Sentencia Civil Nº 416/2016, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13, Rec 305/2016 de 13 de Octubre de 2016

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Decimotercera

C/ Ferraz, 41 , Planta 3 - 28008

Tfno.: 914933911

37013860

N.I.G.:28.079.00.2-2015/0048883

Recurso de Apelación 305/2016 - UNIPERSONAL

O. Judicial Origen:Juzgado de 1ª Instancia nº 26 de Madrid

Autos de Juicio Verbal (250.2) 281/2015

APELANTE::BANKIA SA

PROCURADOR D. /Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL

APELADO::D. /Dña. Cesar

PROCURADOR D. /Dña. LEOPOLDO MORALES ARROYO

D. /Dña. Erica

PROCURADOR D. /Dña. LEOPOLDO MORALES ARROYO

SENTENCIA Nº 416/2016

ILMO. SR. MAGISTRADO

D. CARLOS CEZON GONZÁLEZ

En Madrid, a trece de octubre de dos mil dieciséis. La Sección Decimotercera de esta Audiencia Provincial, constituida con un solo magistrado, al tratarse de apelación de juicio verbal por razón de la cuantía ( artículo 82, apartado dos, primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial ), habiendo correspondido el conocimiento del asunto, por turno de reparto, al magistrado ilustrísimo señor don CARLOS CEZON GONZÁLEZ, dicta la siguiente

SENTENCIA

VISTO el recurso de apelación, rollo 305/16 de esta Sección, contra sentencia de fecha 8 de octubre de 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Veintiséis de los de Madrid en procedimiento de juicio verbal número 281/2015 , interpuesto por Bankia S.A., representada por el procurador de los tribunales don Francisco José Abajo Abril y con dirección técnica del letrado don Arturo González Angulo, siendo parte apelada don Cesar y doña Erica , representados por el procurador de los tribunales don Leopoldo Morales Arroyo y con defensa ejercida por el letrado don José Baltasar Plaza Frías.

Antecedentes

PRIMERO.Por el Juzgado de Primera Instancia Veintiséis de los de Madrid, en el indicado procedimiento de juicio verbal, se dictó, con fecha 8 de octubre de 2015, sentencia por la que se estimaba la demanda interpuesta por don Cesar y doña Erica contra Bankia S.A., declarando la nulidad del contrato de adquisición de 1.600 acciones de Bankia suscrito el 8 de julio de 2011, por importe de 6.000 euros, por la existencia de error esencial, relevante y excusable en el consentimiento, y condenando a la demandada a la devolución de 6.000 euros más intereses legales desde la fecha de suscripción de la orden de compra, debiendo los actores restituir los títulos adquiriros y, en su caso, los rendimientos que hubieran podido percibir, si hubieran cobrado dividendos con los intereses brutos desde la fecha de su cobro, y con imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.Contra dicha resolución la demandada, Bankia S.A., interpuso recurso de apelación.

TERCERO.Las actuaciones fueron registradas en esta Audiencia Provincial el31 de marzo último. Correspondió, por reparto, el conocimiento del recurso a esta Sección Decimotercera. Fue incoado el correspondiente rollo y, al tratarse de juicio verbal por razón de la cuantía, cuya apelación es vista y decidida por un solo magistrado de la Audiencia, se asignó el asunto al magistrado que suscribe la presente, con arreglo a las normas preestablecidas al efecto. Se señaló para estudio y examen del recurso el 11 de octubre de este año.

Fundamentos

PRIMERO.Se aceptan en lo sustancial los Fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.Los demandantes, don Cesar y doña Erica , ejercitan frente a Bankia S.A. -Bankia en lo sucesivo- acción de nulidad contractual por vicio en el consentimiento en la adquisición a la demandada de 1.600 acciones de Bankia, en virtud de oferta pública de suscripción, en fecha 8 de julio de 2011 por importe de 6.000 euros, reclamando la restitución de la suma invertida más intereses legales desde la fecha de suscripción del contrato, con devolución por la parte actora a la entidad demandada de cualquier cantidad que hayan recibido por la suscripción de las acciones y condena en costas a la demandada; subsidiariamente interesaron la condena a la demandada en concepto de indemnización por daños y perjuicios en la cantidad de 5.980,32 euros más intereses legales, como consecuencia de la responsabilidad civil derivada de las falsedades o inexactitudes del folleto informativo de la oferte pública de suscripción de las acciones y, subsidiariamente, se condenase a Bankia a indemnizar a los actores en el importe resultante de minorar a la cantidad suscrita en acciones el importe del valor en bolsa de las acciones al tiempo de dictarse sentencia, más los intereses legales correspondientes.

