Sentencia CIVIL Nº 41/2020, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 2, Rec 898/2019 de 17 de Febrero de 2020

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00041/2020

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº2

PALMA DE MALLORCA

ASUNTO: Juicio Verbal nº 898/19

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 17 de diciembre de 2020

Vistos por mí, FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ DE VERGER VARGAS, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº2 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio verbal nº 898/2019, a instancia de D. Simón, contra VUELING, con la postulación procesal que obra en autos,

Antecedentes

Primero: por D. Simón se interpuso ante este juzgado demanda de Juicio Verbal contra VUELING, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que se declare que VUELING debe abonar a la actora la cantidad de 1.059'24 €, más los intereses legales, y con imposición de las costas del juicio a la demandada.

Segundo: Admitida a trámite la demanda, se procedió a emplazar a la demandada para que, si a su derecho conviniera, procediera a comparecer en las actuaciones y contestar a la demanda, cosa que efectuó mediante escrito, en el que solicitaba que se desestimara la demanda con imposición de las costas a la parte actora.

Dado que ninguna de las partes solicitó la celebración de vista y que la única prueba propuesta fue la documental, quedaron los autos vistos para sentencia.

Tercero: en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales, salvo el cumplimiento de los plazos legales debido al número, volúmen y complejidad de los asuntos que penden ante el Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

La parte actora, ejercita la acción de reclamación de cantidad en virtud del contrato que le unía a la demandada. En concreto, D. Simón compró billetes de avión con la entidad demandada para viajar desde BARCELONA A BURDEOS, el 19 DE JULIO DE 2018. A estos efectos se facturó una maleta que le fue entregada5 días después.

En base a ello se reclama 1.059'24 euros en concepto de compensación por los gastos realizados.

Frente a ello la entidad demandada se opone a dicha pretensión alegando la caducidad de la misma, dado que no ha efectuado la reclamación en los 21 días siguientes, tal y como impone el art.31 del Convenio de Montreal. Asimismo alega la falta de prueba de los perjuicios sufridos y que darían lugar a la reclamación efectuada.

SEGUNDO.- Carga de la prueba.

Acreditado que nos encontramos ante una relación contractual, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Código Civil (en adelante, CC) sobre las obligaciones, y así, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.089 y 1.091 CC, las obligaciones nacen de los contratos, los cuales tienen fuerza de ley entre las partes debiendo cumplirse según el tenor de los mismos. Esto implica que todas las cláusulas establecidas por las partes serán, siempre que no contradigan la ley, la moral o el orden público ( artículo 1.255 CC), las normas por las que se regirá la vida contractual.

A ello hay que añadir que la actora ejercita la acción de reclamación de cantidades, para lo habrá que tener en cuenta el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), que establece:

'1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio'.

Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que a los actores les basta con probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, pues si las demandadas no se limitan a negar aquéllos sino que alegan otros, con el objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades.

En definitiva, en términos generales, cuando se invoca un hecho que sirve de presupuesto al efecto jurídico que se pretende y el mismo no ha sido probado, las consecuencias de esa falta de prueba son que se tendrá tal hecho por inexistente en el proceso, en contra de aquél sobre quien pesaba la carga de su demostración.

TERCERO.- Legislación aplicable.

Asiste la razón a la parte demandada cuando defiende que la normativa aplicable a la pérdida de equipaje, tras la ratificación por España en el año 2000 del CM 1999, es el artículo 22 CM 1999, ya que la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento contractual del contrato de transporte aéreo consistente en la pérdida o retraso de equipaje se rige por el citado artículo, máxime tras la ratificación de ese Convenio por España y el efecto anudado a esa ratificación por el artículo 96 de la Constitución Española (en adelante CE).

CUARTO.- De la caducidad de la acción

Plantea Air Europa la caducidad de la acción ejercitada por D. Simón, dado que no ha cumplido el tenor del art.31 del Convenio de Montreal. Alega que tras la haber interpuesto el PIR el mismo día del viaje, una vez que recuperaron el equipaje, no formularon la reclamación a la compañía hasta que presentó la demanda, más allá del periodo de 21 días que impone el Convenio de Montreal; todo ello teniendo en cuenta que en 5 días se devolvió el equipaje a la actora.

El mencionado art.31 del Convenio de Montreal, en su apartado segundo dispone lo siguiente: ' 2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de un plazo de siete días para el equipaje facturado y de catorce días para la carga, a partir de la fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerla a más tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su disposición.'

Esta norma, en el sentido que expone la demandada, vendría a imponer la carga del pasajero de efectuar una reclamación concreta una vez transcurrido el plazo de pérdida de la maleta que a tal efecto contempla el art.22 del mismo legal. Todo ello con la consecuencia que, de no efectuarse la comunicación en ese término, quedaría caducada la acción

Sin embargo, la interpretación adecuada a este problema la encontramos en la doctrina sentada por la SAP Barcelona, sección 15ª, de 19 de octubre de 2017, conforme a la cual se concluye lo siguiente: ' Pues bien, contra el criterio de la sentencia apelada, estimamos que los PIR sirven de protesta, a los efectos establecidos en el artículo 31 del Convenio de Montreal y, en consecuencia, que la acción no ha caducado. En ese documento figura el nombre de los pasajeros, el vuelo, la fecha y los bultos desaparecidos. Es un documento expedido por la compañía aérea (ALITALIA), en italiano, que lleva por título ' relatorio de irregularidade de propiedade'.

