Sentencia CIVIL Nº 38/2022, Juzgados de lo Mercantil - Mérida, Sección 2, Rec 74/2022 de 25 de Octubre de 2022

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2DE BADAJOZ CON SEDE EN

MERIDA

SENTENCIA: 00038/2022

AVDA. DE LAS COMUNIDADES S/N CP 06800

Teléfono:Fax:924177540

Correo electrónico:mercantil2.badajoz@justicia.es

Equipo/usuario: 02

Modelo: N04390

N.I.G.: 06083 47 1 2022 0000054

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000074 /2022

Procedimiento origen: /

DEMANDANTE D/ña. Fulgencio ADMINISTRADOR CONCURSAL DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE EXTREMADURA (CREX)

Procurador/a Sr/a. VICTOR ALFARO RAMOS

Abogado/a Sr/a. DIEGO MIRANDA GOMEZ

DEMANDADO D/ña. Gines

Procurador/a Sr/a. PABLO CRESPO GUTIERREZ

Abogado/a Sr/a. ANTONIO FERNANDEZ ROMERO

S E N T E N C I A Nº 38/2022

JUEZ QUE LA DICTA:MARIA VICTORIA DAVILA AREVALO.

Lugar:MERIDA.

Fecha:veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

Vistos por mí, Dª Mª VICTORIA DÁVILA ARÉVALO, Magistrada Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Mérida, los autos de juicio ordinario promovidos a instancia de D. Fulgencio, administrador concursal de la SOCIEDAD COOPERATIVA DE REGANTES DE EXTREMADURA, CREX en liquidación,representada por el Procurador D. Víctor Alfaro Ramos y asistida del Letrado D. Diego Miranda Gómez, contra D. Gines,representado por el Procurador D. Pablo Crespo Gutiérrez y asistido del Letrado D. Antonio Fernández Romero, y atendiendo a los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.-Por la parte actora se presentó, en fecha 23 de mayo de 2022, demanda de juicio ordinario en la que tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación, terminaba solicitando que se dictase sentencia condenando al demandado al abono de 28.397,02 euros, más los intereses de demora y las costas procesales.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se ordenó emplazar a la parte demandada para que en 20 días presentase escrito de contestación. La contestación fue presentada en fecha 29-06-2022 oponiéndose a la demanda, interesando su íntegra desestimación y la imposición de las costas a la demandante.

Las partes fueron convocadas para la celebración de la audiencia previa, la cual tuvo lugar el día 15 de septiembre. Se ratificaron en sus respectivos escritos e interesaron el recibimiento del pleito a prueba. El juicio se celebró el día 20 de octubre donde se practicó la prueba propuesta y estimada pertinente con el resultado que obra en autos. Tras el trámite de conclusiones, los autos quedaron vistos para sentencia.

TERCERO.-En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales vigentes.

Fundamentos

PRIMERO.-OBJETO LITIGIOSO.

I.-En la demanda se ejercita la acción personal de reclamación de la cantidad de 28.397,02 euros correspondientes al préstamo de estructura del año 2017.

II.-El socio demandado se opone alegando:

1) La liquidación de la campaña del 2017 fue fijada unilateralmente por la Cooperativa, por lo que el demandado manifiesta su no conformidad con la misma;

2) Falta de transparencia en la liquidación y en el precio de compra de la fruta ya que se desconoce el precio de venta por la comercializadora, NATURCREX, S.L;

3) Los gastos fijos de estructura es una cantidad fijada por la Cooperativa, deben formar parte de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Cooperativa y no repercutidos al socio;

4) Los reconocimientos de deuda no se admiten por ser contrarios a la ley y a los Estatutos.

SEGUNDO.- HECHOS PROBADOS.

Los hechos que se pasan a exponer se obtienen del valor que a los documentos atribuye la Ley Procesal Civil, de este modo conforme al art. 326 de la LEC, los documentos privados harán prueba plena en el proceso en los términos del art. 319 de la LEC cuando su autenticidad no haya sido impugnada por la parte a la que perjudiquen. La parte actora no impugnó la autenticidad de la prueba documental únicamente su valor probatorio. El demandado impugnó ambas cuestiones, ahora bien, respecto de la autenticidad de los documentos, ninguna prueba aportó tendente a contrarrestar los elementos probatorios que pueden extraerse de los mismos.

Así mismo, ciertos hechos han sido expresamente reconocidos por el demandado y sobre otros no existe una oposición en la contestación a la demanda lo cual permite la aplicación de la consecuencia prevista en el art. 405.2 de la LEC, de modo que el silencio o las respuestas evasivas se valorarán como admisión tácita de los hechos.

