinero a fecha cierta y determinada, haciéndole entrega a su acreedor de documento firmado en tal sentido. No se encuentra regulado de forma expresa en el Código Civil, pero sí está reconocido por la jurisprudencia, como no podía ser menos, ya que constituye un acto muy común, y resulta ser de lo más socorrido para poner punto y final a aquellos negocios en los que lo que resta por cumplir es el pago de una determinada cantidad de dinero. La Sentencia del Tribunal Supremo de 28-9-1998 lo define como «Negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o reconoce la existencia de una deuda previamente constituida».
El principal problema jurídico que se ha planteado con el reconocimiento de deuda es el de su carácter abstracto o causal. O lo que es lo mismo: si para ser válido ha de tener causa o no, aunque no sea propiamente un contrato, ya que, como hemos visto constituye un acto unilateral de su autor. El artículo 1261 del Código Civil establece que la causa constituye uno de los requisitos esenciales de los contratos, y entendemos que dicho precepto también es de aplicación al reconocimiento de deuda, aunque éste sea o constituya un acto unilateral ya que, si el reconocimiento de la deuda se constituye en una obligación del deudor, ésta debe de tener su propia causa, puesto que lógicamente no se puede deber algo por nada. La jurisprudencia ha admitido el reconocimiento de deuda sin expresión de la causa que la motiva en aplicación del artículo 1277 del Código Civil; es decir: entiende que, cuando no se expresa la causa no es que no exista, sino que se presume, y de este modo queda abierta al deudor la posibilidad de oponerse al pago alegando y demostrando la inexistencia de la causa, con lo que, en definitiva, la doctrina jurisprudencial se ha decantado por el reconocimiento de deuda causal y no abstracto.
Pues bien, lo que en autos se ha discutido fundamentalmente es la validez de dicho documento. Pero es que, como bien señala la juez a quo, sobre esta cuestión precedió todo un procedimiento penal, en concreto las D.P 1225/2014 seguidas por falsedad documental ante el Juzgado de Primera Instancia n º 2 de Villanueva de la Serena, terminadas por Auto de sobreseimiento provisional. El procedimiento de división de herencia de que trae causa el presente recurso de apelación se suspendió mediante Auto de fecha 16 de octubre de 2015 precisamente por 'prejudicialidad penal', argumentando el carácter condicionante del resultado de dichas diligencias en la validez del documento antes referido. Pues bien, el art. 40.2 2ª LEC deja bien claro que la misma solo procede cuanto la causa 'fundamente las pretensiones' de las partes, acordándose la suspensión de manera inmediata, como de hecho se hizo en este caso, sin esperar a que los autos estuvieran vistos para sentencia, cuando se trata de un supuesto de falsedad documental. El resultado pues de la investigación penal es claro, fundamentándose en el informe realizado por el Departamento de grafística de la Guardia Civil de fecha 11 de agosto de 2017, el cual también es claro en cuanto que atribuye la autoría de la firma a la causante. El argumento de la parte ahora apelante es que dicha cuestión no es tanto la discutida en autos, como que se trató de un documento en blanco con abuso de firma de la causante, en cuanto que según el informe pericial del Sr. Fabio dejaría bien claro que el posicionamiento anómalo de la firma apoyaría esta tesis, así como los rastros de tóner en el documento. No obstante, la propia parte ahora recurrente reconocía al comienzo de la vista celebrada el día 25 de febrero de 2019, al posicionarse en la cuestión litigiosa delimitando el objeto de debate, que la propia Guardia Civil había descartado el abuso de firma en blanco porque no se observaba entrecruzamiento alguno, a pesar de un 'posicionamiento topográfico anómalo'. Este delito quedó desde luego descartado entonces. La propia juzgadora en su sentencia señala que
Entendemos pues que es lógico dar presunción de veracidad al documento, otorgar eficacia jurídica al reconocimiento de deuda y entender que la parte denunciante entonces tuvo la oportunidad de haber acreditado debidamente en el previo proceso penal que tal abuso de firma en blanco existió, lo que no hizo. Sin que por lo tanto pueda ahora pretenderse lo contrario en este proceso civil por la sencilla razón de que la prejudicialidad penal debió tener su efecto vinculante en el mismo.
