Sentencia Civil Nº 350/2015, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, Rec 17/2015 de 30 de Septiembre de 2015

En una apreciación conjunta de las pruebas practicadas, de todos los anteriores conceptos se considera que procede la admisión de los siguientes de los que a continuación se relacionan al no estar incluidos en el presupuesto. Y existir acuerdo con la propiedad, aplicándose precios de mercado (informe de la perito judicial).

- Cimentación.-El arquitecto don Jon , como la perito judicial, doña Macarena , han puesto de manifiesto, que se aprecia que el terreno donde se ha de llevar a cabo la edificación no es firme lo que no se detectó en los estudios geotécnicos efectuados por laboratorio homologado, lo que obligó a realizar nuevas pruebas, de las que se detectó que la resistencia del terreno era menor que la prevista, por lo que hubo que modificarse el tipo de cimentación inicialmente prevista por otra de micropilotes, lo que se comunicó a la propiedad circunstancia imprevista y que viene a justificar el sobrecoste recogido en la susodicha factura. Su importe es de 9.321,64 €, más IVA.

- Placa en segunda puerta, por un importe de 650 €, más IVA.

- Emergencias (14 Unidades),por un importe de 740 €, más IVA.

- Colocación de cuarto de fábrica de ladrillo con puerta rf-60,por un importe de 850 €, más IVA.

Por otra parte, se considera que siendo la constructora profesional en la edificación debió incluirse dentro del presupuesto los siguientes conceptos, cuyo importe debe deducirse de la factura reclamada, por ser necesarios para seguridad en la utilización de los elementos y servicios de la edificación, sin que sea admisible su facturación fuera del mismo.

- Pasamanos en escalera sótano,por un importe de 140 €, más IVA.

- Pasamanos en escalera a sótanos parte inferior, pasamanos en ascensor y en la barandilla del patio,por un importe de 365 €, más IVA.

- Puerta corredera deArmario de contadores eléctricos, por un importe de 390 €, más IVA

- Armario metálico en contadores de gas, por un importe de 488 €, más IVA.

*Lo que asciende a la suma total de 1.493 €, IVA incluido.

Igualmente de la factura reclamada, debe descontarse el importe abonado en metálico a la sociedad actora de 5.319,62 €, como ya se ha explicado en el apartado 9 del anterior fundamento de derecho.

En consecuencia, se estima que la suma que los demandados deben abonar a la sociedad actora en concepto de la factura 787/2012, reclamada en la litis de 36.051,02 €, una vez deducida la suma abonada en metálico y la correspondiente a los conceptos excluidos es de 29.238,40 €.

Por ello, se acoge en parte el motivo opuesto.

CUARTO.- PROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS.

En segundo lugar reclama la sociedad apelante el importe correspondiente a las retenciones practicadas del 5% de las facturas abonadas, que asciende a la suma de 19.434,70 €, lo que deniega la sentencia apelada al estimar que existen defectos constructivos sin reparar.

Esta Sala ya señaló en la sentencia de 13 de julio de 2.013 (Ponente Sr. Torres Fernández de Sevilla), que la 'naturaleza jurídica de las retenciones, constituye una auténtica prenda irregular, en cuanto afecta, con función de garantía, una suma de dinero que pertenece en realidad al deudor de la prestación principal garantizada y que queda en poder del acreedor. Por eso, cuando el acreedor considera que se ha llegado al estado de incumplimiento de la obligación garantizada ha de realizar un acto ostensible de aplicación de la prenda, notificándolo al deudor, pues de lo contrario, si nada hace y se la queda definitivamente para sí, incurriría en el comiso directo de la prenda, prohibido por nuestro ordenamiento'.

En el contrato pactado por las partes litigantes se acordó que la devolución de las retenciones practicadas se realizaría a los doce meses desde la recepción de las obras, constando únicamente la existencia de un acta de recepción de fecha 18 julio 2012.

De todas las pruebas practicadas se estima que no existen defectos constructivos que justifiquen la no devolución del total de las retenciones realizadas, siendo así que los trabajos que se encuentran pendientes de realización son fruto de una controversia jurídica entre los contratantes que será resuelta en esta resolución al examinarse el recurso de apelación interpuesto por los demandados-reconvinientes.