Sobre la base de lo expuesto:

1.Se alega en la demanda y se admite expresamente de contrario que la Sociedad Cooperativa de Regantes de Extremadura (CREX), tiene como objeto social la comercialización de productos procedentes de las explotaciones de los socios, la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de los socios.

La sociedad se rige por los Estatutos adoptados en virtud de escritura pública otorga en Villanueva de la Serena de 18 de julio de 2000, ante el Notario D. Ángel Delgado Fernández de Heredia, modificados mediante sendas escrituras de fechas 25 de octubre de 2012 y de 22 de mayo de 2014. La última modificación fue acordada por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2017.

Por auto de 15 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz, la sociedad fue declarada en concurso voluntario, siendo nombrado administrador D. Fulgencio. Por auto de 20 de febrero de 2019, se abrió la fase de liquidación y se declaró disuelta la sociedad.

2.D. Gines es socio de la cooperativa desde el 12 de febrero de 2009.

3.El funcionamiento de la Cooperativa para dar salida en el mercado a los productos hortofrutícolas entregados por los cooperativistas era el siguiente:

El agricultor entregaba la fruta a CREX para su procesamiento. La comercialización de la fruta procesada correspondía a NATURCREX, S.L.

La liquidación de la fruta que se le efectuaba al socio se realizaba según especie, variedad y calibre. Para todos los socios el precio de la fruta era el mismo, pues no se hacían liquidaciones individuales.

Los gastos fijos o estructurales de CREX (personal laboral fijo, consumo eléctrico de las instalaciones, servicios técnicos, etc) y los gatos de campaña generados por la comercialización de la fruta por parte de NATURCREX, S.L (transporte, mano de obra, materiales, etc), eran repercutidos al cooperativista en las liquidaciones de la fruta que anualmente se le practicaban. De modo que al cooperativista le aparecía en la liquidación el precio neto de venta de la fruta, tras restarle los gastos de campaña. Sobre el precio resultante, CREX descontaba sus gastos fijos o estructurales, además, de los servicios prestados al socio (agroseguro, fitosanitarios, anticipo, etc).

Todo lo expuesto viene acreditado con las testificales de Dª Sonia, administrativa de CREX y trabajadora de la cooperativa desde el año 2004; de D. Samuel, director financiero del grupo CREX desde 2015.

4.Durante la campaña, cada 15 días los socios eran informados en Asamblea sobre cómo iban las ventas, tanto por el comercial de la Cooperativa como por el gerente, según la declaración testifical de Dª Sonia y de D. Samuel.

En estas Asambleas a los socios se les informaba del precio al que se estaba vendiendo la fruta y sobre los diversos costes (mano de obra, gastos de estructura, transporte, precio de las cajas y demás material con el que se comercializaba la fruta, etc), de modo que el socio podía conocer el precio que aparecería reflejado en la liquidación.

5.Entre las funciones del Consejo Rector estaba fijar el importe de los gastos fijos o estructuralesque había que descontar de las liquidaciones que se practicaban a los socios.

La práctica habitual para repercutir estos gastos a los cooperativistas consistía en girar a cada uno de ellos una factura anual por importe de 400 euros por hectárea declarada y el resto, hasta alcanzar el importe total de estos gastos, se cubría descontando de la liquidación de cada socio una cantidad de céntimos de euro por kilos de fruta entregada en la Cooperativa.

El Consejo Rector, en reunión de fecha 20 de noviembre de 2017, acordó no repercutir 0,08 euros/kgs de gastos de estructura, asumiendo cada socio la deuda a nivel individual (doc. núm. 52 de la demanda). Además, el director financiero informó de los gastos de estructura de CREX, NATURCREX, Gestoría CREX, S.L.U y Fruticultores de las Vegas Altas, S.L (doc. aportado el día de la audiencia previa).

6.Para aquellos socios que lo solicitaran, estos gastos de estructura podían ser financiadospor la Cooperativa mediante la concesión de un préstamo, para lo cual firmaban un documento de reconocimiento de deuda y se les entregaba un pagaré.

Esta práctica se venía aplicando en anualidades anteriores, de este modo, en la reunión del Consejo Rector, de fecha 30 de noviembre de 2015, se aprobó por mayoría ofrecer a los socios la posibilidad de recuperar los gastos de estructura que les fueron facturados. Así se decidió que el importe a conceder sería de 5,7 cts/kgs de fruta entregado (doc. núm. 7).

En la campaña del año 2017 el demandado eligió financiar esos gastos de estructura por lo que, con fecha 28 de diciembre de 2017, firmó un documento privado de reconocimiento de deuda donde declaraba haber recibido de CREX la cantidad de 28.397,02 euros, en concepto de 'estructura cooperativa' campaña 2017 (doc. núm. 10).

