Sentencia CIVIL Nº 198/2021, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 883/2019 de 12 de Marzo de 2021

Encabezamiento

Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Lleida. Civil

Calle Canyeret, 1 - Lleida - C.P.: 25007

TEL.: 973705820

FAX: 973700281

EMAIL:aps2.lleida@xij.gencat.cat

N.I.G.: 2512042120188153024

Recurso de apelación 883/2019 -D

Materia: Procedimiento Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lleida

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Arrendamientos art. 249.1.6) 822/2018

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 2206000012088319

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Lleida. Civil

Concepto: 2206000012088319

Parte recurrente/Solicitante: ALIER, S.A.

Procurador/a: María Ferre Tornos

Abogado/a: Antoni Magaña Hurtado

Parte recurrida: Valeriano, Socorro

Procurador/a: Montserrat Vila Bresco

Abogado/a: BALTASAR GASSIOT GARRIGA

SENTENCIA Nº 198/2021

Magistradas:

Mª CARMEN BERNAT ALVAREZ

ANA CRISTINA SAINZ PEREDA BEATRIZ TERRER BAQUERO

Lleida, 12 de marzo de 2021

Ponente: Ana Cristina Sainz Pereda

Antecedentes

PRIMERO. En fecha 10 de septiembre de 2019 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario (Arrendamientos art. 249.1.6) 822/2018 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lleida a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora María Ferre Tornos, en nombre y representación de ALIER, S.A. contra Sentencia de fecha 02/05/2019 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Montserrat Vila Bresco, en nombre y representación de Valeriano, Socorro.

SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

'ESTIMO íntegramentela demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Vila Bresco, en nombre y representación D. Valeriano y Dª Socorro, y CONDENO aALIER, S.A. a abonara los demandantes la cantidad de 249.221,14 €, por impago de las rentas de alquiler de los contratos de arrendamiento de fechas 23 de mayo de 2011 y 24 de noviembre de 2008, desde noviembre de 2014 hasta julio de 2018, así como las rentas vencidas y que vayan venciendo hasta el completo pago, cantidades que devengarán el correspondiente interés legaldesde la fecha de la presentación de la demanda, así como al pago de lascostascausadas en esta instancia.'

TERCERO.El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 12/03/2021.

CUARTO.En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Ana Cristina Sainz Pereda .

Fundamentos

PRIMERO. Los demandantes reclamaban en su demanda el cumplimiento de los dos contratos de arrendamiento suscritos con la demandada en fechas 23 de mayo de 2001 y 24 de noviembre de 2008, alegando que desde el mes de noviembre de 2014 la arrendataria no había abonado la renta de ninguno de los dos contratos, ascendiendo el importe impagado, desde el mes de noviembre de 2014 hasta junio de 2018, ambos inclusive, a un total de 249.221,14 euros, más los intereses, solicitando se condene al pago de dicha cantidad, más el importe correspondiente a las rentas que se vayan devengando hasta que se efectúe el pago, a razón de 4.504,09 euros y 1.049,89 euros mensuales, respectivamente.

La sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda al no haber cuestionado la parte demandada la existencia de los dos contratos de arrendamiento ni el impago durante las fechas y por los importes reclamados de contrario, considerando que la parte demandada no ha acreditado sus alegaciones sobre la existencia de un pacto verbal en virtud del cual, al haber sido declarada la arrendataria ALIER SA en situación de Concurso Voluntario de Acreedores en fecha 16 de abril de 2014, y ostentando los arrendadores la condición de socios, las partes acordaron verbalmente que ante la imposibilidad temporal de afrontar el pago de las rentas, no se pagarían las mismas hasta que la tesorería de la empresa lo permitiera o, en todo caso, hasta que finalizara el procedimiento concursal.

La demandada ALIER SA interpone recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, por haber analizado las pruebas de forma aislada y parcial, y no en su conjunto, considerando la apelante que ha quedado debidamente acreditada la existencia del acuerdo, admitiendo incluso en la sentencia que se aceptó el impago y se aplazó la exigencia de pago, sin considerar en cambio que se pactó un límite para la reclamación, como efectivamente sucedió, como se deriva del hecho de no haber efectuado ninguna reclamación hasta el mes de febrero de 2018 (documento nº 9 de la demanda) sin que la actora emitiera ninguna factura durante todo el tiempo en que ahora aduce que esta parte incumplió la obligación de pago cuando, en realidad, existió un verdadero acuerdo, sin poner fecha concreta para el pago, quedando subordinado a la evolución económica de la empresa. Añade que sin la emisión de facturas no podía efectuarse el pago de la renta y que no puede afirmarse que el procedimiento concursal ha terminado puesto que únicamente se ha aprobado el convenio pero la situación de concurso se extiende en tanto no se declare judicialmente el cumplimiento del mismo.