Pero, aun en el caso de existir dichos desperfectos, lo que no se ha probado, ello no justifica que la propiedad retenga sine die las retenciones efectuadas, sino que deberá proceder, previa notificación a la constructora a aplicar la misma para su reparación.

En consecuencia, se acoge favorablemente el motivo alegado, declarándose la obligación de los demandados de devolver a la constructora el importe de las retenciones practicadas (19.434,70 €).

Por consiguiente, se acoge favorablemente el motivo esgrimido.

QUINTO.- RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR LOS DEMANDADOS-RECONVINIENTES. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA OPUESTA DE CONTRARIO.

A continuación se procede examinar el recurso de apelación interpuesto por los demandados-reconvinientes, que disienten de la sentencia de instancia por desestimación íntegra de la demanda, reconvencional formulada, por lo que tras exponer los alegatos en los que sustentan su impugnación, solicitan su revocación y la estimación de las pretensiones contenidas en aquélla.

En primer lugar, debe analizarse la excepción de falta de legitimación activa para interponer la demanda reconvencional, opuesta por la sociedad actora, por cuanto sostiene que dicha demanda se formula por don Manuel , doña Felisa , doña Raimunda y don Victoriano , no en nombre propio, sino en representación de DIRECCION000 C.B., de la que forman parte, comunidad de bienes que carece de persona jurídica para interponer la demanda reconvencional.

La sentencia de esta Sala de 8 de septiembre de 2.011 (Ponente Sr. Torres Fernández de Sevilla) declara: 'las comunidades de bienes, caracterizadas por la propiedad plural sobre una cosa o un derecho en proindiviso, carecen, en nuestro ordenamiento, de personalidad jurídica, pues su específica naturaleza, como una modalidad del dominio, no hace surgir un ente distinto ni se requiere dotar al conjunto de comuneros de una personalidad diferenciada de la que cada uno ostenta. En la comunidad, la misma cosa o el mismo derecho constituye el objeto, que no precisa de un sujeto distinto a los cotitulares para ser convenientemente gestionado.

La sociedad, en cambio, hace surgir a la vida jurídica una nueva entidad con personalidad propia, precisamente porque su carácter dinámico hace aconsejable que sea el nuevo ente, y no los socios, el que se relacione con terceros para llevar a cabo el objeto social. Pero para ello, es preciso que se cumplan los requisitos que el propio ordenamiento exige para adquirir la personalidad jurídica ( artículo 35 del Código Civil ).

Y, a estos efectos, es trascendental distinguir entre las sociedades civiles y mercantiles, pues si las primeras, si no se aportan bienes inmuebles y no quedan sus pactos reservados o secretos para los socios, no requieren de forma específica ( artículos 1.667 y 1.669 del Código Civil ), las mercantiles requieren, en todo caso, del otorgamiento de escritura pública y de su inscripción en el Registro Mercantil como elementos constitutivos ( artículo 119 del Código de Comercio ).

La diferenciación entre unas y otras está en el propio objeto social, de modo que si éste implica o requiere necesariamente la realización de actos de comercio (definidos como tales en el artículo 2 del Código Mercantil ), se consideran mercantiles y se rigen por las normas de ese carácter ( artículo 1.670 del Código Civil y Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1991 ).

Por lo demás, y quizás esto sea lo más trascedente, la distinción entre comunidad de bienes y diferentes tipos de sociedad implica un distinto tipo de responsabilidad de sus miembros.

Así, la comunidad de bienes, por trasunto de la esencial idea de titularidad por cuotas a que responde la regulación de tal figura en el Código Civil, la responsabilidad por deudas o cargas es proporcional a la cuota (artículo 393 ), de modo que, como ha señalado la jurisprudencia, la exigencia de tal responsabilidad implica la necesidad de una demanda común o conjunta frente a todos los comuneros ( Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2.005 ), salvo que, por excepción, se pueda detectar un supuesto de solidaridad tácita entre comuneros respecto al tercero ( Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2005 ), en la sociedades civiles no hay más responsabilidad que la de la propia sociedad ( artículos 1.697 y 1.698 del Código Civil ), pues ciertamente ha surgido a la mundo jurídico un ente con vida propia. Finalmente en las sociedades irregulares responden los gestores solidariamente ( artículo 120 del Código de Comercio ), como sanción a la omisión de las formalidades precisas para hacer surgir válidamente a la sociedad, pese a lo cual se la ha hecho actuar en el tráfico económico.

