Sentencia Civil Nº 265/2012, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 5, Rec 310/2011 de 29 de Mayo de 2012

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Encabezamiento

SENTENCIA

Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Don Víctor Caba Villarejo

MAGISTRADOS: Don Carlos Augusto García Van Isschot

Don Víctor Manuel Martín Calvo

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a veintinueve de mayo de dos mil doce;

VISTAS por la Sección 5a de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia no 16 de Las Palmas de G.C. en los autos referenciados (Juicio Ordinario no 472/2010) seguidos a instancia de dona Rosario , parte apelante, representada en esta alzada por la Procuradora dona Dolores Apolinario Hidalgo y asistida por el Letrado don Nicolás Díaz Reyes, contra la entidad mercantil ESTUDIOS Y PROYECTOS CANARIOS, S.L., parte apelada, representada en esta alzada por el Procurador don Alejandro Valido Farray y asistida por el Letrado don Antonio Luis Domínguez Quintana, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Manuel Martín Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. 16 de Las Palmas de G.C., se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: «Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por la representación procesal de Da Rosario absolviendo a Estudios y Proyectos Canarios, S.L. de las pretensiones deducidas en su contra, todo ello con expresa condena en costas a la demandante»

SEGUNDO.- La referida sentencia, de fecha 18 de noviembre de 2010 , se recurrió en apelación por la parte actora, interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se senaló para discusión, votación y fallo el día 29 de mayo de 2012.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Ejercitada por la parte actora, en concepto de compradora y con base en lo establecido en el art. 1.124 del Código Civil , acción resolutoria de contrato de compraventa de vivienda al no haberse otorgado a fecha de presentación de la demanda, pese a la entrega de la posesión, la correspondiente cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación, con la consiguiente indemnización de los perjuicios sufridos (devolución del precio, gastos de notaría y registro, gastos de mobiliario de cocina y ventanas) y subsidiariamente acción de indemnizatoria por cumplimiento defectuoso del contrato (reclamando una indemnización por lucro cesante de 9.100,00 € por día a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública y entrega de la vivienda, 4.429,96 € por gastos de mobiliario de cocina y ventana de aluminio y 5.900,22 € por instalación de armarios empotrados), la sentencia de primera instancia desestima en su integridad la demanda alzándose contra la misma la actora insistiendo en sus pretensiones y instando, en todo caso, la no imposición de costas.

SEGUNDO.- Esta Sala ha de coincidir con la sentencia apelada en lo que se refiere a la desestimación de la acción resolutoria. Ciertamente la actora tenía derecho a que se entregase la vivienda por ella comprada (el 19 de noviembre de 2008 en documento privado) con la preceptiva licencia de primera ocupación necesaria para poderla dotar, en condiciones ordinarias y a título personal, de energía eléctrica y agua como así se alega en su demanda y recurso. Sin embargo es de advertir que pese a dicha ausencia de autorización la actora se mostró conforme para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de transmisión el 31 de diciembre de 2008 tomando seguidamente posesión del inmueble adquirido hasta que se presenta la demanda en febrero de 2010 sin perturbación alguna. Queda además constancia de que con fecha 25 de marzo de 2010 se han otorgado por el Ayuntamiento las preceptivas licencias y cédulas de la edificación promovida por la demandada (documento no 9 de la contestación; folios 150 y sig. de las actuaciones).

Evidentemente la actora no consideró esencial que la vivienda a fecha de entrega tuviera los correspondientes permisos, o dicho de otro modo, no impidió para consumar el contrato de compraventa que ésta careciese interinamente de las licencias y cédulas correspondientes; de hecho escrituró y tomó posesión (y no sólo instrumental) antes de tales permisos administrativos. No siendo esencial, según voluntad de las partes, y constando que a fecha de presentación de la contestación ya habían sido otorgados no considera la Sala, al igual que lo hizo el Juzgado, que el retraso en tal documentación (habida cuenta de la previa toma de posesión real) pueda suponer la resolución del contrato al no frustrarse las legítimas expectativas de las partes no quedando frustrado el fin del contrato máxime cuando no consta ningún tipo de requerimiento resolutorio previo.

TERCERO.- Igualmente esta Sala ha de coincidir con la Sentencia apelada en lo que al rechazo de las indemnizaciones por cumplimiento defectuoso se refiere.

Así, en cuanto al 'lucro cesante' por no poder alquilar la vivienda comprada senalar que ni consta que la voluntad de la parte actora fuera poner en alquiler la vivienda, ni tampoco que por carecer de la licencia y cédula se haya perdido oportunidad de alquiler. La actora aceptó la entrega de la posesión sin reparo (podía libremente haberse negado a escriturar interim no fuera otorgada la licencia y cédula y reclamar -posteriormente- por la mora correspondiente o incluso instar la resolución por incumplimiento: falta de entrega) por lo que no puede válidamente sostener, una vez recibida la posesión, que pretendía ponerla en alquiler y que aquella falta de autorización le causó dano alguno. Al respecto debemos insistir en que la jurisprudencia civil en esta cuestión se ha mostrado restrictiva al excluir las ganancias futuribles, que son simples expectativas pero no consolidadas por presentarse dudosas, al responder a supuestos carentes de realidad y de resultado inseguro por estar desprovistos de constatada certidumbre. Por ello cabe rechazar la pretensión ejercitada al respecto y es que las ganancias que pueden reclamarse son aquellas en las que concurren verosimilitud suficiente para poder ser reputadas como muy probables, en la mayor aproximación a su certeza efectiva. Así, la S.T.S. (Sala 1a) de 5 de noviembre de 1998, (núm. 1009/1998, Recurso de Casación núm. 1704/1994 ) senala que «El lucro cesante tiene una significación económica; trata de obtener la reparación de la pérdida de ganancias dejadas de percibir, concepto distinto del de los danos materiales (así, Sentencia de 10 mayo 1993 ), cuya indemnización por ambos conceptos debe cubrir todo el quebranto patrimonial sufrido por el perjudicado (así, Sentencia de 21 octubre 1987 y 29 septiembre 1994 ). El lucro cesante, como el dano emergente, debe ser probado; la dificultad que presenta el primero es que sólo caben incluir en este concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido y no ha sido así; no incluye los hipotéticos beneficios o imaginarios suenos de fortuna. Por ello, esta Sala ha destacado la prudencia rigorista (así, Sentencia de 30 junio 1993 ) o incluso el criterio restrictivo (así, Sentencia de 30 noviembre 1993 ) para apreciar el lucro cesante».

