Sentencia Civil Nº 205/2016, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 3, Rec 745/2015 de 09 de Junio de 2016

Encabezamiento

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SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Avda. Tres de Mayo nº3

Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 20 86 56

Fax.: 922 208655

Rollo: Recurso de apelación

Nº Rollo: 0000745/2015

NIG: 3800642120130002391

Resolución:Sentencia 000205/2016

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000314/2013-00

Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Arona

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:

Apelado Silverpoint Vacations, S.L. Manuel Linares Trujillo Pedro Antonio Ledo Crespo

Apelante Esteban Miguel Angel Melian Santana Leopoldo Pastor Llarena

Apelante Maribel Miguel Angel Melian Santana Leopoldo Pastor Llarena

SENTENCIA

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. MODESTO FERNÁNDEZ DEL VISO BLANCO

Magistradas:

Dª. MACARENA GONZÁLEZ DELGADO

Dª. MARÍA LUISA SANTOS SÁNCHEZ

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2016.

Visto por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba expresados el presente recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada en los autos de Juicio Ordinario nº. 314/2013, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº. 3 de Arona, promovidos por D. Esteban y Dª. Maribel , representados por el Procurador D. Salvador Pastor Llarena, y asistido por el Letrado D.Óscar Santana González y D. Miguel Ángel Melián Santana, contra la entidad Silverpoint Vacations S. L, representada por el Procurador D. Pedro Ledo Crespo, y asistido por el Letrado D. José Minero Macías ; han pronunciado, en nombre de S.M. EL REY la presente sentencia, con base en los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos indicados el Iltmo. Sr. Magistrado Juez D. Ángel Teba García, dictó sentencia el veintitrés de junio de dos mil quince , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

' ÚNICO. DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por D. LEOPOLDO PASTOR LLARENA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Dª Maribel y D. Esteban , frente a SILVERPOINT VACATIONS, S.L. ABSOLVIENDO a esta última de todos los pedimentos formulados en su contra con imposición de costas a la parte actora.'

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes en legal forma, se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandante; tramitándose conforme a lo previsto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , presentando escrito de oposición al recurso e impugnación de la sentencia la parte contraria, y remitiéndose con posterioridad los autos a esta Audiencia Provincial, con emplazamiento de las partes por término de diez días.

TERCERO.- Que recibidos los autos en esta Sección Tercera se acordó formar el correspondiente Rollo; personándose oportunamente la parte apelante por medio del Procurador D. Leopoldo Pastor Llarena, bajo la dirección del Letrado D Miguel Ángel Melián Santana, la parte apelada se personó por medio del Procurador D. Pedro Antonio Ledo Crespo, bajo la dirección del Letrado D. Manuel Linares Trujillo. Mediante auto de fecha veinte de noviembre de dos mil quince se acordó no haber lugar a la unión de los decumentos aportados por la parte apelante; señalándose para deliberación, votación y fallo el día uno de junio del corriente año.

Ha sido Ponente el Ilmo Sr. D. MODESTO FERNÁNDEZ DEL VISO BLANCO Magistrado- Presidente de esta Sala

Fundamentos

PRIMERO.- En el presente procedimiento, la sentencia de la primera instancia desestimó la demanda en la que se dedujo una acción de nulidad, con restitución de las cantidades entregadas, y subsidiaria resolución, de los contratos de derechos de aprovechamiento por turno, en relación a los complejos y apartamentos Palm Beach Holiday Club -siete semanas, sustituidas posteriormente por otras tres- y Club Paradiso -una afiliación o membresía-, perfeccionados entre las partes, con fechas 15 de septiembre de 2007 y 17 de junio de 2008, para los que suscribieron contrato de reventa de los derechos adquiridos, solicitando además los gastos de mantenimiento de los que se han hecho cargo, siendo la demandada SILVERPOINT VACATIONS, S.L, demanda que se basó esencialmente, en síntesis, en la vulneración de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre y sus contenidos mínimos, en la contratación misma, con la consiguiente vicio del consentimiento de los contratantes, vicio que tambien hacen residir en el engaño referido a la promesa de inversión y obtención de un beneficio mediante la reventa, lo que no se cumplió por parte de la demandada; estimando esencial la sentencia recurrida la falta de condición de consumidores de los actores; resolución contra la que se alzan los demandantes en defensa de sus pretensiones iniciales.