Para la anualidad 2017, se cambió la práctica del 2015, de modo que la liquidación le era abonada al cooperativista de forma íntegra, sin detraerle los gastos de estructura. En el presente caso, el demandado, a cambio de recibir su liquidación sin que se le detrajeran estos gastos, firmaba el reconocimiento de deuda donde se comprometía al pago de los mismos de forma aplazada mediante cinco plazos anuales, con fecha de pago íntegro el 31 de diciembre de 2022.

A fin de que la cantidad objeto de esta operación apareciera reflejada en la línea cliente del demandado, CREX emitió una factura donde constaba dicho importe (doc. núm. 9). La finalidad de este documento fue explicada por la testigo Dª Sonia.

7.La liquidación practicada al demandado correspondiente a la campaña del 2017 arrojó un saldo positivo de 63.319,05 euros, y a la misma no se le aplicó el descuento correspondiente a los gastos de estructura (doc. núm. 11).

TERCERO.-Normas aplicables.

La Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura de 30 de octubre de 2018, Ley 9/2018, en su Disposición final primera, establece que las sociedades cooperativas se regirán por sus Estatutos, por la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, por los Reglamentos de desarrollo de la misma y, supletoriamente, por la legislación de sociedades cooperativas del Estado y sus normas de desarrollo.

Los estatutos de la presente Sociedad, aportados como documento nº 2, establecen en su art. 10, que:

'Los socios están obligados a cumplir los deberes legales y estatutarios (...); en especial, los socios tienen las siguientes obligaciones:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de los demás órganos colegiados de los que forma parte.

b) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la Cooperativa. (...)

j) Observar las normas de producción y comercialización establecidas por la Organización (...), así como respetar las normas sobre medio ambiente'.

Por su parte, el art. 29.2 de los Estatutos establece que: 'Corresponden al Consejo Rector cuantas facultades no estén reservadas por la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura o por estos Estatutos a otros órganos sociales, sin perjuicio de lo establecido en el apartado I del artículo 21 de estos Estatutos'.

El art. 37 establece que los acuerdos del Consejo Rector que sean contrarios a la Ley, se opongan a estos estatutos, o lesionen, en beneficio de uno o varios socios o de terceros, los intereses de la Sociedad Cooperativa, podrán ser impugnados según las normas y dentro de los plazos establecidos en el artículo 43 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

Dicho artículo establece que los consejeros podrán impugnar los acuerdos del consejo rector o de cualquier otro órgano colegiado de administración, en el plazo de treinta días desde su adopción. Igualmente podrán impugnar tales acuerdos los socios que representen el 5% de los votos, en el plazo de treinta días desde que tuvieren conocimiento de los mismos y siempre que no hubiere transcurrido un año desde su adopción.

Los actos y decisiones adoptados por la dirección general, a efectos de la posibilidad de la impugnación a que se refiere este artículo, se consideran como acuerdos adoptados por el consejo rector.

2. Las causas de impugnación, su tramitación y efectos se regirán conforme a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la asamblea general.

CUARTO.-SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA.

I.-La STS nº 82/2020, de 5 de febrero (recurso nº 100/2017 )establece, respecto del reconocimiento de deuda:

'[...] En efecto, como hemos declarado en la STS 412/2019, de 9 de julio , en un caso similar al presente:

'El reconocimiento de deuda como declaración en la que un sujeto de Derecho admite adeudar a otro una prestación, sea o no dineraria, no está sujeto a la observancia de una concreta forma condicionante de su eficacia jurídica, si bien es lo normal que se refleje por escrito a efectos probatorios. Tampoco se encuentra expresamente regulado en el Código Civil, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos foráneos. Se hace referencia al reconocimiento en el art. 1973 CC , como causa de interrupción de la prescripción; sin embargo, carecemos de una regulación sistemática del instituto. A pesar de ello ha sido admitido, sin discusión, por doctrina y jurisprudencia, como manifestación de la libre autonomía de la voluntad consagrada en el art. 1255 CC .

'Ahora bien, comoquiera que, con carácter general, en nuestro Derecho no están permitidos los negocios jurídicos abstractos, toda vez que el convenio causal constituye requisito autónomo y parte integrante del contenido de aquéllos ( art. 1261 del CC ), no cabe romper la relación entre reconocimiento y obligación, y, en consecuencia, es posible oponerse al cumplimiento de lo reconocido, alegando y justificando que la obligación carece de causa, o que es nula, anulable o ineficaz, lo que exige desvirtuar la presunción de su existencia y licitud a la que se refiere el art. 1277 del CC , según el cual, aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras no se demuestre lo contrario. La consideración de un reconocimiento de deuda sustantivamente abstracto podría dar lugar a unos resultados injustos e insoportables, impropios de nuestro sistema jurídico causalista.

