Sentencia Civil Nº 449/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7, Rec 366/2011 de 07 de Septiembre de 2011

Encabezamiento

Rollo nº 000366/2011

Sección Séptima

SENTENCIA Nº 4 4 9

SECCION SEPTIMA

Ilustrísimos/as Señores/as:

Presidente/a:

DON JOSE ANTONIO LAHOZ RODRIGO.

Magistrados/as

DOÑA PILAR CERDAN VILLALBA.

DOÑA MARIA IBAÑEZ SOLAZ.

En la Ciudad de Valencia, a siete de septiembre de dos mil once.

Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia en grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario - 001484/2009, seguidos ante el JUZGADO DE INSTANCIA 5 DE TORRENT(ANT. MIXTO 8), entre partes; de una como demandante - apelante/s ENCARNACION CAMBRONERO GIL, S.L., dirigido por el/la letrado/a D/Dª. JUAN JOSE SAYAS MARTINEZ y representado por el/la Procurador/a D/Dª MARIA LUISA SEMPERE MARTINEZ, y de otra como demandada - apelado/s COM. PROP. C/ DIRECCION000 Nº NUM000 ALDAIA, dirigido por el/la letrado/a D/Dª. JOSE ANTONIO BELENGUER PRIETO y representado por el/la Procurador/a D/Dª FRANCISCO VERDET CLIMENT.

Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. PILAR CERDAN VILLALBA.

Antecedentes

PRIMERO.- En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE INSTANCIA 5 DE TORRENT(ANT. MIXTO 8), con fecha 10 de diciembre de 2010, se dictó la sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda formulada por Encarnación Cambronero Gil S.L. representado por la Procuradora Sra. Sempere Martínez Maria Luisa frente a Com.Prop.C/ DIRECCION000 NUM000 Aldaia representado por el Procurador Sr.Verdet Climent Francisco, debo absolver y absuelvo a la indicada demandada de todos los pedimentos formulados contra la misma, manteniendo la validez de los acuerdos adoptados que fueron impugnados en la demanda, con expresa imposición de las costas causadas a la actora.".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por la representación de la parte demandante se interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las partes se remitieron los autos a esta Audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se ha tramitado el recurso, acordándose el día 5 de septiembre de 2011 para Votación y Fallo, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales en materia de procedimiento.

Fundamentos

PRIMERO .- Por la sentencia de instancia, se desestimó la demanda interpuesta por la parte actora, hoy apelante, al entender, que no cabía la nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta de la Comunidad de Propietarios demandada de la que forman parte 11 garajes propiedad de la primera ,en concreto los relativos a la imposibilidad de colocar cualquier objeto no movible en éstos y al reparto de gastos de limpieza distinguiendo entre las plazas y la rampa y viales.

Frente a dicha resolución, se formula el presente recurso por la indicada parte actora ,en base a que , en contra de lo que la misma resuelve con una indebida valoración de las pruebas y vulneración de los arts,16 y 18 de la LPH y demás relacionados del CC , procede dicha nulidad respecto a los referidos y acordados en la Junta de 7-5-2008 , por lo siguiente:1)Porque el primer acuerdo al ser contrario a ley e implicar un perjuicio y abuso de derecho al afectar a su derecho de propiedad exclusiva sobre los garajes que le permite evitar su uso por otros comuneros cuando están libres ,al igual que el segundo por dicha contrariedad al no constar en el Orden del Día y vulnerar los Estatutos por afectar a las cuotas de participación en los gastos comunes ,son impugnables en el plazo de 1 año y no en el de 3 meses que se aplica;2)Porque partiendo de este plazo la acción al efecto no está caducada al no haber pasado tal año desde la notificación del acuerdo el 29-4-09 hasta la demanda siendo que no consta otra escrita previa ni citación al acto al ser insuficiente las testificadas como remitidas por correo ordinario por la administradora que tachó en especial por su mala relacionada entre ésta y su parte .

Por el contrario la parte demandada ,solicitó la confirmación de dicha sentencia, por sus propios fundamentos, e impugnando los alegados de contrario en su virtud .

SEGUNDO.- Esta Sala, da por reproducida, la fundamentación jurídica del juzgador de instancia, fuera de los que se oponga a lo que se expondrá a continuación, previa revisión y valoración de las actuaciones y pruebas en relación con los motivos del recurso a la luz de las normas y doctrina aplicables.

1) Así revisando las pruebas y actuaciones de las mismas resulta:

-Que en Junta de 7-5-08 con inasistencia de la actora que fue la promotora del edificio donde se ubica la Comunidad demandada ,se acordó la imposibilidad de colocar cualquier objeto no movible en las 11 plazas de garaje propiedad de la primera a y, sin estar en el Orden del día, el reparto de gastos de limpieza distinguiendo entre los de las mismas y los de la rampa y los viales.

-Según la testifical de la administradora de dicha Comunidad y de su empleada ,el último acuerdo no se ha llevado a la práctica, y la citación a tal Junta y la notificación de sus acuerdos se hizo a la actora en el momento procedente por correo ordinario como era lo normal entre las partes frente a las de liquidaciones de gastos que se comunicaban por fax y que se abonan con normalidad ,y al igual, como admiten las dos testigos trabajadoras de la última y a su requerimiento la notificación escrita del mismo y de todas las actas de la Comunidad se hizo por e-mail de 27-4-2009 . .

-La actual demanda se presentó el 27-10-2009 y la misma basaba la nulidad del citado acuerdo ,al igual que la de otros que no se reproduce en esta alzada ,en los defectos de convocatoria y la falta de notificación de las actas de las Juntas en relación con lo que de en ellas afectan .

-A la actora se le notificó el 13-11-2008 por fax el acta de constitución de la Comunidad y desde entonces no asistió a ninguna Junta salvo a partir de la de 21-9-09 ,sin que hiciera constar en ninguna de las comunicaciones previas a ésta que remitió a la demandada, como en la que derivó de dicho e-mail, la falta de citación a las Juntas anteriores ni de notificación de sus acuerdos, lo que sólo comunicó en misivas posteriores incluso a la actual demanda .

-La actora ha sido demandada por vicios constructivos del edificio que constituye la demandada .

2) Para valorar la anterior resultancia hay que tener en cuenta la siguiente normativa y doctrina:

-Es reiterada Jurisprudencia en el sentido de que"... en el recurso de apelación deben reputarse cuestiones nuevas las suscitadas con posterioridad a los periodos de alegaciones y es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo en virtud de la cual tal recurso no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos de los planteados en la primera instancia, pues aunque permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en primera instancia, dado que a ello se opone el principio general de derecho "pendente appellatione, nihil innovetur" a que se alude...."(entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de julio y 2 de diciembre de 1983 , 6 de marzo de 1984 , 19 de julio de 1989 , 21 de abril de 1992 y 9 de julio de 1997 ).

-En general ,en lo que se refiere a la valoración de las pruebas y su carga ,hay que partir de que el art.217 de la LEC ,en su apartado 2 ,impone al actor la prueba de la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda ,según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda o de la reconvención, y a los demandados en éstas la de los que impidan extingan o enerven la eficacia de los primeros .

Es reiterada la jurisprudencia que señala que el criterio valorativo de los tribunales de primer grado debe, por regla general, prevalecer, pero no es menos cierto que el expresado criterio, en principio prevalente, debe rectificarse en la segunda instancia cuando por parte del recurrente se ponga de manifiesto un evidente fallo en el razonamiento lógico o en el "iter" inductivo del órgano de la primera.

Es también doctrina jurisprudencial que el proceso valorativo de las pruebas es incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes litigantes, a las que queda vedada toda pretensión de sustituir el criterio objetivo del órgano enjuiciador por el suyo propio, dado que la prevalencia de la valoración realizada por éste obedece a la mayor objetividad que la de las partes, pues sus particulares y enfrentados intereses determina la subjetividad y parcialidad de sus planteamientos ( S.T.S. 1 marzo de 1994 , 20 julio de 1995 ).