SEGUNDO.- Parece oportuno resolver, en primer lugar, el motivo de la impugnación formulada por la parte apelada, relativo a la desestimación por la sentencia recurrida de la excepción opuesta por la parte demandada referida a la falta de legitimación pasiva, correctamente, en el sentido en que ya hemos resuelto reiteradamente en esta Sala. Así, por ejemplo, en tal sentido, la sentencia de 11-9-2014 , seguida por otras más recientes, del siguiente tenor: 'Consta acreditado que la entidad demandada, antes con el nombre de TENSEL SL, era propietaria de la marca denominada 'Resort Properties' que es quien en realidad aparece como firmante de los contratos celebrados, bajo la denominación de agente, de manera que es a dicha parte a quien corresponde determinar la relación que mantenía con la entidad firmante de los contratos habida cuenta que en este caso, resulta acreditada la existencia de comunicaciones entre las partes relativas a quien pasaba a tener la responsabilidad en la prestación de los servicios derivados de esos contratos. Por ello, el principio de buena fe contractual exige que sea la propia vendedora la que determine cuales son los elementos personales del contrato, sin que pueda estimarse que se ha atenido al referido principio contractual una entidad que actúa como convenga a sus intereses usando una u otra denominación. Por ello, y porque entendemos que es a dicha entidad la que correspondía aclarar la insólita situación de que permita, sin aclarar el negocio existente, que otra entidad utilice la que ha reconocido que es una marca registrada de su titularidad, no puede estimarse otra cosa que no sea que la demandada es la que debe soportar ser parte en este pleito, pues solo ella es la única que puede aclarar el entramado de sociedades y nombres comerciales que han participado en los contratos que son objeto de estas actuaciones, teniendo en cuenta que interviene como representante debidamente autorizada por el propietario, a lo que debe añadirse que resulta de aplicación el criterio jurisprudencial consolidado según el cual no se puede negar la legitimación en un proceso cuando fuera de él, como ocurre en este caso, ha sido reconocida'. Y, últimamente, en la sentencia de 5-6-2015 , se dijo: 'Tanto la parte demandada-apelante, Silverpoint Vacations S.L., como la actora, quien en su oposición al recurso cita diversas sentencias de esta Sala, conocen ya el criterio mantenido por este Tribunal referido a la efectiva legitimación pasiva de la recurrente en los procesos sobre nulidad y resolución de los contratos sobre productos vacacionales de los complejos Hollywood Mirage Club, Beverly Hills Club y Club Paradiso, que en su momento, años 2008 y 2009, se ofertaban por Resort Properties y Resort Properties Limited. Criterio que, en definitiva, sin apreciar la aplicabilidad de la teoría del levantamiento del velo - a la que la sentencia de instancia se remite pero que no llega a aplicar, pues considera que : 'la cuestión, por tanto, se revela finalmente más simple que los casos habituales de levantamiento del velo'-, se fundamenta en los hechos acreditados: sobre la sucesión por la demandada de Tensel; del registro a su favor de la marca Resort Properties; y de la efectiva vinculación entre la Silverpoint y Resort Properties Limited, admitiendo la primera ser intermediaria de la segunda pero sin acreditar el contenido real de tal relación, lo que lleva a estimar la participación profesional en la comercialización o transmisión de los derechos, objeto de los contratos litigiosos, de la demandada, que la legitima pasivamente máxime cuando en febrero de 2011 remite carta a otros adquirentes anunciándoles que 'Silverpoint Group Holding ha adquirido el activo de Resort Properties..', hecho que se reconoció por el representante legal del demandado en el acto del juicio, si bien niega que se subrogara en las obligaciones de Resort Properties'.

