Sentencia CIVIL Nº 296/2019, Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1, Rec 924/2018 de 28 de Junio de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

ALBACETE

Apelación Civil 924/18

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 BIS de Albacete. Ord. Contratación nº 417/17.

APELANTE: GLOBALCAJA

Procurador: Mª Jesús Alfaro Ponce

APELADO: Enma

Procurador: Javier Fraile Mena

S E N T E N C I A NUM. 296-19 1

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Iltmos. Sres.

Presidente

D. CESAR MONSALVE ARGANDOÑA

Magistrados

D. JOSE GARCIA BLEDA

D. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ

En Albacete, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

VISTOSen esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario de Contratación nº 417/17 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 BIS de Albacete y promovidos por Dª. Enma contra la mercantil 'GLOBALCAJA'; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 13 de julio de 2018 por la Magistrada-Juez de refuerzo de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso el referido demandado. Habiéndose celebrado Votación y Fallo en fecha 27 de junio de 2019.

Antecedentes

ACEPTANDOen lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

PRIMERO.-Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: 'FALLO: ESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por Dª Enma , representada por el Procurador Sr. Fraile Mena contra CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA (GLOBALCAJA), representada por la Procuradora Sra. Alfaro Ponce y en consecuencia: 1.- DECLARO la nulidad de la cláusula: 'TIPOS MAXIMO Y MINIMO: El tipo de interés revisado, conforme a las reglas anteriores, no podrá ser superior al QUINCE POR CIENTO nominal anual, ni inferior al TRES POR CIENTO nominal anual' incluido en la Escritura Pública de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 29 de agosto de 2005, suscrita entre la demandante Dª Enma y la demandada, GLOBALCAJA. 2. CONDENO a GLOBALCAJA a devolver a la demandante las cantidades cobradas de más al amparo de la cláusula declarada nula desde la fecha de celebración del contrato y hasta la efectiva supresión de la clausula. Las cantidades sujetas a devolución se incrementarán en el interés legal desde la fecha de los correspondientes cobros y hasta la fecha de su reintegro. 3. CONDENO a GLOBALCAJA al pago de las costas del procedimiento. Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndose saber que la misma no es firme y el modo de impugnación. MODO DE IMPUGNACIÓN: Cabe interponer Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Albacete con arreglo al artículo 455 LEC . El recurso se interpondrá mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículo 458 LEC ). Llévese el original al libro de sentencias. Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

SEGUNDO.-Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por la mercantil demandada 'GLOBALCAJA', representada por medio de la Procuradora Dª. Mª Jesús Alfaro Ponce, bajo la dirección del Letrado D. Rafael Fernández Frías, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las partes, por la demandante Dª. Enma , representada por el Procurador D. Javier Fraile Mena, bajo la dirección del Letrado D. José Mª Ortiz Serrano se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de diez días, compareciendo los referidos procuradores y sus representaciones indicadas.

TERCERO.-En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

VISTOsiendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE GARCIA BLEDA.

Fundamentos

PRIMERO.-Por la representación de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Ilustrísima Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 Bis de Albacete en fecha trece de julio de dos mil dieciocho que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Enma contra Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja): 1.) declaró la nulidad de la cláusula: 'tipos máximo y mínimo: el tipo de interés revisado, conforme a las reglas anteriores, no podrá ser superior al quince por ciento nominal anual, ni inferior al tres por ciento nominal anual' incluido en la Escritura Pública de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 29 de agosto de 2005, suscrita entre la demandante Enma y la demandada Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja). 2.) condenó a Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), a devolver a la demandante las cantidades cobradas de más al amparo de la cláusula declarada nula desde la fecha de celebración del contrato y hasta la efectiva supresión de la cláusula. Las cantidades sujetas a devolución se incrementarán en el interés legal desde la fecha de los correspondientes cobros y hasta la fecha de su reintegro. 3.) condenó a Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja) al pago de las costas del procedimiento solicitando la entidad recurrente la revocación de la referida resolución y que se dicte otra desestimatoria de la demanda.

SEGUNDO.-Alega en esencia la representación de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), como motivos de su recurso:

1) Falta de acción, ya que, en el momento de presentar demanda, el préstamo hipotecario estaba cancelado (17 de noviembre de 2014) en base al principio de seguridad jurídica y orden publico económico.

2) En cuanto al fondo del asunto error en la valoración de la prueba, pues la cláusula limitativa del tipo de interés fue una cláusula negociada e indebida consideración del incumplimiento del control de transparencia de la cláusula limitativa del tipo de interés. oponiéndose a la declaración de nulidad de la denominada 'clausula suelo techo', en base a los siguientes argumentos: Alega que la 'Clausula suelo-techo', supera el control de incorporación y transparencia al estar incluida en la estipulación relativa al interés variable, en un apartado separado y especialmente resaltada, siendo su redacción clara, concreta y sencilla, proporcionando una comprensibilidad real al conocer al demandante la carga jurídica y económica de la cláusula. También alega que la entidad bancaria entregó oferta vinculante con las condiciones financieras del préstamo y así lo recoge el Notario en la Escritura Pública y el Notario advirtió a la parte prestataria de la existencia de límites a la variabilidad de los intereses. Por último, alega que la cláusula suelo se aplicó desde la firma del contrato y que era de público conocimiento que en el año 2005, el Euribor llevaba varios años descendiendo, por lo que no puede alegar desconocimiento de la cláusula.

