Sentencia CIVIL Nº 432/2021, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 17, Rec 436/2020 de 02 de Noviembre de 2021

Encabezamiento

Sección nº 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Paseo Lluís Companys, 14-16, 1a planta - Barcelona - C.P.: 08018

TEL.: 934866210

FAX: 934866302

EMAIL:aps17.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0821142120198021961

Recurso de apelación 436/2020 -F

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sant Feliu de Llobregat

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 82/2019

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0967000012043620

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0967000012043620

Parte recurrente/Solicitante: Modesto

Procurador/a: Ricard Simo Pascual

Abogado/a: EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ

Parte recurrida: COMPAÑIA DE SEGUROS SA MAPFRE EMPRESAS

Procurador/a: Alfredo Martinez Sanchez

Abogado/a: FRANCISCO SAMSÓ BARDÉS

SENTENCIA Nº 432/2021

Magistrados:

Jose Antonio Ballester Llopis Ester Vidal Fontcuberta Ana Maria Ninot Martinez

Barcelona, 2 de noviembre de 2021

Ponente: Jose Antonio Ballester Llopis

Antecedentes

PRIMERO.-En fecha 7 de septiembre de 2020 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 82/2019 remitidos por Sección Civil Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sant Feliu de Llobregat a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Ricard Simo Pascual, en nombre y representación de Modesto contra Sentencia de fecha 12/03/2020 y en el que consta como parte apelada el Procurador Alfredo Martinez Sanchez, en nombre y representación de COMPAÑIA DE SEGUROS SA MAPFRE EMPRESAS.

SEGUNDO.-El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

'Que DESESTIMANDO la demanda formulada por DON Modesto contra la aseguradora MAPFRE EMPRESAS, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de todos los pedimentos de la demanda.

Las costas del presente procedimiento serán abonadas por la parte demandante.'

TERCERO.-El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 27/10/2021.

CUARTO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado Jose Antonio Ballester Llopis .

Fundamentos

PRIMERO.-Los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.-Mediante la presente litis D. Modesto reclama frente a MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. la suma de 317.042,26€ en cumplimiento del contrato de seguro denominado 'Seguro de Responsabilidad Civil Profesional', suscrito en fecha 22 de abril de 2009, entre Talleres Urpinas, S.L. como tomador y la aseguradora demandada, siendo el asegurado el administrador de la misma y demandante por haber aconteciodo el sinestro cubierto en la póliza y consistente en sentencia dictada por el Juzgado de lo social número 3 de Barcelona en fecha 8 de mayo de 2018,por la que se condena al ahora demandante solidariamente en concepto de indemnizaciones por despido improcedente, preavisos incumplidos y salarios no percibidos. Por la resolución de primer grado se desestima la demanda. Frente a semejante pronuncamento se alza el demandante que invoca tres motivos de recurso a saber:1º.-Infracción del art. 426.1 de la Lec; 2º.- Infracción del art. 24 ce en relación con los artículos 120.3 y 218.2lec. falta de motivación suficiente de la sentencia y 3º.-en cuando al fondo se refiere reproduce su pretensión y denuncia error de hecho en la valaoracón de la prueba por el jugador de instancia.

TERCERO.-En el contexto de la Audiencia Previa en el art. 426LEC se establece el derecho de las partes (actor, reconviniente) a realizar alegaciones complementarias al respecto de lo alegado de adverso, así como a realizar aclaraciones y a que se practique prueba sobre todo ello. Del mismo modo en este artículo se regula la posibilidad de que el Tribunal requiera a alguna de las partes para que realice las aclaraciones y precisiones pertinentes, estableciendo las consecuencias de no atender a este requerimiento. El derecho de las partes a realizar las alegaciones que se prevé en ese precepto está dirigido a cumplir con la finalidad de fijación del objeto del proceso y de las cuestiones al respecto de las cuales existe controversia entre las partes, para que sobre la base de ello se pueda proponer por las partes y admitir por el Tribunal la prueba pertinente y útil y para que finalmente de la actividad probatoria que se practique en el plenario no se desvíe ni del objeto del proceso ni tampoco de la controversia suscitada entre las partes.Las alegaciones complementarias previstas en el art. 426.1LEC constituyen una oportunidad procesal que la Ley adjetiva concede al demandante o reconviniente para que pueda rebatir los hechos impeditivos, extintivos o que en definitiva enervan la eficacia jurídica de aquellos otros alegados por el actor o reconviniente en su escrito rector. En congruencia con ello los artículos 265.3 (documentos) y 338 (informes periciales) LEC , así como el art. 426.5LEC permiten además al demandante y al reconviniente aportar y proponer las pruebas dirigidas a sustentar las alegaciones complementarias realizadas siendo obligación del Tribunal admitir tales pruebas, previa verificación de la concurrencia del supuesto de hecho. El límite de admisibilidad de las alegaciones complementarias que realice el actor al respecto de lo alegado por el demandado en el escrito de contestación estriba en que no se pueden alterar sustancialmente ni las pretensiones, ni los fundamentos expuestos en el escrito rector, por un lado y tienen que ser conexas con lo planteado por la contraparte en su escrito de contestación a la demanda, por otro. Estos mismos límites se aplican a la aportación de documentos prevista en el art. 426.5, así como en los artículos 265.3 y 338 LEC . Al litigante que se le deniega esta posibilidad procesal prevista en la legislación procesal de realización de alegaciones y que se le inadmite la práctica de las pruebas interesadas en base a ello y en su debido momento procesal se le genera indefensión al vulnerarse su derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (24.2 CE), siempre que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, es decir, que sea decisiva en términos de defensa ( Sentencias del Tribunal Constitucional núm. 1/1996 de 15 de enero, FJ 2 ; 219/1998 de 17 de diciembre, FJ 3 ; 165/2011 de 16 de julio ).

El apelante afrma para sostner el motvo: "Esta parte, únicamente pretendía dar a conocer a la Juez, los hechos que en realidad habían dado lugar a una interpretación errónea por parte del Juez de los Social que condenó a mi mandante a la responsabilidad por la que se ha presentado la demanda objeto de este recurso, es decir, como se había producido con exactitud la cadena de acciones en relación a la operación crediticia que la contraria pretendía cobijar como 'fraudulenta y dolosa', acompañando para poder tener una imagen veraz, los documentos que lo demostraban y desmentían, que sin embargo éstos sí fueron admitidos, pero que sin una explicación complementaria y aclaratoria eran difícilmente inteligibles, como sucede de ordinario con operaciones societarias, o en aquellas circunstancias, en que existe actuación por parte de un administrador social, cuya ejecución puede tener una interpretación dispar, pero es relevante en todo caso, que con independencia de lo resuelto en las presentes actuaciones por la Juzgadora de instancia, era preciso conocer dichas manifestaciones a fin de que ésta pudiese resolver el objeto de la Litis, habiendo escuchado las razones, explicaciones, y fundamentación completas de ambas partes, pues ello hubiera podido posibilitar que el resultado fuera completamente antagónico al fallado. Así pues, esta parte ahora apelante, entiende que sin esas alegaciones complementarias las posibilidades de poder emitir una Sentencia justa,dicho siempre en estrictos términos de defensa, se vieron disminuidas. "

Consiguientemente el demandante pretendía cuestionar una una sentencia firme en jurisdicción que no le es propia, por tanto disentir de pronunciamientos que han alcanzado la autoridad de cosa juzgada, en jurisdicción distinta a aquella en que ha sido dictada. Por otra parte reconoce habérsele admitido la prueba propuesta, interviniendo también en la fijación de los hechos , además ha tenido el correspondente trámite de conclusions y en modo alguno la omisión de de mayores alegaciones en la audencia revia ha determnado el sentido de la sentencia recaída por lo que ninguna indefensión ha sufrido, en el bien entendo de que la doctrina constitucional ( SSTC 8/1991, 106/1993 y 217/1993 )resalta que el concepto de indefensión -íntimamente ligado al de nulidad de los actos procesales- es de carácter material y no exclusivamente formal, de modo que, de una parte, no toda vulneración o infracción de normas procesales puede producir indefensión, sino sólo aquella que priva al justiciable de la aplicación efectiva del principio de contradicción, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para sus intereses. Dicho Tribunal ha declarado que la indefensión es una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación de los órganos judiciales que consiste en el impedimento del derecho a alegar y de mostrar en el proceso los propios derechos, privando de la potestad de alegar, y en su caso, justificar unos intereses de parte ( SS. 10 junio 1987, 15 octubre 1987 y 8 junio 1988 ). La indefensión surge de la privación del derecho de alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y tiene su manifestación más trascendente cuando el órgano jurisdiccional impide a una parte el ejercicio de ese derecho a la defensa privándole de ejercitar su potestad de alegar y en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contradictorias ( SSTC 28 noviembre 1988, 1 febrero 1989 y 6 julio 1989 ). Es decir, que la relevancia en el ámbito constitucional de una determinada infracción procesal no viene dada por la irregularidad procesal en sí, sino por su incidencia sobre aquellas facultades de la parte en que se resume el derecho consagrado en el Art. 24.1 , cuya limitación prescribe el referido derecho de defensa ( STC. 12 marzo 1991 ), por ello una indefensión relevante no tiene lugar siempre que se vulneran cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación de aquel derecho y en un principio real y efectivo de los intereses del afectado por ella.

En definitiva, la Jurisprudencia Constitucional se ha orientado a una definición de carácter realista, estimando que 'no se da indefensión cuando ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos', o, 'cuando no se ha llegado a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa'.

Por tanto decae el primer motivo del recurso

CUARTO.-Se alega la infracción por inaplicación del artículo 218.2 de la LEC , en relación a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE, por falta de motivación.

La jurisprudencia ha considerado que debe estimarse que concurre motivación suficiente, para satisfacer con ello las finalidades de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir así su eventual control jurisdiccional, siempre que la argumentación de la sentencia sea racional y no arbitraria y no incurra en un error patente (pues entonces no cabría decir que se hallaba fundada en Derecho - STC de 20 de diciembre de 2005 ), aun cuando la fundamentación jurídica pudiera calificarse de discutible - sentencias de la Sala 1ª del STS de 20 de diciembre de 2000 , de 12 de febrero de 2001 y 4 de febrero de 2009 - , sin que ello imponga el deber de realizar una argumentación extensa ni de dar una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, bastando con que la respuesta judicial esté argumentada en Derecho y ofrezca un enlace lógico con los extremos sometidos a debate ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 4 de diciembre de 2007 , 13 de noviembre de 2008 , 30 de julio de 2008 y 4 de febrero de 2009 ). En este sentido, dice la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de mayo de 2011 que 'respecto de la motivación de las resoluciones, este Tribunal (por todas STC 108/2001 de 23 de abril ; FFJJ 2 y 3) ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1CE ), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación , cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión'.

Se debe rechazar el motivo de apelacón enunciado, por cuanto la sentencia atacada motiva la respuesta a todas y cada una de las pretensiones deducidas por las partes en este litigio, con argumentación fáctica y jurídica . Otra cosa es que la argumentación sostenida por el juez de la primera instancia y la conclusión sacada de la misma no sea compartida por el apelante pero eso, desde luego, nunca puede articularse

QUINTO.-La sentencia de lo social dice en lo menester:"5.- En aquest sentit hi ha d'haver un mínim control judicial, el qual ha de tenir en compte la raonabilitat de la mesura adoptada, és a dir, si la mesura extintiva está lligada amb el descens de les vendes, no amb tanta intensitat com en la situació prèvia a l'entrada en vigor del RDL 312012, sinó simplement si l'extinció del contracte de treball que s'enjudicia és raonable, per la qual cosa és exigible una activitat que tendeixi a acreditar que les extincions que s'acorden tenen una mínima relació amb la causa al.legada, no tan per superar dificultats que impedeixin el bon funcionament de l'empresa com abans s'exigia, sinó simplement si l'acomiadament respon a la baixada de vendes o ingressos. No hem de pensar que les extincions acordades han de produir forçosament el sanejament económic de l'empresa, sinó que es compleixin els mínims requisits de raonabilitat basada en judicis de causalitat ¡ proporcionalitat.

6.- És més, la senténcia del Tribunal Constitucional 8/2015, de 22.01.15, que resol el recurs d'inconstitucionaltat del RD-L 3/2012, reconeix clarament que el control judicial sobre la causa i la seva raonabilitat segueix existint. Així, el fonament jurídic 7é, amb ocasió d'examinar la denúncia que es feia en el recurs d'inconstitucionalitat sobre la infracció de l' art. 24 de la Constitució espanyola, en el sentit de que el control judicial sobre la causalitat de l'acomiadament era indefinida:

'A lo anterior hay que añadir, además, que en nuestro ordenamiento, por estar en juego el derecho al trabajo ( art. 35.1 CE), 'rige el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma' (SiC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4), lo que supone que 'la aplicación judicial del Derecho es, como toda interpretación, realización de valor, esto es, una elección entre varias valoraciones posibles hacia cuyos principios aquélla se orienta', debiendo acomodarse la interpretación y aplicación de la legalidad por parte de los órganos judiciales a los principios y valores que la Constitución, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, consagra ( STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4). Es, pues, el juez a quien corresponde apreciar la concurrencia de una causa real y verosímil que por ser justa esto es por ajustada a la razón legitima la decisión empresarial extintiva de la relación laboral, dentro de los parámetros normativos que le ha otorgado el legislador en el ejercicio de las competencias que la Constitución le ha atribuido ( art 35.2 CE).'

7.- No obstant, abans d'analitzar si la causa está justificada, cal fer un judici de formalitat per a analitzar si s'han complert els requisits de comunicació i la resta d'exigències que contempla l' article 53 ET, ja que la part demandant demana el reconeixement de la improcedéncia de l'acomiadament, finalment per raons de fons, peró, préviament, s'ha d'examinar si els requisits formals s'han complert, i en aquest sentit consta que l'empresa no ha posat a disposició efectiva la indemnització en el moment de la comunicació.

Tercer. Posada a disposició de la indemnització

8.- La posada a disposició de la indemnització de vint dies per any de servei que es

refereix l' art. 53,1r, b) ET, ha de ser absolutament incondicionada ¡ no pot estar sotmesa a l'acceptació pel treballador de la signatura d'un document en el qual manifesti estar saldat ¡ liquidat de qualsevol altra quantitat que per qualsevol altre concepte pogués deure-li l'empresa. Ara bé, el mateix precepte preveu que si la decisió d'extinció es fonamenta a l'article 52.c, amb l'al legació de causa económica, i com a conseqüéncia d'aquesta situació económica no es pot posar a disposició del treballador la indemnització a que es refereix el paràgraf anterior; l'empresari, fent-ho constar en la comunicació escrita, la pot deixar de pagar, sens perjudici del dret que té el treballador d'exigir-li el pagament si té efectivitat la decisió d'extinció. Aixó significa que l'empresa haurá d'acreditar que no es pot fer aquesta posada a disposició.

9.- En el cas que ens ocupa s'ha acreditat que la tresoreria de l'empresa Talleres Urpinas, SL, no era suficient com per fer efectius els més de 80.000 euros que suposava abonar la indemnització deIs quatre demandants, ¡ per consegüent, si no s'aporten altres dades que ens indiquin l'existència d'altres comptes que s'hagin ocultat, hem d'admetre que concorria l'excepció a la posada de disposició de la indemnització, i per aquest motiu no es pot declarar la improcedència de l'acomiadament.

10.- Pel que fa a l'empresa Boxer 2000, SL, també es constata la mateixa situació que l'altra codemandada, és a dir, tot i qué els saldos eren positius, en cap cas arribaven per abonar les indemnitzacions que corresponien als demandants. Ara bé, la situació d'aquesta empresa s'ha d'examinar des d'una altra perspectiva, ja que en la carta d'acomiadament no es fa menció a l'existència de grup empresarial, i per tant s'ha de valorar si aquesta informació que es planteja en l'acte del judici ¡ que no es menciona en l'escrit de demanda, ha de tenir alguna transcendència en ordre a la qualificació deIs acomidaments.

Quart. Sobre la causa d'acomiadament al.legada per l'empresa.

11.- En el cas que ens ocupa, encara que és cIar que no es pot endevinar com serà la situació de l'empresa en el futur, entre altres raons perqué no dependrà només de les mesures que s'hagin adoptat, ja que la incidència concreta en l'activitat de l'empresa en la conducta del mercat pot ser irrellevant, sí que es pot arribar a la conclusió que, d'acord amb les dades que consten a la documentació aportada per l'empresa, quant a les pèrdues en els darrers exercicis i la reducció de la xifra de vendes, es donen tots els requisits perqué es pugui declarar que la causa concorre.

12.- Efectivament, es constata de la prova documental que hi ha hagut una baixada de vendes comparativament, prenent-ho per anys, sense que sigui necessari que la comparativa entre trimestres hagi de donar el resultat que assenyala l' art. 51ET, ja que aixó només és una dada per determinar la presumpció de concurrència de la causa, peró no exclou que no es pagués apreciar l'existència de la causa si no segueix el patró de baixada de vendes durant tres trimestres consecutius. Per altra banda, les pérdues económiques també s'han constatat i no hi ha cap dubte d'aquesta situació.

13.- Ara bé, atés que la part demandant relaciona la manca de concurrència de la causa amb la relació que té l'empresa ocupadora amb l'altra empresa del grup -Boxer 2000, SL- i amb la persona física demandada, és necessari d'examinar el que suposa considerar els demandats com un grup empresarial laboral i no simplement mercantil, és a dir, si hi ha elements que poden determinar considerar a tots els demandats com responsables solidaris als efectes de respondre de les conseqüéncies laborals derivades de I'acomiadament deIs treballadors demandants. Només en cas que no es consideri que no hi ha aquesta responsabilitat solidària es podria valorar si formen un grup empresarial de caire mercantil, tot i que en la carta d'acomiadament no es diu res al respecte, sinó que s'aI.Iega en I'acte del judici.

Cinqué. Grup cd'empreses laboral

14.- La part actora planteja que les empreses demandades formen un grup empresarial, ¡ per tant han de ser declarades responsables solidàries. La defensa de les demandades basa el seu plantejament en qué no concorren els requisits que la jurisprudència ha establert per a l'existència de grup d'empreses amb responsabilitat solidària, en tant que no tenen caixa única, la plantilla està diferenciada, i tenen funcionament completament diferenciat.

15.- S'haurà, doncs, d'analitzar si a la vista del material probatori ¡ que s'ha deixat palés en la premissa fàctica, concorren els trets fonamentals que la doctrina ha establert en aquests casos.

16.- El fenomen dels anomenats grups d'empreses des del punt de vista laboral tenen cert element comú que les persones -físiques o jurídiques- que els integren són independents entre si des d'una perspectiva jurídic-formal, però mantenen entre elles una unitat econòmica; es planteja, doncs, com principal problema el de determinar qui és el subjecte que ha de respondre a les obligacions laborals contretes amb els treballadors d'una empresa del grup, si és l'empresa que ha contractat formalment al treballador o el grup d'empreses com a tal, i en tant que persones diferents, procedirà declarar la responsabilitat solidària de totes enfront de les reclamacions deIs treballadors de qualsevol d'elles.

17.- La doctrina jurisprudencial consolidada parteix de la idea que no es poden establir pautes o criteris de caràcter general ( STS 03.05.90, Ar. 3946) i del principi general de la independència i no comunicació de responsabilitat entre les societats integrants del grup, sobre la base que els vincIes dé gestió, económica i organitzativa, no alteren per si mateixos, ¡ en tot cas, en principi, s'ha de considerar a les societats com entitats autónomes o separades, dotades de personalitat jurídica pròpia i per això, independents entre si i responsables limitadament en l'ámbit d'actuació. En aquest sentit la STS 20.03.13 diu que 'el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmnete, la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad. Entre otras cosas, porque en un entramado de ... empresas ..., la intensidad o la posición en relación de aquéllas con los trabajadores o con el grupo no es la misma'.

18.- Ara bé, quan el grup actua respectant les normes legals vigents i sense ànim fraudulent dirigit a perjudicar els drets deIs treballadors, no es pot establir responsabilitat solidària i s'ha de mantenir el caràcter plenament independent de cada persona jurídica o física que ho integra.

19.- Els criteris que la jurisprudència ha establert per a determinar la possible iI.licitud del grup d'empreses des del punt de vista de les relacions laborals, es poden resumir en els següents:

1r) L'existència d'una plantilla única o traspàs de treballadors, que es produeix, quan les societats pertanyents al grup es beneficien de la prestació laboral de treballadors formalment adscrits a la plantilla d'una d'elles, o quan canvien indistintament d'empresa.

2n) Existència d'una caixa única o patrimoni social confós, que té lloc quan s'utilitzen indiferenciadament per totes elles els actius o es fa pagament indistint del passiu, o quan existeix el que la doctrina ha qualificat com una 'promiscuitat en la gestió económica' o 'permeabilitat operativa ¡ comptable'.

3r) Quan es produeix una aparença externa unitària, actuant en el mercat de manera conjunta, que indueix a confusió als tercers que contractessin amb les empreses del grup.

4t) Direcció unitària o concentrada en una sola persona o grup de persones comunes a tot el grup.

20.- Si no concorren de forma suficientment rellevant qualsevol d'aquests elements, és possible que no cápiga establir responsabilitat solidària entre les empreses que puguin conformar el grup, ja que el sol fét d'estar lligades per vincles de direcció, organització o participació accionarial, absolutament freqüents en la realitat socioeconómica actual, en la qual les exigéncies o estratégies de mercat originen situacions d'agrupació d'empreses, no implica que perdin la seva personalitat jurídica proipia i independent de les altres que puguin integrar o conformar el grup.Per la seva banda la STS 03.05.90 estableix: 'El empleo de estos criterios en las múltiples situaciones litigiosas que se pueden producir en los grupos de empresa ha dado lugar unas veces al reconocimiento de una única relación de trabajo, que no se escinde por la existencia de varios empresarios ( SS de 6-3-81 y de 4-3-85, entre otras), otras veces al reconocimiento de un empresario único, más allá de la apariencia de posiciones empresariales distintas ( SS de 11-12-85 y de 12-6-88); y otras, en fin, a la imputación de responsabilidad solidaria al empresario que ostenta la posición de cabecera del grupo, en supuestos en que éste tenía trascendencia en la organización del trabajo ( SS de 3-3-87 y de 7-12-87, entre otras)'.

21- És per aixó que caldrá estar a cada cas concret per a determinar el grau de concurrència d'aquests elements, tenint en compte, que no és exigible als treballadors una prova detallada i éxhaustiva de les interioritats de les empreses, que óbviament no es troba al seu abast, pel que, davant l'existència d'elements de judici suficients que acreditin l'eventual concurrència de qualsevol d'aquestes circumstàncies, correspondria a les empreses aportar les dades del seu funcionament i estructura interna, comptabilitat, patrimoni, plantilla, etc., per a acreditar que les relacions que poguessin donar-se entre elles i es derivin de les proves aportades per la contrapart, obeeixen a legítims interessos de mercat, aliens a qualsevol ànim o intenció de defraudar els, igualment legítims, drets deIs treballadors.

Sisé. Relaciá entre les empreses demandades

22.- En aquest cas, partim deIs següents fets que s'han acreditat:

1r. La direcció i administració única de les dues empreses és la mateixa i pertany de forma exclusiva al Sr. Modesto, amb una molt petita participació de la seva esposa, directament o bé a través d'una de les empreses.

2n. La societat demandada Boxer 2000, SL, té com objecte l'administració del patrimoni del Sr. Modesto, és la propietária del local on desenvolupa l'activitat Talleres Urpinas, SL, peró també és pro pietária d'una part important de les participacions de Boxer 2000, SL.

3r. El preu del lloguer que ha abonat Talleres Urpinas, SL, a Boxer 2000, SL, sempre s'ha mantingüt en 7.000 euros ménsuals -tot i que aporta un document en el

que consta que podria ser de 6.500 euros-, sense que s'hagi produït cap variació, la qual cosa, en l'época de la gran crisi (2009-2015), moltes societats havien de negociar la reducció del lloguer.

4t. La societat Talleres Urpinas, SL, va fer un préstec de 525.000 euros al Sr. Modesto, sense que consti que l'hagi tornat.

5é. Estan donades d'alta en l'empresa Boxer 2000, SL, els dos fills deIs Srs. Modesto i Adriana, quan el mateix Sr. Modesto ha manifestat

que la seva filla no hi treballa perqué és dentista. La Sra. Adriana s'encarrega de les tasques admiriistratives de l'empresa en la qual no hi consta d'alta.

6é. En dues ocasions, els treballadors han cobrat els salaris procedents de i'altra empresa codemandada ¡ de la persona física.

23.- Aquestes dades acrediten que entre les empreses demandades i la persona física demandada hi ha una actuació conjunta i una direcció unificada, i en cara que no hi ha una caixa única, sí que es constata que hi ha una operació que descapitalitza l'empresa, a part de que hi ha pagament de salaris prócedents de l'em presa patrimonial i del mateix Sr. Modesto, i en conseqüència es pot establir que, des del punt de vista laboral, és constitutiva tun grup d'empreses.

Seté. Efectes del grup d'empreses en l'acomiaciament

24.- La conseqÜéncia de l'estimació del plantejament de la part demandant, en tant que la declaració de solidaritat va dirigida tant contra l'empresa a la qual formalment estaven donats d'alta, com també contra Boxer 2000, SL, i la persona física Modesto, en casos.com el que ara s'analitza, en els quals els responsables conformen un conglomerat familiar mitjançant el qual, acudint a la utilització de técniques societàries diverses s'intenta encobrir l'existéncia real d'una única unitat econòmica, l'anàlisi de les causes es presenta com impossible, ja que la solvència econòmica no es pot examinar si amb tota la seva amplitud, i per tant és una de les qüestions essencials per l'adequada dispensa de tutela judicial en l'àmbit actual de les relacions laborals i sobre la qual recau una part important de la conflictivitat jurídic laboral, om ja s'ha assenyalat per la doctrina més autoritzada.

25.- Per consegüent, amb independència de que en una sola empresa -o en les dues societats, tot i que en la carta d'acomiadament no es diu res respecte de l'empresa Boxer 2000, SL-, puguin concórrer les causes econòmiques que fonamenten l'extinció deIs contractes de treball deis demandants, quan s'està analitzant i decídint sobre l'existència d'un grup d'empreses, després d'apiicar els criteris d'aixecament del vel societari, per declarar la responsabiiltat de la persona física, que és la única propietària, en definitiva, de les dues societats, no estem davant un cas en qué l'acomiadament s'hagi de valorar des del punt de vista formal, sinó si materialmént hi ha necessitat d'acomiadar als treballadors demandants, i la resposta ha de ser negativa, és a dir, les causes econòmiques actuen com a justificació formal respecte de les empreses, peró no respecte de la persona física, per la qual cosa només es podrá declarar la improcedència de l'acomiadament.

Vuité. Etectes de l'acomiadament improcedent.

26.- La qualificació de l'acomiadament improcedent comporta les conseqüències que régula l'article 56 FT, (sic)b).- Condemna a l'empresa demandada al pagament d'una indemnització de 33 dies per a any treballat amb prorrata deis períodes inferiors a l'any, i fins a un máxim de 24 mensualitats,. si bé la disposició transitòria 5a del RDL 3/2012 preveu que en els contractes celebrats abans de l'entrada en vigor d'aquesta norma (12.02.12) tenen una indemnització de 45 dies pels anys de serveis anteriors ¡ de 33 dies peis que es prestin a fins aquesta data. En el present cas, la ¡ndemnització així calculada ascendeix a les següents quantitats:

Julián: 66.450,45 euros

Leovigildo: 44.971,20 euros

Marcos: 39.852 euros

Guillerma: 90.253,80 euros

c).- En cas que l'ernpresa opti per la readmissió els treballadors tindran dret a una quantitat igual a la suma deIs salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament tins la data de la reincorporació al seu lloc de treball a raó del salari declarat provat.(sic).

DECISIÓ

Estimo la demanda presentada per Julián, Leovigildo, Marcos i Guillerma, contra 5 Talleres Urpinas, SL (administrador concursal Sr. Torcuato), Boxer 2000, SL, Modesto ¡ Fons de Garantia Salarial, sobre acomiadament, i declaro la IMPROCEDÉNCIA de l'acomiadament deIs demandants realitzat amb efectes del dia 28.10.16, i en conseqüéncia, Condemno solidáriament als demandats que optin entre readmetre els demandanits en el seu lloc de treball a, en cas contrari, abonin les indernnitzacions que es diran a continuació. S'adverteix a la part demandada que l'opció l'ha de realitzar en el termini de cinc dies, i si així no ho fa s'entén que 0pta per la readmissió.

Julián: 66.450,45 euros

Leovigildo: 44.971,20 euros

Marcos: 39.852 euros

Guillerma: 90.253,80 euros

2n. Cas que optin per la readmissió han d'abonar als treballadors demandants una quantitat igual a la suma deIs salaris deixats de pércebre des de la data de l'acomiadament fins la data de la reincorporació al seu lloc de treball a raó del salan deçlaratprovat.

3r. Absolc el Fons de Garantia Salarial, sense perjudici de la seva responsabilitat subsidiária én cas d'inrsolvéncia empresarial. "

SEXTO.-El contrato de seguro se aporta a las actuaciones, y reza en lo que aquí importa:"II. OBJETO ) Artículo 1. Objeto del seguro

EXTENSION DEL SEGURO En los términos, límites y condiciones consignados en la póliza, el Asegurador toma a su cargo el pago de ¡as indemnizaciones de que pueda resultar civilmente responsable el Asegurado, conforme a derecho, por dañosocasionados a terceros mediando culpa o negligencia. "

"Riesgo: único

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Responsabilidad civil de los Administradores Sociales y personal directivo de la sociedad tomadora. (sic)

1.2 Asegurado

Tendrán el carácter de Asegurado las personas físicas que tengan la condición de miembros del Órgano de Aciministración de la sociedad tomadora del seguro, así como directivos, altos cargos administradoresy gerentes, u otro cargo similar de la Sociedad. (sic)

1.8 Siniestro

Toda reclamación que se dirija por primera vez durantel de seguro

contra el Asegurado, que tenga su causa en un acto incorrecto cometido por el Asegurado en el desempeño de su cargo en la Sociedad y que siendo

objeto de cobertura por la póliza, de lugar a indemnización.

1.9 Acto Incorrecto

Toda acción u omisión culposa imputable al Asegurado, que comprometa exclusivamente su responsabilidad civil personal realizado sin la diligencia legalmente exigible en su calidad de miembro de los órganos de Administración o integrante de la Alta Dirección de la Sociedad(sic)

2. OBJETO DEL SEGURO

2.1 Por la presente póliza el Asegurador garantiza al Asegurado, de con formidad con las condiciones, lìmites, sublímites y exclusiones previstos en la misma, el pago de las indemnizaciones de las que el asegurado, resulte declarado civilmente responsable por Actos Incorrectos realizados en su condición de miembro de los órganos de Administración y personal de Alta Dirección da la sociedad tomadora del seguro como consecuencia de siniestros cubiertos bajo esta póliza, siempre que la t ¿çc.tamación se formule por primera vez durante el periodo de seguro(sic)

4. EXCLUSIONES

Esta póliza no cubre:

- Las reclamaciones ¡pie sean consecuencia, directa o indirerectamente, de actos en los que se haya demostrado un comportamiento fraudulento del Asegurado como de Las personas de quienes ciaba responder así como el uso ilícito de información privilegiada

- Reclamaciones por daños morales, lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas físicas, por daños, deterioros o destrucción de cosas, así como los perjuicios económicos consecuencia de todos éstos.

- Reclamaciones basadas en la prestación de servicios profesionales a terceros por parte del Tomador o el Asegurado(sic)

- Cualesquiera mulltas y sanciones impuestas por la autoridad competente al Tomador o al Asegurado con ocasión de la infracción de normas contenidas en la legislación social, fiscal, de ordenación y disciplina del sector económico, o cualquier otra normativa. (sic)

1.3. Terceros

Tendán la condición de terceros:

- La propia Sociedad que suscribe el Seguro (Tomador).

- Los accionistas de la Sociedad Tomadora.

- Los acreedoras de la citada Sociedad.

Los asalariados de la Sociedad Tomadora.

- Los representantes de comercio que no tengan la condición de empleado asalariado.

- Otros terceros Personas tisicas o jurídicas titulares del derecho económico lesionado por el Acto Incorrecto del Asegurado y que promueve la Reclamación para obtener una indemnización cubierta perla Póliza

resarcimiento.. (sic)

1.8. Acto Incorrecto.

Los errores de hecho o de derecho no intencionados, declaraciones que no sean deliberadamente falsas o inexactas, inobservancias no dolosas de las disposiciones legales o estatutarias, actos de gestión o representación no realizadas a sabiendas y, en general, toda acción u omisión culposa imputable a los Asegurado, que comprometa exclusivamente su responsabilidad civil personal, pero exciusivamente en su calidad de miembro de los Órganos de Gestión de la Sociedad o apoderado de los mismos como personal de Alta Dirección Todo o empleado que de hecho o en la práctica ostente funciones de Administrador o Consejero de la Sociedad

O al que sea atribuida esta condición por los tribunales.

1.9. Daño

Perjuicio patrimonial, económicamente atribuïble a consecuencia directa del Acto Dañoso del Asegurado, objeto de la Reclamación del perjudicado y cubierto, a título de indemnización, por la Póliza. (sic)

2. OBJETO DE SEGURO

2.1. Cobertura básica

La presente póliza tiene por objeto garantizar, conforme a los límites, términos y condiciones convenidos, el pago de las indemnizaciones pecuniarias de las que el Asegurando pudiera ser civilmente responsable, a título personal y con arreglo a derecho, por daños involuntariamente causados a terceros exclusivamente en el ejercicio de sus funciones al servicio del Tomador o de sus filiales, como miembro de los Organos de Gestión o personal de Alta Dirección, siempre que medie culpa o negligencia en el desempeño de su cargo"

SÉPTMO.-Como acertadamente razona el juzgador de instancia, el contrato concertado garantizaba, conforme a los límites, términos y condiciones convenidos, el pago de las indemnizaciones pecuniarias de las que el asegurado pudiera ser civilmente responsable, a título personal y con arreglo a derecho, por daños involuntariamente causados a terceros y al no poderse considerar que la indemnización por despido improcedente se deba pagar como consecuencia de un daño causado involuntariamente a terceros y al no poderse considerar tampoco que el despido pueda ser considerado como una acción u omisión culposa imputable al asegurado y que comprometa exclusivamente su responsablidad civil, al no cumplirse los requisitos necesarios para la aplicación de la póliza de seguro contratada procede la desestimación de la presente demanda, pues tal como señala la parte demandada en su escrito de contestación, no se da cobertura ni al impago de deudas generado por la sociedad tomadora frente a proveedores ni tampoco a las deudas de la misma con los que fueron sus asalariados.

Es claro que el siniestro acontecido en la forma que describe la sentencia de la jurisdicción social, transcrita no puede subsumierse en las previsions de la póliza a que se ha hecho referencia.

Corolaro de lo expuesto es la desestimación del presente recurso y confirmar por ende la sentencia apelada

OCTAVO.-La plena ratificación de la resolución recurrida determina condena en costas del recurso al recurrente ( arts 394 y 398 LEC)

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Ricard Simo Pascual, en nombre y representación de Modesto y, en consecuencia, confirmar la Sentencia de fecha 12/03/2020 dictada por Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sant Feliu de Llobregat. Con imposición de las costas del recurso a la parte recurrente.

Transferir a la cuenta bancaria correspondiente el depósito constituido por la parte recurrente, devolver las actuaciones al órgano judicial de instancia y archivar el presente procedimiento.

Modo de impugnación:recurso de CASACIÓNen los supuestos del art. 477.2LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTEdías, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.