La sentencia de la primera instancia estimó las peticiones principales de la demanda y Bankia recurre dicha sentencia en apelación, a través de los siguientes motivos:

[-Previo.-] Marco general del recurso. Hechos no discutidos y síntesis de los motivos de la apelación.

[-Primero.-] Existencia de prejudicialidad penal.

[-Segundo.-] La sentencia valoró incorrectamente la prueba practicada. El folleto informativo reflejaba la imagen fiel de la situación patrimonial de Bankia.

[-Tercero.-] Del supuesto vicio en el consentimiento que determina, según la sentencia apelada, la nulidad relativa del contrato.

TERCERO. [-Uno.-]Se plantea por Bankia una cuestión de prejudicialidad penal por pendencia de procedimiento penal seguido en el Juzgado Central de Instrucción número Cuatro con el número de diligencias previas 59/2012 por los delitos de estafa, de apropiación indebida, de falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios, de administración fraudulenta o desleal y de maquinación para alterar el precio de las cosas contra las mercantiles Bankia y Banco Financiero y de Ahorros S.A. y consejeros de dichas entidades al tiempo de la oferta pública de suscripción de acciones Bankia S.A. de 2011.

La suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal (primer motivo del recurso) debe inacogerse. Es premisa esencial y determinante de la prejudicialidad penal la influencia decisiva del resultado del juicio penal en la resolución del asunto civil ( artículos 10, apartado dos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y -como se ha dicho por esta Sección en recientes resoluciones- en este caso no se da tal presupuesto, porque aun cuando alguno de los hechos que dan sustento al procedimiento penal pudiera coincidir con los aducidos en este litigio civil, la valoración de los mismos es totalmente divergente, ya que en este enjuiciamiento solo tienen relevancia en la medida en que sirven de base a la apreciación de que el consentimiento prestado por el demandante en la compra de las acciones de Bankia estuvo viciado por un error esencial y excusable sobre la sustancia del objeto del contrato que se perfeccionó, lo que hace que la decisión que emita el Tribunal penal carezca de influencia en el pronunciamiento que recaiga en este procedimiento civil. En otros términos, para que en este orden jurisdiccional pueda realizarse una valoración de los hechos que dan sustento a la declaración solicitada de nulidad contractual es irrelevante la resolución penal que se dicte en dicho ámbito, ya sea absolutoria o de condena, puesto que la causa y el fin perseguido en una y otra jurisdicción son totalmente distintas, como también lo son sus efectos, lo que excluye tanto la posible existencia de resoluciones contradictorias como el carácter prejudicial de la resolución penal respecto de la civil, puesto que carece de influencia decisiva en la apreciación del vicio contractual que se alega una eventual condena de los administradores o auditores de Bankia, por falsear u ocultar la verdadera situación económica de la entidad, pues la base de aquél está constituida por una situación patrimonial publicada que no concuerda con la real desconocida y oculta, con independencia de que tal desajuste sea o no fruto de una actuación maliciosa o desleal de los administradores sociales de la entidad o de las entidades auditoras a quienes está encomendada el control de las cuentas de la sociedad y su veracidad ( sentencias de esta Sección recaídas en los rollos de apelación 631/15 y 467/15 ).

Además, la cuestión ha sido recientemente resuelta por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia de 3 de febrero de este año (número 24/2016 ), en la que se dice:

'...en este proceso civil no se discute si los administradores de Bankia incurrieron en una conducta delictiva de falseamiento de los datos incluidos en el folleto, sino si estos datos, por su inexactitud, provocaron el error vicio de los demandantes.

' (...)

'Esto es, aunque la decisión del tribunal penal fuera absolutoria, ello no determinaría la desestimación de las pretensiones formuladas en este proceso civil, pues no relevaría al tribunal civil de aplicar, conforme a los criterios y principios que rigen el enjuiciamiento de las cuestiones civiles, las normas contables y las del mercado de valores.

'Esas valoraciones responden a parámetros diferentes en el proceso penal y en el civil. En cuanto a la valoración probatoria, porque en el proceso penal se exige un estándar de prueba más alto que en el proceso civil, al ser necesaria en aquel una prueba de cargo, esto es, más allá de cualquier duda razonable, y tal estándar de prueba no es exigible en el proceso civil. De tal modo que si en el proceso penal no se considerara acreditada la falsedad de los documentos contables, en el plano fáctico tal decisión no supondría tanto una declaración de inexistencia de hechos (ya hemos dicho que no existe controversia sobre los hechos fundamentales), vinculante en el proceso civil, como una afirmación de que no se había alcanzado el estándar de prueba exigible en el proceso penal.

'En cuanto a la valoración jurídica, y en concreto a la valoración de la aplicación de la normativa contable y del mercado de valores, porque los principios que inspiran el proceso penal suponen unas exigencias inaplicables al proceso civil en que se ejercitan derechos privados. Esto puede implicar que en el proceso civil se llegue a una valoración jurídica sobre la correcta o incorrecta aplicación de las normas contables (valoración de activos, dotación de provisiones, etc.) y de las que regulan el mercado de valores que no tiene por qué ser la adoptada en el proceso penal. En el proceso penal no es relevante cualquier inexactitud de los datos contables ni cualquier aplicación controvertida de la normativa contable y del mercado de valores, solo lo es aquella inexactitud y aquellos incumplimientos que permitan calificar de delictiva la actuación de los administradores imputados y fundar una sentencia penal condenatoria'(Fundamento de Derecho Tercero, apartado tres).

'El artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en la causa criminal pueda tener un influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. Por las razones que se han expuesto, aunque el tribunal penal no considerara probado que los estados contables no reflejaban la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de Bankia, o entendiera que no lo hacían con la intensidad suficiente como para integrar una conducta delictiva, tal hecho no tendría una influencia decisiva en la resolución del litigio civil...'(Fundamento de Derecho Tercero, apartado cuatro).

En consideración a las anteriores razones, es improcedente la suspensión por prejudicialidad penal pretendida.

[-Dos.-]Resulta de lo actuado, tratándose, además, de hechos de público conocimiento y constatación generalizada extraprocesal, tal y como ha venido resumiéndose en sentencias de esta Audiencia, así la de 8 de mayo de 2015 de la Sección Novena y las de 4 de febrero y 29 de abril de 2016 de esta Sección Decimotercera (rollos 631/15 , la primera, sentencia unipersonal del magistrado señor de Bustos, la segunda de tribunal colegiado, ponente señor González Olleros, rollo 626/15 ):

-En el Resumen del folleto de oferta pública de suscripción de acciones, emitido por Bankia, se dice que «Bankia es la primera entidad financiera en términos de activos totales en España con unos activos totales consolidados pro forma a 31 de diciembre de 2010 por importe de 292.188 millones de euros». En el folleto se contienen los estados financieros intermedios resumidos consolidados y auditados de Grupo Bankia para el trimestre cerrado a 31 de marzo de 2011. En ellos se recoge un «Beneficio antes de Impuestos» de 125 millones de euros (y un «Beneficio Neto Consolidado» de 88 millones de euros.

-En marzo de 2012 Bankia formuló las cuentas de todo el ejercicio 2011, «Cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2011», en las que figura un 'Resultado consolidado del ejercicio' de más de 306 millones de euros (306.614.000 de euros). Este resultado de beneficios era coherente con los beneficios que se atribuía la entidad en el primer trimestre de 2011.

-La imagen de solvencia y plena confianza que hasta ese momento transmitía Bankia se vio radicalmente transformada a raíz de la reformulación de las cuentas anuales de 2011 que se efectúa el 25 de mayo de 2012, que de un reflejo contable de beneficios, como se ha dicho, pasan a atribuir al ejercicio 2011 unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

-A ello se añade la petición al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de una ayuda de 19.000 millones de euros para el grupo BFA-Bankia, de los que 12.000 millones se destinarían a recapitalizar Bankia, siendo hoy un hecho notorio (no necesitado de prueba: artículo 281, apartado cuatro, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) que Bankia ha recibido sustanciosas ayudas de capital público.