Puede añadirse que en sentencias de 17 y 23-7-2015 y 18-12-2015 , también se dijo: 'Como se ha venido diciendo en anteriores ocasiones al resolver pleitos de la misma naturaleza, consta acreditado que la entidad demandada, con fecha 16 de marzo de 2011, comunicó que había comprado todos los bienes de Resort Group, constando por la documental aportada, que los contratos se firmaron con la entidad Resort Properties, siendo la entidad TENSEL SL propietaria de la marca denominada 'Resort Properties' que es quien en realidad aparece como firmante de los contratos celebrados, bajo la denominación de agente, de forma que es a dicha parte a quien corresponde determinar la relación que mantenía con la entidad firmante de los contratos, habida cuenta que en este caso, resulta acreditada la existencia de comunicaciones entre las partes relativas a quien pasaba a tener la responsabilidad en la prestación de los servicios derivados de esos contratos. Por ello, el principio de buena fe contractual exige que sea la propia vendedora la que determine cuales son los elementos personales del contrato, sin que pueda estimarse que se ha atenido al referido principio contractual una entidad que actúa como convenga a sus intereses usando una u otra denominación. Por ello, y porque entendemos que es a dicha entidad la que correspondía aclarar la insólita situación de que permita, sin aclarar el negocio existente, que otra entidad utilice la que ha reconocido que es una marca registrada de su titularidad, no puede estimarse otra cosa que no sea que la demandada es la que debe soportar ser parte en este pleito, pues solo ella es la única que puede aclarar el entramado de sociedades y nombres comerciales que han participado en el contrato que es objeto de estas actuaciones, teniendo en cuenta que interviene como representante debidamente autorizada por el propietario'.

En consecuencia de lo expuesto, y resultando la inscripción a su favor de la marca RESORT PROPERTIES, ha de inferirse que SILVERPOINT sucedió a RESORT PROPERTIES, por lo que es lo procedente la desestimación de la impugnación formulada.

TERCERO.- En cuanto al fondo, como se desprende del escrito de interposición del recurso, toda la impugnación de la apreciación de la sentencia de la primera instancia que efectúan los recurrentes da por supuesta su condición de consumidores, para reiterar la vulneración de las prescripciones concretas de la la Ley 42/1998, pues no puede obviarse que la sentencia recurrida estima, correctamente, y con independencia de las alegaciones de parte, que los actores no puedan ser considerados en este caso como consumidores, y que, por ello, no les es de aplicación la normativa protectora de los mismos, resultando que en la propia demanda se hace especial énfasis, respecto del engaño que se dice sufrido, en el hecho fallido de la inversión, pero tambien porque el propio actor reconoce que adquirió el producto como una inversión. Pero además, es demostrativo el hecho de la realización efectiva de reventa y de los beneficios que obtuvieron con la misma, en las cantidades que detalla la recurrida; siendo, pues, la finalidad de invertir en el producto lo que conforma el fundamento prácticamente sustancial de la demanda, intención determinante de la finalidad del contrato que se corrobora por el hecho significativo de la misma de que los actores suscribieran contrato de reventa de los derechos adquiridos; lo que significa, sin duda, que adquirieron con la única, o principal o decisiva, finalidad de poner el producto en el mercado para obtener un rendimiento de la inversión que efectuaban, por lo que, en consecuencia, al no ostentar la condición de consumidores los actores, no les es de aplicación la Ley 42/1998, y tampoco la normativa tuitiva de los consumidores, como se verá.

Sobre la condición de consumidores, que determinaría la aplicabilidad de la Ley 42/1998 al contrato de litis, pero en ningún caso respecto de las membresías, según venimos reiterando en esta Sala, puesto que lo que adquieren es la condición de afiliados a un club vacacional que les confiere el derecho a disfrutar de vacaciones en los clubs a los que se incorpora, hasta que la nueva Ley 4/2012 regula expresamente dicha relación jurídica, se viene estableciendo que será considerada como consumidora toda aquella persona, abarcando tanto a la persona física como a la jurídica, que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional aunque no fuera destinataria final de los bienes o servicios objeto del contrato, según dice la Exposición de motivos - VIII- de la Ley 7/1998 de 13 abril, sobre Condiciones generales de la Contratación, remitiéndose a la Directiva de la Comunidad Europea nº 13/1993 que traspone y cuyo criterio dice seguir; y no puede obviarse que en relación con el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación precisamente con la Directiva 13/1993, incorporada al derecho interno por la referida Ley 7/1998, los tribunales ya venían reiterando que la condición de consumidor no se atribuye a cualquiera que lo sea por aparecer en la posición de quién demanda frente a quien formula la oferta, sino al que se sirve de tales prestaciones en un ámbito personal, familiar o doméstico.

