Sentencia CIVIL Nº 326/2022, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 404/2022 de 11 de Julio de 2022

Encabezamiento

Sección nº 02 Civil de la Audiencia Provincial de Girona (UPSD AP Civil Sec.02)

Plaza Josep Maria Lidón Corbí, 1, pl. 5a - Girona - C.P.: 17001

TEL.: 972942368

FAX: 972942373

EMAIL:upsd.aps2.girona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 1707942120208209598

Recurso de apelación 404/2022 -2

Materia: Apelación civil

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona

Procedimiento de origen:Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos art. 250.1.7) 1605/2020

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 1647000012040422

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 02 Civil de la Audiencia Provincial de Girona (UPSD AP Civil Sec.02)

Concepto: 1647000012040422

Parte recurrente/Solicitante: Rogelio

Procurador/a: Rosa Maria Triola Vila

Abogado/a: Raquel Muñoz Palomino

Parte recurrida: TREAMEN INVESTMENTS II, S.L.U., IG. OCUP. C/ DIRECCION000, NUM000 SALT

Procurador/a: Rosa Maria Bartolomé Foraster

Abogado/a: MIREIA BAUZÁ ARAGÓN

SENTENCIA Nº 326/2022

Ilmos. Sres:

PRESIDENTE

D. JOSE ISIDRO REY HUIDOBRO

MAGISTRADOS

D. JOAQUIM FERNÁNDEZ FONT

D. JAUME MASFARRÉ COLL

Girona, 11 de julio de 2022

Antecedentes

PRIMERO.En fecha 23 de mayo de 2022 se han recibido los autos de Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos art. 250.1.7) 1605/2020 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª ROSA MARIA TRIOLA VILA, en nombre y representación de D. Rogelio, contra la Sentencia de fecha 21 de marzo de 2022 y en el que constan como partes apeladas la Procuradora Dª ROSA MARIA BARTOLOMÉ FORASTER, en nombre y representación de TREAMEN INVESTMENTS II, S.L.U., y los IGNORADOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA DE C/ DIRECCION000, NUM000, DE SALT.

SEGUNDO.El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

'Estimar la demanda de contradicción presentada por el Procurador de los Tribunales Dª. Rosa María Bartolomé Foraster en nombre y representación de TREAMEN INVESTMENTS II, S.L.U. y por ello declarar reconocido el derecho real inscrito del actor sobre la finca sita en c/ Rogelio NUM000 de Salt, por lo que se requiere a la parte demandada para que se abstenga de obstaculizar la legítima posesión de la finca indicada.

Por ello se condena a D. Rogelio y a cualquier IGNORADOS OCUPANTES DEL PISO a dejar libre y expedita la finca en el plazo más breve posible y siempre antes de la fecha del lanzamiento previsto para el 30 de junio de 2022 a las 11 horas y que se llevará a efecto en la fecha fijada si lo solicitase el demandante de conformidad con el art. 549 LEC . Se imponen las costas a la parte demandada.'

TERCERO.El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 11/07/2022.

CUARTO.En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado D. JOSE ISIDRO REY HUIDOBRO.

Fundamentos

PRIMERO.-La sociedad inmobiliaria actora formuló demanda instando la tramitación de un procedimiento verbal de protección de los derechos reales inscritos previsto en el art 250.1.7 de la LEC., contra los ignorados ocupantes de la finca sita en la C) DIRECCION000 NUM000 de la localidad de Salt, solicitando que se les condene al desalojo de la finca de su propiedad.

La demandante TREAMEN INVESTMENTS II S.L.U., ha devenido propietaria de la vivienda citada como adjudicataria en subasta de dicha finca, según Decreto de Adjudicación del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Girona de Girona, de 19/04/2018, según consta en la Certificación registral.

En el trascurso de este procedimiento compareció como ocupante del inmueble el anterior propietario que perdió el dominio precisamente como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que la finca salió a subasta adjudicándoselo la entidad inmobiliaria ejecutante, que cedió el remate a la entidad ahora demandante.

