Sentencia CIVIL Nº 189/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 9, Rec 101/2019 de 01 de Abril de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTE
SECCIÓN NOVENA CON SEDE EN ELCHE
Rollo de apelación nº 000101/2019
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ELX
Autos de Juicio Ordinario - 002135/2015
SENTENCIA Nº 189/2019
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Iltmos. Sres.:
Presidente: D. José Manuel Valero Diez
Magistrado: D. Fernando Fernández Espinar López
Magistrado: D. Francisco Cabrera Tomás
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En ELCHE, a uno de abril de dos mil diecinueve
La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, integrada por los Iltmos.
Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 2135/15, seguidos en el Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Elche, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso
entablado por la parte actora, D. Segismundo , siendo parte apelada, MAPFRE VIDA, S.A., ambas partes
debidamente personadas con sus respectivas representaciones procesales y asistencias letradas, según
consta en el presente rollo de apelación nº 101/19.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos del referido Juicio Ordinario, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elche, se dictó sentencia de fecha 30.10.2018 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 'Que desestimando las pretensiones formuladas por el Procurador de los Tribunales D. Salvador Ferrández Marco, en nombre y representación de D. Saturnino , contra Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la vida humana, con la intervención voluntaria en posición de demandada de Mapfre Inversión, Sociedad de Valores S.A., representadas por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Lara Medina, debo absolver y absuelvo a ambas de las pretensiones deducidas en la demanda que ha dado origen a este procedimiento, con la modificación realizada en el escrito presentado el 17 de febrero de 2017 Se condena al demandante al pago de las costas procesales, excepto las causadas por Mapfre Inversión, Sociedad de Valores S.A. que deberán ser asumidas por esta.'

SEGUNDO.- Contra la mencionada resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, frente al que se opuso la parte demandada.



TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala de la Audiencia, tras los trámites legales pertinentes, se señaló el 28.13.19 para deliberación y fallo, siendo ponente el Iltmo. Sr. D. Francisco Cabrera Tomás.



CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia impugnada, dicho sea en síntesis, desestima la demanda por considerar, tras el análisis de las pruebas practicadas, que el demandante carece de acción para reclamar a la aseguradora demandada los 106.865,74.-€, dado que considera acreditado que la misma ya cumplió su obligación, aceptada por el actor, tras dar la orden de reinversión del mentado capital en otros productos, a lo que se añade que no considera que el nuevo producto de reinversión de MAPFRE VIDA tenga la naturaleza de seguro de vida al que le pueda ser aplicable el artículo 83 a) de la Ley de Contrato de Seguro (en adelante LCS).

La parte apelante pide la estimación del recurso y la revocación de la sentencia, argumentando, dicho sea igualmente en síntesis, que existe error en la valoración probatoria.

Frente a los argumentos de la parte recurrente se alza la parte apelada interesando la confirmación de la sentencia.



SEGUNDO.- El recurso debe desestimarse y confirmarse la sentencia por sus propios fundamentos, teniendo en cuenta que la valoración probatoria de la Juzgadora de primera instancia ha sido correcta, razonada y razonable y, en ningún caso, arbitraria e incoherente, pretendiendo sustituir la parte apelante su visión subjetiva del análisis probatorio frente al más objetivo y acertado del Tribunal de instancia, dando por reproducidos aquí todos sus fundamentos en lo que fuere menester con el fin de no ser reiterativos.

No obstante, conviene añadir y concretar lo siguiente: 1.- Confirmando lo ya anunciado, esta Audiencia y Sección se pronunció en sentencia de fecha 27.04.2018 , con respecto a la valoración de la prueba, en los siguientes términos: 'Como esencialmente lo que se pretende es denunciar una errónea valoración de la prueba, conviene recordar que, según reiterado criterio jurisprudencial, si bien los litigantes evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no pueden tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador de instancia realiza de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión.

En definitiva, en la segunda instancia, cuando de valoraciones probatorias se trata, debe respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia. Salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

Es decir, este tribunal en apelación puede valorar de modo completo y de forma distinta las pruebas obrantes en la causa, llegando a conclusiones contrarias a las de instancia, más si el criterio del tribunal a quo es razonable y sus conclusiones vienen suficientemente respaldadas por la prueba practicada y convencen suficientemente al tribunal de alzada, cual aquí sucede, no debe acogerse el punto de vista del apelante, solucionando el conflicto de modo diferente al de instancia con otra valoración de la prueba y consecuente argumentación, aunque pueda ser igualmente razonable.