No obstante lo anterior la sentencia analiza los dos informes del Sr. Fabio, el de 20 de febrero de 2016 y el del día 16 de marzo del mismo año. Sobre el primer informe la juzgadora lanza un argumento consistente que no puede en absoluto considerarse irracional o erróneo en esta segunda instancia, como es que existen 'múltiples factores' que hagan que 'una persona no firme en un determinado caso como suele hacerlo'. Y por otro lado en cuanto al informe de colorimetría de píxeles se dice que 'no es determinante', ya que 'no se aclara la manera en que se digitaliza el documento'. La parte apelante contesta en el recurso que sí que queda claro en el dictamen el método utilizado. No obstante, por encima de estas consideraciones, debemos reiterar que ha de prevalecer el informe del Departamento de Grafística de la Guardia Civil e intentar que así no sea es ignorar que la parte pudo en la previa investigación penal someter a contradicción aquel informe, de cuya objetividad, imparcialidad y valor técnico no podemos prescindir, con las alegaciones y diligencias de investigación precisas, que obviamente no fructificaron, teniendo en cuenta que una manipulación como la que se pretende, caso de demostrarse, habría de ser delictiva, y esto no se ha podido concretar. Esta conclusión la baraja muy claramente la sentencia cuando dice en relación a los dos informes de parte que '
Pero es que también otros indicios probatorios utilizados en la vista por la ahora impugnante son analizados en la sentencia, como aquella documental presentada en el acto de juicio en la que se reflejaban el 'dinero suficiente' que tenían los padres de Don Jesús Carlos para acometer ellos mismos las obras (documentos n º 3 a 7 de la vista) y que por ello no necesitaban que nadie las hiciera por ellos. Se trata a nuestro juicio de un indicio débil para acreditar la falta de causa del reconocimiento de deuda aportado, cuya claridad no deja lugar a dudas, en cuanto que en el mismo se expone directa y personalmente por la causante reconocer 'una deuda a su favor por las obras de reforma, acondicionamiento y ampliación realizadas en ...' para concluir en que 'el pago de las cantidades mencionadas se hará efectivas como pago de la herencia y cuando Jesús Carlos decida su cobro'. Pues bien, en este dato se basa la sentencia para excluir este indicio en cuanto que 'la exigibilidad de la deuda tendrá lugar a voluntad del acreedor, que puede reclamarla en vida de la madre o una vez fallecida esta'. Los términos en efecto del reconocimiento de deuda son claros, como expone la juzgadora, como para ver comprometido su sentido literal y espiritual por dichos indicios.
Contra lo que se dice en el recurso, sí que se ha valorado en la sentencia la propia declaración de la vista prestada por la entonces viuda Doña Emilia en el juicio por división de herencia del padre, n º 901/2009, cuya sentencia es aportada de fecha 10 de febrero de 2011. Analiza la declaración de que, aun reconociendo la firma, ella tenía dinero bastante y no necesitó ningún préstamo para concluir que
Finalmente se ha sacado a colación en esta segunda instancia un argumento que en absoluto vemos reflejado anteriormente en la primera, ni en las alegaciones previas que hizo la representación de Doña Emilia en la vista del juicio en que se delimitó el objeto de debate, ni posteriormente en informe escrito de conclusiones finales (que no se hicieron oralmente en este caso). Y es esa posible vinculación de lo contenido en el F.J Segundo de la sentencia dictada con fecha 10 de febrero de 2011 en el juicio de división de herencia del padre antes mencionado. Es cierto que en el mismo se hacen aseveraciones sobre las facturas que habrían de justificar el pago de obras, excluyéndose las de la vivienda y en cuanto a los locales, se admitían solo aquellas que no se refirieren a la 'casa' de quien las presentaba y que estuvieran a nombre de Don Jesús Carlos, argumento que fue ratificado por la Audiencia en segunda instancia entonces. Quedaba indeterminado ese importe por lo que vemos. Lo que ahora se pretende es considerar que ha de limitarse la eficacia del reconocimiento de deuda solo al 50% de las obras realizadas en dichos inmuebles, gananciales.