Abundando en lo anterior, corresponde, ahora, trazar la diferenciación entre la comunidad de bienes y la sociedad.

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1993 , con cita de otras muchas anteriores, al ocuparse de las características que distinguen una de otra, señala que 'si bien son coincidentes en darse una situación de voluntades en unión, no lo son en cuanto a sus fines y operatividad. Las comunidades de bienes suponen la existencia de una propiedad en común y proindiviso, perteneciente a varias personas ( artículo 392 del Código Civil ), lo que se traduce en su mantenimiento y simple aprovechamiento plural.

En cambio las sociedades civiles, aparte de la existencia de un patrimonio comunitario, este se aporta al tráfico comercial ya que la voluntad societaria se orienta a este fin principal y directo para obtener ganancias y lucros comunes, partibles y divisibles y, consecuentemente, lo mismo sucede con las pérdidas'.

La LEC 1/2000 reconoce capacidad para ser parte -sin distinción entre las posiciones activa y pasiva- a 'Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración' (art. 6, apdo. 1, núm. 4.º), como acontece con la herencia yacente o el patrimonio del concursado; a 'Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte' ( art. 6, apdo. 1 , 5.º), caso en el que se encuentran las Comunidades de Propietarios constituidas de acuerdo con la disciplina contenida en la Ley de Propiedad Horizontal .

Junto a los anteriores, el art. 6, apdo. 2 LEC 1/2000 reconoce aptitud subjetiva pasiva -esto es, exclusivamente a efectos de que puedan ser demandadas- a '(...) las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado' (último inciso), naturalmente, 'Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas'

En este caso se encuentran, de un lado, las llamadas uniones sin personalidad integradas por un número variable de personas que de modo transitorio realizan por sí o través de uno o varios de sus integrantes actividades de la más diversa índole, ordinariamente de contenido económico (alquiler de locales; contratación de viajes, personas; adquisición de bienes, etc.), orientadas a la consecución de un objetivo común lícito. Pero, de otro lado, precisamente los entes a que inmediatamente se refiere la norma con el circunloquio atinente a la omisión '(...) de los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas' -señaladamente de forma y publicidad- son las distintas especies de las genéricamente denominadas sociedades irregulares: las sociedades irregulares tanto civiles ( art. 1669 CC ) como mercantiles, y las sociedades civiles ocultas ( art. 1667 CC ).

La excepción ha sido opuesta no puede prosperar por las siguientes razones:

1)Porque dicha excepción fue rechazada por la sentencia de instancia, aunque con un enfoque sobre su planteamiento equivocado, y dicho pronunciamiento no fue objeto de impugnación el recurso de apelación formulado, ya que la desestimación de la reconvención lo fue por razones de fondo y no por falta de legitimación activa de los reconvinientes, por lo que existió un aquietamiento al mismo. Razón suficiente para su rechazo.

2)Pero, además, para poder determinar en este caso la verdadera naturaleza de la Comunidad de Bienes, en cuyo nombre se formula la demanda reconvencional, no basta con detenerse en la mera denominación que las partes le hayan dado, sino que se ha de atender a su esencia, y para ello es preciso el examen y análisis del contrato por el que se constituye, al menos formalmente, la comunidad de bienes.

En el supuesto sometido a enjuiciamiento en un examen de los autos no consta incorporado el contrato o documento en el que se constituye la comunidad de bienes por lo que no es posible calificar jurídicamente a la misma como una comunidad de bienes, lo que implica, su calificación como sociedad irregular mercantil, que le otorga plena capacidad procesal para formular la demanda reconvencional, de acuerdo con todo lo anteriormente expresado.

SEXTO.-SOBRE LA APLICACIÓN DE SANCIÓN POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA VIVIENDA.

Entrando en el estudio de los motivos opuestos, debe abordarse en primer lugar la pretensión de aplicar la sanción por retraso en la terminación y entrega de la obra pactada. Se alega la existencia de un error material en el contrato respecto a la fecha de finalización y entrega de la obra, que es 1 de agosto de 2011, estableciéndose en el contrato distintas sanciones según la fecha de terminación, así hasta el 1 de octubre de 2011 la sanción por retraso será a razón de 30 euros diarios, y a partir de dicha fecha de 60 € por cada día de retraso, de manera que entendiendo que la fecha de terminación y entrega fue la de 8 de octubre de 2012, fecha en que se pone a su disposición los boletines originales planos y proyectos a los demandados, cuantifica la suma por retraso en la cantidad de 24.240 €.

Se sostiene por la parte actora que no es posible aplicar las penalizaciones previstas toda vez que en ningún momento la propiedad se le requiriese con anterioridad a la interposición de la demanda reconvencional al abono de su alguna por el retraso.

Esta Sala ha venido sosteniendo el criterio (sentencias de 11 de julio de 2012 y 13 de diciembre, entre otras) que aplicando el principio general de buena fe, del que dimana el de la prohibición de contravenir los actos propios, se ha considerado por este Tribunal abusiva la aplicación de la penalización contractual cuando dicha aplicación se hace de forma sorpresiva por vía de demanda reconvencional frente a una reclamación económica formulada de contrario, abuso que se detectará siempre que se pueda considerar concurrente un retraso tardío y culpable en el ejercicio del derecho, pues se considera que 'lo más lógico es que la aplicación de la cláusula penal se hubiera llevado a cabo una vez terminada la obra por la recurrente, o, en su caso, al hacer entrega de la obra a la propietaria, o comunicar a la actora la realización de una compensación de las facturas no satisfechas con el importe de las cláusula penal establecida en el contrato, cuando extrajudicialmente el Abogado de la recurrente se dirige a la demandada reclamando la cantidad debida' ( Sentencia de esta Sección de 1 de diciembre de 2.011 ).

En efecto, se ha de considerar que el acto por el que se entrega la obra por la contratista al dueño de la misma, tiene una clara finalidad liquidatoria, en cuyo momento se ha de dejar claro cuál es la posición de las partes en torno a las deudas y créditos líquidos que queden subsistentes. De manera que dueño de la obra, al menos, en momento anterior a la acción judicial ha de dejar, de una u otra forma, patente su voluntad de aplicar la pena por retraso.

Sin embargo, esta Sala, tras una reconsideración de esta cuestión, considera oportuno modificar dicho criterio en los supuestos en que el dueño del obra no sea un profesional y la contratación se realice con una entidad o persona física dedicada profesionalmente a la construcción, como es el caso planteado en la presente litis, que no será necesario antes de la reclamación judicial dejar patente su intención de aplicar la penalización por retraso pactada.

Una vez realizada la anterior puntualización, en un examen del contrato de obra suscrito se aprecia que en la estipulación sexta se fija como fecha de iniciación de las obras el 1 de agosto de 2010, sin embargo más adelante se indica textualmente 'el contratista deberá finalizar sus trabajos (...) para que se pueda practicar la retención y liquidación de la obra, antes del día 25 julio de 2010'.

Es evidente que esta última fecha obedece a un claro error material, y por las pruebas practicadas se desprende clarísimamente que la fecha correcta es 25 julio 2011. Además se señala 'en todo caso el 80% de los trabajos contratados deberán estar ejecutados el 1 de agosto de 2011'.

En el apartado 4. se establecen dos penalizaciones distintas: una de 30 diarios € por cada día de retraso desde el día 1 de agosto de 2011 hasta el día 1 de octubre de dicho año. Y otra, de 60 € por cada día de retraso desde el día 1 de octubre de 2011 hasta la total terminación y entrega de las obras contratadas, así como de la documentación correspondiente.

Esta Sala toma como fecha de inicio para la aplicación de la penalización prevista contractualmente la de 1 de octubre de 2011, porque no queda totalmente claro si antes de esta fecha deben estar terminados el 80% o el 100% de los trabajos previstos en el contrato.

No puede aceptarse como fecha de terminación de la obra la que figura en el certificado final de obra, 27 de enero de 2012, toda vez que en dicho momento quedaban pendiente de ejecutar diversos trabajos que excedían de lo que puede considerase meros remates, de manera que dicho certificado final de obra del fue presentado para visar en abril de 2012, tal y como reconoció el propio arquitecto en el acto del juicio, por consiguiente se estima como fecha finalización de la obra es la del Acta de recepción de la misma que se produce el 18 julio 2012, aunque para entonces quedaran remates que realizar, posteriormente ejecutados, descartándose totalmente como fecha la de 8 octubre 2012, tal y como pretendían en su demanda reconvencional los apelantes, porque no existe prueba alguna de que en dicha fecha se le entregase por la constructora toda las documentación pertinente.

Por tanto entre el 1 de octubre de 2011 y el 12 de julio de 2012, ha transcurrido un retraso de 285 días.

Sin embargo, en el informe pericial efectuado por la arquitecta técnico doña Macarena , ratificado en el acto del juicio, valorado conforme a la regla establecida en el artículo 376 de la LEC , pone de manifiesto que deben descontarse de dichos días de retraso; 133 días, al no ser culpable la constructora de la demora, sino que obedecen a las modificaciones realizadas al Proyecto inicial durante la ejecución de la obra.

Por consiguiente, el importe de la penalización que debe aplicarse a la constructora será el siguiente:

Días de retraso imputables a la constructora : 152 días X 60 € = 9.420 €.Suma que deberá abonar la constructora a los recurrentes.

Se acoge en parte el motivo alegado.

SÉPTIMO.- SOBRE LA PROCEDENCIA DEL ABONO DE LA SUMA DE 7.933,52 € POR LA PARTIDA DE FORRADO INTERIOR DE SIETE ARMARIOS DE VIVIENDA DE LA PLANTA PRIMERA NO EJECUTADA. SOBRE EL COSTE DE REPOSICIÓN DE LA ACERA.

En cuanto al primer punto planteado, como ya se declaró probado en el apartado 7) de los hechos probados recogidos en el fundamento de derecho segundo de esta resolución, en las obras efectuadas por la constructora correspondiente al concepto de carpintería no se llevó a cabo la partida correspondiente a forrado interior de armarios en la vivienda de planta NUM002 , lacado en color blanco a un precio unitario de 133,36 €. Contemplándose 7 unidades, ejecutándose con tableros forrados en sapelly como el resto de viviendas en presupuesto tiene un precio unitario de 178.32 €, remitiéndonos a lo dicho en dicho apartado respecto a su eficacia probatoria, debiéndose únicamente añadir que por la sociedad actora no se ha acreditado la ejecución de dicha partida, ni tampoco resulta satisfactoria la explicación dada al respecto sobre las modificaciones generales del capítulo de carpintería llevadas a cabo a petición de la propiedad que ha implicado un aumento de los precios.

En relación a la reposición de la acera, sostienen los apelantes que conforme a la estipulación quinta del contrato serán a cargo y cuenta de la sociedad actora los pagos y gastos que estos trabajos (de vallado perimetral y acote de obras) originen al Ayuntamiento. Además será responsable el contratista del mantenimiento y conservación durante el plazo de obra de los cerramientos, viales, etc., Que pudieran verse afectados por la ejecución de los trabajos, por lo que corresponde a Artalejo Ingenieros la reparación por la que los demandados han sido requeridos por el Ayuntamiento para la reposición de la acera dañada.

En la Audiencia Previa por la parte apelante se aportó la comunicación del Ayuntamiento de Madrid referida a desperfectos que presenta la acera.

Al margen de que el vaciado del terreno fuera contratado por otra empresa distinta de la contratista, extremo sobre el que no existe evidencia documental alguna, y sobre lo que existen versiones contradictorias, lo cierto es que no se puede estimar como probado quién fue el responsable de los daños producidos en la acera, ni que los mismos fueran consecuencias directa de los trabajos efectuados por Artalejo Ingenieros S.L.

En consecuencia, no puede prosperar el motivo aducido.

OCTAVO.-Por todo lo expuesto, procede estimar en parte los recursos de apelación formulados, revocándose la sentencia apelada. Teniendo en cuenta que mediante la estimación parcial del recurso de apelación formulado por la mercantil Artalejo Ingenieros S.L. se condena a los demandados a que abone en a dicha sociedad la suma de 29.238,40 €, como pago de la factura 787/2012, además de la suma de 19.434,70 €, en concepto de la retenciones realizadas por las certificaciones de obras pagadas y no devueltas a la constructora, así como que por la estimación parcial del recurso de apelación formulado por los demandados-reconvinientes se condena a la expresada mercantil a que abonarse los recurrentes la suma de 9.420 € en concepto de penalización por retraso en la terminación y entrega de la obra contratada, y de 7.933,52 €, en concepto de una partida abonada y no ejecutada por la constructora, procede hacer una compensación entre las cantidades reconocidas a las partes apelantes, resultado de la cual los demandados deberán de abonar a la sociedad actora la suma de 31.319,58 €.

En relación al devengo de los intereses legales de dicha suma desde la fecha de interposición de la demanda. La STS de 14 de julio de 2012 declara 'como recuerda la Sentencia 232/2011, de 12 de abril , '(l) a jurisprudencia de esta Sala afrontó en dos momentos el alcance de la exigencia de la liquidez. En un primer momento mitigó el rigor de la regla 'in illiquidis non fit mora' que subordinaba la concesión de intereses a la plena coincidencia de las cantidades reclamadas y concedidas, y los rechazaba en todos los casos en que era necesaria una previa liquidación cualquiera que fuere su entidad, admitiendo la posibilidad de condenar al pago de intereses aunque la cantidad concedida resultase inferior, siempre que la diferencia no fuere muy grande o desproporcionada. En un segundo momento prácticamente se sustituyó la regla antes expresada por el criterio de atender a la razonabilidad de la reclamación y de la oposición, cuya aplicación exige contemplar las circunstancias concurrentes en el caso. Se estima que el moderno criterio da mejor respuesta a la naturaleza de la obligación, el justo equilibrio de los intereses en juego, la indemnidad del acreedor, el carácter productivo o fructífero del dinero y, en definitiva, a la plenitud de la tutela judicial; y se ponderan como pautas la razonabilidad del fundamento de la reclamación, las razones de la oposición al pago, la conducta obstaculizadora de la parte en orden a la liquidación y al pago de lo adecuado, y demás circunstancias concurrentes. Esta doctrina se manifiesta en innumerables resoluciones (entre otras 22 de febrero, 5 de mayo, 10 y 17 de junio, 13, 22 y 26 de octubre de 2.010), siendo de resaltar que la pendencia de una liquidación no es de por sí una razón obstativa ( SS. entre otras 25 de mayo y 24 de junio de 2.010 )'.

En aplicación de la expresada doctrina, debido a la existencia de reclamaciones entre ambas partes litigantes, a la complejidad de las mismas y la necesidad de que la cuantificación de la suma adeudada se haya realizado en esta alzada, así como la razonabilidad de las posiciones enfrentadas, se declara que la suma adeudada no devengará interés legal desde el momento de su reclamación, sino el interés previsto en el artículo 576 de la LEC .

NOVENO.- COSTAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 de la LEC no se hace imposición de las costas devengadas en esta alzada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 394.2 de la LEC no se hace imposición de las costas devengadas en la instancia.

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.

Fallo

Debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS EN PARTElos recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de la mercantil Artalejo Ingenieros S.L.; y de don Manuel , doña Felisa , doña Raimunda y don Victoriano contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 83 de Madrid, núm. 183/1014, de 23 de septiembre, y, en consecuencia, REVOCAMOSla expresada resolución, y con estimación parcial de la demanda rectora del procedimiento y de la demanda reconvencional interpuestas, Debemos condenar y condenamosa don Manuel , doña Felisa , doña Raimunda y don Victoriano , a que abonen a la mercantil Artalejo Ingenieros S.L. la suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA Y OCHO EUROS (31.319,58).

A esta suma le será de aplicación el artículo 576 de la LEC .

No se hace imposición de las costas devengadas en ninguna de ambas instancias.

La estimación de los recursos de apelación interpuestos determina la devolución de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Notifíquese esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 248.4 de la L.O.P.J . advirtiendo a las partes que contra esta sentencia Cabe interponer recurso de casación, y, en su caso, de infracción procesal, conforme a lo dispuesto en el artículo 477.2.3º de la LEC el cual habrá de ser interpuesto por escrito a presentar en el plazo de veinte días ante este mismo Tribunal, que habrá de cumplir las exigencias previstas en el artículo 481 del expresado Texto Legal, previa constitución , en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de Santander Oficina Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid, con el número de cuenta 2579-0000- 00-0017-15, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos .

PUBLICACIÓN.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe