Encabezamiento
Secció núm. 02 Civil de l'Audiència Provincial de Girona (UPSD AP Civil Sec.02)
Plaça Josep Maria Lidón Corbí, 1, pl. 5a - Girona
17001 Girona
Tel. 972942368
Fax: 972942373
A/e: upsd.aps2.girona@xij.gencat.cat
NIG 1706642120208065698
Recurs d'apel·lació 424/2021 2
Matèria: Apel·lació civil
Òrgan d'origen: Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de Figueres
Procediment d'origen: Judici verbal especial sobre capacitat 126/2020
Entitat bancària: Banc de Santander
Per a ingressos en caixa, concepte: 1647000012042421
Pagaments per transferència bancària: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
Beneficiari: Secció núm. 02 Civil de l'Audiència Provincial de Girona (UPSD AP Civil Sec.02)
Concepte: 1647000012042421
Part recurrent / Sol·licitant: Joaquina
Procurador/a: Narcís Jucglà Serra
Advocat/ada: Judit Clos Creus
Part contra la qual s'interposa el recurs: MINISTERI FISCAL
Procurador/a:
Advocat/ada:
SENTÈNCIA NÚM. 313/2021
Il·lms. Srs:
PRESIDENT
Sr. JOSÉ ISIDRO REY HUIDOBRO
MAGISTRATS
Sr. JOAQUIM FERNÁNDEZ FONT
Sra. MARIA ISABEL SOLER NAVARRO
Girona, 20 de juliol de 2021
Antecedentes
PRIMER.El 16 de juny de 2021 es van rebre les actuacions de Judici verbal especial sobre capacitat 126/2020, procedents del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de Figueres, a fi de resoldre el recurs d'apel·lació interposat pel procurador Narcís Jucglà Serra, en representació de Joaquina, contra la sentència de data 23 de març de 2021, en què consta com a part apel·lada el Ministeri Fiscal.
SEGON.El contingut de la decisió de la Sentència objecte de recurs és el següent:
'FALLO
ESTIMO la demanda promovida por el Ministerio fiscal, frente a Joaquina, debo:
1.- DECLARAR que Dª Joaquina es PARCIALMENTE INCAPAZ para la administración y disposición de sus bienes, así como en el ámbito sanitario, necesitando del soporte del curador para el seguimiento y tratamiento adecuado de la enfermedad que padece. En tal sentido necesitará la asistencia del curador, sin necesidad de autorización judicial para los siguientes actos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 290 del CCpara todo lo no previsto en esta resolución:
-Para decidir su permanencia en residencia o su internamiento en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
-Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo, susceptibles de inscripción.
-Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones.
-Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, para repudiar ésta o las liberalidades.
- Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
-Para entablar demanda, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
-Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
- Para dar y tomar dinero a préstamo.
- Para disponer a título gratuito de bienes o derechos.
- Para ceder a terceros los créditos o adquirir a título oneroso los créditos de terceros.
- Para proceder a la partición o a la división de la herencia, salvo que exista conflicto de intereses.
Se prohíbe expresamente al curador: a) recibir liberalidades del pupilo o causahabientes mientras no se haya aprobado definitivamente su gestión; b) representar al pupilo cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses, y c) adquirir por título oneroso bienes del sujeto a curatela o transmitirle por su parte bienes por igual título.
2.- Se nombra CURADOR de Joaquina a la Fundación Tutelar de les Comarques Gironines, a quien se hará saber el nombramiento para que, previa citación, comparezca ante este juzgado a fin de aceptar y jurar o prometer el cargo, darle posesión del mismo y proveerle del correspondiente título.
Verificado, la Curatela debe inscribirse en el Registro Civil de ésta ciudad remitiéndole testimonio de esta resolución en el que conste la aceptación y juramento o promesa del cargo.
El curador deberá informar anualmente sobre la situación del incapacitado y rendir cuentas anuales de su gestión a fecha 31 de diciembre de cada anualidad. Dicha rendición consistirá en una relación detallada de los gastos e ingresos acaecidos en el patrimonio del incapacitado parcialmente, que habrá de ir acompañada de documentos originales; justificativos de los mismos.
3.- No se hace expresa condena en las costas procesales'.
TERCER.El recurs es va admetre i es va tramitar de conformitat amb la normativa processal per a aquest tipus de recursos.