El ocupante compareciente alega que él suscribió un crédito hipotecario con Caixa Cataluña el 20 de abril de 2005, (entidad que fue absorbida por BBVA), siendo novado en dos ocasiones y siendo gravada la finca de su propiedad en garantía del mismo.

BBVA vendió una serie de activos a ANTICIPA, entre los que se encontraba el crédito hipotecario del Sr. Rogelio, comparecido aquí como ignorado ocupante.

Ejecutada la hipoteca en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 399/2014, en fecha 9 de octubre de 2017, BBVA, ANTICIPA y el Sr. Rogelio firmaron un acuerdo transaccional para sacar dicha vivienda a subasta, en la que participaría ANTICIPA, de manera que, si ANTICIPA se adjudicaba la finca, el Sr. Rogelio permanecería en dicha vivienda como parte arrendataria con un pago formal de 300 € mensuales, y se le condonaba de forma total el importe de la hipoteca, tal y como se desprende del documento nº 4 de la contestación a la demanda que se sintetiza.

Por Decreto de 26 de febrero de 2018, se adjudicó a TREAMEN INVESTMENTS II, S.L.U. la finca subastada en el procedimiento de Ejecución Hipotecaria 399/2014, al haber sido cedido a esta el remate por la parte ejecutante.

La parte demandada, antiguo titular de la vivienda que fue objeto de ejecución hipotecaria, alegó frente a la demanda de protección de derechos reales inscritos, la existencia de título, consistente en el documento transaccional suscrito entre el antiguo acreedor hipotecario BBVA, ANTICIPA REAL ESTATE SLU, al que se ha hecho referencia.

La sentencia de primera instancia mantiene que las causas de oposición en este procedimiento son tasadas, art 442.2 LEC.

Y que la alegación de la parte demandada en el sentido de que posee la finca en virtud de acuerdo alcanzado en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 399/2014 con la parte ejecutante, (documento de 9 de octubre de 2017 denominado contrato de transacción), no otorga contrato de arrendamiento alguno, que es lo que legitimaría el uso y posesión por el demandado.

SEGUNDO.- No faltan razones para considerar que el denominado contrato de transacción aportado, no constituye título posesorio que justifique el disfrute de la finca por parte del demandado, previsto en el apdo. 2º del art 422.2 de la LEC, pues solo contempla una eventual formalización futura de un contrato de arrendamiento, siempre que se cumplieran determinados requisitos, sin que exista constancia de que ello haya dado lugar a un contrato que legitime la actual situación posesoria por parte del demandado.

La estimación de la demanda se funda en que ha quedado demostrado, primero el hecho de la titularidad registral de la demandante; y segundo, que el demandado no tiene ningún título que legitime su ocupación.

La parte demandada no está de acuerdo con esta decisión y reitera en esta alzada las alegaciones de oposición, afirmando la existencia de título y que no es el demandado quien debía dar cumplimiento al contrato transaccional, sino que una vez llevada a cabo la subasta y la adjudicación de la vivienda, era la adjudicataria ANTICIPA, quien debería de formalizar el contrato a favor del demandado, lo cual nunca se llevó a cabo porque ANTICIPA hizo caso omiso del documento privado firmado en su día, procediendo a ceder el remate a la ahora demandante en perjuicio del demandado apelante.

Por ello solicita la revocación de la sentencia apelada y la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Teniendo en cuenta los hechos que constituyen el antecedente del presente litigio, conviene recordar lo que ya tiene dicho este tribunal en procedimientos similares, en que el demandado era el antiguo titular de la vivienda que ahora ocupa y que nunca dejó a pesar del procedimiento de ejecución hipotecaria, la cual fue subastada en dicho procedimiento, permaneciendo él en la posesión al no haber sido planteado el incidente de ocupantes en la ejecución promovida.

Decíamos, por ejemplo, en la sentencia de este mismo tribunal, de 15 de junio de 2020, con cita de otras anteriores:

'Tema litigiós.

PRIMER.La societat immobiliària demandant ha presentat una demanda instant la tramitació d'un procediment verbal de protecció dels drets reals inscrits previst per l' article 250.1. 7 de la LEC .