Pero la condición de consumidores, que tanto subrayan, y en la que pretenden ampararse, los recurrentes, en los supuestos de contratos como los litigiosos, no es suficiente en el concepto restringido específicamente por la Ley invocada en la demanda, porque el concepto de la Ley, en cuya aplicación insisten los recurrentes, es más restringido, pues, como ya dijo esta Sala en sentencia de 24-7-2015 , seguida por las de la 5-4-2015 y 5-6-2015 : 'Según la Exposición de Motivos de esta última Ley citada, además de realizar la transposición de la Directiva 94/47/CE, procura dotar a la institución de una regulación completa, siendo la finalidad última de esta Directiva (y de otras ulteriores cuya transposición motivó asimismo la modificación de la expresada Ley 42/1998 por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas Directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios), la protección de los adquirentes (en cuanto consumidores) en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido...', y que 'en la Exposición de Motivos de la vigente Ley 4/2012, derogatoria de la Ley 42/1998, se califica la misma como texto unificado, comprensivo tanto de la transposición de la Directiva 2008/122/CE, en el título I, como incorporador de esa Ley 42/1998 -en los títulos II y III-, con las adaptaciones que requiere dicha Directiva. Esa Ley 4/2012 -en su artículo 1 - unifica también la terminología en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, al establecer que lo será solo a los contratos que se celebren entre un empresario y un consumidor, entendiendo por empresario 'toda persona física o jurídica que actúe con fines relacionados con su actividad económica, negocios, oficio o profesión y cualquier persona que actúe en nombre o por cuenta de un empresario' y por consumidor 'toda persona física o jurídica que actúe con fines ajenos a su actividad económica, negocio, oficio o profesión'.

En el caso de litis, puesto que esta condición de consumidor específico, debe probarla quien pretende ampararse en la Ley destinada a proteger a los consumidores precisamente del aprovechamiento por turno, como acertadamente dice la recurrida, es condición que se excluye con los propios argumentos de la demanda relativos a la inversión, y en todo caso, con la prueba practicada en el procedimiento, en la apreciación de la recurrida que se comparte por su corrección, no cabe apreciar que se tratara de un producto dirigido al propio uso de la parte actora, por el contrario, se trató de una inversión destinada a comerciar con él y obtener un rendimiento o ganancia, incorporando lo adquirido a la actividad de comercialización o explotación de la entidad demandada, al ser la finalidad del contrato poner las semanas en el mercado para obtener un rendimiento de la inversión que efectuaban, de modo que no es posible considerar a los actores como destinatarios finales del producto, y por lo tanto, como consumidores, a los efectos de la aplicación de la Ley 42/1998, lo que implica que no es exigible que los contratos celebrados se ajusten a lo previsto en dicha normativa, por lo que no pueden atenderse las alegaciones respecto de las que se invoca la aplicación de la Ley 42/1998, ni, por ello, la infracción de sus preceptos, como tampoco el supuesto contemplado en la STS de 15-1-2015 , planteado, no obstante, como se opone de contrario, introduciendo una cuestión nueva, en contra del principio de preclusión de los actos procesales, reiteradamente aplicado por los Tribunales y establecido en el art. 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y específicamente, por lo que se refiere a la alegación de hechos y fundamentos jurídicos, en el art. 400 de la misma Ley , que dispone la preclusión de la misma en momentos posteriores a la demanda y a la contestación, acto procesal cuya restitución no es admisible con posterioridad, sin que sea posible admitir causa alguna de excepción, y menos aún en la segunda instancia, siendo de recordar asimismo que según el art. 456 de la misma Ley de Enjuiciamiento , el ámbito del recurso de apelación viene delimitado por los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, pero formuladas tempestivamente, como también tiene declarado jurisprudencia reiterada en el sentido de que el recurso de apelación aunque permite al tribunal de segundo grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos a los planteados en la primera instancia ( SSTS de 2-12-1983 , 6-3-1984 , 20-5-1986 , 19-7-1989 , 21-4- 1992 y 9-7-1997 , entre otras).