TERCERO.-Al respecto de los motivos del recurso interpuesto por la representación de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja) ha de indicarse:

La juzgadora de instancia desestimó la demanda en base a los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO: 'PRIMERO.- El presente proceso tiene por objeto resolver sobre la acción de nulidad de la cláusula por la que se limita a la baja y al alza la variabilidad del tipo de interés (clausula suelo-techo) incluida en la Escritura Pública de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 29 de agosto de 2005, suscrita entre la demandante Dª Enma y la demandada, Globalcaja y la restitución de las cantidades abonadas de más en concepto de intereses en aplicación de la cláusula suelo. La parte demandante fundamenta su pretensión en que el 29 de agosto de 2005, suscribió una Escritura de préstamo hipotecario con Globalcaja y entre las condiciones financieras del préstamo, se incluyó, sin previa negociación, una cláusula por la que se limitaba la variabilidad de los intereses a la baja al 3% y al alza al 15%, sin que la entidad bancaria informara a la prestataria de la existencia de la cláusula y de sus efectos, por lo que solicita la declaración de nulidad de la cláusula suelo La demandada, Globalcaja se opone a la declaración de nulidad de la denominada 'cláusula suelo-techo', en base a los siguientes argumentos: -Falta de acción, ya que, en el momento de presentar demanda, el préstamo hipotecario estaba cancelado (17 de noviembre de 2014) en base al principio de seguridad jurídica y orden publico económico. En cuanto al fondo del asunto, se opone a la declaración de nulidad de la denominada 'clausula suelo techo', en base a los siguientes argumentos: -Alega que la 'Clausula suelo-techo', supera el control de incorporación y transparencia; al estar incluida en la estipulación relativa al interés variable, en un apartado separado y especialmente resaltada, siendo su redacción clara, concreta y sencilla, proporcionando una comprensibilidad real al conocer al demandante la carga jurídica y económica de la cláusula. También alega que la entidad bancaria entrego oferta vinculante con las condiciones financieras del préstamo y así lo recoge el Notario en la Escritura Pública y el Notario advirtió a la parte prestataria de la existencia de límites a la variabilidad de los intereses. Por último, alega que la cláusula suelo se aplicó desde la firma del contrato y que era de público conocimiento que en el año 2005, el Euribor llevaba varios años descendiendo, por lo que no puede alegar desconocimiento de la cláusula. Las cuestiones controvertidas se centran en: -Determinar si procede declarar la nulidad de la 'cláusula suelo' incluida en un contrato de préstamo hipotecario cancelado en el momento de la presentar demanda. -Determinar si la denominada 'cláusula suelo' es una condición general de la contratación. -Determinar si procede declarar la nulidad de la 'cláusula suelo-techo' por no superar los controles de inclusión y trasparencia y en su caso, los efectos derivados de la nulidad de la cláusula. SEGUNDO.- En cuanto a la primera cuestión controvertida relativa a la posibilidad de instar una acción individual de nulidad de una clausula incluida en un contrato de préstamo hipotecario cancelado por pago o cumplimiento, en el momento de interponer demanda y teniendo en cuenta que sobre esta cuestión se ha pronunciado entre otras la Audiencia Provincial de Cáceres en sentencia de 12 de diciembre de 2017 , en el sentido siguiente: ' Para resolver la cuestión planteada, netamente jurídica, debemos comenzar por traer a colación la STS de 19 de noviembre de 2015 , según la cual, 'La nulidad se define como una ineficacia que es estructural, radical y automática. Estructural, porque deriva de una irregularidad en la formación del contrato; y radical y automática, porque se produce 'ipso iure' y sin necesidad de que sea ejercitada ninguna acción por parte de los interesados, sin perjuicio de que por razones de orden práctico pueda pretenderse un pronunciamiento de los tribunales al respecto. Además, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando que cuando se trata de nulidad absoluta, la acción ni caduca ni prescribe, entre otras STS de 25 de abril de 2013 , aunque en este caso, no se ha invocado la prescripción, que solamente puede apreciarse a instancia de parte. Por tanto, procede partir del hecho cierto, de que la acción declarativa de nulidad de una cláusula abusiva es imprescriptible, de modo, que el interesado podrá ejercitar dicha acción cuando lo tenga por conveniente. Siendo ello así, debemos convenir que, con independencia de que el contrato de préstamo haya sido objeto de cancelación por su amortización o por cualquier otra circunstancia, nada impide que se pueda instar la nulidad de la cláusula suelo que en él se contiene' (...).' En consecuencia con lo anterior y siendo la acción ejercitada por la demandante la acción individual de nulidad de una clausula incluida en un contrato de préstamo hipotecario y siendo la acción imprescriptible, por lo que el prestatario puede instar en cualquier momento, la acción individual de nulidad de cláusulas incluidas en el préstamo hipotecario, al no estar sujeta a plazo, aunque el contrato de préstamo hipotecario este cancelado en elemento de interponer demanda, como ocurre en el presente caso, por lo que procede entrar a examinar la acción individual de nulidad de la cláusula de limitación de la variabilidad de intereses (clausula suelo-techo), del préstamo hipotecario y posterior novación del préstamo hipotecario. TERCERO.- En cuanto a la segunda cuestión controvertida relativa a determinar si la denominada 'cláusula suelo' es o no una condición general de la contratación. En el artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación , se entiende por condiciones generales de contratación (...) las cláusulas predispuestas redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias. Esta definición de condición general tiene como finalidad delimitar el ámbito de aplicación objetivo de la LCGC, es decir, establecer a qué cláusulas contractuales se aplicará el régimen jurídico especial contenido en la misma. Del precepto se desprende que la condición general de la contratación se caracteriza por las siguientes notas fundamentales: a) la predisposición o prerredacción de la cláusula con anterioridad a la fase de negociación y celebración del contrato con la finalidad de incorporarse a una pluralidad de contratos y b) imposición, pues la incorporación de las condiciones generales al contrato se produce por iniciativa exclusiva del predisponente frente a la que el adherente sólo puede optar por tomarlas o dejarlas, es decir, por contratar sometiéndose a las condiciones generales preestablecidas o renunciar al contrato. Las partes adoptan diferentes posturas en relación al carácter impuesto o negociado de la misma. La Directiva 93/13, de aplicación a los contratos celebrados con consumidores, como sería el caso, dispone en su artículo 3.2 que el profesional que afirme que una cláusula tipo ha sido negociada individualmente, asumirá plenamente la carga de la prueba. En este sentido se pronuncia también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE), entre otras, en la Sentencia de 16 de enero de 2014 , p. 19 Caso Constructora Principado. En relación a la carga de la prueba, conviene aclarar que no se trata de normas que obliguen