Sentencia CIVIL Nº 319/2020, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 1004/2018 de 10 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

Secció núm. 03 de l'Audiència Provincial de Tarragona. Civil

Avinguda Presid. Lluís Companys, 10 - Tarragona

43005 Tarragona

Tel. 977920103

Fax: 977920113

A/e: aps3.tarragona@xij.gencat.cat

NIG 4314842120188062671

Recurs d'apel·lació 1004/2018 D

Matèria: Judici verbal desnonament

Òrgan d'origen: Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona

Procediment d'origen: Judici verbal (desnonament precari - art. 250.1.2) 268/2018

Part recurrent / Sol·licitant: Melchor

Procurador/a: Jose Manuel Gracia Marias

Advocat/ada: JOSÉ ANTONIO GRACIA HERMAN

Part contra la qual s'interposa el recurs: SAREB SA

Procurador/a: Jose Manuel Jimenez Lopez

Advocat/ada: ROCÍO VÁZQUEZ LÓPEZ

SENTÈNCIA NÚM. 319/2020

MAGISTRATS IL·LMS. SRS.

JOAN PERARNAU MOYA (President)

LUIS RIVERA ARTIEDA

MANUEL GALÁN SÁNCHEZ (Ponent)

Tarragona, a 10 de setembre de 2.020.

Vist per aquesta Secció Tercera de la Audiència Provincial el RECURS D'APEL·LACIÓ interposat pel Sr. Melchorrepresentat pel Procurador dels Tribunals Sr. Gracia Marías i defensat pel Lletrat Sr. Gracia Hermán, contra la Sentència de 20 de setembre de 2.018 dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, judici verbal (desnonament per precari) núm. 268/18, al qual figura com a part demandant SAREB, S.A. representada pel Procurador dels Tribunals Sr. Jiménez López i assistida per la Lletrada Sra. Vázquez López, i com a part demandada l'apel·lant.

Antecedentes

Primer.La resolució recorreguda conté la següent Decisió:

'ESTIMO la demanda interpuesta por GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB), contra LOS IGNORADOS OCUPANTES DE LA FINCA SITA EN LA C/ DIRECCION000, NUM000, DE TARRAGONA, habiendo comparecido D. Melchor y, en consecuencia, condeno a los demandados a dejar libre y expedito y a disposición de la actora la finca de nº NUM001, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Tarragona, con apercibimiento de lanzamiento si no se llevara a cabo, y al pago de las costas procesales.'

Segon.Contra la citada resolució es va interposar recurs d'apel·lació per la representació processal del Sr. Melchor d'acord a les al·legacions contingudes al seu escrit.

Tercer.Per la representació processal de la part apel·lada SAREB, S.A. es va presentar escrit d'oposició al recurs.

Fundamentos

Primer.Motius d'apel·lació.

1. Interposa la representació processal del Sr. Melchor el present recurs d'apel·lació contra la sentència d'instància que estima la demanda formulada per l'adversa exercitant una acció de desnonament per precari.

2. Al·lega la part recurrent que va concertar el 03-06-2016 un contracte de lloguer de la vivenda amb la Sra. Paula, ' la cual se presentó como la propietaria del inmueble y le hizo entrega de las llaves del domicilio referenciado. Mi representado pactó con la arrendadora la cantidad de 300 euros mensuales de alquiler y en el acto de la firma le entregó 600 eurosen concepto de alquiler'(foli 32 de les actuacions). Igualment fa referència al nombre d'immobles titularitat de l'actora, així com a la sol·licitud d'un lloguer social.

Segon. Decisió de la Sala.

1. Tal i com es diu a la resolució impugnada, la part actora ha acreditat ser titular de l'immoble ocupat, mentre que la part demandada no ha acreditat cap títol legitimador de la seva possessió del mateix, com constituïa la seva càrrega processal ( article 217 de la LEC), no tenint aquesta consideració la simple manifestació de que va subscriure un contracte d'arrendament amb qui es va presentar com a propietària de la vivenda ja que d'una banda, el Registre de la Propietat és públic i, per tant, accessible a qualsevol persona; i d'altra banda, cas d'existir un contracte de lloguer, aquest seria en tot cas aliè al veritable titular de l'immoble de tal forma que aquest no pot quedar vinculat per un hipotètic contracte en el que no ha estat part. Es tractaria, en tot cas, d'un problema entre l'apel·lant i qui es va presentar amb facultats de titularitat. Això és suficient per desestimar el recurs d'apel·lació.

2. Únicament, i citant la nostra Sentència de 11-06-2020 (ROJ: SAP T 691/2020) afegirem:

'QUINTO: Pretendida infracción del art. 47 de la Constitución , de Convenios Internacionales o de la doctrina del TJUE.- Al margen de que estamos en la fase declarativa del proceso, no puede pedirse la suspensión del procedimiento o la revocación de la sentencia con fundamento en un derecho constitucional a una vivienda digna del art. 47 de la Constitución , invocando el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales o poniendo en duda la constitucionalidad o legalidad conforme a los Tratados y Convenios Internacionales de un proceso que, como el de autos, puede determinar el desalojo forzoso de la parte recurrente. El derecho a una vivienda digna no tiene protección constitucional directa e inmediata, es decir, no es directa e inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo y no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar ante los tribunales su efectiva satisfacción, sino que precisa de desarrollo legislativo.