No puede aceptarse ahora este argumento. En primer lugar, como decíamos en nuestra sentencia del 27 de noviembre de 2019 (ROJ: SAP BA 1519/2019 - ECLI:ES: APBA:2019:1519) no resulta admisible que la parte recurrente pretenda suscitar en apelación cuestiones nuevas que debieron formularse en tiempo que permitiese su sometimiento al principio de contradicción y correspondiente prueba, ya que la vigente LEC (Art. 456.1) acoge un modelo de segunda instancia limitada o 'revisio prioris instantie'. Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general 'pendente apellatione nihil innovetur'.
No se trata de un formalismo retórico o injustificado, sino que es una regla que entronca con la esencia de recurso de apelación. La pretensión que se haga valer en segunda instancia ha de coincidir con la planteada en la primera. El tribunal de apelación sólo podrá revocar la sentencia por aquellas cuestiones que, habiendo sido objeto de invocación en la primera instancia, no hubieran sido resueltas por el juez conforme a lo que la Audiencia Provincial entienda que era la solución jurídicamente correcta. Por no ser un nuevo proceso, las partes no pueden pretender articular pretensiones nuevas o solicitudes no deducidas oportunamente en aquella. No solo no cabe modificar el objeto de las actuaciones de manera improcedente respecto de la primera instancia, sino que tampoco cabe convertir la apelación en un juicio nuevo. Declara al efecto la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2.005 que: 'Es cierto que, por el respeto debido a la congruencia, la preclusión y la contradicción, en cuanto principios informadores del proceso civil, la jurisprudencia rechaza, como nuevas,
Pues bien, esa especie de efecto positivo o prejudicial de cosa juzgada que se intenta hacer valer ahora, no fue objeto de alegación antes en el procedimiento. Podría pensarse que en cuanto que en aquel otro procedimiento se analizaban las concretas facturas aportadas para acreditar las obras, hasta la virtualidad del reconocimiento de deuda podría sobrar en el análisis de la cuestión en este momento. Y por supuesto, no ha sido en absoluto así, pues el proceso se suspendió por prejudicialidad penal y la sentencia ni siquiera entra en la cuestión ahora suscitada, con una omisión que, si se hubiera entendido como incongruencia omisiva por la parte ahora apelante, habría dado lugar al recurso por complemento de sentencia ex art. 215LEC. Lo que aquí no ha sucedido por supuesto, ocupando en cambio la cuestión nuclear del litigo esa validez o no del reconocimiento de deuda analizado con creces en la resolución ahora recurrida.
Pero es que, aun cuando entremos en dicha cuestión en esta instancia, debemos descartar la vinculación que se pretende de restringir al 50% de las obras la declaración contenida en la sentencia de instancia. El anterior procedimiento versaba sobre la herencia del padre, y el presente sobre la de Doña Emilia, con objetos pues distintos. El documento de reconocimiento de deuda que ha servido de base en el presente, no fue objeto de examen en el anterior, como vemos al leer la sentencia que resolvió el mismo. Ha de tenerse en cuenta que en el presente se parte de una declaración de pasivo de la herencia solo de Doña Emilia porque ella sola suscribe dicho documento y lo hace con referencia a cuantías muy concretas por cada obra, todas, sin restricción y con la cláusula más que clara de que
Procede pues por todo ello desestimar el recurso en base a las anteriores argumentaciones confirmar la sentencia impugnada.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey y por la Autoridad que nos concede la Constitución, pronunciamos el siguiente,
Fallo
Conforme a lo resuelto en esta resolución, dese al depósito que, en su caso, se hubiere constituido para recurrir, el destino previsto en la Disposición Adicional 15ª LOPJ.
Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y con certificación literal a expedir por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en el libro-registro correspondiente de esta Sección.
Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno. Sólo se admitirán los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, si se fundan en los motivos y supuestos previstos, respectivamente, en los artículos 469 (en relación con la Disposición Final 16ª LEC) y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y que, en su caso, deberán interponerse por escrito ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de su notificación.
Conforme a la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, la admisión a trámite del recurso precisará efectuar en calidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.