Partiendo de los anteriores datos, la sentencia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 2015 apreció que:

'En el caso presente concurren en la actuación de Bankia los requisitos expuestos, en cuanto que con la información gravemente inexacta sobre su situación económica y sobre su solvencia indujo a la demandante a comprar unas acciones que, de haber conocido la realidad financiera de Bankia, no habría adquirido. Un cambio tan sustancial en las cuentas de 2011 en tan breve espacio de tiempo (menos de un año desde que salió a Bolsa, 20 de julio de 2011, hasta la reformulación de las cuentas de 2011 el 25 de mayo de 2012) no puede ser debido más que a la voluntad de ofrecer la realidad de lo que antes se ha ocultado deliberada o maliciosamente, sin que Bankia haya explicado la razón del cambio, limitándose a insistir en que no se ha probado que las cuentas ofrecidas para la salida a Bolsa (las del primer trimestre de 2011) no fueron veraces. Pero eso es precisamente lo que desmiente la propia actuación de Bankia al reconocer más adelante, en mayo de 2012, que en el ejercicio 2011 sufrió pérdidas de cerca de 3.000 millones de euros y que necesitaba una ayuda del FROB para recapitalizarse, panorama bien distinto que fue desconocido por el inversor que compró sus acciones y vino motivado por la actuación deliberada de la entidad'.

Bankia se presentó, al tiempo de vigencia de la oferta pública de suscripción de acciones como una de las primeras entidades del panorama financiero español, plenamente solvente, que obtenía beneficios, con recursos sólidos, gran implantación comercial y de clientes y, por todo ello, de plena confianza para el inversor e incluyó en el folleto de la emisión hecho público ( artículo 27 de la Ley del Mercado de Valores ) los estados financieros de la entidad correspondientes al primer trimestre de 2011, que reflejaban el estado de una sociedad con beneficios, fuerte y solvente. El 9 de mayo de 2012 Bankia es intervenida a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y las cuentas reformuladas del ejercicio 2011 comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 25 de mayo de 2012 comprendían unas pérdidas próximas a los 3.000 millones de euros y el mismo día quedó suspendida la cotización de Bankia en bolsa y la entidad solicitó del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 19.000 millones de euros para recapitalizar la entidad. Entre el 28 de junio de 2011 -acuerdos de salida a bolsa de Bankia- y el 25 de mayo de 2012 pasan once meses (menos si el período a considerar se sitúa entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2011 -cierre de las cuentas del primer semestre y cierre del ejercicio-) y la crítica situación de desvalorización de la sociedad no pudo causarse por un fenómeno devastador, más que desestabilizador, de inimaginable empuje y dimensiones manifestado precisamente en los tres trimestres finales del año 2011. Como se ha dicho por la Sección Novena de esta Audiencia en su sentencia de 8 de mayo de 2015 , en pasaje citado antes, un cambio tan sustancial en las cuentas de 2011 en tan breve espacio de tiempo no puede ser debido más que a la voluntad de ofrecer la realidad de lo que antes se ha ocultado deliberada o maliciosamente, sin que Bankia haya explicado la razón del cambio.

De otra parte, la emisora era una profesional perfectamente conocedora de la realidad económica, financiera y bancaria, en la que se movía y operaba, y los efectos negativos de la crisis económica mundial se desenvolvían y ejercían influencia en aquellos ámbitos ya desde 2008. Necesariamente Bankia tenía que contemplar o hallarse en condiciones de contemplar las posibles consecuencias que aún podrían llegar, razonablemente y con conocimiento de causa previsibles, del deterioro ya efectivo del sector inmobiliario y de las necesidades de actuación pública en la regulación bancaria.

Y llegados aquí, la situación del banco en mayo de 2012 y su estado de cuentas constituye prueba de que la situación de Bankia en junio de 2011 no era prometedora, de plena solvencia, con beneficios y recursos sólidos, luego la imagen de saneamiento que presentaba Bankia al tiempo de salir a bolsa no era real y fiel al verdadero estado económico de la entidad, con lo que los actores han cumplido en el proceso con la exigencia probatoria del artículo 217, apartado dos, de la ley procesal civil . No se invierten las reglas de la carga de la prueba si se exige a la demandada que, en su caso, sea ella quien destruya las bases del anterior entendimiento, como responsable de la información del folleto ( artículo 28, apartado uno, de la Ley del Mercado de Valores ) y como detentadora privilegiada de la información (artículo 217, apartado siete de la ley procedimental).

En cuanto al escrito de reciente aportación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a las diligencias penales, en el que se discrepa de los informes de peritos del Banco de España ya obrante en dichas actuaciones, en orden a la corrección de las cuentas de Bankia al 31 de marzo de 2011, incluidas en el folleto, ha de decirse que son pruebas que se pretenden hacer valer en el seno de la causa penal aludida para defender la legalidad de las cuentas aportadas en el proceso de emisión de acciones y ulteriores reajustes, pero que en el presente proceso civil no puede tener la eficacia exculpatoria pretendida por el simple hecho de la necesidad surgida de intervención pública de la entidad. Estamos ante una acción de nulidad basada en un vicio del consentimiento, sin que se cuestione si ha habido o no un falseamiento doloso de cuentas.

La cita hecha en el segundo motivo del recurso como de la sentencia apelada, conforme a la cual

'se aportaron, con valor documental (...) los informes de D. Pedro Francisco y de D. Alberto (inspectores del Banco de España designados judicialmente para las diligencias previas nº 59/2012, seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional), así como los informes de D. Arsenio /Dª Felicisima (economistas designados por Bankia) y de D. Cayetano (Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, designado por Bankia) y el llamado 'informe del FROB'...'

no corresponde a la resolución de la primera instancia de este proceso. En la sentencia recurrida no se mencionan ni se emplean en la argumentación que contiene ni los informes de los peritos del Banco de España (documento 18 de los de la demanda y auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, presentado en la vista por la parte actora) ni los presentados por Bankia de los señores Arsenio y Felicisima (documento 5 de los de la contestación) y Cayetano (documento 6 de los de la contestación) ni tampoco el informe del FROB aportado por la demandada en la vista como documento 7, por lo que no se puede reprochar a la sentencia del Juzgado la apreciación de la prueba de una parte prescindiendo de la prueba de la contraria. La sentencia apelada se funda en hechos manifiestos e inferencias lógicas, con independencia de interpretaciones contables y así, en la deficiente información a clientes minoristas y en la exteriorización de solvencia, fortaleza y recursos de la entidad demandada cuando su salida a bolsa, que no se compadece con el desplome económico posterior próximo en el tiempo (en mayo de 2012 se pide al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria una ayuda de 19.000 millones de euros para el grupo BFA-Bankia, a fin de evitar la quiebra, y en abril de 2013 tuvo que reducirse el capital social de Bankia de 3.987 millones de euros a 19 millones de euros, mediante disminución del valor nominal de cada una de las 1.993 millones de acciones de 2 euros a 0,01 euros), cuya eventualidad debió profesionalmente haberse contemplado por la entidad como posible en junio de 2011.

No puede hacerse ningún reproche procesal a que se hayan considerado probados determinados hechos, por notorios, ni a la valoración crítica de la prueba del proceso desarrollada y expuesta en la resolución apelada.

[-Tres.-]Y sobre el tercer motivo del recurso, siendo suficiente con analizar la concurrencia en los actores de un error excusable, no imputable a ellos, sobre las condiciones de la cosa objeto del contrato que, principalmente, dio motivo a celebrarlo -esencialidad en el negocio de los atributos del bien-, es perfectamente trasladable al caso la doctrina del Tribunal Supremo puesta de manifiesto en su Sentencia de 3 de febrero de este año :

'Además, en el razonamiento de la sentencia es obvio que si los demandantes no hubieran incurrido en tal error sobre la situación económica de Bankia, no habrían consentido en adquirir las acciones. De la sentencia recurrida se desprende que los adquirentes de las acciones se hicieron una representación equivocada de la situación patrimonial y financiera, y de la capacidad de obtención de beneficios, de Bankia y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión. Tras adquirir las acciones, a los pocos meses, se hizo evidente que los demandantes habían adquirido acciones de una sociedad cuya situación patrimonial y financiera era muy diferente de la que se expresaba en el folleto de la oferta pública, pues presentaba unas pérdidas multimillonarias, hubo de ser intervenida y recibió la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia. De ahí proviene el carácter sustancial del error en la suscripción de las acciones.

'La cualidad de pequeños inversores que tienen los demandantes hace que este error deba considerarse excusable, pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios de obtener información sobre los datos económicos que afectan a la sociedad cuyas acciones salen a cotización y que son relevantes para tomar la decisión inversora.

'(...)

'No hacen falta especiales razonamientos para concluir que si los datos económicos recogidos en el folleto no hubieran contenido las graves inexactitudes que afirma la sentencia recurrida, la información difundida a través de la publicación de tal folleto y los comentarios que el mismo hubiera suscitado en diversos ámbitos, habrían disuadido de realizar la inversión a pequeños inversores como los demandantes, que no tienen otro interés que el de la rentabilidad económica mediante la obtención y reparto de beneficios por la sociedad y la revalorización de las acciones, y que no tienen otro medio de obtener información que el folleto de la oferta pública, a diferencia de lo que puede ocurrir con los grandes inversores'.

De ahí la excusabilidad del error -inevitabilidad por quien lo padeció empleando una diligencia media o regular-.

Todos los elementos del error como causa de anulabilidad de los contratos ( artículos 1300 y 1266 del Código Civil ) han quedado de modo patente puestos de manifiesto en el proceso por lo que no faltó al concluir el juicio la prueba del error. Como se expresa en la sentencia recurrida (Fundamento de Derecho Sexto):

'Es evidente que si a un ciudadano medio se le indica que una entidad que (...) bolsa es solvente y además constituye uno de los principales grupos económicos y (...) país (fusión de varias Cajas), trasladándole información contable de solvencia, se (...) a la esencia misma de la causa por la que se adquiere el producto (...)

'El error padecido por los demandantes sobre la solvencia de BANKIA constituye la causa de la suscripción de las acciones (...)

'(...)

'No puede ser de recibo que nos encontremos ante un error sobre la solvencia de la demandada que pudo ser salvado con la diligencia debida, toda vez que (...) ha expuesto, ni siquiera los organismos reguladores fueron capaces de detectarlo...'

Subsunción de hechos en la norma realizada en la sentencia recurrida ( artículos 1261 , 1262 , 1266 , 1300 y 1303 del Código Civil ) que se acepta sin reservas en esta resolución de segunda instancia. Como se dijo por esta Sección en resoluciones recaídas en los rollos de sala 631/15 y 467/15, sobre anulación de suscripción de acciones de Bankia,

' (...)la existencia de error por vicio en el consentimiento, no reside tanto en la complejidad del producto (acciones)adquiridopor el demandante, al que es consustancial un cierto componente de aleatoriedad por depender su cotización de la evolución del mercado bursátil, al alza o a la baja, como consecuencia de las circunstancias económicas e incluso políticas imposibles de prever; sino en la falta de la debida correlación del valor de las acciones de Bankia con su patrimonio real, al sustentarse el publicado en datos inexactos y contrarios a la realidad contable y económica de dicha entidad, que de ningún modo podían desconocer sus órganos sociales, salvo provenir de una actuación gravemente negligente, impensable por su cualificación y experiencia en la materia. En suma, esa falta de reciprocidad entre el estado patrimonial real y el aparentado, fue susceptible de generar en el demandante una representación negocial equivocada sobre el valor del producto que compró, al fundarse en una fingida solvencia económica de Bankia, que luego resultó irreal, pues no puede concebirse de otro modo que cada acción que salió a cotización el 19 de julio de 2011 tuviera un valor de 3,75 €, respaldado por un patrimonio publicado de 11.875 millones de euros, y que unos meses después su valor real, avalado por el FROB, fuera de 0,0136 €'.

CUARTO.Por todo lo expuesto, debe desestimarse el recurso.

QUINTO.Las costas de esta instancia se impondrán a la recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Con pérdida del depósito constituido para recurrir, según se establece en el apartado nueve de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Contra las sentencias de las audiencias dictadas por un solo magistrado no cabe recurso de casación, según ha entendido el Tribunal Supremo en autos de 11 de junio de 2013 (recurso 1449/12 ), 10 de septiembre de 2013 (recurso 2672/12 ), misma fecha (recurso 2926/12 ), 17 de septiembre de 2013 (recurso 3208/12 ), misma fecha (recurso 2844/12 ), 5 de noviembre de 2013 (recurso 65/13 ), misma fecha (recurso 234/13 ), 12 de noviembre de 2013 (recurso 400/13 ), 19 de noviembre de 2013 ( recurso 239/13 ) y 26 de noviembre de 2013 (recurso 619/13 ).

Luego tampoco cabe el recurso extraordinario por infracción procesal, conforme a la disposición final decimosexta de la ley procesal civil .

Fallo

Se DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 8 de octubre de 2015 del Juzgado de Primera Instancia número Veintiséis de los de Madrid , dictada en el procedimiento del que dimana este rollo, CONFIRMANDO dicha resolución y condenando a la recurrente, Bankia S.A., al pago de las costas de la apelación.

Con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de sala 305/16, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.