No obstante la anterior apreciación, al mismo resultado habría de llegarse si, aun en contra de lo que resulta del desarrollo total de los contratos, se concibiera que se trata de consumidores, pues en relación con el incumplimiento de las prescripciones establecidas en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, en virtud de lo dispuesto por la Disposición transitoria única de la Ley 4/2012, de 6 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2008, que sería en estas hipótesis la ley aplicable a los contratos de litis, debe decirse, como también venimos reiterando, que es de aplicación a supuestos como el presente precisamente la previsión específica por ley que rige la materia, según establece el art. 6 del Código Civil , en su apartado tercero, al disponer que 'Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención', pues así, por ejemplo, en nuestra sentencia de 11-9-2014 , seguida, entre otras, por la de 5-6-2015 , ya se dijo que 'la propia ley determina en su artículo 10, apartado 2, las consecuencias de la contravención o incumplimiento tanto de las exigencias de los citados artículos como de la información inveraz, al establecer: '2. Si el contrato no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el art. 9, o en el caso de que el adquirente no hubiera resultado suficientemente informado por haberse contravenido la prohibición del art. 8.1, o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo, o si el documento informativo entregado no se correspondía con el archivado en el Registro, el adquirente podrá resolverlo en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del contrato, sin que se le pueda exigir el pago de pena o gasto alguno.

En el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en los arts. 1.300 y siguientes del Código Civil .

Completada la información antes de que expire el citado plazo, el adquirente podrá desistir dentro de los diez días siguientes al de la subsanación, según lo establecido en el apartado 1 de este artículo.

Transcurridos los tres meses sin haberse completado la información y sin que el adquirente haya hecho uso de su derecho de resolución, éste podrá igualmente desistir dentro de los diez días siguientes al de expiración del plazo, según lo establecido en el citado aparta do 1 de este artículo'. Por otro lado, el apartado 1 de dicho artículo 10 faculta al adquirente de derechos de aprovechamiento por turno para desistir del contrato a su libre arbitrio en un plazo de diez días, contados desde la firma del contrato; además, la infracción de la prohibición de anticipos regulada en el artículo 11 de la Ley tampoco produce la nulidad radical del contrato, sino la posibilidad de resolverlo en los tres meses siguientes a su celebración y la petición de devolución duplicada del anticipo. Esta facultad resolutoria no fue ejercitada en ese periodo por los actores'.

En la pertinente aplicación de este criterio, por tanto, no cabe declarar la nulidad radical del contrato de litis por infracción de normas imperativas o prohibitivas; pero tampoco puede prosperar la resolución, articulada subsidiariamente, después de haber hecho uso de los contratos repetidamente, y habiendo dejado transcurrir el plazo de tres meses que se establece en la Ley 42/1998 para instar la resolución del contrato.

CUARTO.- En relación con la nulidad del contrato por vicio de consentimiento, que en realidad, la parte recurrente, hace residir en la aducida promesa o garantía de reventa, aparte de la proposición contiene un supuesto inverosímil considerado en el contexto de una economía de mercado, lo que alega es el padecimiento de engaño en la contratación, y debe tenerse en cuenta que es doctrina jurisprudencial reiterada que el dolo 'in contrahendo' determinante de la celebración del negocio jurídico, en la noción del artículo 1269 del Código Civil , tiene como elemento objetivo un comportamiento engañoso o insidioso informado, y como elemento subjetivo, el propósito de inducir a la otra parte a celebrar el contrato que sin su concurrencia no lo hubiera celebrado ( SSTS de 3-2-1981 , 18-7-1988 y 23-5-1996 , entre otras muchas), de tal modo que la voluntad del declarante quede viciada por haber sido emitida sin la natural libertad y conocimiento precisamente a causa del engaño u otra insidiosa influencia, no cabe entender que haya demostrado la parte recurrente, ni aparecen de lo actuado en el proceso datos objetivos consistentes y relevantes, para que pueda apreciarse, con el rigor necesario, como interviniente en el negocio el dolo que en definitiva se denuncia, porque, en primer lugar, no puede confundirse el engaño doloso con el error del propio contratante que lo alega.