En segundo lugar alega infracción de los arts. 281, 282, 283 y 435 de la LEC, invocando vulneración de su derecho de defensa al no haber acordado como diligencia final al práctica de la prueba de interrogatorio de la Sra. Socorro, pese a que dicho medio de prueba fue admitida en la audiencia previa, no habiendo podido practicarse por causas ajenas a esta parte, siendo una prueba necesaria, útil y pertinente, por lo que debería haberse admitido como diligencia final para salvaguardar el derecho de defensa de esta parte y al no haberlo hecho así se coloca a esta parte en situación de manifiesta indefensión, solicitando que la Sala subsane esta circunstancia mediante la estimación de este recurso.

SEGUNDO.Por razones de sistemática es preciso analizar en primer término el segundo motivo de apelación, que debe ser desestimado, por las razones que seguidamente se indican.

De haberse producido la infracción de normas procesales y la indefensión que refiere la recurrente, tal situación debió hacerse valer a través del cauce previsto al efecto en el art. 459 de la LEC, indicando el precepto que para poder apreciar en esta segunda instancia que se ha producido una infracción de normas o garantías procesales, es preciso no sólo que se cite el precepto procesal infringido y se indique cual es la indefensión sufrida sino, además, que se acredite que se denunció oportunamente la infracción tan pronto se tuvo oportunidad procesal para ello. En el presente caso la ahora recurrente formuló protesta ante la decisión denegatoria de la diligencia final solicitada, pero no interpuso recurso de reposición. En cualquier caso, aunque se admitieran las alegaciones vertidas en el recurso la consecuencia en ningún caso puede ser la estimación del recurso. La recurrente pudo haber solicitado la práctica de la prueba en esta segunda instancia, tal como permite el art. 460-2-2º de la LEC y, según dispone el art. 465 de la LEC, en caso de apreciarse infracción de normas o garantías procesales no se declarará la nulidad de actuaciones si el vicio o defecto puede ser subsanado en la segunda instancia, como pudiera haberlo sido si así se hubiera interesado en tiempo y forma por la apelante.

Al margen de lo anterior, según se puso de manifiesto en primera instancia los arrendadores son hermanos, siendo el Sr. Valeriano el único que intervino como interlocutor en este asunto (nótese que él es el único que interviene en el primer contrato de arrendamiento, manifestando en prueba de interrogatorio que formó parte del Consejo de Administración de Alier SA hasta el momento en que se presentó la declaración de concurso voluntario), y si a ello se añade que la denegación de la diligencia final se efectuó de forma motivada, teniendo en cuenta la edad y la grave enfermedad que padecía en ese momento la Sra. Socorro, la consecuencia de todo lo expuesto no puede ser otra que la de desestimar este motivo de recurso.

TERCERO.En cuanto al fondo del asunto, no ha sido objeto de controversia que tras la declaración del concurso voluntario, el 16 de abril de 2014 (documento nº 1 de la contestación) la arrendataria continuó abonando las rentas de ambos contratos de arrendamiento, hasta el mes de noviembre de 2014 en que se produjo el primer impago.

La parte demandada admite que no ha pagado las mensualidades reclamadas pero aduce que no se trata de un incumplimiento del contrato porque se alcanzó un acuerdo verbal entre las partes, en virtud del cual, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las rentas, se acordó un aplazamiento, hasta que la tesorería lo permitiera o, en todo caso, hasta que finalizara el procedimiento concursal.

Ese acuerdo verbal es el que la sentencia de instancia no considera acreditado, alegando la recurrente que las pruebas practicadas demuestran la efectiva existencia del mismo, incidiendo en las mismas alegaciones vertidas en su escrito de contestación, esto es, en el hecho de que la contraparte no emitió ninguna factura durante el periodo en que supuestamente esta parte incumplió la obligación de pago, y en la falta de reclamación hasta el mes de febrero de 2018, pocos meses antes de la interposición de la demanda.