Ho ha fet contra els ignorats ocupants de l'immoble, sol·licitant que se'ls condemni al desallotjament de la finca de la seva propietat.

La demandant ha esdevingut propietària de l'habitatge esmentat com a successora de la societat bancària que se'l va adjudicar en un procediment d'execució hipotecària que, alhora, és la seva única accionista.

En el decurs d'aquest procediment s'ha identificat com a ocupant de l'immoble els seus anteriors propietaris, que van perdre el domini precisament en un procediment d'execució hipotecària en què se'l va adjudicar a la societat financera de la qual la demandant és una filial.

SEGON.La sentència de primera instància ha estimat de manera íntegra la pretensió.

Considera que ha quedat demostrat, primer, el fet de la titularitat de la demandant i, segon, que la demandada no té cap títol que legitimi la seva ocupació.

TERCER. La demandada no està d'acord amb aquesta decisió.

El seu recurs es fonamenta, en dos motius.

Primer, en què el procediment instat constitueix un autèntic frau processal perquè l'actora no ignora qui són els ocupants de l'immoble: Els seus anteriors titulars que en van perdre el domini en el decurs d'un procediment d'execució hipotecària instat per la societat única accionista de la demandant.

Sobre la base d'aquest fet, considera aplicable el criteri d'aquest tribunal en casos semblants, que desestima la pretensió per l'existència d'un frau processal.

Segon, el procediment d'execució hipotecària que hauria provocat la pèrdua del domi per part de la demandada, seria nul perquè no s'hauria examinat el caràcter abusiu de la clàusula de venciment anticipat del contracte de préstec amb garantia hipotecària.

Això faria que s'hagués de declarar la nul·litat de la sentència impugnada fins que no es resolgui en el procediment hipotecari el possible caràcter abusiu de la clàusula esmentada.

Rebel·lia de la demandada.

QUART.Els ara recurrents van ser emplaçats personalment per comparèixer al procediment sense que ho fessin, el que va provocar que fossin declarats en rebel·lia.

A la vista de d'aquesta rebel·lia voluntària, cal examinar quina serà la seva transcendència a l'hora d'estudiar el motius de recurs que planteja.

Aquest tribunal ja ha dit moltes vegades, per exemple a les sentències d'11 de desembre , 13 de novembre i 17 de juliol de 2.006 , 11 de març , 14 de setembre , 28 d'octubre i 18 de novembre de 2.009 , 29 de setembre de 2.010 , 5 de març de 2 , 012, 13 d'octubre de 2.014 i de 18 de juny i 9 de juliol de 2.018 :

'dicha actitud frente al proceso es plenamente admisible: El llamado a él decide no comparecer. Ello no implica que haya de estimarse la demanda, puesto que la rebeldía del demandado no releva al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Pero lo que no es admisible es que ausente voluntariamente de la primera instancia, puesto que la resolución que le pone fin no le complace, sin que haya opuesto nada a lo pedido en la demanda, se pretenda convertir la segunda instancia en primera, privándola de su función propia, cual es la 'segunda lectura' o revisión de lo decidido en la primera, pero con arreglo a los fundamentos jurídicos y los hechos alegados en esta última.

Esta actuación es contraria a lo dispuesto en el artículo 456.1 de la LEC , ya que se efectúan unas alegaciones en segunda instancia que para nada se hicieron durante la primera mediante la contestación a la demanda, cuando perfectamente podrían haberse hecho.

En definitiva, todos los argumentos empleados por el apelante en su escrito de interposición de recurso constituyen cuestión nueva, lo que determina que sin más argumentos se desestime su recurso en todo lo concerniente a hechos que pudieron ser alegados al contestar a la demanda'.

Això vol dir que tots els arguments continguts en el recurs s'haurien de considerar qüestions noves.