En concreto sobre a la prueba de testigos ,la sentencia de la AP de Guadalajara de 31 de octubre 2006 que, previamente analizando la invocada parcialidad de los testigos por razón de dependencia jerárquica, señala entre otras en sentencias de fechas, 30-12-2005 , 24-6-2003 , 24-6-2003 y 29-11-2001 , ya resultaba tradicional al amparo de la normativa procesal anterior la Jurisprudencia que declaraba que la circunstancia de que los testigos propuestos fueran empleados, amigos o incluso parientes de uno de los litigantes, no comportaba su incapacidad para declarar, dado que dicha condición podría suponer, a lo sumo, un interés indirecto, subordinado o dependiente, pero no el interés directo al que se refería el párrafo primero del art. 1247 C.C ., por lo que representaría únicamente la posibilidad de tachar al testigo , pero no su inhabilitación para testificar, Ss. T.S. 23-11-1990 , 5-7-1991 y en semejantes términos 30-11-1991 y 28-10-1997 , que concretaron que el interés directo a los fines mencionados ha de entenderse en el sentido de efecto de cosa juzgada de la sentencia, de modo que solo si esta va a afectar al testigo en su persona, bienes o intereses quedará este afecto por la causa de inhabilitación referenciada; habiendo precisado las mencionadas sentencias que la tacha de los testigos o la posibilidad de ser tachados no impide al Juzgador estimar en todo o en parte el valor probatorio de sus declaraciones, en análogos términos Ss. T.S. 12-11-1985 , 16-2-1989 , 1-6-1989 , 10-11-1989 ; 20-7-1995 , 12-6-1998 , 12-11-1998 , 17-11-1998 , 21-12-1998 , posibilidad de valoración de dicha prueba que igualmente se infiere del contenido del actual art. 376 L.E.C . ,que establece que los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado, precepto que ha de ser puesto en relación con el contenido de los arts.360 y 361 de la L.E.C , el primero de los cuales, al explicitar el contenido de esta prueba, apunta que las partes podrán solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio; infiriéndose del segundo, relativo a la idoneidad para ser testigos , que podrán serlo todas las personas, salvo las que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos.

-En lo que afecta ya al caso que nos ocupa y a la forma de las citaciones y de las notificaciones que se dicen omitidas , cabe recordar que el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (RCL 19601042 ) exige que las mismas en relación respectiva con la junta y sus actas se practiquen en la forma establecida en el artículo 9 , esto es, en el piso designado en España a efectos de citaciones y notificaciones por el propietario, y, en su defecto, en el piso o local a él perteneciente en la Comunidad, y si no fuera posible practicarla en ninguno de los dos mencionados lugares se entenderá realizada mediante la colocación en el tablón de anuncios de la Comunidad o en un lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva del Secretario de la fecha y motivos por los que se procede a efectuar de este modo la citación, citación que habrá de hacerse con seis días de antelación para la junta ordinaria anual, y con la antelación que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados en el caso de Junta Extraordinaria. .Por su parte la misma norma regula que en el orden del día de dicha convocatoria de la Junta de Propietarios se fijen con claridad los asuntos objeto de debate, a fin de que todos los copropietarios tengan conocimiento de las materias que se van a tratar.

-Respecto a la jurisprudencia que interpreta esta norma precedente en relación con la forma y modo de acreditar las citaciones y notificaciones que señala el art.,la menor no unánime de la que cabe citar la sentencia de la A. Provincial de Barcelona de 17-3-00 , dice "...es relevante el criterio doctrinal y jurisprudencial relativo a la interpretación de determinados elementos de prueba, como las certificaciones del administrador o del secretario de la comunidad de propietarios. La sentencia de instancia, con todo rigor, da plena credibilidad a lo alegado por el legal representante de la comunidad actora, corroborado por el testimonio de la "Asesoría inmobiliaria P.", administradora de la comunidad, en lo que se refiere a la adveración de la forma habitual de notificación de las convocatorias de las juntas y de los acuerdos alcanzados en las mismas, así como al hecho de la notificación, en el caso concreto de autos, a la entidad demandada, con lo que se sigue el criterio interpretativo consolidado por la jurisprudencia ( SSTS 2.4.1990 y 13.5.1997 ), y que ha sido sancionado legalmente con la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Los órganos de gobierno de las comunidades de propietarios, así como los profesionales que intervienen en la llevanza de la gestión de las mismas, bien sean administradores de fincas, abogados contratados por la comunidad o agentes de la propiedad inmobiliaria, gozan de la suficiente fehaciencia en lo relativo al traslado de notificaciones y citaciones, sin que pueda imponerse a tales órganos el ingente gasto que implicaría la negativa de determinados comuneros a hacerse cargo de la notificación. En tal sentido ha de imponerse la carga de la prueba de la diligencia debida al comunero que invoca su falta de citación, que en el caso de autos no ha intentado actividad alguna al respecto, cuando tanto por la posición que ocupa en la comunidad, como por la frecuente problemática que se viene derivando de sus frecuentes discrepancias con el resto de los comuneros, le es exigible una conducta de colaboración en la gestión de los intereses comunes, máxime en lo relativo a materias tan esenciales para la habitabilidad del edificio como los gastos de conservación y administración, razones que determinan la desestimación del motivo de impugnación invocado...".

La STS de 22 de marzo de 2006 ratifica este criterio cuando afirma:" la ley no exige ninguna formula especial para la remisión de las citaciones escritas relativas a una Junta General, y si se cuestiona la recepción por cualquier propietario, cabe demostrar la entrega mediante cualquier medio admitido en derecho, ya sea, entre otros, por el acuse de recibo de la carta, la utilización de correo certificado, la aportación por mensajería, el testimonio del Secretario de la Junta de su expedición por correo ordinario o la colocación de la convocatoria en un lugar visible de la propia finca, está ultima sentada por las SSTS de 8 de noviembre de 1989 y 12 de julio de 1994 .A su vez el mismo TS declaró en las sentencias de 19 de septiembre y 18 de diciembre de 2007 "que nada impide, tanto desde el punto de vista sustantivo (art. 15, párrafo segundo, LPH ), como probatorio, que se pueda considerar acreditado haber tenido lugar la citación de un comunero a la Junta general, aunque no conste la fehaciencia del conducto notarial o del correo certificado con acuse de recibo, siempre que se den determinadas circunstancias y entre ellas la de que se trate de un sistema habitual de comunicación entre la Comunidad y los comuneros sin queja o protesta de sus integrantes( SSTS 13 de marzo 1997 ; 10 de julio 2003 ; 22 de marzo 2006 ). Lo que se pretende es dinamizar la vida de la comunidad y evitar que la pasividad de los copropietarios no entorpezca el funcionamiento de la institución, propugnando un criterio flexible en esta y en otras cuestiones en armonía con las directrices de la propia Ley, entre ellas el logro de una convivencia normal y pacífica presidida por la idea de justicia y la atención a las necesidades de la colectividad( STS 5 de mayo de 2000 ). Se trata, en definitiva, de armonizar los derechos de los comuneros con los de la propia comunidad, y ello permite, sin duda, dotar de eficacia situaciones que aún alejadas de un formalismo extremo, no causan indefensión ni perjuicio a los comuneros .

Cabe citar también la doctrina sobre la forma de la convocatoria , entre ella la STS de 15-6-2010 que dice que, la jurisprudencia elaborada por esta Sala en torno a la aplicación del actual artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal exige que en el orden del día de la convocatoria de la Junta de Propietarios se fijen con claridad los asuntos objeto de debate, a fin de que todos los copropietarios tengan conocimiento de las materias que se van a tratar, de modo que exista una plena concordancia entre el contenido del orden del día y los temas que se debatirán (así, no sólo las sentencias citadas por la parte recurrente, sino también las de 10 de noviembre de 2004, en recurso núm. 3047/1998 EDJ2004/174116 y 28 de junio de 2007, en recurso núm. 3062/2000 EDJ2007/80171 ). La finalidad de que quede claramente fijado el orden del día permite cumplir con la exigencia de que los comuneros puedan adquirir antes del momento de celebración de la Junta la suficiente información para votar respecto a las materias que van a ser discutidas, o bien para decidir si delegan su voto a favor de un tercero, o si, en su caso, optan por no asistir a su celebración. La asistencia a las Juntas de propietarios es voluntaria, de modo que dar validez a la inclusión de asuntos a tratar al margen de los fijados en el orden del día permitiría conseguir la inasistencia de determinados propietarios para obtener la aprobación de acuerdos prescindiendo de su voluntad.

-Respecto a la impugnación de acuerdos que es el objeto de esta litis ,el art.18. de la LPH señala.:Que los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios. Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios. Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.3 . La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo con forme al procedimiento establecido en el artículo 9.4 . La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios

de la misma, desde la fecha de notificación de los acuerdos adoptados.