No puede compartirse la interesada lectura que propugna la recurrente al afirmar que la sentencia de instancia viene a admitir su tesis porque considera que se aceptó el impago y se aplazó la exigencia de pago de la renta. No es eso lo que se dice en la sentencia sino que, valorando en su conjunto las pruebas practicadas (así se indica expresamente, refiriéndose a las causas de oposición a la demanda y al interrogatorio de ambas partes) se concluye que lo único acreditado es la existencia de conversaciones entre las partes en las que se puso de manifiesto la situación económica, el concurso y la imposibilidad de pagar las rentas, entendiendo que por la parte arrendadora se toleró el impago por los lazos familiares y empresariales, aplazando la exigencia de pago, pero sin haya quedado claro que se pactara un límite de tiempo para no reclamar las rentas, en los términos que sostiene la demandada.

Por tanto, no se está acogiendo la tesis de la arrendataria sino que se conjuga lo manifestado por una y otra parte, habiendo declarado el arrendador Sr. Valeriano que se les comunicó la situación y se pidió un aplazamiento de dos o tres meses, y que aceptaron esa propuesta, de aplazamiento por ese tiempo, porque no podían hacer otra cosa, negando que el acuerdo fuera dejar de pagar hasta que hubiera tesorería y hasta el fin del concurso. Esta versión de lo sucedido vendría corroborada por la declaración de la legal representante de la demandada pues pese a indicar que sí existió una aceptación expresa del referido acuerdo señaló también que siempre decían (los actores) que este tema lo tenían que hablar, y que lo han comentado en más de una ocasión, añadiendo a todo ello en la sentencia que consta en autos la reclamación remitida en el mes de marzo de 2015 (documento nº 8 de la demanda), esto es, transcurrido aquél periodo de aplazamiento al que se refiere la parte actora.

Por otro lado, en lo que se refiere al acuerdo verbal de referencia, hay que tener en cuenta que según consta en el Auto de declaración de concurso, de 16-4- 2014, en cuanto a las facultades patrimoniales del deudor: 'conserva el deudor sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de las mismas a la intervención de la administración concursal', procediendo en la misma resolución al nombramiento de administrador concursal.

Dicha previsión se adopta, según dispone la misma resolución judicial, de conformidad con lo previsto en el art. 40 de la Ley Concursal (en la redacción vigente en ese momento, Ley 22/2003, de 9 de julio), estableciendo dicho precepto, en su apartado 1 que: 'En caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad'.

Siendo esto así, de admitirse la tesis de la arrendataria, se trataría de un acuerdo verbal alcanzado con los arrendadores pero sin que conste intervención alguna de la administración concursal que, al parecer -según las alegaciones vertidas por la demandada en fase de resumen de prueba y conclusiones- sí habría tenido conocimiento de la existencia de estos contratos porque, según se alega, no autorizó la resolución de estos contratos, como quería la arrendataria-concursada.

Nada de todo ello ha sido acreditado en forma, debiendo destacar que, de ser ciertas tales afirmaciones referidas a la administración concursal, al no haberse solicitado la extinción de los contratos (como permitía el art. 61-2 LC), tratándose de contratos con obligaciones recíprocas que continúan en vigor tras la declaración de concurso, lo procedente sería haber efectuado los correspondientes pagos a las fechas de sus respectivos vencimientos, ex art. 84-2.6º LC, previa calificación del crédito hecho valer por el acreedor, según indica el art. 84-4 LC, por los trámites del incidente concursal, al que no acudió en este caso la parte arrendadora, no constando tampoco reclamación dirigida a la administración concursal.

Si consta en cambio la reclamación remitida por los arrendadores a la arrendataria en el año 2015 por correo electrónico (cventeo@aliersa.com) respecto de los recibos de alquiler devueltos por el banco, de los meses de noviembre de 2014 a marzo de 2015. Dicho correo consta aportado como documento nº 8 de la demanda y no ha sido impugnado, refiriéndose a él en la reclamación remitida por burofax el 8-2-2018 (documento nº 9) en la que se indica 'les reitero el mail que les adjunto y que les remití en el mes de marzo de 2015, comunicación remitida al Sr. Calixto en la que le notificaba que teníamos devueltos los alquileres de las naves, desde el mes de noviembre de 2014 y en la que también les comunicaba que las naves están total o parcialmente libres, indicándoles me manifestasen se podíamos presentar de nuevo al cobro los recibos de alquiler o si cesarían en el arrendamiento y efectuarían la entrega de los locales libres, y a disposición de la propiedad...'. En el mismo burofax se indica que pese al tiempo transcurrido no se ha recibido respuesta y se reclama el importe adeudado a fecha febrero de 2018 por cada una de las naves arrendadas, indicando que 'adjunto a la presente copia del mail remitido al Sr. Calixto en marzo de 2015'.

