Sentencia Civil Nº 335/2014, Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2, Rec 387/2012 de 18 de Noviembre de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

TOLEDO

SENTENCIA: 00335/2014

Rollo Núm. ............. 387/2012.-

Juzg. 1ª Inst. Núm.... 2 de Torrijos.-

J. Ordinario Núm.......... 900/2010.-

SENTENCIA NÚM. 335

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMA

D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

En la Ciudad de Toledo, a dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 387 de 2012, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2, en el juicio ordinario núm. 900/2010, en el que han actuado, como apelante CONSTRUCTORAL GUTIPER S.L., representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Nieves Faba Yebra y defendido por el Letrado Sr. Ángel de Miguel Piñero; y como apelado Ovidio , representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Ángeles González López y defendido por el Letrado Sr. Ignacio de la Vega.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL CANCER LOMA, que expresa el parecer de la Sección, y son,

Antecedentes

PRIMERO:Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Torrijos, con fecha 14 de marzo de 2012, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: 'ESTIMO íntegramente la demanda presentada por D. Ovidio , representado por la Procuradora de los Tribunales D.a María Ángeles González López, frente a la mercantil CONSTRÜCTURA GUTIPER S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales D.a Nieves Faba Yebra; en consecuencia,

DECLARO la resolución del contrato de compraventa suscrito entre las partes, en fecha de 17 de marzo de 2005 y en la localidad de Talavera de la Reina, sobre la vivienda nº NUM000 del Residencial DIRECCION000 de la localidad de Santo 'Domingo Caudilla; y

CONDE NOa la mercantil CONSTRUCTORA GUTIFER S.L. a estar y pasar por dicha declaración y a que proceda a la devolución a Ovidio de la cantidad ce quince mil euros (15.000 euros), más los intereses legales que de dicha cantidad se hayan devengado desde el día 1 de enero de 2008 y hasta la fecha de la presente sentencia, momento a partir del cual se devengarán los intereses del articulo 576 de la LECiv .

Con expresa condena en COSTAS a la mercantil Constructora Gutiper S.L.'

SEGUNDO:Contra la anterior resolución y por CONSTRUCTORA GUTIPER S.L., dentro del término establecido, tras anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.

SE CONFIRMAN Y RATIFICANlos antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son

Fundamentos

PRIMERO:Se impugna, por la representación procesal de la mercantil CONSTRUCTORA GUTIPER S.L., la resolución dictada por el Juzgado de Instancia (en cuya virtud fue estimada la acción resolutoria del contrato de compraventa de una vivienda en fase de ejecución, por incumplimiento esencial de la obligación de entregar la misma en el plazo pactado, condenando a la demandada a devolver la parte proporcional del precio entregado a cuenta, por importe de 15.000 euros más los intereses legales desde el día 1 de enero de 2008) invocando la concurrencia de error en la apreciación de la prueba y en la interpretación del artículo 1124 del Código Civil en lo atinente al cumplimiento de las obligaciones reciprocas.

Comenzando por el examen de este último motivo de impugnación, esta Audiencia tiene declarado en ocasiones precedentes que la acción resolutoria, fundada en el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractualmente establecidas que contempla el art. 1124 del CC , ostenta un carácter extraordinario o excepcional frente al principio general de la contratación que exige favorecer la subsistencia del vínculo negocial y el cumplimiento de lo validamente pactado ( art. 1091 CC ), estando condicionada su estimación a la apreciación del concurso de una serie de requisitos que presuponen un incumplimiento injustificado, grave y culpable de su obligación por parte del accionado, de manera que no basta con cualquier infracción o defecto en la ejecución de la prestación, sino que se exige un incumplimiento relevante o cualificado que justifique la extinción de la relación obligatoria, por lo que debe ser aplicada restrictivamente ( SS.TS. 16 abril 1991 , 18 noviembre 1994 y 23 mayo 2000 ).

Considera la jurisprudencia que se da esa nota de gravedad cuando se frustra la finalidad de negocio, sin que sea necesario el dolo o una resistencia tenaz y persistente, ya que basta la constatación de un inequívoco y objetivo incumplimiento(SS.16 junio 1992, 20 junio 1993, 3 mayo 1994 y 10 mayo 2000).

Este incumplimiento resolutorio, no solamente ha de ser el pleno o absoluto, sino que también abarca el parcial o relativo. Así, en los supuestos de incumplimiento parcial cabe también, supuesto el carácter bilateral y oneroso del contrato, la posibilidad de pedir su resolución, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1124 del CC ., cuando, en realidad, el incumplimiento parcial sea de tal entidad que implique la frustración del fin del contrato o de las expectativas que impulsaron su celebración, afectando de manera fundamental o relevante, a la esencia objetiva del contrato y a la utilidad económica pretendida por las partes, sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones de menor entidad, accesorias o complementarias que no impidan el mencionado fin económico del contrato en contra de las legítimas aspiraciones de la parte ( SS.TS. 20 diciembre 1977 , 23 marzo 1982 , 27 octubre 1986 , 6 noviembre 1987 , 10 mayo 1989 , 18 noviembre 1993 , 5 mayo 1997 , 26 julio 1999 y 23 mayo 2000 ).

SEGUNDO:La doctrina expuesta en los párrafos precedentes puede ser traída a colación en el supuesto de autos. Representa una máxima o noción generalmente aceptada que la interpretación de un contrato (o de cualquier otro negocio jurídico en el que se da cuerpo a una concreta declaración de voluntad) constituye una actividad encaminada a indagar y reconstruir el sentido de la misma y debe ser entendida como medio dirigido a determinar cual fue la intención común de las partes en el momento en que se concluyó el negocio (interpretación subjetiva).

El principio rector de la interpretación contractual se sitúa, por tanto, en la búsqueda de la voluntad común (expresado en otras palabras, se trata de averiguar que es lo que se propusieron).

El Código civil alude reiteradamente a la 'intención de los contratantes' (art. 1281 , 1282 , 1289.2 º), interpretando la jurisprudencia que esa intención es la común, no la individual o subjetiva de cada uno de ellos. ( S. de 9 de diciembre de 1965 y 2 de febrero de 1972 ).

Concretado cual es el fin, el primer elemento con el que contamos para realizar esa operación de inferencia de la voluntad común, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1281 nº 1, es el del tenor literal del contrato o negocio jurídico (sentido gramatical). Así ' si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas', traducida en la regla 'in claris non fit interpretatio'.

No obstante se restringe la eficacia de dicha regla al ordenarse en el párrafo 2º del art. 1281 que 'si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes prevalecerá ésta sobre aquéllas'.

Tal evidencia puede surgir del propio contexto del negocio jurídico (coincidente o no en el tiempo con su perfección) aclarando la realidad jurídica resultante de la literalidad de lo pactado.

Para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos coetáneos o posteriores al negocio ( art. 1282 CC .).

Atendiendo a los criterios de interpretación reseñados, la Sala comparte plenamente la apreciación que refleja la Juzgadora de Instancia (en el fundamento de derecho cuarto de su resolución) al analizar los términos del contrato, su recta interpretación a la luz de la doctrina jurisprudencial y la conclusión a la que finalmente llega.

A nuestro leal entender, la concreción del momento temporal en el que debe tener lugar la entrega de las viviendas constituye un elemento esencial en la delimitación del contenido del contrato, pues define el tiempo en que el vendedor debe cumplir la prestación esencial asumida por aquél e igualmente marca el momento en el que el comprador podría ejercitar cualquier acción fundada en un incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas.

Pues bien, en el caso concreto de autos, la interpretación de la estipulación contenida en la cláusula sextadel contrato de 17 de marzo de 2005permite identificar el momento en el que tendría lugar la finalización de la obra en condiciones de ser entregada al comprador.

La expresión"la vivienda unifamiliar adquirida será puesta a disposición de la parte compradora aproximadamente en el segundo trimestre de 2007"puede ser interpretada como mera referencia orientativa, ahora bien, ello no puede llegar al punto de posponer ese momento más allá de lo que podría representar una demora razonable, siempre por causa justificada no imputable al promotor de forma directa o mediata, encontrándose legitimado el comprador para dar por resuelto el contrato por incumplimiento del plazo razonable de entrega.

Es notorio que la parte vendedora incumplió su obligación de entregar, no ya en el periodo aproximado pactado, sino también concluido un hipotético periodo de gracia de seis meses fijado en su exclusivo beneficio, recordando que la lealtad contractual y la seguridad jurídica exigen que el contrato sea cumplido en sus propios términos en aplicación del principio 'pacta sunt servanda' salvo concurrir condiciones excepcionales (en las que podría operar la cláusula 'rebus sic stantiubus' por razones de equidad).

Como corolario de lo hasta aquí expuesto podemos concluir, en síntesis, que aparece suficientemente acreditada la existencia de un retraso significativo por el vendedor en el cumplimiento de las prestaciones comprometidas en virtud del contrato celebrado válidamente con el comprador; revistiendo el incumplimiento, en estas circunstancias, relevancia suficiente para frustrar el fin del mismo o las expectativas que legítimamente impulsaron al comprador a celebrarlo, afectando de manera significativa a la esencia objetiva del mismo y a la utilidad económica pretendida con aquél, quebrando la justa reciprocidad y correspondencia entre las prestaciones asumidas por cada una, siendo legítima la voluntad declarada por el comprador de dar por resuelto el contrato.

Abunda en esta consideración la cita de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012 , resolviendo un supuesto que guarda esencial identidad con el que hoy nos ocupa en la que se expresa que: 'La jurisprudencia de esta Sala, que ha abandonado hace tiempo las posiciones que, de una u otra forma, exigían una reiterada y demostrada voluntad rebelde en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, o, en otros casos, una voluntad obstativa al cumplimiento, para afirmar en la actualidad que basta atender al dato objetivo de la injustificada falta de cumplimiento o producida por causa no imputable al que pide la resolución, siempre que tenga la entidad suficiente para motivar la frustración del fin del contrato( Sentencias de 7 de mayo de 2003 , 18 de octubre de 2004 , 3 de marzo de 2005 y 26 de noviembre de 2007 ), ha señalado también que la descripción de la conducta cumplidora o incumplidora de los contratantes son cuestiones de hecho reservadas a los órganos de instancia, cuyas declaraciones deben respetarse en casación a menos que se impugne en debida forma, alegando error de derecho cometido por aquéllos en la valoración de la prueba ( SSTS 8 de febrero de 1993 , 2 de diciembre de 1995 , 18 de julio de 1996 , 13 de febrero de 1998 , 11 de febrero de 1999 y 21 de marzo de 2002 , por citar solamente algunas)', para más adelante señalar ya en relación con el supuesto concreto que examina, que el desarrollo del motivo que viene centrado en que no hubo incumplimiento, sino un mero retraso en el cumplimiento de la obligación de otorgar la escritura pública, no puede aceptarse, en atención que venía pactado que se otorgaría como máximo el día 31 de julio de 2007, siendo ello un pacto que las partes han tenido por conveniente imponer, como dice el artículo 1255 del Código civil EDL1889/1 al proclamar el principio de autonomía de la voluntad y que debe cumplirse al tenor del mismo, como añade el artículo 1091 que consagra explícitamente la lex contractus y que ha destacado la jurisprudencia en numerosas sentencias, como las 6 de octubre 2005 , 5 de octubre de 2006 , 7 de febrero de 2007 , tratándose de un pacto explícito y no admite dudas: se fija el plazo de ejecución y se ha fijado por voluntad libre de las partes, se trata de un pacto expreso de tiempo de ejecución, cuyo cumplimiento no puede soslayarse: pacta sunt servanda y cuyo incumplimiento da lugar a la resolución, conforme al artículo 1124 del Código civil EDL1889/1 del que no se ha producido infracción alguna; más adelante recoge que la resolución de las obligaciones debe interpretarse de manera restrictiva y aun excepcional, lo cual es cierto, aunque también es cierto el principio, antes aludido de pacta sunt servanda y el incumplimiento que motiva la resolución no es el subjetivo, voluntad rebelde al cumplimiento, sino el objetivo 'bastando que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte', como dice la sentencia de 31 de octubre de 2006 o el 'hecho obstativo que de modo absoluto, definitivo e irreformable impide el cumplimiento de la obligación' matiza la de 26 de diciembre de 2006 y recuerda la de 10 de mayo de 2007 que 'la moderna doctrina jurisprudencial no exige para la estimación de una situación de incumplimiento una patente voluntad rebelde'.

Lo expuesto hasta aquí nos lleva a desestimar el recurso confirmando la resolución impugnada por sus propios y acertados fundamentos de hecho y de derecho que damos aquí por reproducidos en aras a la brevedad.

TERCERO:La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte apelantes de las costas causadas en la apelación en aplicación del principio del vencimiento objetivo.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que DESESTIMANDOel recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de la mercantil CONSTRUCTORA GUTIPER S.L., debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Torrijos con fecha 14 de Marzo de2012 , en el procedimiento núm. 900/2010, de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente a la recurrente.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional décimo quinta L.O. 1/09 se hace saber a las partes que no se admitirá a trámite ningún recurso, sino se justifica la constitución previa del deposito para recurrir en la cuenta de depósitos, lo que deberá ser acreditado.

Nº de c/c 4328 0000 + clave + nº de procedimiento y año.

Claves:

00 (reposición) (25 euros).

01 (revisión resolución secretario) (25 euros).

02 (apelación) (50 euros).

03 (queja) (30 euros).

04 (infracción procesal) (50 euros).

05 (revisión de sentencia) (50 euros).

06 (casación) (50 euros).

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. RAFAEL CANCER LOMA, en audiencia pública. Doy fe. Toledo 3 de diciembre de 2014.