CINQUÈ.Pel que fa a les conseqüències jurídiques del seu plantejament a la segona instancia, hem dit a les sentències de 9 de juliol de 2.018 , 28 de febrer de 2.014 , 9 de gener de 2.013 , 18 d'abril , 7 de març i 18 de gener de 2.012 , 23 i 4 de maig i 10 de gener de 2.011 , 29 i 22 de setembre , 19 de juliol , 16 de juny i 17 de febrer de 2.010 , 18 de novembre , 28 d'octubre , 14 de setembre , 11 de març i 25 i 19 de febrer de 2.009 , 2 de juny , 14 de maig i 1 de desembre de 2.008 i de 24 de octubre de 2.007 :

'una cuestión nueva no puede tomarse en consideración como base de la resolución que ponga fin al presente grado jurisdiccional. Y ello por impedirlo el principio 'pendente apellatione nihil innovetur' hoy recogido en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que se refiere al objeto del recurso de apelación identificándolo con el de la primera instancia al señalar que, en virtud del mismo, 'podrá perseguirse con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente'.

Según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo la apelación, aunque permite al Tribunal conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos de los planteados en la primera instancia, dado que a ello se opone el principio general de Derecho 'pendente apellatione, nihil innovetur'. Dicho de otro modo, el órgano competente para conocer del proceso en segunda instancia, en observancia del principio 'tantum devolutum quantum apellatur', debe circunscribir su análisis a los temas que fueron objeto de controversia en el primer grado jurisdiccional, ya que sobrepasar dicho límite implicaría incongruencia y conllevaría indefensión para la parte apelada, que eventualmente podría verse afectada por un pronunciamiento relativo a una cuestión sobre la que no pudo fijar su postura en la fase de alegaciones ni articular los medios de prueba que estimara oportunos en período probatorio. En este sentido sentencias del citado Tribunal de 28 de marzo , 19 de abril , 10 de junio y 4 de diciembre de 2.000 , 12 de febrero , 30 de marzo y 31 de mayo de 2.001 , 22 de octubre y 29 de noviembre de 2.002 , 26 de febrero , 31 de mayo , 25 de junio , 26 de julio , 12 y 31 de diciembre de 2.003 , 19 de febrero de 2.004 y 18 de mayo de 2.005 .

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 15 de enero de 1.996 , señala que 'en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura.. como una revisio prioris instantiae en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, pero sin que la cognición del tribunal superior pueda extenderse a extremos distintos de los que fueron objeto del litigio en la primera'.

El que hem dit fins aquí abocaria a la desestimació del recurs.

Ara bé, no podem passar per alt que la possible existència d'un frau processal ha de ser apreciada d'ofici pel tribunal, com veurem més endavant., el que fa que aquesta obligació d'al·legació de part cedeixi o es dilueixi davant de l'obligació del tribunal d'examinar d'ofici si el frau al·legat s'ha produït.

El procediment de protecció dels drets reals inscrits.

SISÈ.El procediment per a la protecció dels drets reals inscrits en el Registre de la Propietat, és de naturalesa sumària.

Té com a finalitat protegir als esmentats titulars de qualsevol pertorbació que pateixin en la possessió del dret inscrit sense que la persona que el pertorba tingui títol que el legitimi per a fer-ho.

Aquest procediment, que abans estava regulat per l' article 41 de la Llei hipotecària, ara ho està dins de la LEC com un procediment verbal per raó de la matèria (article 250.1.7), que presenta algunes especialitats.

La LEC preveu uns casos que permetran no admetre a tràmit la demanda (article 439.2 ), contempla l'adopció de mesures cautelars amb la finalitat d'assegurar l'efectivitat de la sentència(article 441.3), limita els motius d'oposició als que especifica l'article 444.2 i condiciona la possibilitat de fer oposició a la constitució d'una caució (article 439.2). Finalment, la sentència que es dicti no tindrà força de cosa jutjada (article 447.3)

Aquesta protecció especial deriva de la presumpció que el dret real inscrit pertany al seu titular registral i que en té la seva possessió (article 38 de la Llei hipotecària), el que fa que la legitimació activa per instar-lo es limiti als titulars de drets reals inscrits.

Adequació del procediment tramitat.

SETÈ.La resolució del litigi ha de passar necessàriament pels següents fets determinants:

Primer, ha quedat demostrat que les persones que han comparegut com a posseïdores de l'immoble i contra les que s'ha dictat la sentència de primera instància, són els seus anteriors propietaris.