Es va assenyalar la data per dur a terme la deliberació, votació i decisió, que han tingut lloc el .
QUART.En la tramitació d'aquest procediment s'han observat les normes processals essencials aplicables al cas.
Es va designar com a ponent el magistrat Joaquim Fernández Font.
Fundamentos
Tema litigiós.
PRIMER.La sentència de primera instància, ha estimat la demanda presentada pel Ministeri Fiscal i ha declarat la incapacitat parcial de la Sra. Joaquina, establint com a mesura de protecció adequada la curatela a càrrec de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.
Igualment, ha determinat els actes que la Sra. Joaquina no pot fer per sí sola, respecte dels quals requerirà el complement de capacitat de la persona jurídica curadora.
SEGON.La Sra. Joaquina no està d'acord amb aquesta decisió.
El seu recurs es basa en diversos motius que a continuació estudiarem separadament.
Abans de fer-ho, però, considerem necessari establir els principis que d'acord amb la normativa internacional i la interna, així com amb la jurisprudència, han de regir aquesta matèria.
Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2.006.
TERCER.Aquest Conveni, pretén establir uns criteris generals aplicables a les mesures de protecció aplicables a persones amb discapacitat.
Espanya s'hi va adherir l'any 2.008, el que fa que els seus principis s'hagin de considerar part de l'ordenament jurídic català, que és l'aplicable al cas.
QUART.La sentència del Tribunal Suprem de 6 de maig de 2.021, fa un repàs a la incidència que ha de tenir aquella norma internacional en el tractament de la discapacitat de les persones, comparant-lo amb el sistema que habitualment se seguia abans de la seva entrada en vigor a Espanya.
Aquesta resolució explica:
'está absolutamente superado el tratamiento jurídico que se le venía dispensando a la discapacidad, basado en la adopción de decisiones maximalistas que optaban, de forma indiscriminada, por mecanismos de sustitución a través de la generalización de la tutela, como modelo de representación absoluta y permanente...
Según esta concepción, durante mucho tiempo dominante, personas que adolecían de ciertas deficiencias en la esfera personal o patrimonial eran totalmente inhabilitadas para la vida social, con la correlativa anulación de sus capacidades de autodeterminación, equivalentes a su muerte civil. Situación que se producía dado que, los entonces denominados procesos de incapacitación, se dirimían bajo la dicotomía capaz/incapaz...
En el modelo expuesto, se prescindía, de manera injustificada, del hecho notorio de que las personas con discapacidad no conforman un colectivo homogéneo sino dispar, y como tal tributario de una consideración individualizada. Se ignoraba indebidamente que todos somos diversos y que cada persona con discapacidad es diferente.
Este rechazable modelo de respuesta única, a través de la incapacitación total, ha sido refutado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias de 27 de marzo de 2008, asunto Chtoukatourov c/Rusia y de 22 de enero de 2013, asunto Lashin c/Rusia, remitiéndose a los principios relativos a la protección jurídica de los mayores formulados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su Recomendación R (99), 4, de 23 de febrero de 1999, según los cuales la legislación debe prever una respuesta individualizada para cada caso concreto...
A esta pretensión tuitiva de la autonomía de las personas, enraizada con la dignidad que ostentamos los seres humanos, responde el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, suscrito por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, cuando reconoce 'que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano' y 'reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones'.
CINQUÈ.A continuació, la mateixa sentència, concreta els trets fonamentals del Conveni esmentat:
'En el contexto expuesto, se inserta el precitado Convenio de Nueva York, en cuyo artículo 12.1 se dispone que: 'Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica'. Y, en el apartado 2 , de dicho precepto, se norma que: 'Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida'. En este sentido, la capacidad jurídica se identifica con la denominada capacidad de obrar.
Es mérito del Tratado reconocer a las personas, que presentan disfunciones, la misma capacidad jurídica de la que gozan las otras personas que no sufren deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo en los términos del art. 1.1 del Convenio, sin perjuicio de que, para el concreto ejercicio de los derechos, precisen un sistema de apoyos. Así se dispone, en el apartado 3 del tantas veces invocado art. 12, según el cual: 'los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica'.
