Sentencia Civil Nº 215/2009, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 151/2009 de 10 de Junio de 2009

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GIRONA

SECCIÓ SEGONA

Rotlle d'apel·lació civil núm. 151/2009

Prové: JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA 4 FIGUERES

Procediment núm. 4/2008

Classe: Judici verbal

SENTÈNCIA 215/2009

Il·lms. Srs:

PRESIDENT

JOSÉ ISIDRO REY HUIDOBRO

MAGISTRATS

JOAQUIM FERNANDEZ FONT

JAUME MASFARRÉ COLL

Girona, deu de juny de dos mil nou

En aquesta segona instància ha comparegut com a part apel·lant FECSA-ENDESA, representada per la procuradora ROSA MARIA TRIOLA VILA, i defensada pel lletrat ANDREU MONCANUT CASADEMONT, i com a part contra la qual s'apel·la CATALANA OCCIDENTE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A,

representada per la procuradora MERCÈ CANAL PIFERRER, i defensada pel lletrat SANTIAGO BALLESTER MUÑOZ.

Antecedentes

PRIMER. Aquest procés es va iniciar arran de la demanda presentada en nom de CATALANA OCCIDENTE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. contra FECSA-ENDESA.

SEGON. La decisió de la Sentència que va posar fi a la primera instància diu així:

"FALLO

Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Rosa María Bartolomé Foraster, en nombre y representación de la entidad CATALANA OCCIDENTE COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., frente a la compañía FECSA-ENDESA, debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.608,45?), más el interés legal correspondiente y las costas de este procedimiento".

TERCER. En aplicació de les normes de repartiment vigents en aquesta Audiència Provincial, aprovades per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha correspost el coneixement d'aquest recurs a la Secció Segona.

QUART. En la seva tramitació s'han observat les normes processals aplicables a aquesta classe de recurs, les parts han efectuat les al·legacions que es poden veure en els respectius escrits presentats en aquesta segona instància, als quals es respon en els fonaments jurídics següents. Per a la deliberació i votació del recurs, s'assenyala el dia 10 de juny de 2009.

CINQUÈ. Conforme al que estableixen les normes de repartiment indicades, es va designar com a ponent d'aquest recurs l'Il·lm. Sr. JOAQUIM FERNANDEZ FONT, qui expressa en aquesta Sentència el criteri unànim de la Sala.

Fundamentos

PRIMER. La societat asseguradora demandant reclamava de la societat subministradora d'energia elèctrica demandada el pagament de la quantitat que va haver d'abonar a un assegurat a resultes d'uns danys a diferents aparells elèctrics de casa seva. Defensava que aquests s'havien produït com a conseqüència d'una pujada de tensió en el subministrament d'electricitat.

La demandada va negar l'existència de qualsevol incidència que provoqués aquesta sobretensió.

La sentència de primera instància ha estimat la demanda.

La demandada impugna aquesta decisió. Argumenta que el Sr. Magistrat que la va redactar ha aplicat indegudament un règim de responsabilitat objectiva i d'inversió de la càrrega de la prova, de manera que exigeix a la demandada que provi que els danys no han estat originats per una incidència del subministrament. Afegeix que no s'ha acreditat que la causa dels danys sigui la que diu la demandant.

SEGON. Hem de recordar que a la sentència de 28 de gener de 2.009 dèiem "En lo que concierne al régimen jurídico aplicable a los daños ocasionados a los consumidores como consecuencia del suministro de energía eléctrica, existen básicamente dos posiciones en las Audiencias Provinciales en función de que se considere aplicable la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o tan solo la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos .

Hay que señalar que a la fecha de presentación de la demanda una y otra habían sido derogadas por el Real Decreto Legislativo 1 /2.007, de 16 de noviembre de 2.007 , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, incorporando a su texto en lo que aquí afecta las disposiciones de ambas.

En el sentido de no entender aplicable la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la sentencia de 17 marzo 2008 de la Audiencia Provincial de Madrid dice que "ha de tenerse presente que en materia de carga de la prueba los artículos 25 y 26 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , preceptúan que "el consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen, salvo que aquellos daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente", y que "las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran o facilitan productos o servicios a los consumidores o usuarios, determinantes de daños o perjuicios a los mismos, darán lugar a la responsabilidad de aquéllos, a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad", pero también se ha de recordar que en la disposición final primera y en los artículos 2 y 5 de la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos, se dispone que "los artículos 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , no serán de aplicación a la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos incluidos en el artículo 2 de la presente ley ", que "a los efectos de esta Ley, se entiende por producto todo bien mueble, aun cuando se encuentre unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble. También se considerarán productos el gas y la electricidad", y que "el perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos", norma esta última que está en sintonía con lo que prevé con carácter general el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a que "corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención". Del conjunto de los preceptos citados se desprende, pues, que a la parte actora le corresponde en este proceso probar el defecto y el daño afirmados en la demanda, así como la relación de causal entre ambos". En el mismo sentido y entre otras muchas, se pronuncian las sentencias de la Audiencia de Salamanca de 19 de febrero de 2.007, Sevilla de 15 de mayo de 2.006, de Cáceres de 21 de marzo de 2.006, de Baleares de 13 de octubre de 2.005, de Barcelona de 10 de octubre y 6 de abril de 2.005 .

Sostiene la tesis de que sí es aplicable el régimen de responsabilidad previsto en la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la sentencia de la Audiencia de Vizcaya de 29 de septiembre de 2.006 en la que se dice "los preceptos aplicados por la sentencia ( artículos 25 y ss. de la citada Ley General ) son inaplicables cuando se trata de perjuicios causados por productos defectuosos, pues la disposición final primera de la Ley de 6 de julio de 1994 dice que "los arts. 25 a 28 de la Ley 26/1984 de 19 julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que no serán de aplicación a la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos incluidos en el art. 2 de la presente ley".

Ahora bien, que la electricidad esté incluida en la citada Ley, de modo que, cuando pueda ser considerada como producto defectuoso, es decir "aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias" ( art. 3 de la Ley de 1994 ) deba regirse por la misma, no implica que, en los demás casos, le sea inaplicable la Ley 26/84 general para la defensa de los Consumidores y Usuarios, pues no cabe esperar que el legislador haya querido recortar la protección de los consumidores con una Ley que, en su exposición de motivos, afirma que "ni el ámbito subjetivo de tutela ni el objetivo que contempla la Directiva coinciden con los de la Ley 26/1984 de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ".

Cómo en la citada Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios se establece un principio general de responsabilidad del suministrador de energía eléctrica (art. 28) respecto de los daños y perjuicios que se produzcan "por el consumo o la utilización" de la misma (art. 25) incluido el uso normal, y, en tal caso, es la entidad suministradora la que debe probar (art. 26) "que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad". En parecido sentido cabe citar la sentencia de la Audiencia de Lleida de 18 de diciembre de 2.006 .

I afegíem " TERCERO. En cualquier caso, sea cual sea la tesis que se acoja será preciso que el demandante pruebe que los daños que reclama provienen del suministro eléctrico. Lo que variará será si le exigirá que además demuestre que el suministro ha sido ha sido defectuoso o, por el contrario, deberá ser la suministradora quien demuestre la corrección del servicio".

TERCER. Partint d'aquestes premisses, estem d'acord que al règim de responsabilitat pels danys ocasionats pel subministrament elèctric no és d'aplicació un sistema d'inversió de la càrrega probatòria, de manera que sigui l'empresa subministradora qui demostri que el dany produït no prové de problemes en el subministrament.

En aquest sentit és cert que els arguments jurídics continguts al primer fonament de dret de la sentència apel·lada i al primer paràgraf del fonament segon serien contraris al criteri d'aquesta Audiència. No obstant, hem d'insistir en l'evidència que d'altres Audiències defensen la tesi reflectida a la sentència impugnada, com en resulta de la jurisprudència extractada en el fonament de dret precedent.

Dit això, de la lectura d'aquesta darrera resolució queda clar que el Sr. Magistrat d'instància no ha fonamentat el seu criteri fonamentalment en una manca de prova de la demandada, com sembla que aquesta al·lega en el seu recurs. El que ha fet és valorar la totalitat de la prova practicada, per a arribar a la conclusió que ha quedat demostrat que la causa dels danys va ser una sobretensió en el subministrament. Això queda palès d'una manera ben extensa en el segon fonament jurídic de la sentència esmentada.

No podem afegir gaire res més a aquests arguments. Coincidim totalment amb la conclusió de la sentència apel·lada. Un cop valorats els documents aportats durant aquest procediment, així com les declaracions de testimonis i pèrits, entenem que s'ha demostrat totalment que la causa del sinistre no és cap altra que la denunciada per la demandant. No hi ha cap motiu per a entendre d'una manera versemblant que ha estat una altra la causa (llamp, mal funcionament del comptador individual etc.)

Per tant, amb la finalitat d'evitar reiteracions argumentals totalment supèrflues, donem per reproduïdes les explicacions sobre la valoració de la prova donades a la sentència impugnada i les fem nostres, la qual cosa implica la desestimació del recurs.

QUART. De conformitat amb l'article 398.1 de la LEC imposem les costes de la segona instància a la part apel·lant.

Fallo

PRIMER. Desestimem el recurs d'apel·lació presentat per la Procuradora ROSA MARIA TRIOLA VILA en nom de FECSA-ENDESA contra la sentència de primera instància i la confirmem íntegrament.

SEGON. Imposem les costes de la segona instància a la part apel·lant.

Contra aquesta resolució no es por interposar cap recurs extraordinari atès que el procediment s'ha tramitat per raó de la quantia litigiosa, que no excedeix de 150.000 euros.

Notifiqueu aquesta Sentència a les parts i deixeu-ne un testimoniatge en aquest rotlle i en les actuacions originals, que es retornaran al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del qual procedeixen.

Així ho decideix la Sala, integrada pels magistrats esmentats a l'encapçalament, que signen a continuació.

PUBLICACIÓ. Avui, s'ha publicat aquesta Sentència, d'acord amb el que s'estableix legalment. En dono fe com a secretària judicial d'aquesta Secció.