Sentencia CIVIL Nº 262/2019, Audiencia Provincial de Huelva, Sección 2, Rec 70/2019 de 11 de Abril de 2019

Encabezamiento

Audiencia Provincial de Huelva
Sección. 2ª
Recurso de Apelación Civil 70/2019
Autos de: Procedimiento Ordinario 394/2017
Juzgado de origen: JUZGADO MIXTO Nº1 DE ARACENA
Apelante: Clara
Procurador: SILVIA GONZALEZ ARAGON
Abogado: ANTONIO MANUEL MARTIN CONTRERAS
Apelado: CAIXABANK, S.A.
Procurador: ELISA GOMEZ LOZANO
Abogado: JUAN BAUTISTA PALOP RODRIGUEZ
S E N T E N C I A Nº 262
ILTMO. SR. PRESIDENTE:
D. FRANCISCO BELLIDO SORIA
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. ENRIQUE ÁNGEL CLAVERO BARRANQUERO
D. ANDRÉS BODEGA DE VAL
En Huelva, a once de abril de dos mil diecinueve.
La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, constituida por los Magistrados del margen, bajo la
ponencia del Ilmo. Sr. Don ENRIQUE ÁNGEL CLAVERO BARRANQUERO, ha visto en grado de apelación el
Juicio Ordinario nº 394/2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Aracena, en virtud de recurso interpuesto
por la parte demandada (parte representada por la Procuradora Sra. González Aragón y asistida por el Letrado
Sr. Martín Contreras), siendo apelada la parte demandante (parte representada por la Procuradora Sra. Gómez
Lozano y asistida por el Letrado Sr. Palop Rodríguez).

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución apelada, en cuanto no se opongan a los que siguen.



SEGUNDO.- Por el Juzgado de Primera Instancia indicado, con fecha 5 de Junio de 2.018, se dictó Sentencia cuya Parte Dispositiva dice así: 'Que estimando la demanda formulada por Caixabank SA contra Doña Clara , debo declarar y declaro la resolución de la total obligación de pago del contrato de préstamo hipotecario convenido por las partes mediante escritura autorizada por el Notario de Cortegana, Don Guillermo Corisier Naranjo, en fecha de 6 de febrero de 2002, bajo el número 149 de su protocolo, modificada por las escrituras de novación otorgadas, la primera de ellas ante el Notario de Cortegana Don Zoilo Ibáñez de Aldecoa Silvela, en fecha de 30 de mayo de 2006, bajo el nº 121 de protocolo, y la segunda, ante el Notario de Cortegana, Don José Enrique Carmona Cuenca, en fecha de 31 de mayo de 2012, bajo el nº 426 de Protocolo.

Que debo condenar y condeno a la parte prestataria al pago CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (116.546,98.- euros) con más los intereses devengados conforme a lo previsto en el Fundamento de Derecho Tercero de esta resolución y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada'.



TERCERO.- Contra la anterior se interpuso recurso de apelación y, dado traslado a la parte contraria, fueron remitidas las actuaciones a esta Audiencia para la decisión del recurso.

Fundamentos

PRIMERO.- Mediante la demanda rectora de este proceso (estimada por la Sentencia recurrida) se perseguía, en síntesis y primariamente, que -con base en grave incumplimiento de la parte prestataria- se declarara resuelto (dándolo por anticipadamente vencido) contrato de préstamo con garantía hipotecaria, en que son contratantes las partes litigantes (la parte actora prestamista, la parte demandada prestataria), con consiguiente condena de la parte demandada al pago de la totalidad de lo debido como consecuencia de ese préstamo.

Y a esas pretensiones, a través del escrito de contestación formulado por la parte demandada (actual recurrente), se oponían los siguientes alegatos: 1.- El impago de las cuotas de amortización traería causa de error de la entidad bancaria (Unicaja) en que, en un momento dado, la parte demandada aperturó cuenta bancaria y a la que había dado orden de domiciliar las cuotas de amortización giradas por la contraparte (Caixabank) por mor del préstamo que nos ocupa, desconociendo la recurrente la razón de no haberse abonado.

2.- La recurrente nunca ha recibido comunicación de la contraparte advirtiéndole del impago de las cuotas de amortización, como tampoco notificación de su voluntad de proceder a la anticipada resolución del contrato de préstamo.

3.- La demandante no ha tenido voluntad y no ha realizado intento alguno de solucionar amistosa y extrajudicialmente esa situación de impago.

Bastaría lo hasta ahora expuesto (sin necesidad de adicional razonamiento) para desestimar el recurso de apelación formulado, porque mediante el mismo se articula argumentación absolutamente novedosa y ajena a aquella que se opuso al contestarse a la demanda por parte de la recurrente, hallándonos pues ante actuación contraria al principio 'pendente apelatione nihil innovetur'.



SEGUNDO.- Y es que el recurso interpuesto se funda, en síntesis, en alegar la existencia de hecho nuevo en los siguientes términos: 1.- La demandante (Hecho Séptimo de la demanda) ofrecía a la recurrente la posibilidad de, antes de dictarse Sentencia, abonar las cantidades adeudadas hasta el momento del pago, evitando así la resolución del contrato de préstamo.

2.- Sin embargo, constando en la certificación de deuda aneja a la demanda que el impago había principiado en Junio de 2.016, cuando la recurrente quiso conocer la deuda pendiente para pagarla la contraparte le entregó estadillo de movimientos conforme al cual el impago habría comenzado un año antes, siendo pues superior el importe a abonar para ponerse la recurrente al corriente de sus obligaciones contractuales.

3.- Ello debería conllevar la nulidad del procedimiento porque se ha impedido a la recurrente pagar lo debido, generándole indefensión, máxime haberse realizado ofrecimiento que no resulta ajustado a la realidad; se ha incurrido por la contraparte en 'mutatio libelli'; se ha conculcado además el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (preclusión de alegatos).

Procede rechazar toda la argumentación precedente y sintéticamente glosada (confirmándose así la procedencia de desestimar el recurso formulado) por las siguientes razones: 1.- En primer lugar porque tal argumentación se sustenta en circunstancia que en absoluto ha quedado acreditada, cual es que la recurrente ha tenido en algún momento cierta y seria voluntad de regularizar su situación, poniéndose al corriente en cuanto al abono de las cuotas de amortización impagadas (es que ni tan siquiera se ha acreditado que la recurrente haya estado en momento alguno en condiciones de efectivamente poder afrontar económicamente esa regularización).

2.- Además porque, contrariamente a lo argumentado por la recurrente y aunque fuera cierto cuanto fácticamente aduce, en absoluto se habría producido variación de las cuestiones debatidas ni se habría conculcado la preclusión establecida en el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya que, fundándose la pretensión resolutoria ejercitada en este proceso en grave y sustancial incumplimiento de la recurrente, persiguiéndose por mor de la misma condena dineraria ascendente a 116.548,95 euros de principal, y habiéndose acogido ambos pedimentos en términos prácticamente idénticos a los expresados, el hecho de -según la recurrente- haber comenzado el impago en fecha anterior a la señalada en la demanda no haría sino acentuar la gravedad y sustancialidad del incumplimiento de la recurrente, ya apreciado en la Sentencia recurrida sin tomar en consideración aquel; por tanto, esa circunstancia fáctica aducida por la recurrente carecería de relevancia -aunque fuera cierta- para la resolución del litigio (lo que impediría atribuirle calidad de hecho nuevo, conforme a lo establecido en el art. 286 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), pues se ha decidido el mismo sin tomarla en consideración; y mediante la misma tampoco se estaría alterando el objeto del proceso (en cuanto, como se ha expuesto, serviría a acentuar la gravedad del incumplimiento, incumplimiento éste ya apreciado en la Sentencia recurrida sin tenerla en cuenta), ausencia de toma en consideración que también excluye toda posibilidad de apreciar infracción del principio preclusivo establecido en el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cuánto mas cuando se trataría de hecho en momento alguno aducido por la demandante).

3.- No se ha infringido pues norma procedimental alguna, lo que impide apreciar la existencia de motivo de nulidad, redundando en tal imposibilidad de apreciación que - conforme a lo expuesto- a la recurrente no se le ha irrogado indefensión alguna.

En definitiva, se itera, nos hallaríamos ante hecho (de tenerse por cierto) que no ha sido tenido en cuenta para decidir acerca de las cuestiones debatidas, careciendo pues de relevancia, máxime no habría servido para adoptar decisión distinta a la adoptada, antes bien al contrario habría servido para confirmar su procedencia.

Finalmente, no llega a entender este Tribunal la referencia que en el escrito de interposición del recurso que nos ocupa (en su encabezamiento, en el párrafo último de su página tercera, y en su Otrosí Digo) se efectúa al recurso extraordinario de revisión (pareciendo perseguirse que el presente se trate subsidiariamente como tal), pero con remisión de lo actuado al Juzgado de Primera Instancia, pues la demanda (que no recurso extraordinario) de revisión sólo puede interponerse por los motivos establecidos en el art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y ante los Tribunales detallados en el art. 509 del mismo Texto legal , lo que nada tiene que ver con recurso de apelación como el presente.



TERCERO.- La desestimación del recurso implica la condena de la recurrente al pago de las costas procesales devengadas como consecuencia del mismo, con pérdida del depósito constituido para recurrir ( art.

398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y número 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial ).

Fallo

En virtud de lo expuesto, el Tribunal HA DECIDIDO: DESESTIMAR el recurso interpuesto contra la Sentencia dictada en el asunto a que se refiere el rollo de Sala, dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Aracena, que se CONFIRMA, con imposición a la recurrente de las costas procesales devengadas como consecuencia del recurso, acordando la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese a las partes con indicación de la necesidad de constitución de depósito en caso de recurrirse la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J . De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Decimosexta de la L.E.C ., contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que debe interponerse en el plazo de veinte días ante esta Audiencia, si concurre la causa prevista en el apartado tercero del número dos del art. 477 de la L.E.C ., y también podrá interponerse conjuntamente con el Recurso de Casación Recurso extraordinario por infracción procesal previsto en los arts. 468 y siguientes de la L.E.C . ante el mismo Tribunal.

Remítanse las actuaciones originales al Juzgado de su procedencia, con certificación de la presente y despacho para su cumplimiento y efectos oportunos.

Así, por nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.