En orden a determinar si el proceso interno que condujo a la declaración de voluntad, por la que los actores expresaban su consentimiento para obligarse en el contrato, se sustentaba en un conocimiento equivocado, en una creencia inexacta o en una falsa representación mental respecto del verdadero y real contenido sustancial y esencial del contrato, que les fueran excusables, no puede inferirse esta consideración ni de los términos del contrato sobre la inclusión en la lista de reventa, porque en su apartado 6 se dice expresamente que los contratantes, según la traducción aportada, entienden que la compra no está condicionada a la reventa, y en su apartado 8 se dice que los contratantes, entienden que dicho contrato no ofrece ninguna garantía sobre los tiempos de reventa, y solamente garantiza que los derechos permanezcan en el registro de reventa hasta que termine el contrato; en realidad, tampoco de los actos de la propia parte actora, pues ya es de toda significación y relevancia no solo el lapso de tiempo que transcurre entre la perfección del primer contrato hasta la presentación de la demanda, lo que es significante de que conocía lo que contrataba, que implican conformidad reiterada que contradice la invocación del vicio.

En este aspecto, y a propósito de la invocada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Texto Refundido de 2007, ha de observarse que el contrato aparece redactado en la lengua que deben conocer los actores, pues son ciudadanos británicos, desprendiéndose de la traducción aportada que el contenido de sus cláusulas es claro y comprensible, con indicación de su objeto y precio, periodo de ejercicio del derecho, sin que aparezca oscuridad alguna, de modo no puede apreciarse que el contrato no tenga objeto, y claramente determinado, incluso siendo posible que fuera una cosa futura, por lo que no falta este requisito esencial, ni falta de causa, que, además ha de presumirse, la prestación o promesa de una cosa o servicio a la que se refiere el art. 1274 del Código Civil , ni tampoco motivos para apreciar la abusividad de las cláusulas, supuesto carácter abusivo que, además de ser alegado un tanto difusamente, no obstante, determinaría solamente la nulidad de la misma, y se tendría por no puesta, pero no la nulidad de la totalidad del contrato, de modo que se estima procedente establecer la validez del contrato ya que, aunque contenga algunas incorrecciones, e incluso se podría entender que alguna falta de información, aparte de lo antes dicho sobre la no aplicación de las previsiones de la Ley, éstas no tienen la entidad para anular el contrato por estos motivos, ya que no falta ninguno de los elementos esenciales el contrato, consentimiento, causa y objeto, y siempre ha de observarse el principio general del derecho de la conservación de la voluntad negocial; de manera que todo lo expuesto también puede predicarse básicamente respecto de la resolución asimismo pretendida, porque tampoco se demuestra con el rigor exigible ningún incumplimiento esencial.

En definitiva, los presupuestos de la demanda son insuficientes en este caso particular, siendo lo procedente la confirmación de la sentencia recurrida, sin necesidad de entrar en más planteamientos por carecer de relevancia.

QUINTO.- Las consideraciones precedentes conducen a la desestimación del recurso de apelación interpuesto, y a la desestimación de la impugnación, en cuanto al fondo, pero, no obstante, y como se hace objeto de recurso, no se estima procedente hacer imposición expresa de las costas causadas en ninguna de las instancias, en atención a las dudas de hecho, y también de derecho, suscitadas en relación con las cuestiones debatidas, de conformidad con la excepción primera prevista en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y con lo dispuesto en el art. 398 de la misma Ley .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y procedente aplicación,

Fallo

1. Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Esteban y doña Maribel , contra la sentencia dictada en el presente procedimiento, y desestimar la impugnación formulada por la representación procesal de la entidad SILVERPOINT VACATIONS, S.L., revocando únicamente el pronunciamiento de las costas de la primera instancia, que se deja sin efecto para no hacer imposición expresa de las mismas, manteniendo el resto de los pronunciamientos de fondo acordados en dicha resolución.

2. No hacer imposición expresa de las costas del recurso ni de la impugnación.

Devuélvase la totalidad del depósito a la parte apelante, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J ., si se hubiera constituido.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional ( art. 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), y recurso extraordinario por infracción procesal si se formula conjuntamente con aquél ( Disposición Final decimosexta 2ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), que podrán interponerse ante esta Sala en el plazo de veinte días.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que determina el artículo 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Una vez firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de Primera Instancia de su procedencia, con testimonio de la misma, para su ejecución y cumplimiento y a los efectos legales oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al presente Rollo, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Publicada ha sido la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. que la firman y, leída ante mí por el Ilmo. Sr. Magistrado- Presidente en audiencia pública del día de su fecha, como Secretaria de Sala, certifico.-