Sentencia Civil Nº 322/2015, Juzgados de lo Mercantil - Burgos, Sección 1, Rec 2300534/2010 de 09 de Octubre de 2015

Encabezamiento

JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4)

BURGOS

SENTENCIA: 00322/2015

JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) DE BURGOS

-

AVDA REYES CATOLICOS, 51 BIS

Teléfono:947284055

Fax: 947-284056

045700

N.I.G.: 09059 42 1 2010 0010375

I72 INC.CONC. RESCI/IMPUG.ACTOS PERJ.MASA(72 ) 2300534 /2010

Procedimiento origen: SECCION I DECLARACION CONCURSO 0000534 /2010

Sobre OTRAS MATERIAS

D/ña. ADMINISTRACION CONCURSAL- Feliciano

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

D/ña. TEBYCON S.A.U

FIRMES DEL NORTE S.L

Procurador/a Sr/a. DAVID NUÑO CALVO; CLAUDIA VILLANUEVA MARTINEZ

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA Nº 322/15

En Burgos a nueve de octubre de 2.015.

D. JOSE MARIA TAPIA LOPEZ, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, habiendo visto los presentes Autos de INCIDENTE CONCURSALnúmero 534/2010, a instancia de la Administración Concursal de la Mercantil 'TEBYCON S.A.U.', como parte demandada la Sociedad 'TEBYCON, S.A.U.', representada por el Procurador Sr. Nuño Calvo y asistida por el Letrado Sr. Hernando Lara, y la Mercantil 'FIRMES DEL NORTE, S.L.', representada por la Procuradora Sra. Villanueva Martínez y asistida por el Letrado Sr. Olano Moliner.

Antecedentes

PRIMERO: Con fecha 8 de enero de 2.015, por la Administración Concursal, se presentó Demanda en ejercicio de una acción de reintegración, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminaba por suplicar que se acordara rescindir, con su cancelación registral, la transmisión de los derechos que la Concursada tenía como arrendatario, del terreno citado en el Incidente Concursal, y otorgar a la Concursada la condición de arrendatario del mismo desde la resolución que estime la Demanda, sin que la Concursada se subrogue en las deudas que la demandada pudiese mantener con el Ayuntamiento de Villaverde Peñahorada (Burgos), se acordara comunicar al propietario del terreno (Ayuntamiento Junta Vecinal de Villaverde Pañahorada), la condición de arrendatario del citado terreno de la Concursada, desde que se dicte la Resolución estimatoria de la presente Demanda, con expresa condena en costas a la parte demandada y, en su caso, los daños y perjuicio incluyendo los gastos e impuestos necesarios para las anotaciones registrales, impuestos y elaboración de documentos notariales si fuesen necesarios, se condenara a la demandada a que vuelva a propiedad de la titularidad de las licencias urbanísticas y administrativas para el desarrollo de la actividad de fabricación de mezclas asfálticas y explotación de planta dedicada a dicha actividad en el término municipal de Villaverde Peñahorada y a realzar las acciones necesarias, y en su defecto que estas puedan ser realizadas por la Administración Concursal para conseguir el cambio de titular de dichas licencias ante los Organismos competentes para ello.

SEGUNDO: Por Providencia de fecha 27 de enero de 2.015,se admitió a trámite el Incidente planteado, dando traslado del mismo a las demandadas para que se personaran y la contestaran en el plazo de diez días. Por escrito de fecha 16 de febrero de 2.015, presentado por la Procuradora Sra. Villanueva Martínez, en la citada representación, se contestó a la Demanda, solicitando su íntegra desestimación.

Por Providencia de fecha 19 de mayo de 2.015, se convocó a las partes a la celebración de Vista, para el día 6 de julio de 2.015. En el día señalado se celebró Vista, acordándose como Diligencia final la práctica de la prueba documental, quedando las actuaciones pendientes de dictar Sentencia.