Y es que, en este caso, del examen de la resolución de instancia puesta en relación con el recurso interpuesto, no se evidencia la existencia del error en la valoración de la prueba que en definitiva se pretende.

Pura y simplemente se intenta sustituir tal valoración del juzgador a quo , fundada esencialmente en la prueba practicada, y consecuente argumentación y conclusiones jurídicas, a las que expresamente nos remitimos, por otras más convenientes a los intereses de la parte recurrente.

Por tanto, se dan por reproducidos en la presente resolución los acertados razonamientos de la resolución recurrida, pues como recuerda la STS de 30 de julio de 2008 , 'la doctrina jurisprudencial admite la fundamentación por remisión; así, si la resolución de primer grado es acertada, la que confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir los argumentos, y sólo, en aras de la economía procesal, debe corregir aquéllos que resulten necesarios ( STS de 16 de octubre de 1992 ); una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juez 'ad quem' se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla.'.

2.- En este sentido, también nos recuerda la AP de Málaga, Sección 4ª, de 17.01.2018, reiterando doctrina del Tribunal Supremo, que: '...ha de tenerse en cuenta la conocida, por reiterada, doctrina jurisprudencial que entiende que en la apreciación de las pruebas no puede prevalecer el particular interés de las partes sobre el criterio objetivo e imparcial del Juzgador a quo, salvo que sus resultados sean ilógicos o absurdos, o contrarios a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica (en este sentido se pronuncian las SSTS de 11 y 30 abril 1988 , 18 octubre 1989 , 13 de febrero de 1990 , 8 julio y 25 noviembre 1991 , 18 abril 1992 , 1 marzo y 28 octubre 1994 , 3 y 20 julio 1995 , 23 noviembre 1996 , 29 julio 1998 , 24 julio 2001 , 20 noviembre 2002 y 3 abril 2003 ). En nuestro ordenamiento rige el principio de la libre valoración de la prueba por el Tribunal, cuyos resultados, obtenidos a través de la valoración conjunta de toda la prueba, han de prevalecer por estar inspirados en criterios objetivos y desinteresados ( SSTS 11 abril 1988 , 18 octubre 1989 , 8 julio 1991 , entre otras muchas).' 3.- Y en cuanto a la motivación por remisión también la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, en Sentencia 196/2018 de 16 Mar. 2018, Rec. 835/2016 , ha dicho: 'Por de pronto, a la vista de la sentencia en relación con la prueba efectivamente practicada, y como ya tenemos dicho en reiteradas resoluciones, 'este Tribunal comparte los argumentos que se exponen en los fundamentos de derecho de la sentencia apelada a los fines de sustentar su parte dispositiva, motivación que se reputa deviene bastante para confirmar tal resolución puesto que no queda desvirtuada en esta alzada por las alegaciones vertidas en el correspondiente escrito de interposición de recurso, y en consecuencia puede y debe remitir a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a la obligación que a Juzgados y Tribunales impone el artículo 120 núm. 3 de la Constitución Española , que no es otra cosa que el dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, obligación que está inmersa de la misma manera en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; y al respecto debe recordarse que, como es sabido, la doctrina jurisprudencial dimanante tanto del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987 , 11/1995 , 24/1996 , 115/1996 , 105/97 , 231/97 , 36/98 , 116/98 , 181/98 , 187/2000,... ) como de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sentencias de fechas 5.10.1998 , 19.10.1999 , 3 y 23 de febrero , 28 de marzo , 30 de marzo , 9 de junio , ó 21 de julio de 2000 , 2 y 23 de noviembre de 2001 , 30 de julio y 29.9.2008 ,...) permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior , cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos y cual precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997 , subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo aquello que resulte necesario ( Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992 , 19 de abril de 1993 , 5 de octubre de 1998 , y 30 de marzo y 19 de octubre de 1999 ) ; en definitiva, una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juez ad quem se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla ( STS 30.7.2008 )'.' 4.- Dicho esto, se hace conveniente clarificar algunas cuestiones del debate, dejando constancia, desde este momento, que no aceptamos los planteamientos de la parte recurrente.

5.- Se equivoca la parte actora en sus planteamientos, mostrando una evidente incongruencia, tanto en sus reclamaciones previas, como en su escrito de demanda (incluido el suplico) y en su recurso de apelación.