-Para determinar cuales de estos plazos anteriores son aplicables a los defectos de convocatoria y notificación aquí debatidos ,la jurisprudencia más moderna establece la simple anulabilidad de los acuerdos con base a estos defectos, sin obviar que la previa y mayoritaria sentaba su nulidad absoluta . En el primer sentido la STS de 7 de marzo de 2002 (núm. 195/2002, rec. 3142/1996 ) EDJ2002/3513 señala que: "El motivo se funda básicamente en la nulidad absoluta e insubsanable de la junta impugnada por no haberse cumplido los requisitos que para su convocatoria imponía el artículo 15.2 de la Ley de Propiedad Horizontal EDL1960/55 en su redacción por entonces vigente, invocándose a tal efecto tres sentencias de esta Sala de 1977, 1988 y 1989, a cuyo tenor la vulneración de las normas de dicha Ley seria determinante de una nulidad de pleno derecho y no convalidable.- No puede sin embargo compartirse tal planteamiento. La jurisprudencia de esta Sala posterior a las sentencias que se citan en el recurso, pero en cualquier caso referida al texto de la LPH EDL1960/55 anterior a su reforma por la Ley 8/99 , se definió claramente por considerar meramente anulables los acuerdos que entrañasen "infracción de algún precepto de la LPH EDL1960/55 o de los Estatutos de la respectiva Comunidad..., quedando reservada la más grave calificación de nulidad radical o absoluta solamente para aquellos otros acuerdos que, por infringir cualquiera otra Ley imperativa o prohibitiva que no tenga establecido un efecto distinto para el caso de contravención o por ser contrarios a la moral o el orden público o por implicar un fraude de ley, hayan de ser conceptuados nulos de pleno derecho, conforme al párrafo 3º del artículo 6 del Código Civil EDL1889/1 " ( STS 7-6-97 en recurso 1602/1993 EDJ1997/196832 , y en el mismo sentido SSTS 10-3-97 en recurso 1183/93 EDJ1997/2371 y 9-12-97 en recurso 3105/93 EDJ1997/9831 ). A su vez la sentencia de 5 de mayo de 2000 (recurso 2246/95 ) EDJ2000/12157 , además de seguir dicha jurisprudencia, propugna un criterio flexible en armonía con las directrices de la LPH EDL1960/55 , entre ellas el logro de una convivencia normal y pacífica presidida por la idea de justicia y la atención a las necesidades de la colectividad, destacando además cómo determinadas sentencias de esta Sala son representativas de ese criterio al acudir a una interpretación sociológica ( STS 13-7-94 EDJ1994/5995 ) o a la doctrina de los actos de emulación ( SSTS 20-3-89 EDJ1989/3180 y 14-7-92 EDJ1992/7832 )".

Según la sentencia de la AP de la Coruña de 10-3-03 de estos plazos es de aplicación a los defectos examinados el de un año ,lo que explica diciendo "...El artículo 18.3 , en relación con el art. 18.1.a LPH establece un plazo de caducidad de un año para las acciones dirigidas a la impugnación de acuerdos comunitarios que sean contrarios a la Ley, en contraposición al trimestral correspondiente a los acuerdos lesivos para la comunidad o injustificadamente perjudiciales o abusivos, y en el caso presente lo que fundamenta con carácter principal la impugnación deducida es la pretendida falta de citación , que ,es criterio de este Tribunal que en este litigio rige establece un plazo de caducidad de un año para las acciones dirigidas a la impugnación de acuerdos comunitarios que sean contrarios a la Ley, en contraposición al trimestral correspondiente a los acuerdos lesivos para la comunidad o injustificadamente perjudiciales o abusivos, y en el caso presente lo que fundamenta con carácter principal la impugnación deducida es la pretendida falta de citación , que constituye una vulneración de lo dispuesto en los arts. 16.2 y 9 LPH. EDL 1960/1955 , por lo que es el plazo de caducidad anual -no el trimestral que pretende la demandada, ni el inextinguible por nulidad radical que invoca la parte demandante, dada la actual corriente jurisprudencial mayoritaria en tal materia ( STS 10-3-97 EDJ1997/2371 7-6 - 97 EDJ1997/6832 , 9-12-97 EDJ1997/9831 , 7-3-2002 EDJ2002/3513 ) que reserva la nulidad radical a quebrantamientos de otras Leyes imperativas o prohibitivas que no tengan establecido un efecto distinto para el caso de contravención o sean contrarios a la moral o el orden público o impliquen un fraude de ley- el aplicable..."

3) Valorando ya lo expuesto en el primer apartado de la presente bajo el prisma doctrinal del precedente ,se llegan a las siguientes conclusiones:

-La demanda cifraba como causa de nulidad del acuerdo de 7-5-08 y de todos los que refería defectos de convocatoria y notificación sin que por su novedad sea atendible en esta alzada las nuevas alegaciones del recurso sobre su contenido en sí para justificar que como contrarios a la Ley se podían impugnar en el plazo de un año en contra del de tres meses que aplica la juez de instancia, sin perjuicio de que se dilucide cual de éstos es aplicable a aquéllos en cuanto que esta contrariedad si se ha esgrimido en los hechos de aquélla y nos incumbe a los Tribunales determinar el derecho procedente .

-Centrada pues la impugnación en los anteriores defectos no se entiende que la misma juzgadora haya seguido un iter deductivo ilógico en la valoración de las pruebas que sea rectificable en esta alzada al concluir con que no existen en cuanto que ,de las testificales de la administradora y su empleada ,la primera valorable especialmente a estos efectos pese a su tacha por la doctrina expuesta ,se infiere que la citación y notificación por correo ordinario en relación con la misma Junta y las previas existió ,se hizo conforme al art.16 de la LPH y era el medio habitual aunque las liquidaciones se remitieran por fax siendo esta forma válida según la doctrina también citada ,al no exigir esta norma ninguna formula especial para la remisión de aquéllas y ser demostrable su entrega mediante cualquier medio admitido en derecho, como tal testimonio ,aunque no conste la fehaciencia del conducto notarial o del correo certificado con acuse de recibo, máxime cuando se ha probado dicha habitualidad y la de la relación de las partes con abono de tales liquidaciones por la actora y también que ésta nunca denunció su ausencia ni si quiera cuando pidió a la mencionada administradora la remisión de las actas que obtuvo el 27-4-09 denuncia que sólo ha realizado posteriormente y sobre todo ya en curso la litis .No obsta a lo expuesto y no desvirtúa esta conclusión el que la aquí demandada haya demandado a su vez a la actora en su calidad de promotora en cuanto que ello es ajeno al contenido de los acuerdos impugnados y no se entiende el beneficio para la primera de su falta de comunicación .

-En definitiva, y aunque no se comparte la afirmación de la misma juzgadora y de la demandada de que ,según el art.18 de la LPH ,el plazo para el ejercicio de la presente acción de impugnación es de tres meses si no por el contrario se estima como procedente ,según el criterio jurisprudencial dicho ,el de un año que dice la actora al ser los defectos del acuerdo en que se funda contrarios a la Ley ,la misma está igualmente caducada por el igual transcurso del último plazo al entenderse acreditado que la citación a la Junta de 7-5-2008 y la notificación de sus acuerdos se hizo en tiempo y forma conforme al art.16 de la misma LPH y sin embargo no se ejercitó dentro de él ,sin que por tanto tenga relevancia la referida remisión del mismo y de todas las actas en abril del 2009 fuera de por ratificar la existencia de aquellas notificaciones al no denunciar su la ausencia de las previas.

TERCERO- De con todo lo expuesto se desestima el recurso y, de conformidad con los art.394 y 398 de la LEC las costas se imponen a la apelante .

En su virtud,

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que con desestimación del recurso de apelación, interpuesto por la representación de ENCARNACIÓN CAMBRONERO GIL S.L. ,contra la sentencia de fecha 10 de diciembre del 2010,dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de TORRENTE ,debemos confirmarla y la confirmamos en todos sus pronunciamientos, con imposición de las costas causadas en esta instancia al apelante.

Y, a su tiempo, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, para su ejecución y debido cumplimiento.

Así por ésta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Doy fe. La anterior resolución ha sido leída y publicada por el Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial. En Valencia a siete de septiembre de dos mil once.