En lo que respecta a la reclamación por los gastos de armario (5.900,22 €; documento no 10 de la demanda; folio 86 de las actuaciones) debe igualmente rechazarse pues ninguna cláusula contractual fue pactada que obligase a la vendedora a 'vestir' los armarios (que es lo que pretende con la reclamación) y sin que tal obligación resulte de lo dispuesto en la cláusula tercera (en que se basa la reclamación) la cual, referida al plazo de entrega, alude a los 'frentes de armario' (nunca al interior de los armarios) y sólo para la concreción del color.

En lo que respecta al mobiliario de cocina la propia documental en que se basa la actora (documento no 9; folios 68 y sig.) es suficiente para advertir que pretende un enriquecimiento injusto pues estando efectivamente pactado que la vivienda se entregaría con cocina amueblada (documento 1 bis; memoria de calidades) sin electrodomésticos, se comprueba que la actora utilizó el bono (folio 77) de compra por haber cambiado voluntariamente la cocina comprometida. Tal es así que del precio de la cocina libremente elegida por la parte actora se procedió a los pertinentes descuentos, abonando los importes de la cocina de la promoción inmobiliaria llegándose a descontar 1.063,80 € -folio 75- (882,53 € por el 'mobiliario Matisse Azul-Pomery y 181,27 € por una encimera de haya tostada).

Finalmente ha de rechazarse, como hiciera la sentencia de instancia, la reclamación por la ventanas de aluminio reclamadas en importe de 968,10 € al no haber constancia alguna de que la vivienda se hubiera entregado si las ventanas proyectadas, pudiendo haberse producido una simple sustitución voluntaria por parte de la compradora instalando, por su iniciativa, ventanas con 'hojas abatibles con persiana' que no eran las proyectadas.

CUARTO.- Mejor suerte ha de correr el recurso en lo que a la imposición de costas se refiere y ello por cuanto ha de tenerse en cuenta que a fecha de presentación de la demanda no se había otorgado la licencia de primera ocupación ni la correspondiente cédula de habitabilidad sin que conste, además, que la demandada informase tempestivamente a la actora de las gestiones que llevaba a cabo para lograr tal documentación administrativa en fecha próxima a la presentación de la demanda por lo que la actora ignoraba si, como finalmente aconteció, la licencia y permiso se iban o no a conceder en fecha tal que pudiera entenderse que la mora en dicha obligación no supusiera un incumplimiento contractual. En suma, a la luz del defectuoso cumplimiento de la demandada, el caso presentaba serias dudas de derecho en orden a la estimación de la demanda principal por lo que, de conformidad con lo establecido en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es procedente imponer las costas causadas a la parte actora debiéndose en este punto estimar el recurso.

ÚLTIMO.- Estimándose el recurso de apelación interpuesto no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , debiéndose proceder a la devolución del depósito constituido de acuerdo con disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

Fallo

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de dona Rosario contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1a Instancia no 16 de Las Palmas de G.C. de fecha 18 de noviembre de 2010 en los autos de Juicio Ordinario no 472/2010, confirmando su pronunciamiento desestimatorio de la demanda y revocando el pronunciamiento relativo a las costas procesales debiendo cada parte pagar las causadas a su instancia y las comunes por mitad; todo ello sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre costas. Devuélvase el depósito constituido para la tramitación del recurso.

Llévese certificación de la presente Sentencia al rollo de esta Sala y a los autos de su razón y notifíquese a las partes haciéndolas saber que contra la misma podrá interponerse recurso de casación exclusivamente por interés casacional ( art. 4772.3o LEC ), al haberse seguido el procedimiento por razón de la materia y/o por cuantía inferior a 600.000,00 € y, en su caso, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal (por los motivos dispuestos en el art. 469 LEC ). Deberá interponerse ante este Tribunal en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de esta sentencia, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo, debiéndose cumplir los requisitos previstos en el Capítulo IV -en relación con la Disposición Final decimosexta- y en el Capítulo V del Título IV del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Al tiempo de interponerse será precisa, bajo perjuicio de no darse trámite, la constitución de un depósito de cincuenta euros, por cada uno de los recursos interpuestos, debiéndose consignar en la oportuna entidad de crédito y en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre de este Tribunal, lo que deberá ser acreditado.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Acción resolutoria
Lucro cesante
Incumplimiento defectuoso
Cédula de habitabilidad
Contrato de compraventa de vivienda
Indemnización por lucro cesante
Documento privado
Contrato de compraventa
Voluntad de las partes
Posesión real
Resolución de los contratos
Voluntad
Resolución de los contratos por incumplimiento
Cláusula contractual
Enriquecimiento injusto
Incumplimiento del contrato