8. No es necesario esperar a la recepción del equipaje para, a partir de ese momento, iniciar el cómputo del plazo de 21 días en el que formular una segunda protesta, reserva o reclamación por escrito, cuando con los PIR el transportista tuvo conocimiento del extravío del equipaje e inició las gestiones oportunas para solucionar la incidencia, devolviendo finalmente las maletas a sus propietarios. Si la protesta se realiza antes de la recepción produce plenos efectos, excluyendo la caducidad del artículo 31 del Convenio. De no entenderse así se estarían imponiendo al pasajero trabas y requisitos formales innecesarios, cuando en los tratos previos a la presente reclamación nunca se puso en duda por la compañía aérea que los equipajes se habían extraviado, llegando a ofrecer una compensación económica que no fue aceptada por los perjudicados.'

La conclusión que se extrae de esta resolución, y que se acoge plenamente, es que existiendo un parte de irregularidad de equipaje rellenado y presentado el mismo día del viaje, a la llegada al aeropuerto de destino, se cumple con el requisito que impone el art.31 del Convenio de Montreal, sin que pueda estimarse la caducidad planteada, obligando a entrar en el fondo del asunto.

QUINTO.- Resolución de la controversia.

El artículo 22 CM dispone que:

'(...)

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello.

En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero.

(...)

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones.'

Gastos

En este caso, la demandante reclama la cantidad total de 734'48 euros por 'bienes de primera necesidad'. Para acreditar tales gastos se aporta, según la demanda, el documento nº5. El mismo lo constituyen varios documentos que parecen ser facturas o tickets, en idioma extranjero, que podría ser francés, sin traducir al castellano o al mallorquín, lenguas oficiales de esta corte. Este juzgador desconoce el idioma francés (siendo que además, nuestro ordenamiento jurídico, en caso de conocerlo, prohíbe la aplicación de la denominada 'ciencia privada' del juzgador), resultando que no se puede entrar a valorar dichos documentos.

Se debe desestimar la pretensión formulada en base al doc. 5 y por tanto, los daños materiales que se reclaman.

Daños morales

La parte actora reclama 324'76 euros en concepto de indemnización de daño por el retraso.

Razona, en base al límite de 1.131 DEG por pasajero previstos para los supuestos de pérdida o demora en la entrega del equipaje igual o superior a 21 días (artículo 17.3 CM), y formula: 1.131 DEG / 21 días x 5 días de demora x 1,206 euros (tipo de cambio aplicable) = 324,76 euros.

No se acoge dicho criterio en base a que no se justifica por qué se toma el límite máximo de indemnización (1.131 DEG), sin justificar el mismo, habida cuenta de que aquél se ha previsto para el caso de pérdida absoluta del equipaje o para retraso de 21 días o más.

Este Juzgado en la sentencia dictada en el JV 433/2019 declaró:

'En supuesto similares, si bien de retraso en la entrega, no de pérdida, de la maleta, cuando se solicita una indemnización basada exclusivamente en el retraso se ha decidido:

En la sentencia de este juzgado en el JV 209/2019 se dijo:

'No obstante, y siguiendo la solución dada por el JMercantil nº 9 de Madrid en su sentencia de 24 de mayo de 2018, se considera prudente, ante la falta de otros parámetros otorgar 100 euros, si bien por pasajero, por el retraso en la entrega de equipaje; entendiéndolo ajustado a la inconveniencia objetiva (a falta de otras pruebas) que sufriría cualquier ciudadano medio ante el retraso en cuestión.'

En aquel supuesto se resolvió una indemnización equivalente a 25 euros/día por retraso en la entrega de equipaje. En el presente supuesto, habida cuenta de que se ha producido un retraso equivalente a la perdida definitiva, de 27 días, ( ex art17.3 CM) y que este se tiene por acreditado y reconocido por la demandada, se considera proporcional el importe de 700 euros (en la sentencia de este juzgado en el JV 332-2019 , se concedió una indemnización de 400 euros de daño moral por perdida definitiva de una maleta de 6 kg), y ello pese a que no se haya alegado ni acreditado adquisición de enseres personales, ya que el tiempo de espera cercano a un mes se considera capaz de crear zozobra y malestar en cualquier ciudadano medio, y está lejos del límite máximo la cantidad solicitada de 700 euros (salvo que se acredite declaración de especial valor previa) previsto por la normativa internacional aplicable de 1000 derechos especiales de giro (actualmente 1.226'90 euros en el momento de dictar esta sentencia).

Por todo ello procede estimar la demanda y condenar a la demandada a abonar 700 euros a la actora.'

Siguiendo este criterio, y teniendo por acreditada la enmienda de la fecha del resguardo de entrega de maleta, 5 días después, se concluye:

-que se consideran tres días de retraso (toda vez que no se cuenta el día de la entrega), y sin haberse acreditado especial circunstancia o hecho de urgencia o gravedad, que hagan una estimación mayor del daño por el incumplimiento en la entrega por la aerolínea, se esta a estimar el perjuicio en 25 euros diarios, haciendo un total de 125 euros.

En consecuencia, ha lugar a estimar parcialmente la demanda en importe total de 125 euros.

SEXTO.-INTERESES

Los intereses reclamados son los legales señalados en los artículos 1.100 y 1.108 del CC, que se devengan desde la interposición de la demanda hasta hoy, devengándose el interés judicial desde hoy hasta el completo pago de las cantidades adeudadas.

SÉPTIMO: Costas procesales.

En cuanto a las costas y en concreto en virtud del principio de vencimiento (una vez que se ha desestimado la reclamación) recogido en el art.394 de la LEC, procede que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. Simón, contra VUELING, representada por el Procurador Dña. María Eulalia Arbona Niell DEBO CONDENAR y CONDENO a la demandada a abonar al actor 125 euros.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN

Líbrese y únase testimonio de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez don FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ DE VERGER VARGAS, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca, de lo que como Secretario certifico.