Sentencia Civil Nº 256/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 1, Rec 336/2013 de 25 de Julio de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

TARRAGONA

SECCION PRIMERA

ROLLO NUM. 336/2013

ORDINARIO NUM. 821/2012

TARRAGONA NUM. 3

S E N T E N C I A NUM. 256/14

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE

D. Antonio Carril Pan

MAGISTRADOS

Dª Mª Pilar Aguilar Vallino

D. Manuel Díaz Muyor

En Tarragona, a 25 de julio de 2014.

Visto, por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de Procedimiento Ordinario sobre resolución contractual procedente del Juzgado de Primera Instancia referenciado, Interpone recurso la mercantil MARTINSA-FADESA, S.A. que en la instancia han litigado como parte demandada y comparece en esta alzada representada por el Procurador D. Josep Farré Lerín y defendida por el Letrado Sr. Lucas Granados. Son partes recurridas los actores D. Víctor y Dª Eloisa , que en la instancia han litigado representados por la Procuradora Sra. Dª Rosa Elias Arcalis y defendidos por el Letrado D. Jesús María de Arriaga Remirez.

Antecedentes

PRIMERO.-El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 13 de marzo de 2013, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: 'Que, estimando íntegramente la demanda deducida por la Procuradora Doña María Rosa Elías Arcalís, en nombre y representación de DON Víctor y DOÑA Eloisa contra MARTINSA FADESA, S.A, DEBO DECLARAR Y DECLARO la resolución del contrato de compraventa celebrado entre las partes el 18 de noviembre de 2005 y DEBO CONDENAR Y CONDENO a MARTINSA FADESA, S.A, a la devolución a la parte actora de las cantidades entregadas que ascienden a la suma de OCHENTA MIL CUARENTA EUROS (80.040 €), más los intereses legales desde el momento en que se hicieron las respectivas entregas a cuenta hasta la fecha de la sentencia, más los intereses procesales del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la sentencia.

No ha lugar a declarar, como solicita la parte demandada, que la forma de pago de esta condena por principal e intereses queda vinculada al convenio aprobado por sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de La Coruña, dictada el 11 de marzo de 2011 en procedimiento de concurso 408/2008.

Se imponen las costas a la parte demandada'.

SEGUNDO.-Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día quedando visto para sentencia.

TERCERO.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr.. Magistrado D. Manuel Díaz Muyor quien expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.-Apela la demandada a fin de que se desestime la acción ejercitada para dejar sin efecto la declaración de resolución contractual del contrato celebrado entre las partes ahora litigantes el día 18 de noviembre de 2005 por el que se formalizó la compraventa de una parcela urbanizada en la zona RU1-11 de una Urbanización proyectada en el término municipal de La Aldea, que señala en su demanda; sus motivos de recurso se refieren principalmente a la discrepancia que expresa con el fundamento legal de la denegación de la procedencia de su pretensión por aplicación del artículo 62.1 de la Ley concursal y la interpretación que de la misma verifica el Juez a quo .

SEGUNDO.-La Sala ratifica y hace suyas las bases fácticas o antecedentes procesales relativos a la fecha de compra, cantidades entregadas a cuenta, plazo de cumplimiento de las obligaciones por la demandada, declaración de concurso y el resto de hechos jurídicos que relata la sentencia apelada, que en puridad son indiscutidos. El debate es esencialmente jurídico y debe responder a la cuestión de qué efecto produjo el concurso de la demandada en el desenvolvimiento y las facultades de resolver un contrato de compraventa precedente.

TERCERO.-Pues bien, con iguales hechos esencialmente y misma parte demandada el Tribunal Supremo fijó doctrina en este concreto debate, sentencia que cita el mismo recurrente pero de la que extrae la conclusión contraria a la que llega el Alto Tribunal. Tales sentencias son las de 24-7-2013, nº 505/2013, rec. 2178/2011 , y de S 25-7-2013, nº 510/2013, rec. 168/2012 , ambas con ponencia del Excmo. Sr. Sancho Gargallo. En las mismas se parte de que la compraventa es un contrato de tracto único, y se extrae la conclusión de que el incumplimiento previo, concretamente por transcurso del plazo pactado para entrega de la cosa vendida, determina consecuencias que no admiten que perviva la acción de resolución que, en esos y en este pleito, hace valer el comprador como parte que sí cumplió sus obligaciones. Dice así la doctrina, que ha de respetar esta Sala por su directa aplicabilidad y por tratarse de una cuestión de doctrina interpretativa general:

3.Formulación del único motivo de casación. El único motivo de casación se funda en la infracción de los arts. 61 y 62 LC , en relación con el art. 1124 CC . En el desarrollo del recurso se argumenta que, ante el incumplimiento de la obligación esencial del vendedor de entrega de la vivienda que, si bien se inició antes del concurso, se ha prolongado después durante bastante tiempo, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 1124 CC .

La cuestión suscitada en este recurso de casación es muy similar a la que se planteó recientemente en el recurso de casación 2178/2011, que se resolvió por sentencia de 24 de julio de 2013 . Seguiremos en esta sentencia las consideraciones y argumentaciones vertidas en aquella sentencia, que también conducen a la desestimación del motivo de casación.

4.Desestimación del motivo de casación. Entre la promotora, luego concursada, y el Sr. Ramona mediaba un contrato de compraventa de un inmueble que, cuando se concertó en documento privado (10 de noviembre de 2005), estaba pendiente de ser construida. Se había pactado que la entrega de la vivienda se hiciera, aproximadamente, en noviembre de 2007. Nueve meses después de que se cumpliera el plazo de la entrega de la vivienda sin que ésta estuviera terminada, la promotora vendedora fue declarada en concurso (24 de julio de 2008). Al tiempo de la declaración de concurso, este contrato de compraventa estaba pendiente de cumplimiento por ambas partes: la vendedora debía acabar de construir y entregar la vivienda y la compradora tenía que pagar el precio convenido.

Los efectos que sobre la vigencia de este contrato produjo la declaración de concurso vienen regulados en el art. 61.2 LC , respecto a la consideración de crédito contra la masa de las obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la concursada, y en el art. 62.1 LC , en relación con la imposibilidad de instar la resolución del contrato si se trata de un contrato de tracto único cuyo incumplimiento fue anterior a la declaración de concurso.

El contrato de compraventa concertado entre las partes es un contrato bilateral con obligaciones recíprocas para ambas. Como al tiempo de la declaración de concurso de la vendedora, las obligaciones de una y otra parte estaban pendientes de cumplimiento, conforme al art. 61.2 LC , la prestación a que estaba obligada la promotora concursada debía realizarse con cargo a la masa.

Este primer efecto legal no plantea en este caso mayor problema, sino que la controversia se centra en torno al segundo efecto: si la parte in bonis, en este caso el comprador, puede instar después del concurso de la vendedora la resolución del contrato de compraventa.

5. El art. 62.1 LC , para aquellos casos en que el contrato está pendiente de cumplimiento por ambas partes, regula los efectos de la declaración de concurso sobre la facultad de resolución del contrato. Para ello distingue según el contrato sea de tracto único o sucesivo.

Al margen del acierto o desacierto que pueda haber supuesto la opción legislativa por esta terminología, hemos de dotar de contenido a estas categorías para contribuir a una adecuada interpretación del precepto. La distinción determinará, en función de cuando se hubiera producido el incumplimiento resolutorio, en relación con la declaración de concurso, que pueda o no ejercitarse la facultad de resolución una vez declarado el concurso.

En las sentencias 145/2012 y 161/2012, ambas de 21 de marzo , con ocasión de una controversia sobre la resolución de sendos contratos de suministro de energía eléctrica, no dudamos en calificar aquellos contratos de 'contratos de tracto sucesivo'. En aquellas sentencias partimos de una caracterización doctrinal de los contratos se tracto sucesivo, como aquellos en que 'un proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o intermitente más o menos permanentes en el tiempo, a cambio de una contraprestación recíproca determinada o determinable dotada de autonomía relativa dentro del marco de un único contrato de tal forma que cada uno de los pares o periodos de prestaciones en que la relación se descompone satisface secuencialmente el interés de los contratantes'.

De este modo, en el contrato de tracto sucesivo las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente, en el sentido de que cada prestación singular satisface íntegramente el interés de ambas partes durante el correspondiente periodo, independientemente de las prestaciones pasadas o futuras de ese mismo contrato.

Mientras que en el contrato de tracto único la prestación se configura como objeto unitario de una sola obligación, al margen de que se realice en un sólo acto o momento jurídico, o bien se fraccione en prestaciones parciales que se realizan en periodos de tiempo iguales o no. Los contratos de ejecución fraccionada o separada en que la prestación es única, sin perjuicio de que se ejecute por partes, en atención a la dificultad de la preparación del cumplimiento, como en el contrato de obra, o para facilitar o financiar el cumplimiento, como en la compraventa a plazos, no dejan de tener esta consideración de contratos de tracto único, a los efectos del ejercicio de la facultad resolutoria dentro del concurso por incumplimiento.

En nuestro caso, no existe duda de que el contrato de compraventa concertado entre las partes, al margen de que se hubiera diferido en el tiempo el cumplimiento de las prestaciones a que obligaba a una y otra parte, es de tracto único.

6. Después de la declaración de concurso, conforme al art. 62.1 LC , la parte in bonis en un contrato de tracto único tan sólo podrá ejercitar la facultad resolutoria por incumplimiento de la concursada si el incumplimiento es posterior a la declaración de concurso; mientras que si se tratara de un contrato de tracto sucesivo, 'la facultad resolutoria podrá ejercitarse también cuando el incumplimiento hubiera sido anterior a la declaración de concurso'. Consiguientemente, cuando el incumplimiento sea anterior a la declaración de concurso, no cabrá instar la resolución del contrato de tracto único.

Tal y como han quedado acreditados los hechos en la instancia, la promotora concursada se había obligado a entregar la parcela urbanizada objeto de la compraventa en enero de 2008, (30 meses después de la fecha de la licencia de urbanización, 8 de julio de 2005, en que se aprobó el Proyecto de Urbanización por la Comisión Territorial de Urbanismo de les Terres de l'Ebre) sin que le fuera entregada o puesta a su disposición antes de que, en julio de 2008, se hubiese solicitado y declarado el concurso de la promotora. Es claro que, al tiempo de la declaración de concurso, se había cumplido el término convenido por las partes para el cumplimiento de la prestación de la vendedora, habían transcurrido ocho meses desde entonces sin que se hubiera entregado la vivienda. El incumplimiento es claramente anterior a la declaración de concurso, sin perjuicio de que se prolongara la situación de incumplimiento. La prolongación en el tiempo del incumplimiento de la prestación debida por la concursada, después de la declaración de concurso, no obsta la aplicación de la regla prevista en el art. 62.1 LC . El incumplimiento fue anterior a la declaración de concurso y, como no consta que se hubiera ejercitado antes la facultad resolutoria del contrato, no cabe hacerlo después, sin que la parte actora haya probado que tras el incumplimiento que se considera tiene lugar a partir del 8 de enero de 2008, como se ha dicho, se hayan producido unas circunstancias diferentes que impedían que en la misma se tuviese por frustrado el contrato y la finalidad que se perseguía con el mismo y que este cambio de circunstancias se hubiese producido con posterioridad a la declaración de concurso.

Por ello, en aplicación de la doctrina vertida por las SSTS citadas procede estimar el recurso de la demandada y dejar sin efecto la resolución contractual decretada en primera instancia, por resultar contraria a lo dispuesto en el art. 62.1 de la Ley Concursal .

CUARTO.-Dada la estimación del recurso interpuesto por la parte demandada, no se hace especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en esta instancia, por así disponerlo el art. 398 LEC .

Pese a la desestimación de la demanda que resulta de la estimación del presente recurso no procede imponer a la parte actora el pago de las costas procesales dadas las dudas de derecho que se vienen suscitando en torno a la cuestión debatida en este procedimiento, donde constan pronunciamientos anteriores a las SSTS ya mencionadas en esta sentencia, en sentido diverso dictadas por parte de varias Audiencias Provinciales, todo ello a tenor de lo dispuesto en el art. 394.1.II LEC .

QUINTO.-La estimación del recurso lleva consigo devolución del depósito efectuado para la interposición del mismo de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J .

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.

Fallo

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOSel recurso de apelación interpuesto por la representación de MARTINSA-FADESA, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Tarragona de fecha 13 de marzo de 2013 que debemos REVOCAR en el sentido de desestimar la acción resolutoria ejercitada respecto del contrato suscrito por las partes litigantes el día 18 de noviembre de 2005.

En lo relativo a las costas, no se imponen en ninguna de las dos instancias, con devolución del depósito para recurrir.

Notifíquese a las partes con indicación de la necesidad de constitución de depósito en caso de recurrir la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J . De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final decimosexta de la L.E.C ., contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo que debe interponerse en el plazo de veinte días ante esta Audiencia si concurre la causa prevista en el apartado tercero del número 2 del artículo 477 y también podrá interponerse conjuntamente con el recurso de casación recurso extraordinario por infracción procesal previsto en los artículos 468 y siguientes ante el mismo Tribunal.

A su tiempo devuélvanse los autos originales al juzgado de procedencia con certificación de la presente y despacho para su cumplimiento y debidos efectos.

Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.