TERCERO: En la tramitación del presente Procedimiento se han observado los preceptos y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO:Por la Administración Concursal, se interpuso demanda incidental en ejercicio de una acción rescisoria ( art. 71 de la LC ), solicitando la rescisión con su cancelación registral, la transmisión de los derechos que la Concursada tenía como arrendatario, del terreno citado en el Incidente Concursal, y otorgar a la Concursada la condición de arrendatario del mismo desde la resolución que estime la Demanda, sin que la Concursada se subrogue en las deudas que la demandada pudiese mantener con el Ayuntamiento de Villaverde Peñahorada (Burgos), se acordara comunicar al propietario del terreno (Ayuntamiento Junta Vecinal de Villaverde Pañahorada), la condición de arrendatario del citado terreno de la Concursada, desde que se dicte la Resolución estimatoria de la presente Demanda, con expresa condena en costas a la parte demandada y, en su caso, los daños y perjuicio incluyendo los gastos e impuestos necesarios para las anotaciones registrales, impuestos y elaboración de documentos notariales si fuesen necesarios, se condenara a la demandada a que vuelva a propiedad de la titularidad de las licencias urbanísticas y administrativas para el desarrollo de la actividad de fabricación de mezclas asfálticas y explotación de planta dedicada a dicha actividad en el término municipal de Villaverde Peñahorada y a realzar las acciones necesarias, y en su defecto que estas puedan ser realizadas por la Administración Concursal para conseguir el cambio de titular de dichas licencias ante los Organismos competentes para ello.

SEGUNDO:Por lo que se refiere al fondo de la cuestión planteada: con fecha 1 de octubre de 2.010, la Concursada otorgó contrato privado de arrendamiento de bien mueble con la Sociedad demandada, por el cual la Concursada arrendaba una planta asfáltica marca INTRAME modelo RM200, ubicada en la localidad de Villaverde Peñahorada, en el terreno propiedad de la Junta Vecinal de dicha localidad. Dicho contrato contemplaba otros pactos y acuerdos, en concreto, en el Pacto Tercero, además del arrendamiento, ambas partes acordaban la transmisión de los derechos de arrendamiento a favor de la ahora demandada. En dicho pacto se acordaba transmitir a la demandada, los derechos que la Concursada tuviese sobre dicho contrato de arrendamiento, mediante la subrogación de la demandada en la posición que la Concursada ostentaba en el contrato de arrendamiento otorgado por la Concursada y la referida Junta Vecinal, sobre la parcela en la que se ubica la Planta Asfáltica, esta cesión y subrogación se hizo sin contraprestación alguna, es decir se hizo con carácter gratuito.

La demandada se comprometía a abonar as rentas pendientes de pago por el arrendatario del terreno, por parte de la Concursada, de fecha anterior a 2.010, pero la compensaría con las rentas que debía pagar a la Concursada, por lo tanto el pagador último y único era la Concursada. Una vez subrogado en 2.010, las rentas posteriores serían pagadas por la demandada pues ya se había convertido en el arrendatario, por subrogación. Es decir, la demandada se subrogaba en la posición arrendaticia de la Concursada, sin pagar nada por ello, pues tan solo adelantaba el pago que debía hacer la Concursada al Ayuntamiento de Villaverde Peñahorada y posteriormente se lo cobraba a la Concursada mediante la compensación de las rentas que le debía pagar por el arrendamiento. Por lo tanto el pagar eral de dichos importes era la Mercantil Concursada.

La demandada también pagaba las rentas posteriores a la subrogación (años 2.011 y 2.012), al ser el arrendatario tras la subrogación. Con fecha 15 de octubre de 2.010, las partes firmaron un Anexo a dicho contrato por el que se transmitía, también con carácter gratuito, a la demandada todas las licencias administrativas y urbanísticas para el desarrollo de la actividad de fabricación de mezclas asfálticas.

TERCERO:En cuanto al art. 71 de la Ley Concursal , dispone lo siguiente:

'1. Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

2. El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.

3. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:

1º Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.

2º La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas.

3º Las garantías constituidas a favor de los créditos de derecho público y a favor del Fondo de Garantía Salarial en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.

4. Cuando se trate de actos no comprendidos en los dos supuestos previstos en el apartado anterior, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.

5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, ni los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados, así como las garantías constituidas a favor de créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.

6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el Juez del concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo 72.'

De los supuestos contemplados en el artículo trascrito que regula las acciones rescisorias concursales se desprende que el perjuicio para la masa activa puede venir dado tanto por aquellos actos que suponen su disminución ( en cuanto implican que los acreedores vean reducidas sus posibilidades de cobro de los créditos) como aquellos que conllevan un trato privilegiado para determinados acreedores con alteración de las preferencias legalmente dispuestas e inobservancia del principio de igualdad de trato que gobierna el concurso (uno de los casos más paradigmáticos es el contemplado expresamente en la Ley de extinción de obligaciones de vencimiento posterior a la declaración de concurso). Se trata del concepto amplio de perjuicio rechazado parte de la doctrina que, sin embargo, es el acogido por nuestros Tribunales, pudiendo citarse al respecto la SAP Barcelona, S.15, de 11 de junio de 2007 , cuando señala que acoge también aquellos casos en los que 'el acto impugnado impide, disminuye o dificulta la satisfacción colectiva del resto de los acreedores, alterándose injustificadamente las preferencias de cobro'. En el mismo sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, S.28, de 19 de diciembre de 2008 .

CUARTO:La actual regulación a diferencia de la anterior no exige fraude en la conducta del deudor, sino que basta el perjuicio, aunque la concurrencia o no de la mala fe desplegará distintos efectos a la hora de la ineficacia del acto o contrato. El problema viene dado por la determinación del perjuicio, es decir, por saber cuándo un determinado acto es perjudicial para la masa.

En este sentido se ha venido manteniendo que el acto será perjudicial cuando se demuestre que si no se hubiere producido la masa activa tendría un mayor valor, no siendo necesario, por otro lado, que exista relación de causalidad entre el acto y la situación de insolvencia, bastando por ello, con que haya disminuido el patrimonio. Para poder precisar el perjuicio se debe acudir a la finalidad de la normativa concursal, normativa que en última instancia responde a la satisfacción de los intereses de los acreedores (párrafo 4º apartado II de la exposición de motivos de la LC).

En este sentido podemos decir que se trata de acciones destinadas a proteger a todos los acreedores concursales para la satisfacción de los créditos, por lo que el principio de igualdad de trato o paridad va a inspirar el concepto de perjuicio. Esto supone que mediante el acto concreto el tercero no se haya visto favorecido injustificadamente respecto al resto de acreedores; además el acto no puede impedir, disminuir o dificultar la satisfacción colectiva. Por otro lado, para la determinación del perjuicio se debe acudir a criterios económicos, lo que conlleva que no se ha de examinar si existe o no un desequilibrio contractual en las prestaciones, sino si objetivamente el acto implica una disminución patrimonial desde el punto de vista económico en el momento en que se realiza la operación.

Para facilitar la labor el legislador ha establecido una serie de presunciones, algunas iuris et de iure y otras iuris tantum que aparecen previstas en el artículo 71.2 y 3 de la ley , pero para los demás supuestos es necesario que el actor acredite la concurrencia del perjuicio.

QUINTO:Aplicando la doctrina expuesta al caso enjuiciado consta, como con fecha 1 de octubre de 2.10, la Concursada celebró contrato privado de arrendamiento de bien mueble con la Sociedad ahora demandada, contrato cuya existencia no ha sido negada por ninguna de las partes litigantes así como los Pactos y Estipulaciones contendidos en el mismo, destacando la Cláusula Tercera por la que ambas partes contratantes pactaban la transmisión de los derechos de arrendamiento que tenía la Concursada a favor de la Mercantil FIRMES DEL NORTE, mediante la subrogación de ésta en la posición que la Concursada ostentaba en el citado contrato. Esta subrogación de tales derechos se realizó sin contraprestación alguna por parte de la demandada. Por su parte la demandada se comprometía a pagar las rentas pendientes de pago por parte de la Concursada, existentes con anterioridad al año 2.010, siendo objeto de compensación con las rentas que debería pagar a TEBYCON. Una vez producida la subrogación, las rentas de fecha posterior deberían ser abonadas por FIRMES DEL NORTE. Con fecha 15 de octubre de 2.010, se suscribió un Anexo a este contrato de arrendamiento por el que se transmitía, sin contraprestación alguna, a la demandada todas las licencias administrativas y urbanísticas necesarias para el desarrollo de la actividad de fabricación de mezclas asfálticas.

Igualmente consta en las actuaciones, Oficio remitido por el Ayuntamiento de la localidad de Villaverde Peñahorada, en el que se refleja como a fecha del mes de septiembre de 2.015 FIRMES DEL NORTE, había abonado en concepto de renta derivado de este contrato de arrendamiento las anualidades correspondientes a los ejercicios 2.010, 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014, manteniéndose impagadas las rentas de los años 2.008, 2.009 y 2.015

De acuerdo con la regulación contenida en el art.71.2 de la LC , el perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuese posterior a la declaración de concurso. En el caso enjuiciado se presume el citado perjuicio, al existir una cesión de derechos de carácter gratuito, ya que los mismo se transmitieron en contraprestación alguna a favor de la Mercantil Concursada por el hecho de que la Concursada, otorgó una serie de bienes de su propiedad para pagar la deuda existente con la Sociedad demandada, a través de la dación en pago de los mismos para saldar parte de la deuda existente con la Sociedad codemandada.