a acreditar un extremo determinado a una de las partes en el proceso, sino que imponen a una de ellas las consecuencias de que la totalidad del marco probatorio no permitan considerarlo probado. En este sentido, la STS 834/2009 de 22 de diciembre : 'La jurisprudencia suele destacar que las normas sobre reparto del onus probandi [carga de la prueba] no pueden considerarse infringidas en aquellos casos en los que el tribunal considera acreditados los hechos fundándose en distintos medios de prueba, sino solamente en aquellos casos en los cuales el tribunal, no obstante llegar, explícita o implícitamente, a la conclusión de la inexistencia de prueba sobre los hechos, hace recaer las consecuencias de dicha falta sobre la parte a quien correspondería proporcionar dicha prueba'. Los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo para entender que una cláusula ha sido negociada son estrictos y no se reputan cumplidos en este caso. Serían los siguientes: 'el carácter impuesto de una cláusula o condición general prerredactada no desaparece por el hecho de que el empresario formule una pluralidad de ofertas cuando todas están estandarizadas con base cláusulas predispuestas, sin posibilidad real alguna de negociación por el consumidor medio, en orden a la individualización o singularización del contrato, ya que, como afirma el Ministerio Fiscal, la norma no exige que la condición se incorpore 'a todos los futuros contratos, sino a una pluralidad de ellos'. La propia sentencia concluye más adelante que: 'No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación, aunque varias de ellas procedan del mismo empresario (P.165). Esta misma idea se reitera y desarrolla en la reciente STS, del Pleno, núm. 265/2015, de 22 de abril : 'Para que se considere que las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores en estos sectores de la contratación no tienen el carácter de condiciones generales, o de cláusulas no negociadas, y se excluya el control de abusividad, no basta con incluir en el contrato predispuesto un epígrafe de 'condiciones particulares' o menciones estereotipadas y predispuestas que afirmen su carácter negociado (sobre la ineficacia de este tipo de menciones predispuestas, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos, nos hemos pronunciado en las sentencias núm. 244/2013, de 18 abril , y 769/2014, de 12 de enero de 2015 ) ni con afirmar sin más en el litigio que la cláusula fue negociada individualmente. Para que la cláusula quede excluida del control de abusividad es preciso que el profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, en contra de lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la lógica de la contratación en masa, y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición del profesional o empresario. Si tales circunstancias no son expuestas y probadas adecuadamente, la alegación de que ha existido negociación es solo una fórmula retórica carente de contenido real, y supone identificar contratación voluntaria y prestación de consentimiento libre en documento intervenido notarialmente con negociación contractual. Tal ecuación no es correcta.' En el presente caso, la entidad demandada GLOBALCAJA alego que la cláusula de limitación de la variabilidad de los intereses fue negociada con la demandante. La parte demandante alega que dicha cláusula fue impuesta por la entidad bancaria. En el presente caso y valorando la prueba practicada, en particular la testifical de D. Ricardo , Director de oficina de Globalcaja y persona que se encargó de gestionar la operación, quien manifestó que la demandante era cliente de la entidad y que tenía un préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda habitual y que posteriormente, acudió a la sucursal y le propuso cancelar el préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda habitual y formalizar otro préstamo y constituir la garantía hipotecaria sobre la segunda vivienda propiedad de la demandante en Villajoyosa y que le ofreció distintas alternativas, en concreto un préstamo a interés fijo, que se descartó por lo elevado del interés y un préstamo a interés variable con las siguientes condiciones: Euribor más diferencial de 0Ž75% y con un límite mínimo del 3% y que la demandante no estuvo conforme con las condiciones y hablo con el Director General, quien a su vez llamo a D. Ricardo para que ofreciera a la cliente las condiciones que había negociado con ella y que consistían en Euribor más 0Ž50% y con límite mínimo del 3% y que fueron las condiciones que ofreció a la demandante y que la cláusula que fijaba el límite mínimo del 3% no era debatida, lo que acredita que existió efectiva negociación sobre el diferencial aplicable, pero no sobre la cláusula suelo, que era una clausula predispuesta por la entidad bancaria para la modalidad de contrato que iba a suscribir la demandante, esto es, un préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, por lo que dicha cláusula se considera que cumple los requisitos artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación , para considerar que es una condición general de la contratación. CUARTO.- En cuanto a la cuestión controvertida relativa a determinar si la clausulas suelo, al afectar a un elemento esencial del contrato de préstamo, como es el precio, están o no sujetas al control de contenido sobre su carácter abusivo. En relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo ha concluido que la cláusula suelo define y describe el objeto principal del contrato, ya que afecta al precio que ha de abonar el prestatario y como norma general, ello impide que se someta a control de abusividad. Invoca en este sentido el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, precepto que proclama que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que han de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. No obstante, lo anterior, el hecho de que el Juez no deba controlar el equilibrio de las contraprestaciones no veda el control de contenido de forma absoluta. Como decíamos, la Directiva sujeta a un límite la exclusión del control de contenido para las cláusulas que se refieran al objeto principal del contrato: opera únicamente si las cláusulas han sido redactadas de manera clara y comprensible. Es por ello que doctrina (Alfaro Águila-Real, Pertíñez Vílchez, entre otros) y jurisprudencia ( sentencias de 9 de mayo de 2013 , 24 y 25 de marzo de 2015 y 22 de diciembre de 2015 ) admiten que las condiciones generales reguladoras de los elementos esenciales del contrato pueden ser declaradas abusivas si incurren en un defecto de transparencia. Es por ello que, a pesar de que las cláusulas de limitación a la variabilidad del tipo de interés son un elemento esencial del contrato, son susceptibles de ser sometidas a un control de transparencia, control que tal y como se ha configurado en la jurisprudencia del TS (sentencias de 9 de mayo de 2013 , 24 y 25 de marzo de 2015 , 22 de diciembre de 2015 ) supone la superación de un doble filtro: -un primer control de incorporación dirigido a garantizar que el adherente ha conocido -o al menos ha podido conocer- que el contrato contiene una cláusula de limitación a la variabilidad de los tipos de interés; control que atiende a la transparencia documental y gramatical de la cláusula. - un segundo control de transparencia reforzado, dirigido a garantizar que, al tiempo de celebrarse el contrato, el cliente conocía las consecuencias económicas que conlleva