Sentencia Civil Nº 281/2016, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 773/2015 de 12 de Septiembre de 2016

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00281/2016

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1

PALMA DE MALLORCA

ASUNTO: Juicio Ordinario nº773/15

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 12 de septiembre de 2016

Vistos por mí, Víctor Fernández González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio de Ordinario nº11/2006, a instancia del Procurador D. Juan Blanes Jaume, en nombre representación de Astilleros de Mallorca SA, contra Fundación Isla Ebusitana con domicilio en la calle Castelao nº10 de Hospitales de LLobregat, declarada en rebeldía.

Antecedentes

Primero: por D. Juan Blanes Jaume, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado demanda de Juicio Ordinario contra Fundación Isla Ebusitana, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que:

1. Se declare que la demandada ha incumplido sus obligaciones contractuales

2. Se condene a la demandada a la obligación de hacer, consistente en suministrar a su costa los herrajes del 2º mastelero a Astilleros de Mallorca SA a fin de proceder a su adaptación y barnizado final; o en caso contrario manifieste su renuncia a dicha adaptación y barnizado.

3. Se condene a la demandada a recoger el mastelero que se encuentra en el astillero, a su costa.

4. Se le condene al pago de 8.823,56 € y los correspondientes intereses legales y con imposición de las costas del juicio.

Segundo: admitida a trámite la demanda se procedió a dar traslado de la misma a la demandada emplazándola para que compareciese y formulase contestación a la misma. No habiéndolo hecho, pese a estar citada en legal forma se procedió a declararla en rebeldía.

Tercero: convocadas las partes al acto de la audiencia previa al juicio, ésta tuvo lugar el 27 de junio de 2016, a la que solo compareció la parte actora, con el resultado que obra en autos. Tras ello se convocó a la celebración del juicio, el cual tuvo lugar el 12 de septiembre de 2016. Al mismo comparecieron las partes asistidas de Letrado y representadas por Procurador; tras ello se procedió a practicar las pruebas propuestas y admitidas, en concreto, interrogatorio de parte, documental por reproducida y testifical con el resultado que obra en autos. Tras ello se formularon las conclusiones, quedando el juicio visto para sentencia.

Cuarto: en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales, salvo el cumplimiento de los plazos legales, debido al número, volumen y complejidad de los asuntos que penden ante el Tribunal.

Fundamentos

Primero: de los autos, y en concreto de la demanda y la documentación aportada en la misma aparece acreditado que la entidad Fundación Isla Ebusitana, como propietaria del barco 'Hispania', contrató con la actora la construcción de un mastelero que se adaptase a la arboladura del barco; para ello se requería que el armador enviase los herrajes al astillero a fin de adaptarlos al nuevo mastelero y barnizarlo. Dicho encargo se presupuestó siendo aceptado por el armador, el cual abonó el 50% del encargo, quedando pendiente el pago del otro 50% por importe de 8.823,56 €, IVA incluido.

Por parte del armador no se ha procedido a entregar los herrajes, ni a pagar el encargo, pese a que la actora acredita haber construido el mastelero. Todo en base a la documental 6 a 8 de la demanda.

Segundo: acreditado que nos encontramos ante una relación contractual, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el CC sobre las obligaciones, y así, de acuerdo con lo establecido en los art.1089 y 1091 CC , las obligaciones nacen de los contratos, los cuales tienen fuerza de ley entre las partes debiendo cumplirse según el tenor de los mismos. Esto implica que todas las cláusulas establecidas por las partes serán, siempre que no contradigan la ley, la moral o el orden público ( art.1255 CC ), las normas por las que se regirá la vida contractual.

A ello hay que añadir que la actora ejercita la acción de reclamación de cantidades, para lo habrá que tener en cuenta el art.217 LEC , que establece '1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.'

Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que al actor le basta con probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, pues si el demandado no se limita a negar aquellos sino que alega otros, con el objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades. En definitiva, en términos generales, cuando se invoca un hecho que sirve de presupuesto al efecto jurídico que se pretende y el mismo no ha sido probado, las consecuencias de esa falta de prueba son que se tendrá tal hecho por inexistente en el proceso, en contra de aquél sobre quien pesaba la carga de su demostración.

Tercero: de lo expuesto en el fundamento primero, se deduce que nos encontramos ante un arrendamiento de obra debiendo tener en cuenta, como punto de partida, lo estipulado para la ejecución de obras; para ello debe distinguirse de la prestación de servicios, puesto que ello tendrán influencia determinante a la hora de la carga de la prueba; así, de conformidad con STS de 10 de junio de 1975 la ejecución de obras se distingue de la prestación de servicios en que si lo que uno se obliga a realizar es prestar servicios, realizar una actividad, no un resultado concreto, el arrendamiento es de servicios, pero si lo que se obliga es a obtener un resultado sin consideración al trabajo que lo crea, el arrendamiento es de obra. Igualmente la SAP Barcelona de 8 de junio de 1999 establece que si la prestación debida consiste en el despliegue de una actividad del deudor (arrendatario) dirigida a proporcionar, de forma mediata, la satisfacción del interés del acreedor arrendador (el deudor a través de una conducta diligente posibilita al acreedor obtener el resultado o fin práctico esperado) se trataría de un arrendamiento de servicios; en cambio, en el de obra, el deudor se obliga a proporcionar de forma directa e inmediata, la satisfacción del interés del acreedor, mediante la obtención de un resultado pactado que integra la prestación.

