Sentencia Civil Nº 51/2014, Audiencia Provincial de Ciudad Real, Sección 2, Rec 265/2013 de 27 de Febrero de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

CIUDAD REAL

SENTENCIA: 00051/2014

Rollo de apelación civil 265/13-J.A.

Autos: Juicio ordinario 691/2009

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Tomelloso.

Ilmos. Sres

PRESIDENTE

Dª CARMEN PILAR CATALÁN MARTÍN DE BERNARDO.

MAGISTRADOS

D. IGNACIO ESCRIBANO COBO.

D. FULGENCIO V. VELÁZQUEZ DE CASTRO PUERTA.

S E N T E N C I A Nº 51/14

En Ciudad Real a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 2ª, de la Audiencia Provincial de CIUDAD REAL, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 691/2009, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 de TOMELLOSO, a los que ha correspondido el Rollo de apelación civil 265/2013, en los que aparece como parte apelante, METCOSER SL, representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA DE LA CONCEPCION LOZANO ADAME, asistido por la Letrada Dª. CARMEN EUGERCIOS CORNEJO, y como parte apelada, D. Benigno , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JUAN VILLALON CABALLERO, asistido por el Letrado D. JOSE LUIS LOPEZ ALBERCA, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. FULGENCIO V. VELÁZQUEZ DE CASTRO PUERTA.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.-Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Tomelloso por el mismo se dictó Sentencia con fecha 27 de marzo de 2013 cuya parte dispositiva dice:

'Estimar la demanda interpuesta por D. Benigno , frente a Metcoser, S.L. y condenar la demandada a que abone a la actora DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y SEIS CÉNTIMOS (17.436,06 EUROS), esta cantidad devengará los intereses del artículo 576 de la L.E.C ., así como al pago de las costas procesales.'

Notificada dicha resolución a las partes, por la parte apelante Metcoser S.L. se interpuso recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes fueron remitidos a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para el acto de la votación y fallo el día 27 de febrero de 2014.

TERCERO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia impugnada estima íntegramente la demanda en la que se ejercita acción personal de reclamación de cantidad y condena a la demandada a que le abone 17.346, 06 €. Considera, en esencia, que no se encuentra prescrita la acción ejercitada dimanante de un contrato de ejecución de obra y que mientras se ha acreditado la realización de los trabajos en la cubierta no se probado ni el pago o cumplimiento ni la existencia de un crédito compensable derivado de posibles defectos en la ejecución.

Frente a la misma se alza la entidad demandada esgrimiendo una auténtica batería de motivos impugnativos que abarcan tanto aspectos formales como de fondo hasta un total de ocho diferenciados si bien la mayoría de ellos como se dirá se pueden refundir en uno solo referido a la existencia de un error en la apreciación de la prueba.

Argumentos que son rechazados por la actora insistiendo en el acierto de la sentencia impugnada que no conculca ningún precepto legal y se ajusta al acervo probatorio desarrollado y a las normas existentes sobre carga de la prueba.

SEGUNDO.-El motivo formal de impugnación vertebrado bajo la rúbrica de vulneración de las normas sobre la prueba, artículo 24 de la C.E . y 217.7 y 281.1 de la L.E.C ., tiene como sustento la no realización de la prueba testifical del Sr. Lázaro , por causas no imputables a la parte, ni aún como diligencia final, y como propósito, que se realice la prueba en segunda instancia. Por ello, no se trata realmente de un motivo de impugnación sino de una alegación dirigida a justificar la realización de dicha prueba en segunda instancia bajo el razonamiento de su procedencia en esta alzada. Pretensión que obtuvo su respuesta en el auto dictado por esta Sala con fecha veintiocho de enero del presente, a cuyo contenido nos remitidos, y que la desestimó sustancialmente por innecesaria e intrascendente para alterar el resultado de la litis todo ello en función de la totalidad de la actividad probatoria desplegada que incluye también el contenido de la escritura pública de manifestaciones que al efecto realizó el susodicho testigo. Todo lo cuál nos conduce a rechazar el referido motivo pues no existe un derecho ilimitado de la parte, amparado en la tutela judicial efectiva, que posibilite y ampare la realización de todas las pruebas propuestas.

TERCERO.-Entrando en el análisis de los motivos de fondo se reitera en primer lugar la prescripción de la acción ejercitada. Para ello parte de los requisitos genéricos y del fundamento de dicho instituto, así como de la interpretación restrictiva que debe verificarse para justificar que no se trata de un contrato de arrendamiento de obra complejo y que su plazo de prescripción es de tres años ( art. 1.967.4 del Código Civil ), todo ello sin hacer referencia a la doctrina jurisprudencial que señala y transcribe la sentencia impugnada.

Planteado así el motivo, basta con remitirnos a que el contrato debe ser calificado como de obra con suministro de materiales por parte del contratista, al que se refieren los artículos 1.544 y 1.588 del Código Civil, regulado en el título VI del libro IV y en las disposiciones generales sobre las obligaciones y contratos de dicho texto legal , tal y como expresamente lo asume la parte apelante, para concluir que no es aplicable a dicha acción el plazo trienal al que alude sino el de prescripción de quince años establecido con carácter general para las acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil , como acertadamente señala la sentencia apelada, teniendo en cuenta tanto la doctrina jurisprudencial clásica ( STS de 7 de julio de 1.982 ) que rechaza el plazo de tres años en las reclamaciones del pago de una obra realizada como la más moderna reflejada en la sentencia de 14 de febrero de 2.011 , citada en la resolución recurrida y aquellas que en ella se mencionan, sin que tenga cabida los argumentos que expone la parte apelante máxime cuando no solo se trata de un arrendamiento de obra sino que estamos ante una relación compleja que además ha sido continuada durante varios años como se aprecia de los modelos fiscales 347 obrantes en autos y correspondientes a los años 2.004 y 2.005.

CUARTO.-A continuación se alude a la doctrina de los actos propios y buena fe para señalar la incongruencia que supone dejar varios años (casi cinco) sin reclamar el abono de los trabajos y efectuarlos cuando se le reclaman los defectos que presenta la cubierta todo ello pretendiendo cobrar lo indebido pues está abonado o en todo caso debe compensarse con los defectos de ejecución que presentaba. Es decir, se esgrimen toda una serie de motivos estructurados en los ordinales segundo a séptimo que tratan de cuestionar la valoración de la actividad probatoria que realizó la juzgadora de instancia y que le llevó a descartar la no apreciación del pago o cumplimiento ni la existencia de defectos en la realización de los trabajos.

Pues bien, una nueva revisión de la misma, como exige el invocado defecto apreciativo e impone el carácter ordinario del recurso de apelación, lleva a esta Sala a idénticas conclusiones que las que contiene la sentencia impugnada en sus fundamentos de derecho tercero y cuarto, que se dan por reproducidos.

En efecto, acreditado tanto por haberlo admitido en el interrogatorio como por la prueba pericial realizada que los trabajos que se reflejan en la factura (cuyo importe parcial se reclama, una vez detraída la cantidad de 6.000 euros abonada mediante el cheque de 23 de agosto de 2.004) han sido realizados por la actora y siendo su precio, además de no impugnado, acorde a la realidad del mercado en esos momentos e incluso más bajo, es indudable que la carga de probar su abono compete a la parte demandada, hoy apelante. Sin embargo, dicha parte no sólo no ha propuesto medio de prueba alguno dirigido a acreditar tal circunstancia sino que ni siquiera ha indicado como se verificó el mismo. Si a ello le añadimos, por una parte, que resulta curioso que mientras en su declaración tributaria del año 2.004 reconoce facturas a la actora por importe de 47.563, 81 €, en el año 2.005 sólo reconozca, 6.000 €, esto es una cantidad coincidente con el cheque emitido en agosto, y por otra, que la excusa que esgrime a la ausencia de cualquier justificación documental del pago es que no tiene obligación de conservar ni custodiar los documentos acreditativos del pago por el tiempo transcurrido, lo cuál puede ser válido a efectos tributarios, más no a efectos civiles, resultando significativo que no haya rastro documental alguno de ninguno de los pagos realizados a la actora ni incluso de los declarados, podemos concluir, sin duda alguna, que nada abona la tesis apoyada en meras conjeturas o suposiciones carentes de soporte probatorio de que se verificó el pago invocado, lo que conduce a rechazar ese alegato.

Pero es que además se invoca que se es acreedor por los daños y desperfectos que ha tenido la cubierta ejecutada y que cifra en el coste de los trabajos satisfechos, lo que resulta ciertamente contradictorio con lo anterior pues si se ha pagado no hay que compensar crédito alguno. De nuevo, existe un vació probatorio al respecto casi absoluto. Una cosa es que la cubierta pudiese presentar, tras su ejecución inicial, alguna gotera o desperfecto susceptible de ser reparado, tal y como asume el actor, y otra bien diferente es que se pretenda incluir y considerar como tal el coste de una nueva cubierta de chapa grecada que se ha realizado encima cuando no se ha demostrado ni la necesidad de realizar la misma ni que ello obedezca a desperfectos en la ejecutada por el actor máxime cuando los mismos no se detectan en la nave, tal y como sostiene, la prueba pericial realizada. En ese único escenario fáctico posible en función de la actividad probatoria desplegada no puede asumirse que proceda compensación alguno y mucho menos la que predica la apelante.

QUINTO.-Al desestimarse el recurso de apelación procede imponer, de conformidad con los artículos 398.1 y 394.1 de la L. E. C ., el pago de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación

Fallo

Desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de METCOSER S.L. contra la sentencia dictada con fecha 27 de marzo de 2.013 por el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Tomelloso y confirmamos íntegramente la misma, todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento y a los efectos legales oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.