SISÈ.Més endavant, fa un resum de la incidència que ha tingut en la jurisprudència del Tribunal Suprem respecte de les mesures de protecció que contempla el Codi civil espanyol per a les persones amb discapacitat:
'La vigencia del Convenio de Nueva York, considerado como el gran tratado de derechos humanos del siglo XXI, determinó la necesidad del pronunciamiento de esta Sala sobre la compatibilidad del sistema tutelar español con la precitada Convención, lo que se llevó a efecto mediante sentencia de Pleno 282/2009, de 29 abril , en la que se descartó que nuestro procedimiento de modificación de la capacidad y de constitución de tutela o curatela sean discriminatorios y contrarios a los principios del tratado, que no resultaba, por consiguiente, derogado, y así declaramos que:
'El sistema de protección establecido en el Código Civil sigue por tanto vigente, aunque con la lectura que se propone: '1.° Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de protección. 2.° La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada'.
Dicha doctrina fue ratificada en sentencias ulteriores como, por ejemplo, las 716/2015, de 15 de julio y 298/2017, de 16 de mayo , entre otras'.
SETÈ.Finalment, fa una síntesi del principis bàsics que han de regir qualsevol resolució judicial en aquesta matèria:
'A) Principio de presunción de capacidad de las personas.
Conforme a tal regla a toda persona se le debe presumir capaz para autogobernarse, en tanto en cuanto no se demuestre, cumplidamente, que carece de las facultades para determinarse de forma autónoma ( sentencias 421/2013, de 24 de junio ; 235/2015, de 29 de abril ; 557/2015, de 20 de octubre y 145/2018, de 15 de marzo ).
En cualquier caso, hemos de partir de la indiscutible base de que una conducta extravagante, inusual o desviada no es sinónima de enajenación ( STEDH dictada en el caso Winterwerp, de 24 de octubre de 1979 ).
B) Principio de flexibilidad.
El sistema de protección no ha de ser rígido, ni estándar, sino que se debe adaptar a las conveniencias y necesidades de protección de la persona afectada y, además, constituir una situación revisable ( sentencia 282/2009, de 29 de abril ). 'Debe ser un traje a medida' ( sentencias 341/2014, de 1 de julio y 244/2015, de 13 de mayo ). Responder a una 'valoración concreta y particularizada de cada persona' ( sentencias 557/2015, de 20 de octubre y 373/2016, de 3 de junio ). En definitiva, a situaciones diversas medidas individualizadas diferentes.
C) Principio de aplicación restrictiva.
La incapacitación de una persona, total o parcial, debe hacerse siguiendo siempre un criterio restrictivo por las limitaciones de los derechos fundamentales que comporta ( sentencias 421/2013, de 24 de junio y 544/2014, de 20 de octubre ). La privación de derechos sólo es factible como sistema de protección ( sentencias 341/2014, 1 de julio y 716/2015, de 17 de diciembre ). La pérdida del sufragio no es una consecuencia necesaria de la declaración de modificación de la capacidad ( sentencias 421/2013, de 24 de junio ; 181/2016, de 17 de marzo y 373/2016, de 3 de junio ).
D) Principio de la no alteración de la titularidad de los derechos fundamentales.
La modificación de la capacidad, al igual que la minoría de edad, no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio ( sentencias 617/2012, de 11 de octubre ; 421/2013, de 24 de junio ; 341/2014, 1 de julio , 544/2014, de 20 de octubre ; 244/2015, de 13 de mayo ; 216/2017, de 4 de abril y 118/2018, de 6 de marzo ).
E) Principio del interés superior de la persona con discapacidad.
El interés superior del discapacitado se configura como un principio axiológico básico en la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de las medidas de apoyo, que recaigan sobre las personas afectadas.
A dicho principio se refiere la sentencia 458/2018, de 18 de julio .
El juicio de modificación de la capacidad no puede concebirse como un conflicto de intereses privados y contrapuestos entre dos partes litigantes, que es lo que, generalmente, caracteriza a los procesos civiles, sino como el cauce adecuado para lograr la finalidad perseguida, que es la real y efectiva protección de la persona con discapacidad mediante el apoyo que pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica ( sentencias 341/2014, de 1 de julio , 244/2015 de 13 mayo , 557/2015 de 20 octubre , 597/2017, de 8 de noviembre y 654/2020, de 3 de diciembre , entre otras).
F) Principio de consideración de los propios deseos y sentimientos de la persona con discapacidad.