Para determinar qué tipo de arrendamiento es el aplicable a cada caso, se acude a diferentes criterios para determinar si se trata de una obligación de medios (arrendamiento de servicios) o de resultado (arrendamiento de obra): la determinación de la voluntad de las partes, la naturaleza de la obligación o consideraciones de equidad.

En el caso de autos claramente aparece la figura de la ejecución de obra, en relación a las obras a realizar en la zona común de la finca, ya que a ello se comprometió el demandado, obligándose la actora a abonar el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual a consecuencia de la conducta del demandado, el cual defiende que su actividad no fue defectuosa sino ajustada a lo que le solicitaron y que si no terminó la obra fue porque la Comunidad le dijo que no siguiese.

Cuarto: en este punto hay que tener en cuenta lo que dice la SAP Barcelona de 8 de junio de 1999 en torno a la carga de la prueba del incumplimiento, siendo que en las obligaciones de resultado (arrendamiento de obra) el acreedor no tiene que establecer la culpa del deudor, bastando con que no se produzca el resultado pactado; en la obligación de medios (arrendamiento de servicios) la carga de la prueba de la culpa pesa sobre el acreedor, siendo el que ha de demostrar que el deudor no se ha conducido con la diligencia debida; es decir, se produce una inversión de la carga de la prueba, de tal modo que es el acreedor el que viene obligado a demostrar que el deudor no ha observado la diligencia mínima exigible en su actuación. Incluso el TS, en sentencias de 26 de mayo de 1986 , 13 de julio de 1987 , 16 de octubre de 1989 y 6 de julio de 1990 , entre otras, dice que en las obligaciones profesionales que consisten en un hacer, la diligencia se entiende probada cuando la conducta del profesional se ajusta a lo exigido por los conocimientos profesionales.

En el caso de autos, la actora solicita que se ejecute el contrato suscrito, con la obligación de la demandada de aportar los herrajes para poder adaptarlo al mastelero que se construyó y así poder entregarlo a la demandada, con obligación de ésta de pagar el precio pactado.

Como ya hemos dicho, la prueba del contrato y su contenido se acredita con la documental aportada y con la declaración del testigo D. Carlos Ramón , el cual confirma todos estos extremos; así como la construcción del mastelero.

A lo dicho se une el que la parte actora formuló las preguntas del interrogatorio de la demandada y no habiendo comparecido la misma, por la actora se solicitó que se procediese conforme al art.304 LEC , el cual establece 'Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del art. 292 de la presente Ley . En la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior.' En concreto se preguntó acerca de los hechos objeto de la demanda, tanto la existencia de la deuda como los presupuestos del cumplimiento de las obligaciones por la actora y el incumplimiento por la demandada.

En cambio la demandada no ha acreditado ninguna circunstancia obstativa que justificase su conducta omisiva. Simplemente no ha comparecido en los autos ni ha acreditado una mala ejecución del encargo o haber pagado las cantidades reclamadas.

Por todo ello, procede estimar la demanda planteada concediendo lo solicitado en el suplico de aquella.

Cuarto: los intereses reclamados por el actor son los denominados intereses moratorios. La mora de los demandados determina la condena al pago del interés legal del dinero de la cantidad adeudada ( art.1101 y 1108 del Código Civil ) Para la determinación del momento en que se inicia su devengo es necesario tener en cuenta el artículo 1100 del Código Civil que constituye en mora al deudor desde que el acreedor le interpela judicialmente. Esta circunstancia tiene lugar el día 25 de septiembre de 2015, fecha de la demanda, respecto del íntegro importe debido al ser imputable al comportamiento de la demandada la iliquidez de la cantidad reclamada.

Quinto: en cuanto a las costas y en concreto en virtud del principio de vencimiento recogido en el art.394 de la LEC procede su imposición, también, al demandado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que con estimación de la demanda interpuesta, a instancia del Procurador D. Juan Blanes Jaume, en nombre representación de Astilleros de Mallorca SA, contra Fundación Isla Ebusitana con domicilio en la calle Castelao nº10 de Hospitales de LLobregat, declarada en rebeldía:

1. DEBO DECLARAR Y DECLARO que la demandada ha incumplido sus obligaciones contractuales

2. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a la obligación de hacer, consistente en suministrar a su costa los herrajes del 2º mastelero a Astilleros de Mallorca SA a fin de proceder a su adaptación y barnizado final; o en caso contrario manifieste su renuncia a dicha adaptación y barnizado.

3. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a recoger el mastelero que se encuentra en el astillero, a su costa.

4. DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada al pago a la actora de 8.823,56 €, más los intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda y con expresa condena en costas a la demandada.

Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca

Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doy fe.