Sentencia CIVIL Nº 214/2021, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1759/2018 de 19 de Abril de 2021

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 214/2021

Fecha de sentencia: 19/04/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1759/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 14/04/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

Procedencia: Audiencia Provincial de Valencia, sección 7.ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: CVS

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1759/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 214/2021

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán

D. José Luis Seoane Spiegelberg

En Madrid, a 19 de abril de 2021.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por el demandante D. Ramón, representado por la procuradora D.ª Elena Ramírez Martínez bajo la dirección letrada de D. Juan Carlos Alonso Zarzo, contra la sentencia dictada el 29 de enero de 2018 por la sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Valencia en el recurso de apelación n.º 841/2017, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.º 732/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Paterna sobre restitución de cantidades anticipadas por los compradores de viviendas en construcción. Ha sido parte recurrida la entidad demandada Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (antes Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito), representada por la procuradora D.ª M.ª Jesús Mateo Herranz bajo la dirección letrada de D. Ramón Miguel Girona Domingo.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

Antecedentes

PRIMERO.-El 4 de octubre de 2016 se presentó demanda interpuesta por D. Ramón contra 'Cajamar' solicitando se dictara sentencia por la que se condenara 'a la entidad financiera CAJAMAR al pago de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS, con expresa Imposición de las Costas procesales a la Demandada, además de por aplicación del criterio del vencimiento ex Art. 394 LEC'.

SEGUNDO.-Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Paterna, dando lugar a las actuaciones n.º 732/2016 de juicio ordinario, y emplazada la entidad demandada, esta compareció como Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, y contestó a la demanda planteando la excepción procesal de falta de legitimación pasiva, oponiéndose también en cuanto al fondo y solicitando la íntegra desestimación de la demanda con expresa imposición de costas al demandante.

TERCERO.-Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la magistrada-juez del mencionado juzgado dictó sentencia el 18 de julio de 2017 desestimando íntegramente la demanda con imposición de costas al demandante.

CUARTO.-Interpuesto por el demandante contra dicha sentencia recurso de apelación, al que se opuso la demandada y que se tramitó con el n.º 841/2017 de la sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, esta dictó sentencia el 29 de enero de 2018 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo las costas al apelante.

QUINTO.-Contra la sentencia de segunda instancia el demandante-apelante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El recurso extraordinario por infracción procesal se articulaba en dos motivos con los siguientes enunciados:

'MOTIVO PRIMERO.- RECURSO DE INFRACCIÓN PROCESAL.

'ENCABEZAMIENTO: El motivo primero del Recurso por Infracción Procesal es el contemplado en el Art. 469.1 2º: Infracción de normas procesales reguladoras de la Sentencia. Se denuncia la infracción cometida por la Sentencia de la Audiencia Provincial al haber infringido, a juicio de esta parte recurrente el Art. 209,3º de la LEC, infracción producida por no haberse considerado en el contenido del Fallo, los Fundamentos de Derecho, en cuanto a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, expresamente alegados en los propios Fundamentos de Derecho de la Sentencia, por ser ambos contradictorios'.

'MOTIVO SEGUNDO.- RECURSO DE INFRACCIÓN PROCESAL.

' ENCABEZAMIENTO: El motivo II del Recurso por Infracción Procesal es el que se contiene en el Art. 469.1 4º: Que admite como motivo del recurso extraordinario por infracción procesal la 'Vulneración en el proceso civil de los derechos fundamentales reconocidos en el Artículo 24 de la Constitución por motivo de la existencia de error patente en la valoración de la prueba que ocasiona indefensión'.

'En el presente supuesto, se refiere la infracción a la errónea valoración de la prueba documental, concretamente el documento nº 9 de los de la demandada (folios 50 y 51) aportados en la I Instancia por esta parte, que supone una vulneración del Art. 326 de la LEC'.

El recurso de casación, formulado al amparo del art. 477.2.3.º LEC, por interés casacional en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala, se componía de un solo motivo con el siguiente enunciado:

'DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INTERÉS CASACIONAL.-

'ENCABEZAMIENTO: El motivo del presente recurso de casación es el previsto en el artículo 477.2.3º de la LEC, 'Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.

