Sentencia Civil Nº 342/2012, Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1, Rec 331/2012 de 16 de Mayo de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

LUGO

SENTENCIA: 00342/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO

SECCIÓN PRIMERA

Sentencia nº 342/12

Rollo ap. nº 331/12

SENTENCIA

En la Ciudad de Lugo a dieciséis de mayo de dos mil doce.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial, integrada por los Magistrados infrascritos, ha examinado el recurso de apelación interpuesto frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos de Vivero en los autos nº 251/11, de juicio ordinario, promovidos por D. Gabino y D.ª Tarsila (Abog. Sr. Machado Cologan; Proc. Sr. Cabo Silva) contra "Teodoro Moreda S.L.U." Abog. Sr. González López; Proc. Sr. Vila Varela) y contra "Caixa Galicia" (Abog. Sr. Varela Pintos; Proc. Sr. Martín-Buitrago).

Es Ponente en el caso Su S.ª Iltma. Don José María Moreno Montero.

Antecedentes

Primero : El fallo de la resolución objeto de recurso, datada a 20-II-11, dice: "Desestimo la demanda interpuesta por D. Gabino y Dña. Tarsila , representados por la Procuradora Sra. Otero Rodríguez y defendidos por el Letrado Sr. Machado Cologan, contra Teodoro Moreda, S.L.U., representada por la Procuradora Sra. Piñón López y defendida por el Letrado Sr. González López, y contra Caixa Galicia, representada por el Procurador Sr. Prieto Vázquez y defendida por el Letrado Sr. Varela Pintos, procede la condena en costas de la parte actora".

Segundo : Apela de la Sentencia dicha la parte actora, quien solicita su revocación y que, en lugar de lo dispuesto en ella, se estimen íntegramente sus precedentes pretensiones en el proceso. La parte demandada se opone al recurso.

Tercero : Formado el oportuno rollo, se continuó por sus trámites sin necesidad de vista.

Fundamentos

Primero : A) El recurso ha de ser desestimado. Por lo que toca a su adicional alegato relativo al supuesto incumplimiento contractual por parte de "Moreda" de su obligación de entrega del bien pactado en libertad de cargas, ha de reiterarse aquí el parecer de esta Sala, ya expresado en sus Sentencias de 18-XI-10 , 1-IX-11 , 8-XI-11 y 3-I-12, según el cual la circunstancia de que determinadas decisiones administrativas ocasionaran una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, que por lo demás ningún perjuicio consta causara a los compradores, por lo que cabe desprender de las actuaciones, no representa tal incumplimiento contractual en grado alguno. La anotación preventiva, de un recurso contencioso-administrativo en el caso, no constituye carga o gravamen, sino que es tan sólo una medida cautelar de publicidad, secundaria y provisional, aviso de la existencia de un proceso, en el cual, por cierto, obra ya el desistimiento de la Xunta de Galicia, que lo instó en cuanto recurrente.

En cuanto al motivo que, para la resolución contractual denegada en la instancia, mantiene el escrito de recurso, consistente en el retraso en la entrega de la vivienda objeto de la compraventa de que se trata, también viene ya declarado por esta Sección (por ejemplo, en sus Sentencias de 22-IX-10 y 27-IV-11 ) que no cabe apreciar retraso culpable, ni voluntad obstativa al cumplimiento, en casos como el presente, en el que la demora, padecida en efecto en la puesta de los pisos a disposición de los compradores, se debió, fundamentalmente, a complicaciones administrativo-urbanísticas y a sobrevenidos problemas relacionados con la cimentación ajenos a la intención y conducta de la mencionada vendedora. Como recuerda la STS, por ejemplo, de 7-III-08 , el incumplimiento sólo puede ser base de la resolución si se muestra "inequívoco, objetivo, pertinaz y sin causa que lo justifique", y si la situación creada "viene a frustrar el fin práctico perseguido por el negocio o si evidencia una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento", pero no "cuando implica un mero retraso en la ejecución de una prestación que sigue siendo útil al acreedor", de modo que "la gravedad del incumplimiento ha de medirse, en cada caso, con los parámetros de la buena fe". En otros términos (los de la STS de 9-XII-04 ), "el incumplimiento ha de ser de tal entidad que impida el fin normal del contrato, frustrando las legítimas expectativas de la parte", y debe al efecto comprobarse la prolongada inactividad o pasividad del incumplidor frente a la voluntad de cumplimiento de la otra parte. Para que proceda la resolución, el incumplimiento ha de ser ( STS de 8-IV-10 ) esencial, esto es, que afecte a la esencia de la prestación; intencional, de manera que haga improbable el cumplimiento voluntario en un futuro próximo, e impeditivo del fin perseguido por el otro contratante, ello en grado previsible para el incumplidor. No cabiendo concebir un interés, jurídicamente protegible, del comprador en que se decrete la resolución, remedio de suyo excepcional, ha de estarse al principio de conservación del negocio ( STS de 12-IV-11 ; cf., por ejemplo, S.AP Coruña 3ª de 10-VI-11 , S. AP Lugo 1ª de 6-X-11 ).

Lo anterior hace que huelgue entrar en la pretendida responsabilidad como avalista de "Caixa Galicia", sobre la que nada, por los demás, argumenta el recurso.

Segundo : En cuanto a las costas de segunda instancia, y visto lo que disponen los arts. 398 y 394 de la LEC , procede imponerlas a la parte apelante.

Por cuanto antecede,

Fallo

Que desestimando el recurso, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº Dos de Vivero en los autos nº 251/11. Con imposición de las costas de segunda instancia a la parte recurrente.

Transfiérase a la cuenta especial 9900 el depósito constituido para recurrir.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos Don José Antonio Varela Agrelo, Don José Rafael Pedrosa López y Don José María Moreno Montero.