El art. 71.1 LC , acude a un concepto jurídico indeterminado, el perjuicio para la masa activa del concurso, que no puede equipararse con los tradicionales criterios justificativos de la rescisión existentes hasta entonces en nuestro ordenamiento jurídico: ni el fraude, de la acción pauliana, porque el art. 71.1 LC expresamente excluye cualquier elemento intencional, más o menos objetivado; ni tampoco la lesión, entendida como mero detrimento patrimonial, pues el art. 71.2 LC presume el perjuicio, sin admitir prueba en contrario, en el caso del pago debido pero anticipado, en que propiamente no hay lesión, o devaluación del patrimonio, sino alteración de la par condiciocreditorum, al pagar un crédito que por no ser exigible sino después de la declaración de concurso, debía haber formado parte de la masa pasiva del concurso.

El perjuicio de la rescisión concursal tiene en común con el perjuicio pauliano que comporta una lesión patrimonial del derecho de crédito, en este caso, no de un determinado acreedor, sino de la totalidad englobada en la masa pasiva, y esta lesión se ocasiona por un acto de disposición que comporta un sacrificio patrimonial para el deudor, injustificado desde las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores, una vez declarado en concurso. Aunque el perjuicio guarda relación con el principio de la paridad de trato, tampoco cabe equiparar el perjuicio para la masa activa con la alteración de la par condiciocreditorum, pues nos llevaría a extender excesivamente la ineficacia a todo acto de disposición patrimonial realizado dos años antes de la declaración de concurso que conlleven una variación en la composición de la masa pasiva, como sería cualquier garantía real que subsistiera al tiempo del concurso e, incluso, los pagos debidos y exigibles.

El perjuicio para la masa activa del concurso, puede entenderse como un sacrificio patrimonial injustificado, en cuanto que tiene que suponer una aminoración del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa ( art. 76 LC ), y, además, debe carecer de justificación.

La falta de justificación subyace en los casos en que el art. 71.2 LC presume, sin admitir prueba en contrario, el perjuicio. Fuera de estos supuestos, en la medida en que el acto de disposición conlleve un detrimento patrimonial, deberán examinarse las circunstancias que concurren para apreciar su justificación, que va más allá de los motivos subjetivos, y conforman el interés económico patrimonial que explica su realización. En principio, la acreditación del perjuicio le corresponde a quien insta la rescisión concursal ( art. 71.4 LC ), salvo que el acto impugnado esté afectado por alguna de las presunciones de perjuicio previstas en el art. 71.3 LC , que por admitir prueba en contrario, traslada a los demandados la carga de probar que aquel acto impugnado no perjudica a la masa activa.

Al respecto, cabría aplicar analógicamente la doctrina contenida en la sentencia 855/2007, de 24 de julio, donde se negaba la concurrencia del fraude en un supuesto de acción pauliana en que el deudor, con las cantidades percibidas, había atendido obligaciones con otros acreedores. En esta sentencia se argumentaba que 'el deudor, en tanto no resulte constreñido por un proceso ejecutivo o concursal para la ordenada concurrencia de los créditos (el cual puede determinar la rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa), tiene libertad para realizar sus bienes y atender a los créditos que le afecten sin atender a criterios de igualdad o preferencia, como se infiere del hecho de que el CC (art. 1292 ) únicamente considera rescindibles los pagos hechos en situación de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo pago no podía ser compelido el deudor en el tiempo de hacerlos, pero no los que no reúnen esta condición, en virtud del principio qui suum recepit nullum videre fraudem facere (quien cobra lo que es suyo no defrauda)'. De esta forma, un corolario moderno de este principio, proyectado sobre la rescisión concursal, que se funda en el perjuicio y no en el fraude, como criterio justificativo de la rescisión, sería que cuando se paga algo debido y exigible no puede haber perjuicio para la masa activa del posterior concurso de acreedores del deudor, salvo que al tiempo de satisfacer el crédito estuviera ya en un claro estado de insolvencia, y por ello se hubiera solicitado ya el concurso o debiera haberlo sido.'.