Así: a) en su reclamación previa a la aseguradora (folios 20 a 23, ambos inclusive) su intención era de resolver los contratos (cuando de entrada no se puede resolver lo no contratado, teniendo en cuenta que la recurrente niega la contratación), petición en la que insiste, aunque lo sea de forma subsidiaria, en su escrito de demanda; b) en este último cambia sus planteamientos, y relata 'Que aunque en principio la reclamación realizada a Mapfre era de resolver los productos suscritos por el agente de seguros D. Jesús Ángel , lo cierto y verdad es que no hay contratación por parte de mi representado, ya que nunca dio la orden de suscribir ningún producto con Mapfre ni firmó ningún contrato ni solicitud.' (Hecho 'Cuarto' de su demanda). Sin embargo, la parte recurrente falta a la verdad y oculta la realidad de lo sucedido, pues ha quedado acreditado en autos, que el actor dio la orden para reinversión del dinero por importe de 106.865,74.-€ en los productos que nos ocupan y, además, firmó las pertinentes solicitudes, tal y como considera acreditado la Juzgadora de primera instancia, y así consta en los documentos acompañados por la parte demandada (folios 5 a 9, ambos inclusive).

6.- Por tanto, tal y como acertadamente consideró la Juzgadora a quo el actor carecía de acción para reclamar a la aseguradora demandada la cantidad 106.865,74.-€, por la sencilla razón, de que sobre tal importe la parte actora ya había dado la pertinente orden de reinversión en otros productos, firmando, además, las respectivas solicitudes. Por lo que MAPFRE VIDA había cumplido debidamente con su obligación con respecto a la cantidad referida.

7.- Por lo demás, y en cuanto a la resolución interesada de forma subsidiaria, amén de las reflexiones de la sentencia, con respecto a la no aplicabilidad del artículo 83 a) de la LCS al caso que nos ocupa, amparadas por el Tribunal Supremo (sentencias referidas por el propio Tribunal de primera instancia, incluso por la propia aseguradora en su escrito de oposición), que compartimos, resulta del todo inadmisible que se pretenda en el suplico de la demanda la resolución bajo la simple premisa de 'en caso de alegaciones por parte de la aseguradora de la existencia de un contrato de seguro' . Y es que un contrato existe o no existe, y la parte actora ha mantenido que no firmó contrato alguno, lo que también resulta incierto, dado que fue el mismo demandante quien dio la orden de reinversión en tales productos, olvidando que dicha orden de reinversión pone de manifiesto la existencia de un contrato en sí mismo considerado, que le vincula con la aseguradora, de tal forma que para empezar a hablar, con cierta coherencia, sobre lo que estamos tratando, tendría que quedar sin efecto ni vigencia alguna dicho contrato (orden de reinversión) que sustenta la adquisición de los nuevos productos. Sin embargo, sobre tal orden, ni se ha instado su nulidad, ni su anulabilidad por supuesto vicio del consentimiento. Aspectos olvidados por la parte actora, ante un hecho evidente, dio expresa orden de reinversión en otros productos que no está anulada ni ha quedado sin efecto, y que es el origen de todo lo demás, por lo que tal orden sigue vigente en su plenitud, no pudiendo pedir, por tanto, la resolución en base al artículo 83 a) de la LCS , dado que tal orden lleva implícita la aceptación sin reservas de los nuevos productos adquiridos. Pues de todos es sabido (tal y como lo reconoce nuestro Alto Tribunal, cuyas sentencias por conocidas son de ociosa cita) que así ocurre en la adquisición de productos financieros (e indudablemente los seguros lo son), pues lo que se anula es la orden de suscripción o compra, pero no el producto en sí, anulada la orden queda sin efecto la adquisición, aunque, evidentemente, la naturaleza del producto pueda influir en la anulación de la orden.

Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado.



TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo art. 398.1 y 394 LEC , procede la condena en las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.

Segismundo , contra la sentencia de fecha 30.10.18 recaída en los autos de Juicio Ordinario nº 2135/2015, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Elche , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución, con condena en las costas de esta alzada a la parte apelante y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Hágase saber a las partes que esta sentencia no es firme y que contra la misma, cabe recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación en los casos previstos en los arts. 468 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil que deberán ser interpuestos en un plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de su notificación para ser resueltos, según los casos, por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Junto con el escrito de interposición de los recursos antedichos deberán aportarse, en su caso, los siguientes documentos, sin los cuales no se admitirán a trámite: 1º Justificante de ingreso de depósito por importe de CINCUENTA EUROS (50.- €) en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' de este Tribunal nº 3575 indicando el 'concepto 04' para el recurso extraordinario por infracción procesal y el 'concepto 06' para el recurso de casación.

2º Caso de ser procedente, el modelo 696 de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la jurisdicción prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y normativa que la desarrolla.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.

Ponente, estando la Sala reunida en audiencia pública. Doy fe.