'El juego normativo del precitado art. 1277 CC determina pues la consideración del reconocimiento de deuda como sustantivamente causal y procesalmente abstracto, en el sentido de que, si bien no cabe prescindir de la causa de la obligación reconocida, que se puede expresar o no en el reconocimiento efectuado, desde el punto de vista probatorio el deudor, que afirme la inexistencia de la causa, deberá pechar con la carga de la prueba, dada la presunción iuris tantum que contiene dicho precepto.

'No ha de ofrecer duda que, con carácter general, el reconocimiento de deuda ha de vincular a quien lo lleva a efecto, siendo manifestación de lo expuesto la STS 257/2008, de 16 de abril , cuando se refiere al efecto vinculante que el reconocimiento tiene para el deudor, nacido directamente de este negocio jurídico.

'En el mismo sentido, y presumiendo la existencia de causa, se manifiesta la más reciente STS 113/2016, de 1 de marzo , la cual, tras reproducir lo afirmado en la STS 138/2010, de 8 de marzo , según la cual: 'El reconocimiento de deuda vincula a quien lo realiza y, en atención a lo prevenido en el artículo 1277 del Código Civil ha de presumirse que su causa existe y es lícita, en tanto el deudor (con inversión de la norma general sobre carga de la prueba) no demuestre lo contrario', continúa afirmando que: '[...] presupone la realidad de la deuda que reconoce, que se considera existente contra el que las reconoce, vinculante para el que lo hace, con efecto probatorio, tal como dicen explícitamente las sentencias del 28 septiembre 2001 , 24 junio 2004 , 21 marzo 2013 '.

'Y esta última STS 222/2013, de 21 de marzo , con referencia a las SSTS de 8 de junio de 1999 y 17 de noviembre de 2006 , define el reconocimiento como 'el negocio jurídico unilateral por el que el sujeto declara la existencia de una deuda previamente contraída, que, en este caso, la causa se halla plenamente expresada, reconocimiento causal que contemplan las sentencias de 1 de marzo de 2002 y 14 junio 2004 y que vincula a quien lo realiza, como precisa la sentencia de 8 marzo 2010 '.

'En el caso presente, nos encontramos ante un reconocimiento de deuda, sin expresión de causa, toda vez que no figura expresamente mencionada en el propio documento privado de reconocimiento, siendo por lo tanto de aplicación lo normado en el art. 1277 del CC , que permite a la parte demandada enervar su fuerza vinculante, demostrando la inexistencia de la causa, pero sufriendo las consecuencias de la insuficiencia probatoria ( art. 217 LEC )'[...]'.

II.-En el presente caso, en el documento de reconocimiento de deuda se expresó la causa que dio origen a su emisión. Fue firmado de su puño y letra por el demandado y la autenticidad de su firma no ha sido cuestionada. De esta manera el demandado aceptó la financiación de los gastos de estructura cuya repercusión a los cooperativistas venía haciéndose desde siempre, según expusieron los testigos.

Habida cuenta que el importe de estos gastos y que la forma de repercusión a los cooperativistas en la liquidación fueron puntos debatidos en las correspondientes reuniones del Consejo Rector, sin que los acuerdos alcanzados hubieran sido impugnados, no cabe discutir en este procedimiento cuestiones como el cálculo de su importe ni la forma en que debieron ser repercutidos.

Por tanto, el demandado está obligado al abono de la cantidad de 28.397,02 euros.

QUINTO.-La indicada suma devengará los intereses procesales del art. 576 de la LEC, desde la fecha de esta sentencia hasta su completo abono.

SEXTO.-En cuanto a las costas, en virtud del vencimiento objetivo, las costas se imponen al demandado, art. 394 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la SOCIEDAD COOPERATIVA DE REGANTES DE EXTREMADURA, CREX en liquidación, contra D. Gines, debo condenar y condenoal citado al demandado a que abone a la parte actora la cantidad de 28.397,02 euros, más los intereses procesales. Las costas se imponen al demandado.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto ( artículo 456.2 L.E.C.).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el SANTANDER en la cuenta de este expediente 5548-0000-04-0074-22 indicando, en el campo 'concepto' la indicación 'Recurso' seguida del código '02 Civil-Apelación'. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación 'recurso' seguida del código '02 Civil-Apelación'

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ,