Sentencia CIVIL Nº 455/2021, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 9, Rec 426/2021 de 02 de Noviembre de 2021

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL ALICANTESECCIÓN NOVENA CON SEDE EN ELCHE

Rollo de apelación nº 000426/2021

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ORIHUELA

Autos de Juicio Ordinario - 000637/2020

SENTENCIA Nº 455/2021

========================================

Iltmos. Sres.:

Presidente: D. José Manuel Valero Diez

Magistrado: D. Edmundo Tomás García Ruiz

Magistrado: D. José Manuel Calle de la Fuente

========================================

En ELCHE, a dos de noviembre de dos mil veintiuno

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario 637/2020, seguidos ante el Juzgado de primera instancia nº 2 de Orihuela, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, D. Simón, habiendo intervenido en la alzada dicha parte, en su condición de recurrente, representada por el Procurador Sr. José Luis Vera Saura y dirigida por el Letrado Sr. Luis Antonio González Botella, y como apelada, Dª Amalia, representada por la Procuradora Sra. Julia Salgado López y dirigida por el Letrado Sr. Gabriel Padilla Franco.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juzgado de primera instancia nº 2 de Orihuela en los referidos autos, se dictó sentencia con fecha 5 de marzo de 2021, aclarada por auto de fecha 15 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

'Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. JULIA SALGADO LÓPEZ, en nombre y representación de Amalia, contra Simón debo condenar y condeno a éste a abonar a la actora la cantidad de cuarenta y cinco mil euros (45.000 euros) y costas legales.'

SEGUNDO.-Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, D. Simón en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal, donde quedó formado el Rollo número 426/2021, tramitándose el recurso en forma legal. La parte apelante solicitó la revocación de la sentencia de instancia y la apelada su confirmación. Para la deliberación y votación se fijó el día 28 de octubre de 2021.

TERCERO.- En la tramitación de ambas instancias, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel Calle de la Fuente.

Fundamentos

PRIMERO.-Objeto del Recurso

La sentencia de instancia estima la demanda presentada, sobre la base de los siguientes argumentos:'...Como señala la STS de 07 de abril de 2004(ROJ: STS 2397/2004 - ECLI:ES:TS:2004:2397) de 'El art. 1740del Código Civilregula dos contratos distintos, el comodato o préstamo de uno y el mutuo o simple préstamo consistente en la entrega, por una de las partes a la otra, de dinero u otra cosa fungible con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Como dice la sentencia de esta Sala de 22 de mayo de 2001 , 'el contrato de préstamo o mutuo con o sin intereses es un contrato real, en cuanto sus efectos propios no surgen hasta que se realiza la entrega de la cosa por una de las partes a la otra y tal entrega implica un elemento esencial que solo se da en algunos grupos de contactos.

Además, es un contrato unilateral en cuanto sólo produce obligaciones para una de las partes, el mutuario o prestatario'. 'Por ende, el art. 1753 Civil preceptúa que 'El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad.' Añadiendo el art. 1755Ccivil que 'No se deberán intereses sino cuando expresamente se hubiesen pactado. '

En nuestro caso, se ha aportado un documento en inglés cuya traducción es la siguiente: 'Por la presente se confirma que Simón NIE NUM000, Pasaporte NUM001 ha recibido un préstamo privado de Amalia, NIE NUM002, de 45.000 (cuarenta y cinco mil) euros. Y será devuelto a más tardar el 31 de enero de 2019'

El hecho de que la traducción no sea jurada no le priva de valor probatorio. Así lo señala la SAP de Alicante sección8 del 12 de julio de 2012 (ROJ: SAP A 2063/2012 -ECLI:ES: APA:2012:2063 ) al indicar que 'conforme al artículo144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los documentos redactados en idioma no oficial han de acompañarse de traducción. Sin embargo, ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige traducción jurada 'De hecho, el art.144 LECpreceptúa que '1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo. 2.Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado. No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó.'

Luego dicho artículo exige traducción privada; pero no que sea jurada. Aquí se ha aportado traducción del documento. Si se impugna la traducción debe manifestarse, según dicho artículo 144LEC'que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia'; sin embargo, el demandado no ha indicado en qué aspecto la traducción no es exacta ni las razones por la que discrepa de su traducción. Por ello, dado que el propio demandado ha reconocido que firmó el documento y que entendía el inglés, debe darse al mencionado documento privado valor probatorio y en el mismo consta que el propio demandado declara haber recibido 45.000euros en préstamo y se compromete a su devolución antes de fin enero de 2019.

El hecho de que dicho documento contenga un error en la fecha del mismo, no le priva tampoco de valor probatorio, puesto que el propio demandado reconoce que se firmó el 28 de febrero de 2018. Luego se trata de un error en el año, que no le priva validez, dado que el demandado ha reconocido que se firmó en el año 2018 y que se trata de un error al indicarse la fecha.

El contrato de préstamo como señala la jurisprudencia citada es un contrato real que exige la prueba de la entrega del dinero. El demandado niega que él haya recibido dinero, apuntando que realmente fue un préstamo a la hija de la actora que fue quien recibió el dinero.

De la prueba practicada, ha quedado acreditado que la hija de la actora, Encarnacion y el demandado Sr. Simón tuvieron una relación sentimental, que se vinieron a vivir a España a finales de los años 2016 o principios del2017 y que montaron a medias un negocio de restaurante por medio de la sociedad Manos Kitchen. El propio demandado ha reconocido que dicho negocio se montó al 50%, señalando la testigo Encarnacion que inicialmente la sociedad Manos Kitchen era100% de ella, porque el demandado no tenía NIE en España y luego se puso al 51% y 49% respectivamente. Dicho negocio no funcionó adecuadamente y se cerró a finales de 2018.

También ha quedado acreditado con el documento 2 de la demanda que el dinero transferido por la actora a la cuenta de Encarnacion en España por sendas transferencias de 30.000 euros el día 28 de febrero de 2018 y de 15.000 euros el día de 2 de marzo de 2018 y que por ésta a los pocos días de recibir dinero se transfirió a una cuenta de la sociedad Manos Kitchen; en concreto, por transferencia de 30.000 euros el día1 de marzo de 2018 y de 19.000 euros el día 6 de marzo de2018.Luego, el dinero queda constancia que fue invertido en el negocio de Manos Kitchen.

El demandado defiende que el préstamo fue a la hija de la actora y no a él. Sin embargo, tal afirmación resulta a este juzgador incoherente, puesto que no tiene sentido que si el préstamo fue a la hija de la actora él firmara en su propio nombre el contrato aportado como documento 1 comprometiéndose a devolver el dinero recibió antes del 31 de enero de 2019. El demandado ha reconocido que en febrero de 2018 no tenía NIE en España y por eso no podía tener una cuenta bancaria en España. Por ello, a juicio, de este juzgador es más coherente la explicación dada por la Sra. Encarnacion de que se transfirió el dinero a su cuenta porque el Sr. Simón no tenía cuenta en España, pero el préstamo fue al Sr. Simón que fue quien se obligó por el documento 1 a su devolución. El hecho de que el dinero se entregara en la cuenta de la Sra. Encarnacion no implica que no se entienda producida la entrega al Sr. Simón, porque dicho ingreso en la cuenta bancaria dela que era entonces su pareja sentimental fue con su consentimiento, al menos, tácito e igualmente la transferencia desde la cuenta de la Sra. Encarnacion a la cuenta de Manos Kitchen, también se hizo con su consentimiento al menos tácito, puesto que dicho dinero se reconoce que fue destinado al negocio de restauración que estaba montando. La vinculación sentimental del Sr. Simón con la Sra. Encarnacion, la falta de cuenta bancaria en España del Sr. Simón y la posterior transferencia a la cuenta de la sociedad del negocio que estaban montando, sin que el sr. Simón haya realizado ninguna queja a la actora, pese a firmar el documento aportado como documento 1 donde declara recibido el dinero en préstamo, son indicios claros y evidentes de la existencia de ese consentimiento, tácito al menos, del prestatario de que el dinero no le fuera entregado directamente, sino ingresado en cuenta distinta y, por tanto, debemos considerar que ha existido la disposición del dinero por parte del prestamista a favor de la persona o cuenta designada por el prestatario.

Tengamos en cuenta, además, que el propio demandado ha reconocido que él era el que tomaba las decisiones respecto a la sociedad de restauración Manos Kitchen; luego debe considerarse a éste como administrador de la misma aunque fuera de facto. La jurisprudencia considera cumplido el requisito de entrega del dinero prestado al prestamista cuando se ingresa en una cuenta bancaria de la que es titular la sociedad de la que es administrador el demandado. Baste citar en este sentido el AAP de Madrid sección 18 del 01 de abril de 2003 ....el préstamo fue realizado al demandado quien asumió su obligación de devolución con la firma del documento 1 de la demanda y se le prestó con la finalidad de aplicarlo en el negocio de restauración que estaba montando; y que la entrega del dinero se hizo en la cuenta de la Sra. Encarnacion con su consentimiento al no disponer de cuenta bancaria abierta en España, habiéndose finalmente destinado el dinero al negocio abierto de restauración. El Sr. Simón asumió personalmente la obligación de la devolución del dinero recibido frente a la actora con la firma del documento 1 y por ello, procede estimar íntegramente la demanda a la vista de las normas generales de los contratos, y en especial, del art. 1091CCivil que señala que 'Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos'. Es irrelevante el hecho de que no se pactara el pago de intereses; puesto que nuestro ordenamiento en el art. 1755Ccivil permite el pacto de préstamos de dinero sin intereses. Igualmente, es irrelevante que las partes cumplieran o no con sus obligaciones tributarias abonando el impuesto de actos jurídicos documentados al celebrar el contrato, porque ello no afecta a la validez del contrato entre las partes al no ser un elemento necesario para su existencia'.

La parte demandada recurre dicha resolución alegando, en esencia, la existencia de un error en la valoración de la prueba, por cuanto de lo actuado en el proceso, no se prueba que la entrega del dinero por parte de la actora al demandado, siendo la entrega la base esencial de la reclamación, que la entrega del dinero se realizó a una hija de la actora y ella sería la obligada a devolverlo, discrepa de la valoración testifical que se hace de la hija de la actora en la resolución recurrida, que la cuenta de la sociedad Manos Kitchen ya estaba abierta antes de que la actora transfiriera el dinero a su hija, que no se ha aportado documentación alguna relativa a la citada sociedad mercantil, que no consta probado que la parte demandada fuera el administrador de la citada mercantil , que el dijo que dirigían dicha mercantil conjuntamente y dirigir no significa administrar, y que a lo sumo sería una administración solidaria o mancomunada, , y que en todo caso el solo vendría obligado a pagar el 50%, pues el otro 50% correspondería a la hija de la actora, alegando además, que el contrato de préstamo no es válido porque no prevé el pago de intereses, y que además no cumple con la legislación fiscal que resulta de aplicación, todo ello en los términos que constan en su recurso de apelación.

Por la parte actora se opone al recurso presentado, abundando en el acierto de la resolución apelada, todo ello en los términos que constan en su escrito de oposición.

SEGUNDO.- Sobre el error en la valoración de la prueba

Centrado el objeto de debate, y como ya dijéramos en nuestra sentencia de fecha 7 de octubre de 2019 , es reiterado el criterio jurisprudencial que señala, que si bien los litigantes evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no pueden tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador de instancia realiza de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero teniendo en cuenta, como recuerda la STS de 14 de octubre de 2009 que 'el principio de inmediación tiene una presencia más limitada en la segunda instancia -lógicamente referida a la práctica de nuevas pruebas y celebración de vista- y el tribunal de apelación examina las actuaciones probatorias llevadas a cabo ante el Juzgado sin plena inmediación, si bien teniendo a su disposición las mismas mediante la grabación efectuada sobre su desarrollo.'

Además de lo anterior, en la segunda instancia, cuando de valoraciones probatorias se trata, debe respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia y salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

En este caso, del examen de la resolución de instancia puesta en relación con el recurso interpuesto, no se evidencia la existencia del error en la valoración de la prueba que en definitiva se pretende. Pura y simplemente se intenta sustituir tal valoración del juzgador a quo, fundada esencialmente en la prueba practicada, y consecuente argumentación y conclusiones jurídicas por otras más convenientes a los intereses de la parte recurrente.

Por otra parte, debemos también recordar, como también dijéramos en nuestra sentencia 137/2016 de 1 de abril, que la parte actora está obligada a acreditar la entrega del dinero y acreditada la misma, será la parte demandada quien deberá de justificar el título por el que se entregó, pues en caso contrario debe presumirse la existencia de un préstamo sin intereses, tal como reiteradamente tiene señalado la jurisprudencia. Como recuerda la SAP Barcelona (14ª) de 25 de junio de 2015 'El préstamo como tal contrato real no requiere que se especifique ni motivé la causa por la que se entrega la cosa objeto del contrato (dinero o cosa fungible en la modalidad de simple préstamo), sino que lo único que se puede exigir es la devolución de la cosa (en este caso) cantidad entregada o, como dice el artículo 1740 del Código Civil, 'con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad'.

En el caso enjuiciado, tal y como razona la sentencia de instancia, el documento privado aportado por la actora como base de su reclamación fue firmado por el demandado, y el propio demandado reconoció que eso era lo que había firmado con la actora.

Que las dudas, en cuanto a la fecha del mismo, o la falta de traducción jurada de este, resultan adecuadamente resueltas en la sentencia recurrida, y además no se combaten de forma expresa en el recurso de apelación. Es más, del interrogatorio del demandado, se deprende que firmó dicho documento ,y si bien el documento lleva fecha de febrero de 2017, de lo probado y reconocido por el demandado en su contestación a la demanda se firmó bien en febrero de 20018, tal y como dice en su contestación, o bien en abril o mayo de 2018, según se desprende del interrogatorio del demandado, sea como fuere, lo cierto es que el contenido del documento y la firma del mismo han sido reconocidos por el demandado, por lo que no habiéndose impugnado la autenticidad de dicho documento, se debe proceder a su valoración, tal y como hace la sentencia de instancia.

Dicho cuanto antecede, en cuanto a la entrega del dinero, además de lo razonado en la sentencia de instancia, lo cierto es que en el propio documento 1 de la demanda, firmado por el demandado, se confirma y reconoce por el demandado, de forma expresa, que ha recibido un préstamo privado de la actora por importe de 45000 euros y que será devuelto a más tardar el 31 de enero de 2019. Dicha manifestación, contenida en el citado documento, revela que el propio demandado reconoce haber recibido el importe de dicho préstamo. En línea con lo expuesto, consta en el documento 2, que, en fechas cercanas al citado préstamo, en concreto con fecha 28 de febrero de 2018, y con fecha 2 de marzo de 2018, la actora transfiere 30.000 y 15.000 euros, respectivamente, a la cuenta de la hija de la actora, la cual en aquellas fechas mantenía una relación sentimental con el demandado, extremo este relativo a la relación sentimental no negado por el demandado. En dicho documento 2, consta que con fecha 1 de marzo de 2018 la hija de la actora trasfiere la citada suma de 30,000 euros a una sociedad denominada Manos Kitchen, sociedad que el demandado tenía formada con la hija de la actora, extremo este de la formación de dicha sociedad que no es negado por el demandado, y si bien no se aporta documentación alguna relativa a la citada sociedad, lo cierto es que la existencia de la misma no es discutida, de forma expresa por el demandado y por lo tanto se ha de considerar probada. Asimismo, consta en el citado documento 2 que con fecha 6 de marzo 2018, la hija de la actora transfirió a la citada sociedad 19000 euros.

Dicho cuanto antecede, tal y como razona la sentencia recurrida, teniendo en cuenta que el demandado en la fechas indicadas no tenía ni NIE, ni cuenta abierta en España, sin que por el demandado se haya acreditado la existencia de prueba alguna que desvirtúe esa conclusión, que se contiene en la sentencia recurrida, resulta lógico concluir, tal y como hace la sentencia recurrida, que el dinero transferido por la actora a la cuenta de la hija, fue de 45000 euros, que dicha cantidad coincide con el contrato de préstamo mencionado, y que de los movimientos de la cuenta de la hija de la actora, se observa que dicho dinero fue transferido a la sociedad Manos Kitchen, escasos días después de que la actora realizara sendas transferencias a la cuenta de la hija. Ninguna explicación coherente ni prueba aporta el demandado, en relación al hecho relativo a que si el dinero trasferido por la actora a la cuenta de la hija no era para él, porque firma el contrato de préstamo, donde reconoce haber recibido de la actora en concepto de préstamo 45000 euros, si hubiera sido la hija la perceptora de dicho préstamo, debiera ser ella la que hubiera firmado el documento, y sin embargo fue el demandado quien lo firmo sin haber manifestado objeción o queja alguna al respecto, hasta que la actora le ha reclamado su devolución.

Así las cosas, con independencia de que existieran otras trasferencias de la hija de la actora a la sociedad Manos Kitchen de fecha 19 de febrero de 2018 y 27 de febrero de 2018, en nada desvirtúan las conclusiones que se alcanzan por el juzgado en la sentencia recurrida, pues resulta lógico que si la hija de la actora y el demandado tienen una sociedad en común, extremo este reconocido por el demandado, es lógico que la hija de la actora hiciera transferencias a dicha sociedad, pero ello no invalida, sino que por el contrario reafirma el hecho de que el préstamo que la actora otorgó al demandado, aceptó y consintió por el demandado que se hiciera su entrega a través de la cuenta de su hija, y que esta a su vez lo transmitiera a la sociedad mencionada, lo cual resulta lógico dada las relaciones familiares que tenía la actora con el hoy demandado y su hija, en dichas fechas, y las relaciones societarias que en dicha fechas tenían la hija de la actora y el demandado, por lo que resulta lógico concluir, tal y como hace la resolución recurrida, que cuando la actora concedido el préstamo al demandado la entrega del dinero se produjera en la forma que ha quedado reflejada, pues ninguna prueba aporta el demandado, ni existe en autos pruebas que desvirtúe dicha conclusión.

Por otra parte, resulta contradictorio que se niegue la existencia del préstamo y, seguidamente, se afirme que la deuda seria de la hija, cuando esta no consta que firmara contrato de préstamo alguno, lo que sí hizo el demandado, o argumentar que sería una deuda de la sociedad mercantil mencionada, la cual se encuentra cerrada y sin actividad, por decisión del demandado, según se desprende de lo actuado en el proceso, pues no debemos olvidar que las decisiones que se hubieran tomado en torno a la empresa mencionada en nada afectarían a la actora, pues no consta que la misma tuviera participación alguna en la misma, olvidando el recurrente que quien firmó el contrato de préstamo, y reconoció haber recibido el dinero en concepto de préstamo de la actora y se comprometió a devolverlo, no fue ni la hija de la actora, ni la sociedad mencionada, sino el propio demandado de forma personal, sin que el mismo hiciera ningún tipo de excepción o reserva ni al tiempo de la firma del documento ni después de dicha firma.

No debemos olvidar que las reglas sobre carga de la prueba establecidas en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determinarían que dicha carga incumbe a la parte demandada, con las consecuencias negativas o desfavorables en caso contrario, y ello por cuanto, una vez probada la entrega del dinero por la parte actora, corresponde al demandado justificar que la misma se produjo en un concepto diferente del de préstamo, con obligación de devolverlo, y en este caso ninguna prueba objetiva se aporta por el demandado de que se trate de un préstamo a favor de la hija y/o de la sociedad mercantil mencionada.

Abunda en lo expuesto, los actos propios relazados por el demandado, cuya doctrina es recogida en esencia en la STS de 20/12/2016 que dice así: 'El principio general del derecho que afirma la inadmisibilidad de ir o actuar contra los actos propios , constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos presupuestos que tal doctrina exige para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior. Como recuerda la STC 73/1988, de 21 de abril (EDJ 1988/389): 'La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos'. De lo que se infiere que la doctrina de los actos propios tiene su fundamento último en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( SSTS núm. 545/2010, de 9 de diciembre (EDJ 2010/269061); 147/2012, de 9 de marzo (EDJ 2012/30147); 547/2012, de 25 de febrero de 2013 (EDJ 2013/46680). No obstante, el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla ( sentencia núm. 788/2010, de 7 de diciembre). Además, ha de tenerse presente que los actos que están viciados excluyen la aplicación de la doctrina, pues esta Sala viene exigiendo, para que los denominados actos propios sean vinculantes, que causen estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo, además de que el acto ha de estar revestido de cierta solemnidad, ser expreso, no ambiguo y perfectamente delimitado, definiendo de forma inequívoca la intención y situación del que lo realiza. Lo que no puede predicarse de los supuestos en que hay error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia'.

En el presente supuesto, los actos propios del demandado, se exponen de forma clara en el documento 1 de la demandada, del que se desprende que por ese documento se confirma que el demandado ha recibido un préstamo privado de la acora por importe de 45000 euros y que será devuelto antes del 31 de enero de 2019, extremos estos que asume el demandado con firma, y no se hace objeción o reserva alguna ni antes ni después de la firma de dicho documento, lo que unido a los extremos antes analizados, nos lleva a la misma conclusión a la que llega la sentencia de instancia, sin que el hecho de que no se aporte documentación alguna de dicha sociedad mercantil , impida valorar el modo de actuar del demandado, pues de lo actuado en este proceso se revela que el demandado formaba parte de dicha sociedad y que tomaba decisiones en relación a la misma, lo que unido al hecho de que el dinero de la actora sí que acabo en poder de dicha sociedad, pone de manifiesto que el actor siendo socio y conocedor del funcionamiento de dicha sociedad, admitió, al menos de forma táctica, tal y como dice la resolución recurrida, que la entrega de dicho dinero se instrumentara en la forma que se recoge en la resolución recurrida, lo que unido al hecho incontestable de la firma del documento de préstamo mencionado, hace que la conclusión alcanzada en la sentencia de instancia no se pueda tachar ni de ilógica ni de arbitraria a la vista de la prueba practicada.

Por ultimo incidir en el hecho de que la calificación jurídica que otorguen las partes al contrato no vincula a la naturaleza real del mismo, y en el presente supuesto además de aludirse al contrato de préstamo, el uso de la palabra que por el presente documento, se confirma que el demandado recibió un préstamo de la actora, comporta una especie de reconocimiento de deuda y a este respecto la STS 17 de noviembre de 2007 nos dice: 'Tratándose de un reconocimiento de deuda, que se reconoce en nuestro ordenamiento comonegocio jurídico de fijación o reproducción de otro anterior( STS de 24 de junio de 2004 y 31 de marzo de 2005 ), se exprese o no la causa ( STS de 1 de enero de 2003 ), la jurisprudencia ( STS 18 de septiembre de 2006 ), en cuanto el reconocimiento contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, le anuda el efecto material de obligar al cumplimiento por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente'., y en el presente supuesto el demandado en dicho documento se compromete a devolver la suma recibida en concepto de préstamo, y no se ha probado por la parte demandada, ni que lo haya devuelto, ni que no lo deba devolver, por las razones que se han dejado expuestas, por lo que procede desestimar dicho motivo de recurso.

TERCERO.-En cuanto a la ausencia del pacto de intereses o la ausencia de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

A este respecto, tal y como dice la sentencia recurrida, nuestro ordenamiento jurídico permite los contratos de préstamo sin intereses, y así se ha recogido por nuestra jurisprudencia, a la que hemos hecho referencia en el fundamento precedente, pero es que además el hecho de que se hayan cumplido o no con las obligaciones tributarias, seria en todo caso una cuestión que se habrá de valorar en el ámbito tributario, pero ello no impide ni a afecta a la validez del contrato, por no ser elemento esencial del mismo, tal y como se indica en la sentencia recurrida.

En definitiva, como decíamos en nuestra sentencia de 24 de septiembre de 2019, nos recuerda la AP de Málaga, Sección 4ª, de 17.01.2018, reiterando doctrina del Tribunal Supremo, que: '...ha de tenerse en cuenta la conocida, por reiterada, doctrina jurisprudencial que entiende que en la apreciación de las pruebas no puede prevalecer el particular interés de las partes sobre el criterio objetivo e imparcial del Juzgador a quo, salvo que sus resultados sean ilógicos o absurdos, o contrarios a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica (en este sentido se pronuncian las SSTS de 11 y 30 abril 1988 , 18 octubre 1989 , 13 de febrero de 1990 , 8 julio y 25 noviembre 1991 , 18 abril 1992 , 1 marzo y 28 octubre 1994 , 3 y 20 julio 1995 , 23 noviembre 1996 , 29 julio 1998 , 24 julio 2001 , 20 noviembre 2002 y 3 abril 2003 ). En nuestro ordenamiento rige el principio de la libre valoración de la prueba por el Tribunal, cuyos resultados, obtenidos a través de la valoración conjunta de toda la prueba, han de prevalecer por estar inspirados en criterios objetivos y desinteresados ( SSTS 11 abril 1988 , 18 octubre 1989 , 8 julio 1991 , entre otras muchas).'

Y en cuanto a la motivación por remisión también la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, en Sentencia 196/2018 de 16 Mar. 2018, Rec. 835/2016, ha dicho:

'Por de pronto, a la vista de la sentencia en relación con la prueba efectivamente practicada, y como ya tenemos dicho en reiteradas resoluciones, 'este Tribunal comparte los argumentos que se exponen en los fundamentos de derecho de la sentencia apelada a los fines de sustentar su parte dispositiva, motivación que se reputa deviene bastante para confirmar tal resolución puesto que no queda desvirtuada en esta alzada por las alegaciones vertidas en el correspondiente escrito de interposición de recurso, y en consecuencia puede y debe remitir a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a la obligación que a Juzgados y Tribunales impone el artículo 120 núm. 3 de la Constitución Española, que no es otra cosa que el dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, obligación que está inmersa de la misma manera en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y al respecto debe recordarse que, como es sabido, la doctrina jurisprudencial dimanante tanto del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987 , 11/1995 , 24/1996 , 115/1996 , 105/97 , 231/97 , 36/98 , 116/98 , 181/98 , 187/2000,...) como de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Sentencias de fechas 5.10.1998 , 19.10.1999 , 3 y 23 de febrero , 28 de marzo , 30 de marzo , 9 de junio , o 21 de julio de 2000 , 2 y 23 de noviembre de 2001 , 30 de julio y 29.9.2008 ,...) permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior , cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos y cual precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997 , subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo aquello que resulte necesario ( Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992 , 19 de abril de 1993 , 5 de octubre de 1998 , y 30 de marzo y 19 de octubre de 1999 ); en definitiva, una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juez ad quem se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya empleadas por aquélla ( STS 30.7.2008 )

En atención a lo expuesto consideramos que la valoración probatoria efectuada por la Juzgadora 'a quo', como ya se anunció, no tiene reproche alguno, sin que pueda pretender la parte recurrente sustituir tal valoración objetiva y desinteresada por su visión parcial, subjetiva e interesada.

Por todo ello, el recurso ha de ser desestimado, y se debe confirmar la sentencia recurrida por sus propios y acertados fundamentos a los que nos remitimos.

CUARTO.-Conforme a lo dispuesto en el artículo art. 398.1 y 394 LEC, procede la condena en las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. Simón contra la sentencia de fecha 5 de marzo de 2021 recaída en los autos de JUICIO ORDINARIO 637/2020, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Orihuela, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOSdicha resolución, con condena en las costas de esta alzada a la parte apelante y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta sentencia conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Hágase saber a las partes que esta sentencia no es firme y que contra la misma, cabe recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casaciónen los casos previstos en los arts. 468 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil que deberán ser interpuestos en un plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de su notificación para ser resueltos, según los casos, por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Junto con el escrito de interposición de los recursos antedichos deberán aportarse, en su caso, justificante de ingreso de depósito por importe de CINCUENTA EUROS (50.- €) en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' de este Tribunal nº 3575 indicando el 'concepto 04' para el recurso extraordinario por infracción procesal y el 'concepto 06' para el recurso de casación, sin el cual no se admitirán a trámite.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Ponente, estando la Sala reunida en audiencia pública. Doy fe.