No deja de ser una manifestación del derecho de autodeterminación que, en la medida de lo posible, ha de ser respetado, lo que exige para su operatividad la consulta de la persona afectada. En cualquier caso, es necesario determinar que la voluntad manifestada no esté mediatizada por el propio curso de la enfermedad que se padece, fuente de la necesidad de apoyos.
G) Principio de fijación de apoyos.
La jurisprudencia se ha pronunciado también en el sentido de que el sistema de apoyos está integrado en el Derecho español por la tutela y la curatela, junto a otras figuras, como la guarda de hecho y el defensor judicial, que también pueden resultar eficaces para la protección de la persona en muchos supuestos ( sentencias 298/2017, de 16 de mayo y 654/2020, de 3 de diciembre , entre otras), los cuales deben interpretarse además conforme a los principios de la Convención, según el grado de intensidad de la intervención, la entidad del apoyo o la necesidad de la sustitución se adoptará el mecanismo tuitivo correspondiente.
Corresponde a los tribunales determinar las concretas medidas que permitan el ejercicio de las facultades de autodeterminación que los sujetos con deficiencias posean o conserven.
El mecanismo representativo de protección viene constituido por la tutela, como forma de apoyo más intensa reservada para los supuestos en los que la persona afectada no pueda tomar autónomamente decisiones en los asuntos de su incumbencia, ni por sí misma, ni tampoco con el apoyo de otras personas...Ahora bien, cuando proceda la adopción de medidas de apoyo menos intensas, sin necesidad de acudir al mecanismo de la sustitución, pues la persona afectada conserva facultades de autodeterminación en distinto grado es suficiente el mecanismo de la curatela, concebido como asistencia o complemento de capacidad ( arts. 287, 288 y 289 CC)...
El curador 'no suple la voluntad del afectado, sino que la refuerza, controla y encauza, complementando su deficiente capacidad, por lo que su función no viene a ser de representación, sino más bien de asistencia y protección en el concurso que presta su apoyo e intervención para aquellos actos que haya de realizar el incapaz y estén especificados en la sentencia, los que no tienen que ser específicamente de naturaleza patrimonial' ( sentencias del Tribunal Supremo 341/2014, de 1 de julio , y 698/2014, de 27 de noviembre '.
En el mateix sentit es pronuncia la sentència del Tribunal Suprem de 3 de desembre de 2.020 entre altres moltes.
VUITÈ.També la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha mantingut el mateix criteri i ha aplicat idèntics principis.
Per exemple, la sentència de 4 de juny de 2.018 argumenta en referència al Codi civil de Catalunya:
'Según las normas comunes a todas las figuras jurídicas de protección, recogidas en los artículos 221-1 a 221-5, el legislador atribuye a estas instituciones la actuación de un deber que, bajo el control de la autoridad judicial, debe ejercerse en interés de la persona protegida y de acuerdo con su personalidad, procurando que las decisiones que le afecten respondan a sus anhelos y expectativas.
Expuesto lo anterior, ciertamente la tutela es la institución que más incide en la capacidad de obrar de la persona con capacidad modificada...
Por el contrario, la curatela se concibe como una institución complementadora de la capacidad en la que es la persona protegida la que actúa por sí misma'.
NOVÈ.Sobre la base d'aquestes premisses normatives i jurisprudencials, entrarem a valorar els diversos motius del recurs.
Ho farem en un ordre una mica diferent a com han estat plantejats per l'escrit de l'apel·lació, començant per raons sistemàtiques pel relatiu a la manca de motivació.
Manca de motivació de la sentència apel·lada.
DESÈ.El segon motiu del recurs argumenta que la sentència de primera instància no estaria prou motivada.
ONZÈ.La lectura dels raonaments d'aquest motiu del recurs palesen que, en realitat, el que s'està manifestant és un desacord amb la valoració que de la prova presentada ha fet la jutgessa de primera instància, però no que hagi motivat d'una manera insuficient la seva sentència.
Aquesta resolució explica d'una manera clara, entenedora i suficient què l'ha portat, primer, ha entendre que la Sra. Joaquina està parcialment discapacitada, segon, quina és la institució d'ajuda o protecció més adient i, finalment, qui és la persona física o jurídica més adequada per desenvolupar-la.