El referido burofax fue recibido por la mercantil arrendataria y ninguna respuesta obtuvo por su parte, no cuestionando en ningún momento (ni extrajudicialmente ni en este procedimiento, porque no se han impugnado en tiempo y forma los documentos nº 8 y 9 aportados con la demanda) la efectiva reclamación por parte de los arrendadores, que vendría a avalar la tesis de la parte actora, manifestando el Sr. Valeriano durante el interrogatorio que no se alcanzó el acuerdo verbal que se pretende de contrario sino que únicamente se les comunicó que temporalmente no podían pagar la renta, y se habló de un aplazamiento temporal, de dos o tres meses, y que dado que no podían hacer otra cosa, se aceptó la propuesta de aplazar dos o tres meses, pero no de dejar de pagar. También añadió que no se interpuso antes la demanda por la vinculación existente con la empresa y porque querían ayudar en lo posible, y en cuanto al motivo por el que durante todo este tiempo no han emitido las facturas, señaló que no se hizo porque en tal caso había que liquidar el IVA y las retenciones, lo que resultaba muy costoso teniendo en cuenta el alto coste del alquiler y el hecho de que no recibían ningún ingreso.

Conjugando todos estos datos consideramos que la conclusión sentada por la juzgadora de instancia sobre la falta de cumplida prueba del pretendido acuerdo verbal se ajusta debidamente al resultado que ofrecen las pruebas practicadas, sin que pueda calificarse de absurda, ilógica o irracional, por lo que debe ser mantenida en esta alzada.

CUARTO.Por el contrario, no cabe compartir el razonamiento seguido en la resolución recurrida cuando considera que el procedimiento concursal ha finalizado, por la sentencia firme de 16-9-2016 que aprueba el convenio (documento nº 2 de la contestación a la demanda).

En relación con esta cuestión hay que admitir las alegaciones de la recurrente cuando aduce que la aprobación del convenio no comporta la finalización del concurso, pero sin que ello deba dar lugar a la estimación del recurso sino que habrá de tener las consecuencias procedentes en orden a la ejecución de la sentencia.

En efecto, según dispone el art. 133-2 LC todos los efectos de la declaración del concurso cesan desde que se aprueba el convenio -entre ellos, la 'vis atractiva' del juez del concurso, STS 10-7-2012-, pero ello no comporta sin más la conclusión del concurso, no habiendo quedado acreditado que se haya dictado auto de cumplimiento del convenio y de conclusión del concurso que haya devenido firme ( art. 141 LC) ni que se haya decretado la conclusión del concurso por alguna de las causas previstas en el art. 176 LC. El convenio no pone fin al concurso puesto que la declaración de cumplimiento o de incumplimiento forma parte del procedimiento ( arts. 139 a 141 LC) y por tanto continúa el mismo después de la aprobación del convenio, disponiendo el art. 55 LC que no puede iniciarse ninguna ejecución singular, judicial o extrajudicial, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio de la parte ejecutada, una vez se la ha declarado en concurso de acreedores.

Por tanto, no habiendo concurrido los aquí actores al procedimiento concursal ni instado incidente concursal para el reconocimiento del crédito ( art. 84-4 LC) la consecuencia es que el crédito no existe en el proceso concursal, y aunque el acreedor pueda obtener fuera del concurso el reconocimiento de su crédito los problemas se presentarán para obtener la satisfacción del mismo y el cumplimiento de lo acordado en la sentencia puesto que, en definitiva, no procede realizar al margen del concurso calificación ni reconocimiento de créditos con efectos en el seno del concurso.

En relación con esta cuestión, ante la presentación de demanda de ejecución de título judicial decíamos en nuestro auto nº 184/2020, de 24 de julio que ' una cosa es que el acreedor pueda obtener fuera del concurso el reconocimiento de su crédito y otra distinta que pueda obtener la satisfacción del mismo instando una ejecución singular mientras se está tramitando el concurso, obviando la nota esencial de la universalidad que caracteriza al proceso concursal y viéndose favorecido respecto al resto de acreedores, por lo que no podrá intentar cobrar su crédito hasta que el concurso haya concluido, lo que desde luego no se produce por la mera aprobación del convenio, según resulta de los preceptos antes citados'.