Van perdre la propietat en un procediment d'execució hipotecària, seguit davant el Jutjat de Primera Instància número 3 de Girona, en el qual la part demandant era un banc (La Caixa) que és l'única accionista de la demandant.

L'escrit d'oposició al recurs d'apel·lació no nega ni qüestiona cap d'aquests fets.

Segon, en aquell procediment es va adjudicar la finca a l'avantdita societat financera.

Tercer, no tenim cap constància que en el procediment antecedent ni tan sols s'intentés el llançament contra les persones aquí demandades.

Quart,no consta, tampoc, que fossin llançades en cap moment posterior a la seva adjudicació i que s'hi tornessin a instal·lar.

VUITÈ.Ens trobem davant del mateix supòsit que aquest tribunal va resoldre en les seves sentències d'1 de febrer, 19 de març i 18 de juliol totes de 2.018.

En aquesta resolució argumentàvem:

'El fet que la demandant s'hagi adjudicat el pis en un procés d'execució hipotecària, mantenint-se els seus antics propietaris en el seu ús (fet que la part apel·lada no desmenteix) comporta, al parer de la Sala, que el procés instat pel Banc Sabadell no sigui l'adequat. I és aquesta una qüestió apreciable d'ofici pel tribunal.

I no és el procés correcte perquè la demandant, en frau de llei, no busca obtenir la possessió del bé en via d'execució hipotecària, com correspondria, sinó que ho fa mitjançant un procés independent de precari. I la qüestió no és que aquest procés no sigui necessari per obtenir allò que l'adjudicatària ja podia aconseguir en el procés d'execució hipotecària, sinó que mitjançant la seva interposició priva indegudament als demandats de poder justificar, abans del llançament, i si s'escaigués, de trobar-se en algun dels supòsits previstos alReal Decret Llei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Perquè aquesta norma està prevista pels supòsits d'execució hipotecària, segons es desprèn del seu articulat.

Per tant, existeix una inadequació del procediment apreciable d'ofici, que parteix d'un frau de llei que mira d'impedir als demandats l'obtenció, si s'escau, d'una possessió temporal de l'immoble litigiós que el banc vol obtenir per la via d'aquest procés de precari.

Per això, i encara que sigui per motius diferents als que invoca la part recurrent, el recurs ha de ser estimat.

NOVÈ.En definitiva, un banc que s'ha adjudicat de manera legítima la propietat de la finca objecte d'aquest litigi i que l'ha transmès a una societat filial, no consta que hagi fet absolutament res per aconseguir el desallotjament dels propietaris i deutors executats en el mateix procediment d'execució hipotecària, com la llei li permet fer-ho.

Ho intenta en un procediment de protecció dels drets reals inscrits, en el que els motius d'oposició queden legalment taxats i condicionats a la constitució d'una caució.

Per si no fos suficient, en el marc d'aquest procediment, el tribunal no pot entrar a examinar, segons una jurisprudència unànime, la possible concurrència dels supòsits de vulnerabilitat previstos per la llei 1/2013, de 14 de maig, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, perquè l'aplicació d'aquesta norma queda supeditada a què el procediment que s'hagi seguit sigui d'execució hipotecària.

El mateix passa amb la llei 24/2.015 del Parlament de Catalunya, que condiciona la seva aplicació a l'existència d'un procediment d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de rendes.

En definitiva, ha triat un procediment que fa impossible que el demandat pugui invocar l'aplicació dels efectes de la llei 1/2013 en el cas que concorrin els requisits fàctics que condicionen l'apreciació d'una situació de vulnerabilitat.

DESÈ. Res no canvia pel fet que en el procediment d'execució hipotecària la demandant fos... i aquí ho sigui una empresa que li pertany íntegrament.

Si establíssim alguna diferència, com pretén l'escrit d'oposició, estaríem donant per bo un nou frau. N'hi hauria prou que la societat que s'ha adjudicat l'immoble en el procediment d'execució hipotecària, el traspasses a una societat filial o participada per mirar d'eludir els efectes que acabem d'exposar.

Per tant, la tramitació d'aquest procediment implica un autèntic frau de llei, que els tribunals no podem emparar d'acord amb el que preveuen els articles 11.2 de l LOPJ i 247.2 de la LEC.

El que acabem de dir aboca a l'estimació del recurs, tot i que no sigui necessari declarar la nul·litat pretesa pels apel·lants.

N'hi ha prou amb desestimar la demanda, sens perjudici que l'ara demandant pugi sol·licitar el desnonament dins del procediment d'execució hipotecària demostrant la successió processal derivada del canvi (ni que sigui formal) en la titularitat de la finca, que és el que hauria d'haver fet.

Procediment d'execució hipotecària.

ONZÈ.Tot i que el que acabem de dir fa innecessari entrar a valorar el segon motiu del recurs, només ens resta afegir que és evident que en aquest procediment aquest tribunal no pot prendre cap mena de decisió respecte d'un altre (el d'execució hipotecària)..'

CUARTO.-Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, ha de llegarse a la misma conclusión que en los supuestos a que se refiere la sentencia apelada, de que estamos ante un fraude en la tramitación del procedimiento, apreciable de oficio, sin que sea relevante que en el procedimiento de ejecución hipotecaria precedente, el demandante fuese BBVA que transmitió su derecho a Anticipa Real Estate, adjudicándose el inmueble a la actual demandante TREAMEN INVESTMENTS II S.L.U en subasta, en virtud de la cesión del remate por parte de la entidad ejecutante, pues la entidad actora en este procedimiento, era plenamente conocedora del origen del derecho que adquiría, en el procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se produjo la adjudicación a la misma de la finca subastada, quedando, en tanto adquirente subrogada en la situación de la entidad cedente, sometida a las normas específicas para el lanzamiento de ocupantes, previstas en los arts 661.2 y 675.2 y 3 de la LEC.

Por lo tanto, siguiendo el criterio mantenido de manera sistemática por este tribunal en casos como el presente, la actuación de la parte actora y apelada, al utilizar el presente procedimiento en perjuicio del ocupante demandado, hace que deba revocarse la sentencia de primera instancia y la desestimación de la demanda por fraude procesal al acudir al procedimiento inadecuado en detrimento de los derechos del demandado ocupante, que incluso había suscrito un documento transaccional con los anteriores titulares ejecutantes de la finca, de manera que no se trataba de un ignorado ocupante, sino de un poseedor conocido en tanto era el titular ejecutado en el precedente procedimiento de ejecución hipotecaria, con el cual se concertó la previsión del establecimiento de un vínculo arrendaticio con los acreedores hipotecarios, una vez se adquiriese la vivienda por la parte ejecutante, que convierte a la parte actora en este procedimiento y adjudicataria en la subasta del procedimiento de ejecución, en acreedora al pago de las costas de la primera instancia, conforme al art 394.1 de la LEC.

QUINTO.- Todo ello sin hacer especial imposición de las costas de esta instancia, conforme al art 398.2 de la LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimamos el recurso de apelación formulado por la Procuradora Dª ROSA MARÍA TRIOLA VILA en nombre y representación de D Rogelio, contra la sentencia de 21 de marzo de 2022, del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Girona, dictada en los autos de Juicio Verbal sobre Efectividad de derechos reales inscritos, art 250.1.7 LEC, y revocamos dicha resolución.

Y en su lugar desestimamos la demanda interpuesta por TREAMEN INVESTMENT II, S.L.U. contra D Rogelio, absolviendo a dicho demandado de los pedimentos contra el deducidos en la misma.

Todo ello con imposición a la parte demandante de las costas de la primera instancia.

Y sin hacer especial imposición de las costas de esta apelación.

Contra la presente sentencia no cabe recurso ya que no produce efecto de cosa jugada, art 447.3 LEC y Autos del TSJ de Cataluña de 21/12/2006, 13/12/2010/, 21/07/2011, y 13/02/2012 entre otros.

Notifíquese esta resolución a las partes y remítanse las actuaciones originales al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del que proceden.

Así lo ha decidido la Sala, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados ya indicados, quienes, a continuación, firman.

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