la inclusión de dicha cláusula en el contrato y que el mismo se encontraba en condiciones de comparar y elegir entre distintas alternativas de préstamo hipotecario que incluyeran - o no- la cláusula en cuestión. En este sentido, la sentencia de 23 de diciembre de 2015 (...) la transparencia garantiza que el cliente conozca o pueda conocer la carga económica que el contrato supone para él y la prestación que va a recibir de la otra parte y, además, garantiza la adecuada elección del consumidor en aquello cuya determinación se confía al mercado y la competencia, lo que supone que, más allá de la mera exigencia de claridad en la redacción de las cláusulas, se pretende asegurar que el consumidor tenga una posibilidad real de comparar las distintas ofertas y alternativas de contratación del producto. QUINTO. - En cuanto al primer control de incorporación y siguiendo la jurisprudencia del TS que establece que el control de incorporación persigue controlar la correcta formación de la voluntad contractual por el adherente para garantizar que el mismo ha conocido o ha podido conocer suficientemente que el contrato está regulado por condiciones generales y cuáles son éstas. Como su propia denominación indica, el control de incorporación no analiza la legalidad intrínseca de la cláusula en cuestión, sino si ésta ha quedado válidamente incorporada al contrato. Con carácter general, la superación del control de incorporación exige: En primer lugar, que el consumidor haya tenido oportunidad real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración del contrato, entendiéndose que el consumidor tiene oportunidad de conocer cuándo, con arreglo al artículo 5 Ley de condiciones generales de la contratación, se avisa expresamente al adherente y se le facilita un ejemplar de las mismas. En este punto se ha de precisar que la exigencia de oportunidad real de conocer, de cara a considerar la cláusula incorporada al contrato, se entiende debidamente cumplimentada si el consumidor ha estado en condiciones de conocer las condiciones generales, de forma que resulta irrelevante si posteriormente ha conocido -o no-. En segundo lugar, es necesario que las condiciones generales sean comprensibles, es decir, que su redacción se ajuste a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. En este examen también se tiene presente la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 reguladora del proceso de constitución de las hipotecas en garantía de préstamos hipotecarios (derogada por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios). Según su Exposición de Motivos, la norma tiene como objetivo primordial garantizar la adecuada información y protección de quienes concierten préstamos hipotecarios, así como facilitar al prestatario la perfecta comprensión e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario que finalmente vaya a concertar. Con esta finalidad, la OM establece que la entidad de crédito está obligada a entregar al prestatario una oferta vinculante, que de acuerdo con el artículo 5 se formulará por escrito, y especificará las condiciones financieras del préstamo hipotecario (entre ellas el tipo de interés variable y, en su caso, las limitaciones del tipo de interés). Asimismo, se establece que al aceptar la oferta el prestatario tiene derecho a examinar el proyecto de documento contractual en el despacho del notario autorizante. Por último, el préstamo hipotecario se ha de formalizar en escritura pública, estando obligado el notario a informar a las partes y a advertir sobre las circunstancias del interés variable. En el presente caso, consta acreditado que la entidad bancaria efectuó la oferta vinculante con las condiciones financieras del préstamo hipotecario incluida la cláusula suelo, al haber aportado la entidad bancaria como documento nº 1 de la contestación a la demanda la oferta vinculante firmada por la demandante y aunque no consta la fecha en la oferta vinculante, teniendo en cuenta que el Notario hizo constar expresamente en la Escritura Pública (documento nº 2 de la demanda) que 'Previa exhibición a la parte prestataria de la oferta vinculante que a estos efectos, me ha entregado la entidad prestamista, manifiesta que es idéntica a la oferta vinculante que en su día le hizo dicha entidad', lo que acredita que la demandante recibió la oferta vinculante con antelación a la firma de la Escritura Pública de préstamo hipotecario y tuvo oportunidad de conocer que el préstamo que iba a suscribir incluía clausula suelo, por lo que se entiende superado el control de inclusión. SEXTO.- En cuanto al segundo control reforzado de transparencia, en el examen de la transparencia de las cláusulas suelo el Tribunal Supremo parte de una premisa fundamental: las cláusulas de limitación a la variabilidad de los tipos de interés contradicen las legítimas expectativas del consumidor, puesto que se insertan en contratos que se ofertan como préstamos a interés variable y sin embargo, de forma sorprendente para el consumidor, los convierten en préstamos a interés fijo mínimo, impidiendo al adherente beneficiarse de todas las reducciones que sufra el tipo de referencia (FJ 13 de la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013 ). La jurisprudencia del TS identifica la falta de transparencia con la sorpresa que supone para el adherente la inclusión de una cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés en un préstamo a interés variable, sin que se le haya informado de ello en la fase de negociación contractual y habiéndose dado a la misma un carácter secundario, a pesar de que, al tratarse de una cláusula que afecta de forma directa al precio, podría haber sido determinante a la hora de contratar. La eliminación de ese efecto sorpresa no se logra incluyendo la cláusula suelo de forma clara y comprensible en el contrato de préstamo hipotecario. Tampoco con la entrega de la oferta vinculante y el cumplimiento de los demás requisitos previstos en la normativa administrativa sobre transparencia bancaria, puesto que la OM de 5 de mayo de 1994 establece unos deberes informativos extremadamente básicos que, en la práctica, se solventan con la entrega de la oferta vinculante y en la advertencia de la inclusión de la cláusula por parte del Notario en el momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario, momento inidóneo para que el adherente se replantee su decisión de contratar. Que los deberes de información exigidos en la citada OM son insuficientes al efecto eliminar el mencionado efecto sorpresa de este tipo de cláusulas aparece corroborado por la normativa posterior que ha reforzado extraordinariamente el deber de transparencia: En este sentido, la vigente Orden de 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, establece en su artículo 25 que en el caso de préstamos en que se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés, como cláusulas suelo o techo, se recogerá en un anexo a la Ficha de Información Personalizada el tipo de interés mínimo y máximo a aplicar y la cuota de amortización máxima y mínima. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, requiere la inclusión en el contrato, junto a la firma del cliente, de una expresión manuscrita en la que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato, en el caso de que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés del tipo de las cláusulas suelo y techo. Por último, la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, exige la inclusión de los límites a la variabilidad del tipo de interés en la ficha europea de información normalizada (FEIN). La inclusión de la cláusula de forma clara y comprensible y el cumplimiento de la normativa administrativa en materia de transparencia garantiza que el adherente está en condiciones de conocer la inclusión de la cláusula en su contrato de préstamo hipotecario, pero no que el consumidor esté perfectamente informado de la cláusula en el sentido de que el mismo pueda hacerse una idea cabal de las consecuencias económicas y jurídicas que le supondrá dicha inclusión. Es por ello que la transparencia de la cláusula suelo exige que la entidad bancaria haya destacado su inclusión de tal forma que al cliente no le haya podido pasar desapercibida. En palabras del TS (sentencia de 23 de diciembre de 2015 ), en estos casos se exige una 'comunicación reforzada' o 'deber de transparencia reforzado' (proporcional a la importancia de la cláusula) dirigido a asegurar que, al contratar el préstamo hipotecario, el adherente tiene un perfecto conocimiento no sólo de que se ha incluido una cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés, sino que, además, dicha cláusula tiene un carácter principal ya que, en caso de aplicarse, el contrato que se le había ofertado - y se había contratado- a interés variable pasa a convertirse en un contrato a tipo fijo. El TS llega incluso a exigir que el consumidor esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia cuando menos a corto plazo (FJ 15 párr 256 de la sentencia de 9 de mayo de 2013 ). 9.3.2. Sentado lo anterior, el TS llega a la conclusión de que, en la totalidad de los casos sometidos a su consideración las entidades bancarias incumplieron ese deber reforzado de transparencia ( sentencias de 9 de mayo de 2013 , 24 de marzo de 2015 ), 29 de abril de 2015 y 23 de diciembre de 2015 ). En este sentido, el apartado séptimo del fallo de la sentencia del TS 9 de mayo de 2013 enumera una serie de circunstancias que han sido tomadas en cuenta para valorar el carácter abusivo de la cláusula suelo por un defecto de transparencia (párr. 296): 'a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero. b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo. d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por el BBVA. e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual. f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.' En el presente caso, GLOBALCAJA alega que ha cumplido el control de transparencia ya la cláusula se relaciona de forma independiente, en la estipulación relativa al interés variable, siendo su redacción clara, concreta y sencilla, proporcionando una comprensibilidad real al conocer al demandante la carga jurídica y económica de la cláusula. También alega que la entidad bancaria entrego oferta vinculante con las condiciones financieras del préstamo y así lo recoge el Notario en la Escritura Pública y el Notario advirtió a la parte prestataria de la existencia de límites a la variabilidad de los intereses. Por último, alega que la cláusula suelo se aplicó desde la firma del contrato y que era de público conocimiento que en el año 2005, el Euribor llevaba varios años descendiendo, por lo que no puede alegar desconocimiento. En relación con estas alegaciones, consta acreditado con la Escritura Pública de préstamo hipotecario (documento nº 2 de la demanda) que la cláusula suelo-techo, se incluyó expresamente en la Estipulación Tercera Bis, en concreto en el apartado cuarto bajo el título 'tipos máximo y mínimo' con la siguiente redacción 'el tipo de interés revisado, conforme a las reglas anteriores, no podrá ser superior al quince por ciento nominal anual, ni inferior al tres por ciento nominal anual' y aunque la redacción de la cláusula es clara y sencilla y teniendo en cuenta que no es suficiente que la cláusula este redactada de forma clara y sencilla, sino que es necesario de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de diciembre de 2015 , una 'comunicación reforzada' o 'deber de transparencia reforzado' (proporcional a la importancia de la cláusula) dirigido a asegurar que, al contratar el préstamo hipotecario, el adherente tiene un perfecto conocimiento no sólo de que se ha incluido una cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés, sino que, además, dicha cláusula tiene un carácter principal ya que, en caso de aplicarse, el contrato que se le había ofertado - y se había contratado- a interés variable pasa a convertirse en un contrato a tipo fijo. El TS llega incluso a exigir que el consumidor esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia cuando menos a corto plazo y en el presente caso y teniendo en cuenta la testifical de D. Ricardo , Director de la sucursal y persona que se encargó de gestionar la operación, quien manifestó que las condiciones que ofreció a la demandante eran un préstamo a interese variable, consistente en EURIBOR más 0Ž75% y con un límite mínimo del 3% y que la demandante no estuvo conforme y negocio las condiciones con el Director General y fue éste quien le llamo y le indico las condiciones que tenía que ofrecer a la cliente y que consiente en EURIBOR más 0Ž50% y con límite mínimo del 3% y que en relación con el límite mínimo la información que facilito a la demandante era que por debajo de ese mínimo no bajaría la cuota, si bien dicha información no es suficiente para superar el control de transparencia en la medida en que en este caso era previsible para la entidad que a corto plazo se aplicaría la cláusula suelo, tal y como consta en la contestación a la demanda y de hecho se fijó un interés fijo del 3% durante el primer año, tipo que coincidía con la cláusula suelo, sin que conste acreditado que la entidad bancaria advirtiera a la prestataria que a corto y/o medio plazo operaria dicho límite mínimo y convertiría al préstamo a interés variable a corto o medio plazo en interés mínimo fijo, variable nada más al alza, constituyendo un supuesto de falta de transparencia, tal y como fijo el Tribunal Supremo en el auto de aclaración de la sentencia de 9 de mayo de 2013 , de fecha 3 de junio de 2013 . En consecuencia, con lo anterior, en el presente caso, la cláusula de limitación de la variación de los intereses no supera el control de transparencia. SEPTIMO.- Declarada la falta de transparencia de la cláusula que limita la variabilidad del tipo de interés procede examinar las alegaciones en relación a su posible carácter abusivo a la vista del desequilibrio que podría generar en perjuicio de los consumidores prestatarios. En relación a este control el Tribunal Supremo parte de la falta de delimitación en la Directiva 93/13/CEE y en la normativa española, de los criterios a tener en cuenta para valorar la abusividad y hace referencia a aquellos que el TJUE ha señalado. Así, alude a la Sentencia del TJUE , 14 de marzo de 2013, Caso Aziz , en la que se dice que han de analizarse las normas del derecho nacional para comprobar si la cláusula deja en una situación menos favorable que la prevista en ellas al consumidor y en relación a la buena fe, contiene el siguiente parámetro de cumplimiento: 'En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio 'pese a las exigencias de la buena fe', debe señalarse que... el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual'. Con posterioridad a la sentencia del TS a la que me vengo refiriendo, el TJUE ha dictado la antes citada sentencia de 16 de enero de 2014, Caso Constructora

