Sentencia Civil Nº 424/2015, Audiencia Provincial de Malaga, Sección 6, Rec 1022/2012 de 13 de Julio de 2015

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA. SECCIÓN SEXTA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº UNO DE MARBELLA.

JUICIO ORDINARIO Nº 746 DE 2010.

ROLLO DE APELACIÓN CIVIL Nº 1022 DE 2012.

SENTENCIA Nº 424/15

Iltmos. Sres.

Presidente

D. Antonio Alcalá Navarro

Magistradas

Dña. Soledad Jurado Rodríguez

Dña. Nuria Auxiliadora Orellana Cano

En la ciudad de Málaga a trece de julio de 2015.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio ordinario número 746 de 2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Marbella, sobre contrato de compraventa, seguidos a instancia de Mox Tech Ibérica S.L. representada en el recurso por el Procurador Don Ignacio Martín de la Hinojosa Blázquez y defendida por el Letrado Don Raúl Pernía Azcárate, contra Hipergolf & Gardens S.L. representada en el recurso por el Procurador Don José Manuel González González y defendida por el Letrado Don Alberto Guillermo Mesanza Queral, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia dictada en el citado juicio.

Antecedentes

PRIMERO.-El Juzgado de Primera Instancia número de Málaga dictó sentencia de fecha de de 2013 en el juicio de número de 2012 del que este rollo dimana cuya parte dispositiva dice así :' FALLO: DESESTIMO la demanda presentada por D. JOSÉ MANUEL ROSA SÁNCHEZ en representación de MOX TECH IBÉRICA S.L frente a HIPERGOLF& GARDEN S.L, absolviéndole de los pedimentos contenidos en la demanda COSTAS.' Esta sentencia fue aclarada por Auto de 27 de octubre de 2011, que incluía al final de la parte dispositiva: 'sin condena en costas. ', Siendo rectificada a su vez por otro Auto de 14 de noviembre de 2011 en determinadas particulares que no afectan a este recurso.'

SEGUNDO.-Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la parte demandada, el cual fue admitido a trámite y su fundamentación impugnada de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día tres de junio de 2015, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

TERCERO.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.

Fundamentos

PRIMERO.- Solicita la parte recurrente la revocación parcial de la sentencia apelada y el dictado de otra que imponga las costas a la parte actora, alegando vulneración de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues la sentencia recurrida, en su primitiva redacción no hace pronunciamiento sobre las costas y en el escrito de aclaración no condenó en costas a la parte actora sin la motivación mínima razonable, siendo la entidad apelante una víctima de la temeridad con la que ha actuado la parte actora, pues se ha visto inmersa en un procedimiento judicial con los gastos tanto económicos como psicológicos que ello conlleva y para colmo sufrir las costas que no le corresponden de acuerdo a los diferentes criterios señalados y la jurisprudencia que los recoge.

SEGUNDO.-Con anterioridad a la reforma de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que introdujo el nuevo artículo 523 en la Ley de Enjuiciamiento Civil , se seguía un criterio medieval de la temeridad y mala fe para la aplicación de las costas en los procedimientos civiles, criterio altamente subjetivo y que producía serias desigualdades entre los litigantes que acudían a los tribunales. Ese criterio fue sustituido por otro más justo que imponía las costas al vencido, esto es, el criterio objetivo, en el que, no obstante, se advertía aún una cierta reticencia a abandonar el sistema tradicional, ya que en el párrafo primero del citado artículo se facultaba al Juez a doblegar el nuevo principio rector si, razonado debidamente en los propios fundamentos de derecho de la resolución, apreciaba la concurrencia de circunstancias excepcionales que justificasen su no imposición. Este nuevo criterio fue traído a la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que en su artículo 394.1 establece queen los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, criterio puramente objetivo del vencimiento, pero tampoco se atreve a abandonar del todo el inicial criterio subjetivo, y establece igualmente que en el anterior artículo 523 una excepción ésta esque el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, y hace una interpretación auténtica de lo que debemos entender, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso, como es que se tenga en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares, debemos entender que para ver si ésta es uniforme o si es, dando lugar a lo que podría constituir, no un atrevimiento o una temeridad formulando una demanda en contra de criterios firmes jurisprudenciales, sino los casos en que existiese una duda razonable de que pudiese prosperar por existir resoluciones muy contradictorias sobre una misma pretensión. En materia de costas no cabe aplicar ningún criterio restrictivo a favor del condenado a su pago, puesto que no constituye una sanción al que pierde sino una contraprestación de los gastos ocasionados para que quien obtuvo una victoria fundada no vea mermadas sus intereses, fundando la imposición de las costas procesales la mayoría de la moderna doctrina de las legislaciones en el criterio del vencimiento, conforme al cual las costas deben ser impuestas al vencido al ser causante de los gastos que la tramitación del juicio ha ocasionado a la parte contraria que en otro caso sufriría un indebido perjuicio patrimonial si el demandado lo ha sido injustamente.

TERCERO.-En este sentido, el referido artículo 394 de la ley 1/2000 , tiene por finalidad a través de la condena en costas tanto de resarcir a la parte a cuyo favor se ha resuelto judicialmente, no teniendo que sufrir perjuicio patrimonial quien ha tenido necesidad de acudir a los tribunales en defensa de derechos que le han sido reconocidos, como en sentido contrario, y por el principio de indemnidad, el reconocer a la parte que ha sido absuelta de los pedimentos del actor, el derecho a repercutir contra ella los gastos provocados por su llamada al proceso. El Tribunal Constitucional tiene declarado que la imposición de costas constituye un efecto derivado del ejercicio temerario o de mala fe de las acciones judiciales o de la desestimación'total' de éstas, según sea el régimen legal que rija el proceso o el recurso por lo que, en consecuencia, la posibilidad de imposición de las costas de una determinada litis, al constituir un riesgo potencial, exige en los litigantes la necesaria ponderación, mesura y asesoramientos convenientes respecto al éxito de sus acciones y pretensiones viniendo a actuar en cierto sentido como corrección a litigiosidades caprichosas, totalmente infundadas, empecinadas e incluso fraudulentas, entendiéndolo así la Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 84/1991, de 22 de abril, y la de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1992 , en contrando su razonabilidad o justificación en prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivarían de una excesiva litigiosidad, y en restituir a la parte contraria de los gastos que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos frente a quienes promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposición de costas, y así lo entiende la Sentencia de la citada Sala Segunda del Tribunal Constitucional 146/1991, de 1 de junio , existiendo dos criterios para la imposición a las partes litigantes en un proceso de las costas que se han producido por la tramitación o sustanciación de éste, el objetivo del vencimiento y el subjetivo de la temeridad o mala fe, reconociéndose por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la admisibilidad de ambos criterios de imposición, sin que afecte ninguno de ellos a la tutela judicial efectiva, Sentencias 13/1986, de 29 de octubre , y 147/1989, de 21 de septiembre , siendo en este sentido que el artículo 394.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , en su deseo el legislador de poner en su más directa relación la regulación de la condena en costas con el resultado del litigio, determina que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, instituyendo así como regla general el principio de la condena fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto de la otra, esto es, del principio 'victus victoris', sistema cuyo fundamento se encuentra a la vez que persigue una doble finalidad, que el proceso no sirva para conllevar o que no implique, un perjuicio patrimonial para la parte cuyos derechos hayan sido reconocidos, y, de otro, el interés del propio legislador, del juzgador e, incluso, del propio Estado, de que el hecho de acudir a la vía procesal de quienes se estimen perjudicados y no obstante haber obtenido el reconocimiento de sus derechos, no puedan verse perjudicados con la carga de las costas, aun cuando sólo fuera en parte, y así lo entiende el Tribunal Supremo en sus sentencias de 22 de junio de 1993 y de 21 de marzo de 2000 ; criterio este del vencimiento objetivo que, como veremos, queda matizado por una excepción, inspirada en el criterio subjetivo, por el que pueda llevarse a cabo la exoneración al vencido de su condena en razón a que el caso objeto de enjuiciamiento presentara dudas serias de'hecho' o de'derecho', concediéndose así un margen de discrecionalidad al órgano judicial.

CUARTO.-Quedando, pues, claro que la regla general por la que se debe regir la materia que nos ocupa no es atendiendo al criterio de la buena mala fe de la parte vencida en el proceso sino, muy por el contrario, al objetivo del vencimiento, criterio que viene a configurarse con la expresión objetiva de la injusticia a que ha sido sometido el vencedor y justifica la condena del vencido y su obligación de reembolsarle los gastos causados, ya que el comentado artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no contempla la buena o mala fe en la conducta de la parte para justificar la condena o la no imposición de las costas procesales, sino que viene a recoger, como regla general, el tradicional criterio del vencimiento objetivo, representado en la fórmula latina,'victus victoris', Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1992 , 15 de marzo 1197 y 28 de febrero de 2002 , lo que supone que las costas deben imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, en contrando su fundamento en la regla chiovendana, auténtica'ratio'de la norma legal, de que'la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón', operando cuando las pretensiones hubiesen sido totalmente rechazadas, vencimiento total, debiendo entenderse la expresión pretensión, no en sentido técnico, sino en el amplio comprensivo también del planteamiento opositor, lo que implica la exigencia de observar el precepto en el caso de estimación total de la demanda que se corresponde con la desestimación total de la oposición, lo que reconduce la cuestión litigiosa de las actuaciones al análisis de si a la desestimación íntegra de la demanda, es incardinable el caso en los supuestos excepcionales que comprende la norma citada como infringida, es decir, en los casos que se han venido en llamar de'vencimiento atenuado' al exceptuar su imposición desde el momento en que'el tribunal aprecie, y así lo razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho', válvula de escape a la rigidez con la que se hubiera presentado el sistema objetivo del vencimiento en su manifestación más pura; ahora bien, del mismo modo, debemos precisar que, en cualquier caso, esa posibilidad contemplada legalmente de atenuar el rigor condenatorio en costas a una de las partes cuando se susciten al juzgador dudas'de hecho'o'de derecho', impone, necesariamente, que el pronunciamiento por el que se excluye de aplicación la regla general del 394 derive de una interpretaciónrestrictiva, como corresponde a toda norma excepcional, ya que nadie puede cuestionar que en multitud de supuestos sometidos a litigio en que se estiman o rechazan las pretensiones de una u otra parte existen hechos relevantes dudosos, no pudiendo convertirse la excepción en regla general mediante una ampliación excesiva y desproporcionada de la expresión'serias dudas de hecho de derecho'; dudas éstas que nada tienen que ver con las incertidumbres que subjetivamente pueda albergar alguna de las partes de un concreto procedimiento, sino las objetivas, esto es, constatables en abstracto y vinculadas a la índole de la controversia, debiendo ser de entidad suficiente como para justificar la excepción a la regla general, no bastando para ello la razonabilidad de la demanda o de la oposición, siendo inadmisible que la excepcionalidad de la norma pase a convertirse en la práctica de Juzgados y Tribunales como regla general, debiéndose, además, de motivar su aplicación, pues así es como no se hace exigible motivación cuando se esté a la aplicación del criterio objetivo del vencimiento, dado que la aplicación de la norma se hace al margen de cualquier valoración judicial sobre la conducta procesal de las partes, en cambio, sí debe motivarse cuando el juzgador se aparte de la aplicación de la regla general y acuda a la excepcionalidad contenida en el inciso segundo del artículo 394.1, y así lo entienden las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1993 y de 18 de julio y 2 de noviembre de 1994 , y así como nos indica la jurisprudencia constitucional si bien no existe norma alguna en la Ley Procesal que imponga a priori una determinada extensión o un cierto modo de razonar bastando con que la motivación sea suficiente, concepto jurídico indeterminado que lleve de la mano a cada caso concreto en función de su importancia intrínseca y de las cuestiones que plantee, sin olvidar la dimensión subjetiva del razonamiento por obra de su autor, Sentencias del Tribunal Constitucional 209/1993 y 22/1994 , no debe olvidarse esa necesaria edad de motivación a fin de garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales superiores y lograr la convicción de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión, demostrando el esfuerzo realizado por el órgano jurisdiccional para garantizar una resolución carente de arbitrariedad, y así lo han expresado las Sentencias del Tribunal Constitucional 147/1989 , 134/1990 y 146/1991 , al decir que'las concretas decisiones judiciales en aplicación de la legislación sobre costas procesales compete enteramente al Juez o Tribunal que conoce del correspondiente juicio o recurso, mediante resolución que ha de calificarse de estrictamente discrecional aunque no arbitraria....'y que '... exige que concurran circunstancias de extraordinaria importancia, que han de razonarse en su aplicación, mientras que la imposición de las costas ha de entenderse, como la consecuencia ordinaria del proceso declarativo...', motivación que, a su vez, impone en la resolución a dictar seguir un criterio eminentemente restrictivo a la hora de permitir se haga excepción al principio del vencimiento, Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de octubre 1992 y de 4 de noviembre de 1994 , observándose en el caso que nos ocupa que en la sentencia recurrida en su fundamento de derecho cuarto, inicialmente la Juzgadora se limita, lisa y llanamente a citar el precepto legal tantas veces aludido, y, pedida aclaración, tampoco realiza especial esfuerzo más allá de manifestar'concurrir dudas de hecho generadas por la dificultad probatoria de la existencia de un defecto de fabricación, unido a que el uso de los coches fue ajeno y desconocido para la actora', sin que entre en el examen de la posibilidad de poder apreciar excepción alguna, la cual podía haber sido de muy diversa índole o mas atendiendo fundamentalmente a principios de justicia y proporcionalidad con el fin de evitar que el planteamiento del proceso, cuando exista una convicción razonable para litigar, no se le mide convirtiendo en una pesada carga, y en un grave riesgo económico por el simple hecho de demandar la tutela judicial, Sentencia del Tribunal Supremo 533/2000, de 31 de mayo , señalando dichos mismo Alto Tribunal, en sentencia de 4 de diciembre de 2001 , que el solo criterio del vencimiento, por sí mismo, puede resultar injusto en ocasiones concediendo el juzgador de instancia, la facultad de no conceder en costas, pese al vencimiento, cuando'razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición',poniendo de relieve la sentencia de 15 de marzo de 1996 que por circunstancias seccionales no debe entenderse en su estricta significación gramatical, algo que se aparta de lo ordinario, sino más bien como algo trascendente que alcance a justificar que en el caso concreto, el Juez o Tribunal no siga el criterio general, facultad discrecional del juzgador que ha venido siendo reconocida por la doctrina jurisprudencial constantemente, Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1989 y 30 de abril de 1991, entre otras ; añadiendo, por un lado, en la sentencia de 4 de diciembre de 2001 que las circunstancias excepcionales han de ser objeto de una interpretación amplia por los tribunales superando el tema de la temeridad o mala fe, tratándose, en suma, de una discrecionalidad basada en razones que pueden resultar justas y ponderadas, como puede serlo la actitud extraprocesal y previa al litigio de las partes, razones que pueden justificar en el caso concreto el no seguir el criterio general, en tanto que, por otro lado, en sentencias de 15 octubre de 1992 y 4 de noviembre de 1194 , en marcado distanciamiento de la doctrina anterior, ha seguido un criterio muy restrictivo en la interpretación de esas circunstancias excepcionales, a la hora de permitir se haga excepción al principio del vencimiento. Sea como fuere con anterioridad, es el caso, que en el sistema de la vigente Ley de Enjuiciamiento, la única circunstancia exoneradora de imposición del pago de las costas al litigante vencido es la existencia de fundadas dudas de hecho o de derecho, circunscritas, por lo que a las de índole jurídica se refiere, a la acreditación de una jurisprudencia vacilante, encontrándose el problema en interpretar qué debe entenderse por'dudas de hecho', ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado que puede quedar en multitud de ocasiones en su decisión al arbitrio judicial, a pesar de que el legislador impone, como se ha dicho, que motivadamente proceda a razonarlo, sin que pueda entenderse como bastante la remisión que se haga al párrafo segundo de la norma comentada en relación con la jurisprudencia, debiendo entenderse, a nuestro juicio, que esas'dudas de hecho'han de ser objetivas y su averiguación debe exigir el proceso judicial, y debe sufrirlas el juzgador, y no las partes, debiendo ser serias, esto es, la importancia de los hechos sobre los que recae la incertidumbre en orden a decidir la razonabilidad de la pretensión, de manera que no todas las pretensiones razonablemente fundadas impedirán la condena en costas en caso de su desestimación, porque la regla del vencimiento objetivo no es sólo una sanción a la conducta arbitraria o caprichosa del que pretende (y es vencido) sino también una regla protección del sujeto contra el que se dirige la pretensión a no padecer perjuicio económico sin que signifique que ante una situación de orfandad probatoria pueda aplicarse la regla excepcional que recoge el artículo comentado 394.1 como se recogiera en Sentencias de esta misma Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Málaga de 13 de febrero y 17 de septiembre de 2008 ; pudiendo concluir que por serias dudas de hecho se debe entender las que se producen en aquellos casos en que la prueba practicada permite varias interpretaciones y las posiciones que la parte mantienen a partir de ellas son lógicas y razonables, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, en el que la parte actora, que pretendía un saneamiento por vicios ocultos en los carritos de golf que había adquirido de la demandada, no justificó debidamente que la descarga de las baterías de 49 de los 60 coches de golf que le había vendido la demandada, ocurrida 30 meses después de la entrega de los mismos, trajera causa de un defecto de origen o de fabricación de las baterías cubierta por la garantía pactada entre las partes para las baterías en tres años, lo cual era carga que conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil correspondía a la parte actora que reclamaba sobre esa base fáctica, lo que no puede interpretarse como 'dudas de hecho'sino simple insuficiencia probatoria, circunstancia que debió sopesar antes de formular la demanda, y si no tenía la certeza de poder acreditar los hechos sobre los que se sustentaba su reclamación, no debió formular la demanda, y al hacerlo, no obstante, obligó innecesariamente a la parte demandada a litigar, por lo que ahora deberá resarcirle por vía de las costas de los gastos que se le ha han ocasionado por su traída al proceso, pues, teniendo en cuenta laratio legiso fundamento teológico de la adopción por el legislador de dicho principio, para que proceda la condena en costas no es preciso que la falta de responsabilidad del demandado absuelto sea evidente ni que la defensa del demandado frente a la pretensión del actor sea injustificada o infundada (supuestos que estaría más cercanos al concepto de temeridad, que la Sala considera, como hemos visto, que no concurre en el presente caso en ninguna de las partes litigantes, atendidos los términos en que se desarrolla un debate), sino que basta con que concurra el dato objetivo del vencimiento, criterio que constituye la regla general, con las únicas excepciones señaladas por la ley que por su carácter de tal deben ser interpretadas y aplicadas restrictivamente, de manera que deben concurrir dudas de entidad suficiente que justifiquen la excepción a la regla general no bastando para ello la razonabilidad de la demanda o de la oposición que han sido desestimadas por la sentencia.

QUINTO.-Dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que en caso de estimación total o parcial del recurso de apelación no se hará condena las costas del mismo a ninguna de las partes litigantes.

VISTOSlos preceptos citados y los demás de legal y oportuna aplicación.

Fallo

que, estimando el recurso de apelación que ante la Sala ha mantenido el Procurador Don José Manuel González González en nombre y representación de Hipergolf & Gardens S.L., debemos revocar y revocamos la sentencia dictada el día 20 de octubre de 2011 , aclarada por auto de 27 de octubre de 2011 y rectificada por auto de 14 de noviembre de 2011, todos ellos por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Marbella en el Juicio Ordinario número 746 de 2010, en el concreto particular del pronunciamiento sobre las costas de la primera instancia, a cuyo pago debemos condenar y condenamos a la demandante Mox Tech Ibérica S.L. , confirmándola en todo lo demás y sin hacer expresa imposición de las cosas de alzada.

Devuélvanse los autos originales con certificación de esta sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, al juzgado del que dimanan para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que conste y surta los efectos correspondientes, expido y firmo la presente en Málaga a 22/04/2016

LA SECRETARIA

Fdo.: CONCEPCIÓN AGUILERA RIVERA