En definitiva, la motivació de la sentència compleix amb els requisits de l' article 218.2 de la LEC.
Càrrega de la prova.
DOTZÈ.El primer motiu del recurs es fonamenta en la infracció del que disposa l' article 217.1 de la LEC, que imposa la càrrega processal de demostrar la situació de discapacitat a la part que ha promogut la demanda d'incapacitació parcial.
TRETZÈ.Estem d'acord amb aquest punt de partida del recurs.
Segons la normativa i la jurisprudència que hem citat, la capacitat de tota persona física s'ha de presumir, i qualsevol situació de discapacitat que amb més o menys intensitat pugui patir, ha de quedar suficientment demostrada ( sentències del Tribunal Suprem de 6 de maig de 2.021, 15 de març de 2, 018 i 24 de juny i 29 d'abril de 2.015, totes citades anteriorment).
La conseqüència d'aquest principi de presumpció de capacitat és que la part que la insti, en aquest cas el Ministeri Fiscal, haurà de demostrar l'existència de fets que de manera inequívoca acreditin la discapacitat i les seves conseqüències per a la vida quotidiana de la persona afectada.
Com veurem a continuació, la prova presentada és clara i contundent als efectes d'enervar aquella presumpció.
Valoració de la prova.
CATORZÈ.En el tercer motiu del recurs, l'apel·lant centra les raons que la porten a discrepar de la decisió de la resolució impugnada, tot i que ja hem dit que també en el segon (motivació de la sentència) es plantegen qüestions relacionades amb aquesta qüestió.
Sintèticament, el recurs al·lega que el trastorn bipolar mixt de caràcter lleu que pateix, no la incapacita per poder actuar amb total autonomia, sense necessitat que ningú complementi els seus actes amb transcendència econòmica o sanitària, perquè seria completament autosuficient.
En aquest sentit, considera rellevant que malgrat la petició de mesures cautelars, no se'n va adoptar cap.
Per altra banda, al·lega que tampoc existeix cap mena de risc pel seu patrimoni que derivi de la seva actuació.
Igualment, considera que el segon informe escrit dels metges forenses, la redactora del qual va declarar en el judici, s'hauria fet sobre la base de documents que no tots són de caràcter mèdic, el que faria que no tingués valor com a prova pericial.
Finalment, al·lega que les arrelades conviccions religioses de la Sra. Joaquina no es poden considerar com un símptoma de la seva patologia.
QUINZÈ.Com acabem de resumir, el recurs al·lega que l'informe de la metgessa forense de 2 de novembre de 2.020 s'ha fet sobre documents sense rellevància mèdica, llevat del que prové de l'IAS de 23 d'octubre de 2.020.
No hi podem estar d'acord.
La resta de documents a què fa al·lusió aquell informe forense són, ni més ni menys, els respectius informes dels ingressos no voluntaris de la Sra. Joaquina a l'Hospital Martí i Julià (antic Sta. Caterina) arran de descompensacions severes de la seva salut mental, o bé els derivats de les seves compareixences recents en diversos centres mèdics.
Per tant, la seva qualitat d'informes mèdics és innegable.
SETZÈ.Aquest tribunal disposa de fins a quatre informes forenses de la Sra. Joaquina.
Dos escrits, de dates 15 de març de 2.020, previ a la presentació de la demanda d'incapacitació, fet per la Dra. Jeronimo, i de 2 de novembre del mateix any, fet per la Dra. Raimunda.
Els altres dos orals. El primer, la ratificació en el judici d'aquest darrer. El segon, el derivat de l'exploració acordada en aquesta segona instància d'acord amb el que preveu l' article 759.3 de la LEC.
La seva valoració s'ha de fer conjuntament, no parant atenció només amb un, com d'alguna manera pretén el recurs.
Des del primer informe dels metges forenses resulta que la Sra. Joaquina està diagnosticada d'un trastorn bipolar de llarga durada, que es remunta a 36 anys enrere.
Durant tot aquest temps, ha presentat fluctuacions en el seu estat d'ànim, amb simptomatologia psicòtica i manifestacions del conegut com a síndrome de Diògenes.
De manera permanent ha pres la medicació pautada pel facultatius de manera completament irregular i automedicant-se. Decideix quina medicació vol prendre i quina no en funció de criteris purament subjectius.