Principado en la que se ha pronunciado sobre la cuestión: 'Se pone de manifiesto así que, para determinar si existe ese desequilibrio importante, no basta con realizar una apreciación económica de naturaleza cuantitativa que descanse en una comparación entre el importe total de la operación objeto del contrato, por un lado, y los costes que esa cláusula pone a cargo del consumidor, por otro. Por el contrario, un desequilibrio importante puede resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que el consumidor se encuentra, como parte en el contrato considerado, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere dicho contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales'. Conviene aclarar que el control de abusividad de las cláusulas no transparentes no valora si existe o no un desequilibrio económico entre las partes. El predisponente goza de la libertad para fijar sus ofertas en el mercado y estas pueden ser aceptadas por el cliente de conformidad con la libertad de pactos que recoge el artículo 1.255 del CC con determinados límites. En este sentido, la Sentencia del TS de 9 de mayo de 2013 alude a la no necesidad de que exista un equilibrio económico entre el tipo inicial pactado y entre el suelo y el techo, y a la licitud incluso de la cláusula suelo sin fijación de un límite máximo. En efecto, así lo dice el Alto Tribunal en los apartados 257 y 258 de la sentencia. Ahora bien, la posibilidad de fijar la oferta libremente comporta la obligación de comunicarla cumpliendo los filtros de transparencia analizados y cuando no es así, ha de reputarse abusiva y nula la cláusula que genere un desequilibrio entre las partes en perjuicio del consumidor y que este ha aceptado creyendo haber firmado unas condiciones que no lo creaban. En el caso concreto de las cláusulas suelo, la STS 241/2013 de 9 de mayo , dice que para valorar el equilibrio entre las partes, debe atenderse al real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos en abstracto y añade lo siguiente: '264. Si bien el futuro a medio/largo plazo resulta imprevisible -de ahí la utilidad de las cláusulas techo incluso muy elevadas-, en la realidad los riesgos de oscilación del tipo mínimo de referencia -único que ha de ser objeto de examen-, en los términos contenidos en las cláusulas transcritas en los apartados 3 a 5 del primer antecedente de hecho de esta sentencia, dan cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad crediticia pudieran tener las oscilaciones a la baja y frustran las expectativas del consumidor de abaratamiento del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado como 'variable'. Al entrar en juego una cláusula suelo previsible para el empresario, convierte el tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente al alza'. Su conclusión al respecto fue que, examinada exclusivamente la cláusula suelo y analizando el riesgo abstracto entre las partes, esta solo cubre el riesgo para la entidad ante posibles bajadas del índice de referencia y frustra las expectativas de bajada para el consumidor, de abaratamiento del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado como 'variable'. Al entrar en juego una cláusula suelo previsible para el empresario, convirtiendo el tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente al alza. Esta misma conclusión puede alcanzarse en el presente caso en el que el tipo mínimo al 3% favorece exclusivamente al prestamista y es contraria a la buena fe por no haberse advertido de la posible transformación del interés variable referenciado al Euribor más un diferencial de 0Ž50 punto porcentual, en interés a tipo fijo mínimo al 3% a la demandante. El techo fijado al 15% no altera dicha conclusión puesto que su alto nivel hace realmente imprevisible su aplicación y en modo alguno beneficia a los prestatarios. Fuera más o menos previsible la aplicación de la cláusula suelo en aquella época, un contrato de larga duración (30 años) exigía información clara al respecto. La situación jurídica perjudicial en la que los demandantes fueron colocados hace que la cláusula incurra en abusividad según el artículo 10 bis de la LGDCU : 'Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional primera de esta Ley '. No fueron debidamente informados y no se respetó el principio de la buena fe contractual ( art. 7 y 1.258 del CC ); principio que en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse de acuerdo con la Directiva 93/13/CEE y la interpretación que de la misma viene realizando el TJUE. La buena fe se entiende superada en los casos en los que se estima razonablemente que la cláusula hubiera sido aceptada en el marco de una leal negociación individual (Caso Aziz). Entiendo que la buena fe se entiende transgredida por el mero hecho de incluir una cláusula sin informar sobre su verdadero significado. Por todo lo expuesto, procede declarar la nulidad de la cláusula: 'tipos máximo y mínimo: el tipo de interés revisado, conforme a las reglas anteriores, no podrá ser superior al quince por ciento nominal anual, ni inferior al tres por ciento nominal anual' incluido en la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 29 de agosto de 2005, suscrita entre la demandante Dª Enma y la demandada, Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja). OCTAVO.- Declarada la nulidad de la cláusula, para determinar sus efectos ha de tenerse en cuenta el artículo 10 de la LCGC, según el cual, 'La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia. Dado que, en el presente caso, el contrato de préstamo hipotecario esta cancelado, por lo que no procede declarar el mantenimiento del contrato. La parte actora solicita además que la declaración de nulidad, la restitución de las cantidades cobradas por aplicación de la cláusula de limitación de la variabilidad de intereses desde la celebración del contrato y hasta la supresión de la cláusula. En el presente caso, habiéndose declarado la nulidad de la 'cláusula suelo' de la Escritura Pública de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 29 de agosto de 2005 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1303 del Código Civil y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de fecha 21 de diciembre de 2016, procede condenar a la demandada GLOBALCAJA a la restitución de las cantidades cobradas de más al amparo de la cláusula suelo desde la fecha de celebración del contrato y hasta la efectiva supresión de la cláusula. Procede también la devolución de los intereses legales de los importes cobrados de más en cada cuota, desde que fueron abonados, conforme a los artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil . NOVENO.- En cuanto a las costas y de acuerdo con lo previsto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : 1.- En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho' corresponde condenar a la demandada, al pago de las costas causadas, en la medida en que se ha estimado íntegramente la pretensión de la parte demandante.'