En este sentido, como dice el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 1ª, de 11 de junio de 2019 : '... La jurisprudencia menor si bien no se ha pronunciado de manera contundente en orden a la imposibilidad de iniciar reclamaciones judiciales al margen del proceso concursal, sin embargo si han sostenido que el acreedor cuyo crédito no ha sido reconocido en el concurso de acreedores podrá articular las vías procesales oportunas para su reconocimiento fuera del concurso, pero en modo alguno podrá intentar el cobro de su crédito hasta que haya concluido el concurso y se haya procurado el pago de los acreedores concursales. El acreedor podrá instar su cobro o efectividad, en su caso, una vez concluido el concurso por liquidación o por ejecución del convenio, si es que existe remanente. Lo cual se traduce en realidad en que se trata de un derecho de crédito cuya acción está suspendida pues su titular no puede cobrar su importe conforme al convenio, ni con cargo al activo concursal.

La STS nº 655/2016, de 4 de noviembre , asume esta interpretación cuando señala: 'Asimismo, aunque el crédito no haya de ser satisfecho en el concurso porque su reclamación haya sido realizada en un momento tan extemporáneo que le impida concurrir en el concurso, el interés del acreedor persiste porque el crédito no se ha extinguido, y el acreedor en cuestión podría reclamar el pago de su crédito con posterioridad a la conclusión del concurso, tanto en el caso de liquidación ( art. 178 de la Ley Concursal ) como en el caso de convenio, tras el cumplimiento del mismo, pues el titular de un crédito anterior al concurso que no haya sido reconocido en el mismo, puede reclamar el pago de su crédito tras el cumplimiento del convenio, con las quitas establecidas en el convenio. En este sentido, en la sentencia 608/2016, de 7 de octubre , declaramos:

'El art. 134.1 LC , al extender a los créditos anteriores al concurso y no reconocidos, el contenido del convenio lo que pretende es impedir que estos créditos no reconocidos en la lista de acreedores puedan llegar a ser, caso de aprobarse y cumplirse un convenio, de mejor condición que los acreedores concursales afectados por el convenio. Está claro que los créditos que no aparezcan reconocidos en la lista de acreedores no pueden ser reclamados durante la fase de cumplimiento del convenio, y sólo después de la declaración de cumplimiento del convenio puede dirigirse su reclamación frente al deudor concursado. Y es en este caso cuando la ley aclara que, caso de reconocerse la existencia, vigencia y exigibilidad del crédito, su importe se verá afectado por las quitas convenidas e impuestas a los acreedores concursales ordinarios y subordinados que sí habían sido reconocidos'.

En estos casos, se trataría de créditos concursales, pero no concurrentes, puesto que no serán satisfechos en el concurso, ni sus titulares pueden tener en el concurso la intervención que la Ley Concursal atribuye a los titulares de créditos concursales reconocidos'.

El mismo criterio seguimos en nuestro auto de 27 de julio de 2020 (nº 163/2020) confirmando la resolución dictada en primera instancia que denegó el despacho de ejecución por aplicación de lo previsto en el art. 55 LC, argumentando en dicho Auto 163/2020 que el hecho de haberse dictado sentencia aprobando el convenio ' no determina sin más la conclusión del concurso de acreedores, no habiendo quedado acreditado que se haya dictado auto de cumplimiento del convenio y de conclusión del convenio que haya devenido firme, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el art. 55 LC ',remitiéndonos igualmente a lo previsto en los arts. 141 y 176 LC.

En el presente caso no estamos ante créditos anteriores a la declaración del concurso sino que el impago de las rentas se inicia cuatro meses después, en el mes de noviembre de 2014, considerando no obstante que la consecuencia ha de ser la misma, de modo que debe mantenerse lo acordado en la sentencia de instancia que estima la demanda, sin perjuicio de que lo que pudiera acordarse en caso de que la parte actora inste ejecución exigiendo el cumplimiento de lo acordado antes de que se produzca la conclusión del concurso, bien por cumplimiento del convenio o por alguna de las demás causas previstas en el art. 176 LC.

En consecuencia, procede desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

QUINTO.De conformidad con lo dispuesto en los arts. 398-1 y 394-1 de la LEC la desestimación del recurso comporta la imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación,

Fallo

DESESTIMAMOSel recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ALIER SAcontra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lleida en los autos de Juicio Ordinario nº 822/2018 y CONFIRMAMOSla citada resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Cuarto de la presente resolución.

Las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante las costas de esta alzada.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta sentencia, a los oportunos efectos.

Dese el destino que proceda al depósito que ha constituido la parte recurrente para recurrir en apelación, conforme a lo dispuesto en la DA 15ª de la LOPJ

Modo de impugnación:recurso de CASACIÓNen los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTEdías, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con motivo del COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.