Cabe citar la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2019 Rec.4703/2018 , que se ocupó del recurso de inconstitucionalidad respecto de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas y que se ocupa de descartar la inconstitucionalidad de un procedimiento de desalojo forzoso y rechaza la argumentación de contrariedad con los Tratados Internacionales de los que España forma parte. Esta sentencia dispone: '...conviene recordar ante todo que el art. 47 CE no reconoce un derecho fundamental, sino que enuncia 'un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos ( art. 53.3 CE ) en el ejercicio de sus respectivas competencias' ( STC 152/1988, de 20 de julio , FJ 2; y en el mismo sentido, SSTC 59/1995, de 17 de marzo, FJ 3 , y 36/2012, de 15 de marzo , FJ 4). Los poderes públicos vienen así obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en particular regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, conforme determina el art. 47 CE . Por tanto, en la medida en que el art. 47 CE no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica, una directriz constitucional dirigida a los poderes públicos, la regulación controvertida no puede en ningún caso contravenir el mandato del art. 10.2 CE de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce (esto es, los contenidos en los arts. 14 a 29 , más la objeción de conciencia del art. 30.2) de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. De todos modos, ni siquiera en la hipótesis de que el art. 47 CE reconociese un derecho fundamental -lo que no es el caso- cabría admitir que los textos internacionales sobre derechos humanos invocados por los recurrentes constituyesen canon para el control de constitucionalidad de la regulación legal impugnada. Este Tribunal tiene reiteradamente declarado, y procede recordarlo una vez más, que la utilidad hermenéutica de los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por España para configurar el sentido y alcance de los derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 CE , no convierte a tales instrumentos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. De suerte que una eventual contradicción por una ley de esos tratados no puede fundamentar la pretensión de inconstitucionalidad de esa ley por oposición a un derecho fundamental ( SSTC 28/1991, de 14 de febrero , FJ 5 ; 36/1991, de 14 de febrero , FJ 5 ; 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 5 , y 140/2018, de 28 de diciembre , FJ 5, por todas). Por otra parte, cuando el art. 25.1 de la Declaración universal de derechos humanos y el art. 11.1 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales , citados en el recurso, reconocen el derecho de las personas a un nivel de vida suficiente que les asegure, entre otros beneficios, una vivienda adecuada, es claro que tales preceptos no reconocen un derecho subjetivo exigible, sino que configuran un mandato para los Estados parte de adoptar medidas apropiadas para promover políticas públicas encaminadas a facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna. En este mismo sentido, el art. 34.3 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a una ayuda social y una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha corroborado en su auto de 16 de julio de 2015, asunto C-539/14 , § 49, que esta disposición de la Carta no garantiza el derecho a la vivienda, sino el 'derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda', en el marco de las políticas sociales basadas en el art. 153 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea . Ese mandato a los Estados de promover el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada ha sido asumido de manera expresa por el Estado español, no solo mediante el art. 47 CE , sino también en diversos Estatutos de Autonomía ( STC 93/2015, de 14 de mayo , FJ 14). Ahora bien, ese mandato dirigido a los poderes públicos no es incompatible en modo alguno con el establecimiento por el legislador de procedimientos judiciales para dirimir las controversias que puedan suscitarse acerca del mejor derecho en relación con la titularidad y posesión sobre los bienes inmuebles; con el consiguiente derecho de quien hubiera obtenido una resolución judicial a su favor que decrete el desalojo del ocupante a instar la ejecución de dicha resolución'.

3. En definitiva, per tot el que s'ha exposat, i considerant correcta la valoració de la prova efectuada pel Magistrat d'instància, el present recurs ha de ser íntegrament desestimat.

Tercer. Costes de la segona instància.

Ex. article 398 LEC, la desestimació del recurs d'apel·lació determina la imposició de les costes d'aquesta alçada a la part recurrent.

Fallo

ES DESESTIMA ÍNTEGRAMENT EL RECURS D'APEL·LACIÓ interposatpel Sr. Melchor contra la Sentència de 20 de setembre de 2.018 dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona , judici verbal (desnonament per precari) núm. 268/18 i, en conseqüència:

1. Es confirma íntegrament la resolució recorreguda.

2. S'imposen a la part apel·lant les costes de la segona instància.

S'acorda donar als dipòsits que al seu cas s'haguessin constituït la destinació legalment prevista.

Contra la present resolució les parts legitimades poden interposar recurs de cassació i/o extraordinari per infracció processal, davant d'aquest Tribunal en el termini de vint dies comptats des del següent a la seva notificació, de conformitat amb els criteris legals i jurisprudencials d'aplicació.

Retorneu les actuacions originals al Jutjat de procedència, amb testimoni de la present resolució, i demaneu d'aquell rebut.

Així ho acordem i signem.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la màxima diligència.

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials, que l'ús que se'n pugui fer ha de quedar circumscrit a l'àmbit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies de l'Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals establertes per al cas que se'n faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).