Sentencia CIVIL Nº 302/2020, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 982/2018 de 30 de Julio de 2020

Encabezamiento

Secció núm. 03 de l'Audiència Provincial de Tarragona. Civil

Avinguda Presid. Lluís Companys, 10 - Tarragona

43005 Tarragona

Tel. 977920103

Fax: 977920113

A/e: aps3.tarragona@xij.gencat.cat

NIG 4316142120168231728

Recurs d'apel·lació 982/2018 D

Matèria: Judici verbal precari

Òrgan d'origen: Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Valls

Procediment d'origen: Judici verbal (desnonament precari - art. 250.1.2) 679/2016

Part recurrent / Sol·licitant: Jesús María

Procurador/a: Merce Pallach Olive

Advocat/ada: SÍLVIA RAMO GUERRERO

Part contra la qual s'interposa el recurs: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA

Procurador/a: JOSEP FARRE LERIN

Advocat/ada: XAVIER SANCHA LÓPEZ

SENTÈNCIA NÚM. 302/2020

MAGISTRATS IL·LMS. SRS.

JOAN PERARNAU MOYA (President)

LUIS RIVERA ARTIEDA

MANUEL GALÁN SÁNCHEZ (Ponent)

Tarragona, a 30 de juliol de 2.020.

Vist per aquesta Secció Tercera de la Audiència Provincial el RECURS D'APEL·LACIÓ interposat pel Sr. Jesús Maríarepresentat per la Procuradora dels Tribunals Sra. Pallach Olivé i defensat per la Lletrada Sra. Ramo Guerrero, contra la Sentència de 15 de febrer de 2.018 dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Valls, judici verbal (desnonament per precari) núm. 679/2016, al qual figura com a part demandant BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. representat pel Procurador dels Tribunals Sr. Farré Lerín i assistit pel Lletrat Sr. Sancha López, i com a part demandada, entre altres, l'apel· lant.

Antecedentes

Primer.La resolució recorreguda conté la següent Decisió:

'Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don Josep Farré Lerín, en nombre y representación de BBVA S.A., contra DON Bruno E IGNORADOS OCUPANTES y en consecuencia, declaro:

- La situación de precario de LOS IGNORADOS OCUPANTES de la vivienda sita en Vallmoll, URBANIZACION000, CALLE000 Nº NUM000.

- Se condena a LOS IGNORADOS OCUPANTES a estar y pasar por la declaración anteriores, y, en consecuencia, a reintegrar a la demandante la inmediata posesión y disfrute de la vivienda sita en Vallmoll, URBANIZACION000, CALLE000 Nº NUM000, que deberá quedar libres, vacuas y expeditas de todas las pertenencias de los demandados apercibiéndola de lanzamiento para el caso de que no verifique voluntariamente el desalojo.

No se hace especial condena en costas procesales.'

Segon.Contra la citada resolució es va interposar recurs d'apel·lació per la representació processal del Sr. Jesús María d'acord a les al· legacions contingudes al seu escrit.

Tercer.Per la representació processal de la part apel·lada BBVA es va presentar escrit d'oposició al recurs.

Fundamentos

Primer.Motius d'apel·lació.

1. Interposa la representació processal del Sr. Jesús María el present recurs d'apel·lació contra la sentència d'instància que estima la demanda formulada per l'adversa exercitant una acció de desnonament per precari.

2. Al·lega la part recurrent que ' Que no se ha tenido en cuenta que mi representado en la actualidad no trabaja y que sí estaría dispuesto a que se le otorgara un alquiler social de la vivienda ocupada'(foli 94 de les actuacions).

Segon. Decisió de la Sala.

1. Tal i com es diu a la resolució impugnada, la part acora ha acreditat ser titular de l'immoble ocupat, mentre que la part demandada no ha acreditat cap títol legitimador de la seva possessió del mateix, com constituïa la seva càrrega processal ( article 217 de la LEC); de fet, al seu escrit de contestació a la demanda manifiesta que ' es cierto asimismo que el hecho expuesto de contrario respecto que ha sido una ocupación inconsentida de la vivienda pero ello obedece al estado de necesidad y precariedad en que se encuentra'(foli 71). Aixó és suficient per desestimar el recurs d'apel·lació.

2. En qualsevol cas, i citant la nostra Sentència de 11-06-2020 (ROJ: SAP T 691/2020) afegirem:

'QUINTO: Pretendida infracción del art. 47 de la Constitución , de Convenios Internacionales o de la doctrina del TJUE.- Al margen de que estamos en la fase declarativa del proceso, no puede pedirse la suspensión del procedimiento o la revocación de la sentencia con fundamento en un derecho constitucional a una vivienda digna del art. 47 de la Constitución , invocando el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales o poniendo en duda la constitucionalidad o legalidad conforme a los Tratados y Convenios Internacionales de un proceso que, como el de autos, puede determinar el desalojo forzoso de la parte recurrente. El derecho a una vivienda digna no tiene protección constitucional directa e inmediata, es decir, no es directa e inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo y no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar ante los tribunales su efectiva satisfacción, sino que precisa de desarrollo legislativo.