'Se justifica el interés casacional en que la Sentencia recurrida se oponga a la doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo, por cuanto la Sentencia dictada por la Audiencia determina la AUSENCIA DE INDEMNIZACIÓN DE LA ACTORA que en su día entregó importantes cantidades de dinero a cuenta de la adquisición de vivienda, con expresa vulneración de la Disposición Adicional primera que titula: Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción. Punto Uno. Obligaciones de los promotores que perciban cantidades anticipadas 1 a) y 2 a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación y jurisprudencia que lo desarrolla'.

SEXTO.-Recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma ambas partes, los recursos fueron admitidos por auto de 23 de septiembre de 2020, a continuación de lo cual la parte recurrida presentó escrito de oposición solicitando la inadmisión del recurso de casación y la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal con imposición de costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO.-Por providencia de 25 de marzo del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 14 de abril siguiente, en que ha tenido lugar mediante el sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia.

Fundamentos

PRIMERO.-Los presentes recursos dimanan de un litigio en el que el comprador de una vivienda y un garaje en construcción reclamó de la entidad de crédito demandada el pago de la totalidad de las cantidades anticipadas a cuenta del precio más intereses.

Los antecedentes relevantes para la decisión de los recursos son los siguientes: (i) la UTE formada por las entidades Valtevei Promociones S.L. y Turiaclima 2005, S.L. promovía la construcción de un edificio de viviendas y garajes (Valtevi II) en Paterna (Valencia); (ii) Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (en adelante Cajamar), financiaba la construcción de dicha promoción mediante un préstamo con garantía hipotecaria suscrito el 10 de julio de 2006 (que fue modificado el 14 de junio de 2007); (iii) vinculada al préstamo, con esa misma fecha Cajamar abrió a nombre de las promotoras la cuenta terminada en 2680 (folio 124 de las actuaciones de primera instancia); (iv) después de formalizar su reserva, con fechas 4 y 17 de abril de 2007 D. Ramón y D.ª Juana suscribieron con dicha UTE dos contratos de compraventa que tuvieron por objeto, respectivamente, una vivienda y un garaje pertenecientes a dicha promoción; (v) aunque no se discute la existencia de entregas a cuenta del precio de cada uno de los referidos inmuebles (pero sí que su importe total coincida con la cantidad reclama), no se ha probado su ingreso en una cuenta abierta a nombre de las promotoras en Cajamar, ya fuera la cuenta vinculada al préstamo, ya cualquier otra; (vi) la devolución de las cantidades entregadas a cuenta se garantizó mediante aval colectivo otorgado con fecha 1 de agosto de 2007 por la entidad 'Compagnie Des Garanties, LTD' (doc. 9 de la demanda), en el que se indicó como cuenta vinculada la de Cajamar terminada en 2680, no constando la emisión de avales individuales; (vii) los contratos fueron resueltos judicialmente a instancia de los compradores por incumplimiento de las promotoras, a las que se condenó a devolver la suma total de 67.175,51 euros más intereses (doc. 1 de la demanda); (viii) en la demanda del presente litigio uno de los compradores (el Sr. Ramón) solicitó la condena de Cajamar a pagar todas las cantidades que aquel decía haber anticipado, más sus intereses legales desde las fechas de las respectivas entregas (66.352 euros de principal más 25.543 euros de intereses al tiempo de la demanda, 91.895 euros en total), con fundamento en la responsabilidad legal de la demandada como receptora de los anticipos ('por haber recepcionado las cantidades entregadas a cuenta'), a cuyo efecto invocaba la d. final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE de 15 de julio, en vigor el 1 de enero de 2016), y el art. 15 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de Valencia (BOE de 22 de noviembre, en vigor el 22 de mayo de 2005); (ix) la demandada negó su legitimación pasiva y su responsabilidad porque no era garante (dado que la garantía colectiva era de otra entidad) ni receptora de las cantidades reclamadas (pues solo financiaba la promoción), cuyo anticipo por el demandante entendía que ni tan siquiera había sido probado; (x) la sentencia de primera instancia desestimó la demanda por falta de prueba de que los anticipos se ingresaran en Cajamar; y (xi) la sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia apelada por la misma razón, consistente en no haber probado el demandante que los anticipos se ingresaran en cuenta alguna de las promotoras en la demandada, añadiendo además que el demandante no había impugnado en apelación la valoración de la prueba documental en que se fundaba la sentencia apelada.