Esta transmisión de derechos que, en principio, sería válida, al haberse pactado entre las partes contratantes, se ve afectada por que, no mucho más tarde se solicitó declaración voluntaria de Concurso de Acreedores, dictándose Auto admitiendo la misma con fecha 27 de octubre de 2.010, por lo que esta transimisión se encuentra en la presunción de que el estado de insolvencia ya existía al tiempo en que fue realizado el acto jurídico rescindible.

Y esta consideración tiene gran importancia en el presente caso, pues permite apreciar la vulneración de la par condicio creditorum, que en esas circunstancias está más justificado la declaración de concurso y el sometimiento de todos los acreedores a la regla de paridad de trato, que el pago a uno de los acreedores, en detrimento de las perspectivas de cobrar del resto.

Sin embargo no debemos obviar la previsión legal contenida en el artículo 71.5 que alude a los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales y a los comprendidos en el ámbito de las leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados. En estos supuestos los actos realizados por el deudor, aunque sean perjudiciales para la masa no resultaran afectados por la acción de reintegración por haberlo recogido así expresamente el legislador; pero para ello es necesario que concurran todos los presupuestos exigidos por el precepto, y así en el primer supuesto(que es el más usual) sería necesario que se tratara de un acto de tráfico ordinario del deudor y que se hiciera a precio de mercado, debiendo resaltarse que en la medida que se trata de una excepción al régimen general y como la medida se aparta de la finalidad esencial del concurso a la que nos hemos referido ya, ha de ser objeto de interpretación restrictiva.

En este sentido, y por lo manifestado con anterioridad, no puede entenderse que la transmisión de tales derechos y la subrogación en la posición arrendaticia que ostentaba inicialmente la Concursada, se incluya dentro de los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial de ésta realizados en condiciones normales y a los comprendidos en el ámbito de las leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.

SEXTO:Declarara la rescisión de la dación en pago procede resolver sobre los efectos, la ineficacia del acto impugnado y a la restitución de prestaciones - artículo 73 LC ; en el caso que nos ocupa, donde se deduce la ineficacia in totum del negocio jurídico, la Administración concursal ha solicitado las consecuencias que se exponen en el suplico.

SEPTIMO:En cuanto a las costas. Sobre este punto el artículo 196.2 LCon se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil . Al respecto, el artículo 394.1 LECiv recoge el principio objetivo de vencimiento salvo que sobre la cuestión existieren serias dudas de hecho o de derecho. Considerando que la cuestión controvertida en el presente incidente es de aquellas sobre las que, se pueden suscitar serias dudas de derecho, por lo que no se hará especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando como estimo la Demanda Incidental promovida por la Administración Concursal de la Mercantil 'TEBYCON S.A.U.', debo acordar y acuerdo la rescisión con su cancelación registral, de la transmisión de los derechos que la Concursada tenía como arrendatario, de os terrenos situados en el término de Villaverde Pañahorada, otorgándose a la Concursada la condición de arrendataria del mismo desde la firmeza de esta Resolución, sin que la Concursada se subrogue en las deudas que la Sociedad 'FIRMES DEL NORTE, S.L.', pudiese mantener con el Ayuntamiento de Villaverde Peñahorada (Burgos), debiendo acordar y acuerdo comunicar al propietario del terreno (Ayuntamiento Junta Vecinal de Villaverde Pañahorada), la condición de arrendatario del citado terreno de la Concursada, desde la firmeza de la presente Resolución, con expresa condena, en su caso, a la demandada por los daños y perjuicios incluyendo los gastos e impuestos necesarios para las anotaciones registrales, impuestos y elaboración de documentos notariales si fuesen necesarios, asimismo debo condenar y condeno a la demandada a que vuelva a propiedad de la Sociedad Concursada las licencias urbanísticas y administrativas para el desarrollo de la actividad de fabricación de mezclas asfálticas y explotación de planta dedicada a dicha actividad en el término municipal de Villaverde Peñahorada y a realizar las acciones necesarias, sin perjuicio, y en su defecto, que estas puedan ser realizadas por la Administración Concursal para conseguir el cambio de titular de dichas licencias ante los Organismos competentes para ello, en cuanto a las costas causadas no ha lugar a imponerlas a ninguna de las partes litigantes.

Líbrese testimonio de esta Sentencia que se unirá a los presentes autos quedando el original en el libro de Sentencias de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación, en el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de la presente Resolución.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.