Cabe citar la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2019 Rec.4703/2018 , que se ocupó del recurso de inconstitucionalidad respecto de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas y que se ocupa de descartar la inconstitucionalidad de un procedimiento de desalojo forzoso y rechaza la argumentación de contrariedad con los Tratados Internacionales de los que España forma parte. Esta sentencia dispone: '...conviene recordar ante todo que el art. 47 CE no reconoce un derecho fundamental, sino que enuncia 'un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos ( art. 53.3 CE ) en el ejercicio de sus respectivas competencias' ( STC 152/1988, de 20 de julio , FJ 2; y en el mismo sentido, SSTC 59/1995, de 17 de marzo, FJ 3 , y 36/2012, de 15 de marzo , FJ 4). Los poderes públicos vienen así obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en particular regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, conforme determina el art. 47 CE . Por tanto, en la medida en que el art. 47 CE no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica, una directriz constitucional dirigida a los poderes públicos, la regulación controvertida no puede en ningún caso contravenir el mandato del art. 10.2 CE de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce (esto es, los contenidos en los arts. 14 a 29 , más la objeción de conciencia del art. 30.2) de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. De todos modos, ni siquiera en la hipótesis de que el art. 47 CE reconociese un derecho fundamental -lo que no es el caso- cabría admitir que los textos internacionales sobre derechos humanos invocados por los recurrentes constituyesen canon para el control de constitucionalidad de la regulación legal impugnada. Este Tribunal tiene reiteradamente declarado, y procede recordarlo una vez más, que la utilidad hermenéutica de los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por España para configurar el sentido y alcance de los derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 CE , no convierte a tales instrumentos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. De suerte que una eventual contradicción por una ley de esos tratados no puede fundamentar la pretensión de inconstitucionalidad de esa ley por oposición a un derecho fundamental ( SSTC 28/1991, de 14 de febrero , FJ 5 ; 36/1991, de 14 de febrero , FJ 5 ; 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 5 , y 140/2018, de 28 de diciembre , FJ 5, por todas). Por otra parte, cuando el art. 25.1 de la Declaración universal de derechos humanos y el art. 11.1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales , citados en el recurso, reconocen el derecho de las personas a un nivel de vida suficiente que les asegure, entre otros beneficios, una vivienda adecuada, es claro que tales preceptos no reconocen un derecho subjetivo exigible, sino que configuran un mandato para los Estados parte de adoptar medidas apropiadas para promover políticas públicas encaminadas a facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna. En este mismo sentido, el art. 34.3 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a una ayuda social y una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha corroborado en su auto de 16 de julio de 2015, asunto C-539/14 , § 49, que esta disposición de la Carta no garantiza el derecho a la vivienda, sino el 'derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda', en el marco de las políticas sociales basadas en el art. 153 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea . Ese mandato a los Estados de promover el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada ha sido asumido de manera expresa por el Estado español, no solo mediante el art. 47 CE , sino también en diversos Estatutos de Autonomía ( STC 93/2015, de 14 de mayo , FJ 14). Ahora bien, ese mandato dirigido a los poderes públicos no es incompatible en modo alguno con el establecimiento por el legislador de procedimientos judiciales para dirimir las controversias que puedan suscitarse acerca del mejor derecho en relación con la titularidad y posesión sobre los bienes inmuebles; con el consiguiente derecho de quien hubiera obtenido una resolución judicial a su favor que decrete el desalojo del ocupante a instar la ejecución de dicha resolución'.

3. En definitiva, per tot el que s'ha exposat, i considerant correcta la valoració de la prova efectuada per la Jutgessaa quo, el present recurs ha de ser íntegrament desestimat.

Tercer. Costes de la segona instància.

Ex. article 398 LEC, la desestimació del recurs d'apel·lació determina la imposició de les costes d'aquesta alçada a la part recurrent.

Fallo

ES DESESTIMA ÍNTEGRAMENT EL RECURS D'APEL·LACIÓ interposatpel Sr. Jesús María contra la Sentència de 15 de febrer de 2.018 dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Valls, judici verbal (desnonament per precari) núm. 679/2016 i, en conseqüència:

1. Es confirma íntegrament la resolució recorreguda.

2. S'imposen a la part apel·lant les costes de la segona instància.

S'acorda donar als dipòsits que al seu cas s'haguessin constituït la destinació legalment prevista.

Contra la present resolució les parts legitimades poden interposar recurs de cassació i/o extraordinari per infracció processal, davant d'aquest Tribunal en el termini de vint dies comptats des del següent a la seva notificació, de conformitat amb els criteris legals i jurisprudencials d'aplicació.

Retorneu les actuacions originals al Jutjat de procedència, amb testimoni de la present resolució, i demaneu d'aquell rebut.

Així ho acordem i signem.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la màxima diligència.

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials, que l'ús que se'n pugui fer ha de quedar circumscrit a l'àmbit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies de l'Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals establertes per al cas que se'n faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).