Té una tendència a la desorganització i a desconfiar en les relacions personals.
És una persona vulnerable i influenciable per tercers.
La seva patologia és crònica i permanent, sense que hi hagi cap perspectiva de millora.
No té cap consciencia de patir una malaltia, el que nega sistemàticament.
Segons aquests informes, necessita supervisió i ajuda per a la seva higiene personal o la de la seva llar.
També la necessita per prendre decisions de contingut econòmic, malgrat que té coneixement de la seva situació econòmica, el que li permet disposar de diners per a les compres quotidianes.
igualment la necessita per prendre adequadament la medicació o per seguir correctament una pauta d'alimentació.
Tot això porta a concloure als metges forenses que necessita l'ajuda de tercers per mirar de garantir una correcta evolució de la seva malaltia, sense descompensacions.
DISSETÈ.El contingut d'aquests informes respon de manera objectiva al que resulta de l'abundant documentació mèdica derivada de les seves assistències en centres mèdics.
En aquest sentit, és especialment revelador l'informe resum de seguiment que va fer un facultatiu de l'IAS.
De manera específica, aquest informe fa al·lusió als tres internaments no voluntaris que va patir. Dos l'any 2.010 i un més l'any 2.015.
Consta a l'expedient els informes individualitzats derivats de cadascun dels ingressos.
DIVUITÈ.L'únic informe mèdic que nega que la Sra. Joaquina pateixi una malaltia mental és el que va fer el Dr. Rafael, de la Clínica Bofill de Figueres, el dia 3 de juny de 2.020, després d'una sola visita en què la primera va demanar una valoració del seu estat.
Un informe que es basa en una sola visita, difícilment pot fer dubtar de la multitud d'informes mèdics a què hem fet esment i que expliquen el resultat d'un seguiment durant molts anys de la Sra. Joaquina, el que fa que tinguin una fiabilitat que no podem atribuir a aquell únic informe, per cert, totalment contradictori amb els demés.
DINOVÈ.De les dues exploracions fetes a la Sra. Joaquina, la primera en el judici de primera instància i la segona per aquest tribunal a l'empara de l' article 759.3 de la LEC, es constata clarament que no té la més mínima consciència de patir una malaltia, el que fa que no prengui la medicació que se li ha prescrit.
Tampoc és conscient de tenir cap problema a l'hora de viure sola o de ser autosuficient en qualsevol àmbit de la vida.
D'alguna manera culpabilitza els seus fills de la situació en què es troba.
De l'exploració feta per aquesta Sala, queda clar que no té massa consciència de las seva situació econòmica.
Va afirmar que no tenia ingressos i era patent que desconeixia que rebia dues pensions públiques.
Per altra banda, tampoc va saber donar massa explicacions sobre els seus béns immobles, algun de la seva exclusiva propietat com una casa a Figueres i d'altres en condomini amb el seu germà.
VINTÈ.Aquella mateixa negació de la malaltia és la que apreciem en les declaracions del seu germà, Sr. Carlos Antonio, qui considera que la seva germana està bé i que no necessita cap mena de tractament. Com va ratificar davant d'aquest tribunal.
És la persona de la seva família que manté un contacte més proper amb l'apel·lant, des del moment en què es va acordar una ordre d'allunyament dels seus dos fills en un procés penal contra ells, iniciat arran d'una denúncia de la seva mare per presumptes maltractaments.
VINT-I-UNÈ.La denegació de les mesures cautelars que en el seu moment es van demanar, no suposa que per aquesta raó les mesurers de suport i protecció que decideix la jutgessa d'instància no siguin correctes, com argumenta el recurs.
No podem oblidar que les mesures cautelars només són de caràcter provisional i tenen la finalitat d'evitar el perill derivat de la durada de la tramitació del procediment.
La seva concessió o denegació es fa sobre la base del material probatori incomplert del qual es disposa en el moment de prendre la decisió.
Contràriament, les mesures que s'acorden en la sentència parteixen de la valoració de totes les proves disponibles quan es dicta, el que fa que la decisió sobre les primeres no pugui mai prejutjar la que pertoqui en la decisió final del litigi.
VINT-I-DOSÈ.Que la sentència impugnada faci constar que la Sra. Joaquina té idees delirants de tipus místic i religiós, no suposa en absolut entrar a valorar les seves creences, totalment respectables, com diu el recurs.
El que es constata és que les pot manifestar d'una manera gens normal, el que comporta una situació patològica delirant, que no deriva de la seva religiositat en sí mateixa, sinó que és una manifestació més de la malaltia mental de base que pateix.
VINT-I-TRESÈ.Per tot el que hem exposat, les proves presentades ens porten a la conclusió que la Sra. Joaquina pateix una malaltia mental, consistent en un trastorn bipolar mixt de caràcter lleu, permanent i que no millorarà.
Ha quedat demostrat que aquesta patologia requereix l'adopció de certes mesures de suport i protecció en alguns àmbits de la seva vida, específicament sanitaris, higiènics i econòmics atesa la seva discapacitat parcial, els qual estarien en risc si no s'adopten aquestes mesures d'ajuda, protecció i complement.
Mesura de protecció adequada.
VINT-I-QUATRÈ.El tercer motiu del recurs també demana, pel cas que aquesta Sala consideri que s'han d'adoptar mesures de suport a l'apel·lant, que es fixi l'assistència que preveu l' article 226-1 del CCCat.
VINT-I-CINQUÈ.Entre les mesures de protecció i suport a les persones amb discapacitat, certament que la normativa catalana preveu la possibilitat d'assistència.
Del contingut del número primer de l'article esmentat, resulta que ha de ser la persona que pateixi una disminució no incapacitant de les seves facultats físiques o psíquiques, quan no pot tenir cura d'ella mateixa o del seu patrimoni, qui la demani.
El punt de partida d'aquesta institució jurídica d'ajuda és la consciència de la pròpia persona afectada sobre les seves mancances o limitacions, fins al punt que ha de ser ella qui demani la constitució de la mesura.
Si en el cas que estudiem partim de la negativa radical de la Sra. Joaquina a reconèixer la seva malaltia, la necessitat de medicació permanent i la conveniència d'unes mesures de suport, queda descartada la possibilitat d'adoptar una mesura que, com acabem de dir, implica una conscienciació de la persona afectada, no una negació total i absoluta de la realitat de la seva situació.
VINT-I-SISÈ.En definitiva, la jutgessa d'instància ha decidit prendre la mesura necessària i menys invasiva possible segons les circumstàncies concurrents, fent aplicació dels principis d'interès superior de l'afectada, de proporcionalitat i de la restricció menor possible a què fa esment la jurisprudència que hem extractat anteriorment.
Àmbit de la curatela.
VINT-I-SETÈ.En el cas que s'opti per mantenir aquesta mesura, el recurs qüestiona que la curatela hagi d'afectar altres àmbits de la vida de la Sra. Joaquina que vagin més enllà del control del compliment de les pautes terapèutiques prescrites pels metges, sense que calgui que afecti també a la seva economia i patrimoni.
VINT-I-VUITÈ.Dels informes forenses que hem citat, així com de les manifestacions de la Sra. Joaquina, especialment les que ha tingut oportunitat de presenciar directament aquest tribunal en l'exploració que va fer, es constata que aquesta petició no s'ajusta en absolut al contingut de la prova presentada.
Des del primer informe forense, es va fer avinent que precisa d'un suport per controlar adequadament la seva economia quotidiana, i amb més motiu, altres decisions més rellevants d'aquesta mena.
La forense Dra. Raimunda, que va declarar en el judici, va ratificar aquesta necessitat pel que fa a gestions més complicades.
VINT-I-NOVÈ.El fet que la sentència impugnada faci al·lusió, al principi del punt 1 de la seva part dispositiva, de manera genèrica a què l'apel·lant és parcialment incapaç per a l'administració i disposició dels seus béns, podria generar dubtes sobre l'abast d'aquesta assistència respecte dels actes de transcendència econòmica.
Tanmateix, a continuació precisa quins seran els concrets actes que requeriran d'aquella mesura de suport, el que fa que s'hagi d'entendre que són aquells, i no cap altra, els que requeriran el complement de l'assistència del curador, que són els d'una especial transcendència o complexitat.
Per tant, la determinació de l'àmbit de l'assistència en l'aspecte econòmic, és coherent amb les capacitats de l'apel·lant segons el que resulta de la prova presentada.
Nomenament de curador.