Entrando en los motivos del recurso

1) La alegación de falta de acción, ya que, en el momento de presentar demanda, el préstamo hipotecario estaba cancelado (17 de noviembre de 2014) ha de rechazarse.

La juzgadora de instancia entendió que la extinción o cancelación de la hipoteca no impide analizar la validez o nulidad de sus cláusulas, conclusión que estima correcta la Sala por lo que a continuación se expone

Es obvio que una cosa es que la relación jurídica se haya extinguido y otra muy distinta es que sus efectos no deban revertirse, si derivan de cláusulas nulas. El carácter retroactivo de la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, establecido definitivamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, evidencia que los demandantes tienen interés legítimo en la declaración de nulidad que interesaron y también pone de manifiesto que el proceso no carece de objeto.

El interés jurídicamente defendible de la demandante y la pervivencia del objeto del proceso, derivan, obviamente, de su pretensión de que se le devuelvan los intereses pagados indebidamente, pretensión que pasa necesariamente por la previa declaración de nulidad por abusiva de la cláusula suelo.

Si normalmente, en los litigios el efecto de la nulidad se proyecta en un doble sentido, hacia el futuro, haciendo desaparecer el límite de la variación del tipo de interés durante el tiempo de vigencia que le queda al contrato de préstamo hipotecario, y hacia el pasado, imponiendo a la entidad bancaria la obligación de devolver las cantidades indebidamente cobradas, la única peculiaridad del caso de autos es que los efectos de la nulidad pretendida sólo se proyectarán hacia el pasado.

Los principios de seguridad jurídica y de orden público económico a los que se refiere a sentencia recurrida no se han plasmado en una norma que prohíba la declaración de nulidad de una norma inserta en un contrato ya agotado. Tales principios se han plasmado en nuestro ordenamiento jurídico en las normas reguladoras de la caducidad y la prescripción, normas que no resultan aplicables al caso, entre otras razones porque no concurre la primera y no se ha invocado la segunda.

Es más, cuando el artículo 1.301 del Código Civil establece el momento de inicio del cómputo de la acción de nulidad por error, o dolo, o falsedad de la causa, lo hace coincidir con el de la consumación del contrato, es decir, con la fecha de cumplimiento o agotamiento de sus efectos. Lo anterior se dice no porque se considere que la nulidad de la cláusula suelo interesada tanga amparo en dicho precepto, sino porque es una norma que evidencia que es posible declarar la nulidad de un contrato ya cumplido.

En este sentido pueden citarse algunas sentencias de la llamada Jurisprudencia Menor.

Así, en la sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, sec. 1ª, S 13-11-2017, nº 193/2017, recurso 249/2017 se puede leer lo siguiente: '9.- La parte demandada alegó en su escrito de oposición al recurso de apelación algo que ya había argüido en su contestación a la demanda: que no era posible la declaración de abusividad / nulidad de la cláusula controvertida porque el préstamo objeto de esta 'litis' se encuentra cancelado desde octubre de 2015. Nosotros discrepamos sin embargo de esta tesis. Es factible llevar a efecto un control de validez de una condición general de la contratación incluida en un contrato de préstamo que a la fecha de interposición de la demanda estaba cancelado. Recordemos que en la demanda se ejercita una acción al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación , formulada en atención al carácter abusivo que se atribuye a la estipulación controvertida, a tenor de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Del ejercicio de esa acción deriva el demandante además como consecuencia, el ejercicio de una reclamación dineraria, consistente en las sumas pagadas por el prestatario a consecuencia de la aplicación de la referida cláusula. La acción ejercitada es la de 'nulidad absoluta', como resulta incuestionablemente de lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril , sobre condiciones generales de la contratación (EDL 1998/43305) que dispone '1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. / 2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios '

Ese art. 10. Bis, 2 de la Ley 26/1984 de 19 julio , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (EDL 1984/8937), establecía que 'serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas abusivas'. Este precepto ha sido reproducido de forma semejante en el actual y vigente art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (EDL 2007/205571), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que prevé que 'las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.' En consecuencia, siendo claro que la acción ejercitada es la de nulidad absoluta o de pleno derecho, lo siguiente que debemos decir es que esa acción, como es sabido, no está sujeta al plazo de caducidad de cuatro años del artículo 1301 del Código Civil (EDL 1889/1) sino que por el contrario es imprescriptible. En este sentido, el Tribunal Supremo, por ejemplo, en constante jurisprudencia de ociosa cita viene a establecer que 'los contratos afectos de nulidad absoluta, radicalmente nulos, inexistentes en derecho, no pueden convalidarse por el transcurso del tiempo. La acción de nulidad es imprescriptible' (ver por ejemplo Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2006 que a su vez cita otras de 9 de abril de 1997, 14 de marzo de 2000 - con cita a su vez de Sentencias del Tribunal Supremo de 6-4-84 , 10-10-88 , 23-10-92 , 8-3-94 y 9-5-95 - y de 18 de octubre de 2005 ). Por consiguiente, siendo la acción imprescriptible, el que nos hallemos ante un contrato cancelado no impide la interposición de la acción, pues en general, la extinción de un contrato no impide que se puedan formular después reclamaciones siempre y cuando nos hallemos ante el ejercicio de acciones interpuestas en plazo (lo que sucede obviamente en caso de ejercicio de una acción imprescriptible) y cuyo objeto o razón de ser subsista, como es el caso, en la medida en que la acción de nulidad ejercitada en nuestro caso, constituye precisamente el soporte inexcusable para la acción de reclamación dineraria que asimismo se ejercita (no sería factible la devolución de las sumas que el actor impetra sobre la base de la abusividad de la cláusula, si dicha cláusula no pudiera ser declarada abusiva por haberse extinguido el contrato ).'

Y en la Sentencia núm. 676/2017 de 22 diciembre de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 1 ª), Ardi. JUR 201836566, se razona de la siguiente manera: 'CUARTO.- Para resolver la cuestión planteada, netamente jurídica, debemos comenzar por traer a colación la STS de 19 de noviembre de 2015 , según la cual, 'La nulidad se define como una ineficacia que es estructural, radical y automática. Estructural, porque deriva de una irregularidad en la formación del contrato; y radical y automática, porque se produce 'ipso iure' y sin necesidad de que sea ejercitada ninguna acción por parte de los interesados, sin perjuicio de que por razones de orden práctico pueda pretenderse un pronunciamiento de los tribunales al respecto.

Además, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando que cuando se trata de nulidad absoluta, la acción ni caduca ni prescribe, entre otras STS de 25 de abril de 2013 , aunque en este caso, no se ha invocado la prescripción, que solamente puede apreciarse a instancia de parte.

Por tanto, procede partir del hecho cierto, de que la acción declarativa de nulidad de una cláusula abusiva es imprescriptible, de modo, que el interesado podrá ejercitar dicha acción cuando lo tenga por conveniente. Siendo ello así, debemos convenir que, con independencia de que el contrato de préstamo haya sido objeto de cancelación por su amortización o por cualquier otra circunstancia, nada impide que se pueda instar la nulidad de la cláusula suelo que en él se contiene.

Piénsese en un contrato de arrendamiento que se haya extinguido por expiración del plazo. Nada impediría al arrendador reclamar las rentas vencidas y adeudadas, por más que el contrato en sí se haya extinguido.

Como hemos dicho, en este caso se trata de una acción de nulidad que pretende la eliminación de una cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, como claramente se dice en la demanda, cuando se refiere a la acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, como lo es la cláusula suelo.

Reiteramos que estamos ante una acción de nulidad y no ante una acción resolución contractual, en cuyo caso, sí tendría razón la parte apelante, pues no es posible en Derecho resolver un contrato que ya se ha cumplido.

Además, la posibilidad jurídica de promover la nulidad de una cláusula o la nulidad parcial de un contrato, una vez sus prestaciones se han cumplido está prevista en el Art. 1.301 CC (LEG 1889, 27) cuando regula el plazo de prescripción de la acción de nulidad, en los casos de error, dolo o falsedad en la causa, al establecer que el plazo de cuatro años comenzará a contarse desde la consumación del contrato.

Por tanto, dicho precepto autoriza que de un contrato ya consumado, como puede ser el que nos ocupa, de préstamo hipotecario entre la parte actora y la entidad bancaria, puedan anularse todas o algunas de sus cláusulas, aun cuando a la fecha de presentación de la demanda, se hubiera cancelado por amortización anticipada, como es el caso.

Otro ejemplo de la posibilidad de promover la acción de nulidad es el que viene resolviendo esta Audiencia Provincial con reiteración, al declarar la validez de un contrato de novación suscrito entre consumidor y entidad bancaria, en el que acuerdan dejar sin efecto la cláusula suelo, y sin embargo, ello no obsta a que se promueva la acción de nulidad de la cláusula suelo con devolución de las cantidades abonadas en exceso desde la constitución de la hipoteca hasta que la dejan sin efecto en el contrato privado de novación. Vemos que se estima la acción de nulidad de la cláusula suelo, con los efectos económicos señalados, aún cuando a la fecha de interposición de la demanda, dicha cláusula suelo ya no existe porque las partes han convenido dejarla sin efecto.

Los motivos referidos a la imposibilidad jurídica de promover la nulidad de una cláusula o la nulidad parcial de un contrato, una vez sus prestaciones se han cumplido y de prescripción de las acciones en reclamación de cantidades, por lo expuesto se desestima.

2) Asimismo han de rechazarse las alegaciones en cuanto al fondo referidas a validar la clausula suelo, pues si bien la juzgadora de instancia entiende superado el control de inclusión y a que consta acreditado que la entidad bancaria efectuó la oferta vinculante firmada por la demandante con las condiciones financieras del préstamo hipotecario incluida la cláusula suelo (documento nº 1 de la contestación a la demanda) aunque no consta la fecha en la oferta vinculante, teniendo en cuenta que el Notario hizo constar expresamente en la Escritura Pública (documento nº 2 de la demanda) que 'Previa exhibición a la parte prestataria de la oferta vinculante que a estos efectos, me ha entregado la entidad prestamista, manifiesta que es idéntica a la oferta vinculante que en su día le hizo dicha entidad', lo que acredita que la demandante recibió la oferta vinculante con antelación a la firma de la Escritura Pública de préstamo hipotecario y tuvo oportunidad de conocer que el préstamo que iba a suscribir incluía clausula suelo (Euribor más 0Ž50% y con límite mínimo del 3% y máximo del 15%) no cabe entender, en cambio, superado el control de transparencia al no constar acreditado que la entidad bancaria advirtiera a la prestataria que a corto y/o medio plazo operaria dicho límite mínimo y convertiría al préstamo (en este caso un contrato de larga duración) a interés variable a corto o medio plazo en un interés mínimo fijo, variable nada más al alza.

Razones que exigen desestimar el recurso interpuesto por la representación de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja).

CUARTO.-Al desestimarse el recurso procede imponer a la entidad recurrente las costas de esta alzada.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española aprobada por el pueblo español.

Fallo

Quedesestimandoel recurso de apelación interpuesto por la representación de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca (Globalcaja), contra la sentencia dictada por la Ilustrísima Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 Bis de Albacete, en fecha trece de julio de dos mil dieciocho , debemosCONFIRMAR Y CONFIRMAMOSla misma. Se impone a la entidad recurrente las costas de esta alzada.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario. Cabe interponer recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación ante este Tribunal, en los términos previstos en los arts. 468 y ss., y 477 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Expíd ase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.