Contra dicha sentencia el demandante-apelante ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por interés casacional, y Cajamar ha pedido la desestimación del primero y la inadmisión del recurso de casación, lo que obliga a esta sala a examinar con carácter preliminar la admisibilidad de este último porque, conforme a la regla 5.ª del apdo. 1. DF. 16.ª LEC, la inadmisión del recurso de casación determinaría la del recurso extraordinario por infracción procesal (p. ej., sentencias 37/2019, de 21 de enero, y 572/2019, de 4 de noviembre, todas ellas citadas por las más recientes 453/2020, de 23 de julio, 623/2020, de 19 de noviembre, y 23/2021, de 25 de enero, estas dos últimas dictadas en litigios sobre la Ley 57/1968).

SEGUNDO.-El recurso de casación se compone de un solo motivo fundado en infracción de la d. adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, aunque en puridad, dada la falta de precisión y la forma de citar dicha ley (se hace mención al 'Punto uno...1 a) y 2 a)') parece referirse a su redacción resultante de la modificación llevada a cabo por la Ley 20/2015 (norma esta última ya citada en la demanda), que no estaba en vigor cuando se firmaron los contratos de compraventa y se hicieron los anticipos.

En el desarrollo del motivo, donde se cita el art. 1.1.ª de la Ley 57/1968, parece impugnarse la sentencia recurrida por haber considerado válido y eficaz el aval de una entidad extranjera, aunque para justificar el interés casacional en la modalidad invocada se cita y extracta la sentencia de 29 de junio de 2016, referida a la responsabilidad de una entidad avalista pero en la que se recuerda la jurisprudencia fijada por esta sala a partir de su sentencia de pleno 733/2015, de 21 de diciembre, sobre la responsabilidad legal de la entidad de crédito receptora de los anticipos conforme al art. 1-2.ª de la Ley 57/1968.

La entidad demandada-recurrida se ha opuesto a la admisión del recurso de casación alegando inexistencia de interés casacional porque la sentencia recurrida es conforme con la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad de las entidades de crédito según el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, habida cuenta de 'que la actora no ha conseguido probar que hayan existido ingresos efectuados por los compradores en la cuenta de Cajamar'.

TERCERO.-Según la jurisprudencia de esta sala, los óbices de admisibilidad alegados por la demandada-recurrida respecto del recurso de casación permiten desestimarlo en sentencia por causa de inadmisión (p. ej., sentencias 23/2021, de 25 de enero, 624/2020, de 19 de noviembre, 414/2019, de 11 de julio, y 416/2019, de 11 de julio) por las siguientes razones:

En el presente caso el recurso de casación incurre en las causas de inadmisión de incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley ( art. 483.2-2.º LEC), inexistencia de interés casacional ( art. 483.2-3.º LEC) y carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2-4.º LEC), ya que además de citarse como infringida una norma que no estaba en vigor al iniciarse la promoción ni al celebrarse el contrato de compraventa, por lo que difícilmente podría obligar a la entidad demandada, la jurisprudencia sobre la responsabilidad de las entidades de crédito fundada en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 está supeditada a que la entidad haya sido receptora de los anticipos, circunstancia que no concurre en este caso según declara la sentencia recurrida mediante una valoración de la prueba no impugnada en el recurso por infracción procesal.

En definitiva, el recurrente parece querer plantear que la entidad demandada respondería a todo trance por no haberse cerciorado de la efectividad del aval, pero para rechazar este planteamiento basta con remitirse a la sentencia de esta sala 274/2019, de 21 de mayo, que si declaró la responsabilidad de la entidad de crédito por no haber probado la existencia de una garantía válida y eficaz fue porque había aceptado ingresos en una cuenta del promotor en la propia entidad, no por haber financiado la promoción.

CUARTO.-Conforme a la regla 5.ª del apdo. 1. DF. 16.ª LEC, la desestimación del recurso de casación por causa de inadmisión determina la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal, que además no se corresponde con lo que parece querer plantear el recurso de casación.

QUINTO.-Desestimados los recursos, procede imponer las costas a la parte recurrente ( arts. 398.1 y 394.1 LEC), que además perderá los depósitos constituidos

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º-Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por el demandante D. Ramón contra la sentencia dictada el 29 de enero de 2018 por la sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Valencia en el recurso de apelación n.º 841/2017.

2.º-Confirmar la sentencia recurrida.

3.º-E imponer las costas de los recursos a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.