TRENTÈ.En el darrer motiu del recurs, la Sra. Joaquina qüestiona que s'hagi designat com a curadora a la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.
Aquesta designació hauria alterat l'ordre que preveu l' article 222.10.2 del CCCat.
Demana que es designi com a curador el seu germà Carlos Antonio, amb qui la recurrent manté una estreta relació familiar.
TRENTA-UNÈ.L' article 222-10.2 del CCCat, pel cas que no hi hagi un delació voluntària, preveu un ordre de designació de la persona encarregada d'exercir les funcions tutelars partint de la proximitat en el grau de parentiu amb la persona que requereix la protecció.
El seu número 3 disposa que els jutges, quan ho considerin convenient per als interessos de la persona discapacitada, el poden alterar.
Aquesta norma, pensada per a la tutela, és igualment aplicable a la curatela per raó del que disposa l'article 223-10.
Per tant, tot i que és cert que en principi un germà estaria per davant o seria preferit per desenvolupar la funció de la curatela sobre una persona jurídica com la fundació Tutelar de les Comarques Gironines, també ho és que les circumstàncies en joc poden portar a decidir la preferència d'una fundació sobre un parent per desenvolupar aquella tasca d'assistència.
No podem passar per alt que abans que un germà també estarien els fills.
Tanmateix, la clara hostilitat de la mare en vers els seus fills, fa absolutament impossible designar algun d'ells com a curador, nomenament que molt probablement tindria, atès el posicionament de la Sra. Joaquina, més inconvenient que avantatges.
TRENTA-DOSÈ.Ponderant les circumstàncies que hem exposat, és evident que el nomenament de curador que fa la sentència impugnada és totalment correcte.
Esdevé impossible designar el germà de la Sra. Joaquina com a curador si, com hem dit més amunt, nega que la seva germana estigui malalta o que hagi de prendre cap medicació per evitar situacions de descompensació.
Aquesta convicció del Sr. Carlos Antonio, per molt que tingui una relació familiar estreta amb la seva germana, fa impossible que pugui desenvolupar amb un mínim de rigor i de garanties aquella funció.
Costes.
TRENTA-TRESÈ.De conformitat amb l' article 398.1 de la LEC, imposem les costes de la segona instància a la part apel·lant.
Fallo
PRIMER.Desestimem el recurs d'apel·lació presentat en nom de Joaquina contra la sentencia de primera instància i la confirmem íntegrament.
SEGON.Imposem les costes de la segona instància a la part apel·lant.
Contra aquesta resolució es pot presentar recurs de cassació d'acord amb allò que estableix l' article 477.2.3 de la LEC, si s'acredita el seu interès cassacional, i per infracció processal de conformitat al que preveu la disposició final setzena de la mateixa llei processal.
Serà competent per a la seva resolució el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i s'haurà de presentar davant d'aquesta Secció de l'Audiència en el termini de vint dies des de la seva notificació.
En el moment d'interposar-los s'haurà de fer, si escau, el pagament del dipòsit preceptiu.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i, una vegada ferma, retorneu les actuacions originals al Jutjat de Primera Instància i Instrucció d'on procedeix.
Així ho ha decidit la Sala, integrada pels Il·lms. Srs. Magistrats indicats, els quals, a continuació, signen.
Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i es tractaran amb la màxima diligència.
Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials i que el tractament que se'n pugui fer queda sotmès a la legalitat vigent.
Les parts han de tractar les dades personals que coneguin a través del procés de conformitat amb la normativa general de protecció de dades. Aquesta obligació incumbeix als professionals que representen i assisteixen les parts, així com a qualsevol altra persona que intervingui en el procediment.
L'ús il·legítim de les dades pot donar lloc a les responsabilitats establertes legalment.
Amb relació al tractament de les dades amb finalitat jurisdiccional, els drets d'informació, accés, rectificació, supressió, oposició i limitació s'han de tramitar conforme a les normes que siguin aplicables en el procés en què s'obtinguin les dades. Aquests drets s'han d'exercir a l'òrgan o oficina judicial en què es tramita el procediment i n'ha de resoldre la petició qui en tingui la competència atribuïda en la normativa orgànica i processal.
Tot això de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, la Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el capítol I bis del títol III del llibre III de la Llei orgànica 6/1985, de l'1 de juliol, del poder judicial.
