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02/12/2021
Sentencia CIVIL Nº 517/2021, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1, Rec 145/2021 de 30 de Julio de 2021
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Orden: Civil
Fecha: 30 de Julio de 2021
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: IGNACIO FERNANDEZ DE SENESPLEDA
Nº de sentencia: 517/2021
Núm. Cendoj: 08019370012021100508
Núm. Ecli: ES:APB:2021:10140
Núm. Roj: SAP B 10140:2021
Encabezamiento
Paseo Lluís Companys, 14-16 - Barcelona - C.P.: 08018
TEL.: 934866050
FAX: 934866034
EMAIL:aps1.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801942120198248437
Materia: Juicio Ordinario
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 0647000012014521
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Sección nº 01 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Concepto: 0647000012014521
Parte recurrente/Solicitante: ASSOCIACIO PLATAFORMA PER LA LLENGUA - COL.LECTIU L'ESBARZER
Procurador/a: Jesus De Lara Cidoncha
Abogado/a: JORDI DOMINGO GARCÍA-MILÀ
Parte recurrida: Eutimio, UNIDAD EDITORIAL INFORMACION GENERAL SLU, MINISTERIO FISCAL
Procurador/a: Daniel Font Berkhemer
Abogado/a:
Barcelona, 30 de julio de 2021
La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados
Antecedentes
Fundamenta la decisión del Tribunal el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
Fundamentos
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, en la medida en que no vengan contradichos por los que a continuación se expresan
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA PER LA LLENGUA - COL·LECTIU L'ESBARZER, interpuso demanda de juicio ordinario por intromisión en su derecho al honor contra, Eutimio y UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL SLU, por la que terminaba suplicando que:
2. CONDEMNI els demandats, UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, SLU i el Sr. Eutimio:
2.2. A cessar en la publicació de l'esmentat article periodístic a través de la pàgina web el mundo.es (o qualsevol altre entorn web de l'esmentat grup editorial que hi permeti l'accés, o de qualsevol altre entorn web creat, dirigit o controlat - indirectament o directa- pel codemandat Sr. Eutimio.
Los hechos en que se fundamenta, en síntesis la demanda, es que el 2 de diciembre de 2018, en la edición impresa del diario El Mundo para las Islas Baleares, aparecía en la página 9 un artículo firmado por Eutimio, titulado
'
De dicho texto, extrae la demandante la conclusión que con el artículo se pretende transmitir la idea que la entidad demandante incita a matar guardias civiles y se mofa de de las víctimas del terrorismo y con ello se está calificando la entidad de filoterrorista o apologeta del terrorismo. La demandante entiende que ello atenta gravemente al honor de la asociación que no tiene por objeto ninguna de esas finalidades.
Finalmente, señala que la difusión media diaria del periódico, en el año 2018, fue de 89.580 ejemplares diarios y 20.743.000 de usuarios por internet.
Los demandados se opusieron a la demanda interesando su desestimación. En síntesis, explican que el artículo periodístico debe calificarse como un artículo de opinión, que parte de hechos ciertos y que constituye la libertad de expresión del autor.
Como hechos ciertos que fundamentan la opinión, explican la condena firme de Mariano (conocido como Bicho) por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y que dicha persona fue propuesta como candidata de un premio que daba la entidad demandante, publicando y manteniendo su fotografía más allá incluso de la fecha concesión del premio. Asimismo, alega la publicación de mensajes de la cuenta oficial de la entidad demandante en la red social Twitter en la que se reivindica como convocante de una manifestación en Palma de Mallorca en defensa de la lengua, de los presos políticos y de los exiliados.
Finalmente, señala que la difusión de esa edición del periódico fue de 3.778 ejemplares y que su visualización en internet fue de 4.092 usuarios.
La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda y condenó a la parte demandante al pago de las costas.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia en el que en síntesis señala que hay una errónea valoración de la prueba y un equivocado juicio de ponderación de derechos en conflicto (derecho al honor versus derecho a la información y libertad de expresión).
En cuanto a la valoración de la prueba señala la recurrente que los documentos acompañados con la contestación son todos referidos a hechos posteriores al momento en que se publicó el artículo de prensa. Señala que se parte de dar por ciertos dos hechos explicados en el artículo y que contextualizan la opinión del autor, consistentes en que la asociación defendiera la penalización por delito de odio si alguien no fuera atendido en catalán y que la entidad hiciera un apoyo público y reiterado de Mariano (conocido como Bicho), cuando ello, señala la recurrente, es incierto.
En consecuencia, concluye que, siendo falsos los hechos que se imputan a la entidad sobre los que luego se expresa la opinión, se está vulnerando con dicha opinión el derecho al honor al atribuirle un ideario de apología del terrorismo a la entidad.
Las personas jurídicas privadas también son titulares del derecho al honor.
También las personas jurídicas son titulares del derecho constitucional al honor del art. 18CE ( sentencias del TS 233/2013, de 25 de marzo, 344/2015, de 16 de junio, 594/2015, de 11 de noviembre, 534/2016, de 14 de septiembre, 35/2017, de 19 de enero, 51/2020, de 22 de enero), y pueden resultar ofendidas en cuanto a su aspecto exterior, de trascendencia o valoración social, que 'no cabe simplemente identificar con la reputación empresarial, comercial, o, en general, el mero prestigio con que se desarrolla la actividad' ( sentencia del TS 534/2016, de 14 de septiembre).
Por consiguiente, no se puede descartar que la persona jurídica vea lesionado su derecho al honor mediante la divulgación de hechos que la difamen o la hagan desmerecer en la consideración ajena, sin que sea preciso acreditar la existencia del daño patrimonial en sus intereses, siendo suficiente la intromisión ilegítima en el honor de la entidad ( sentencia del TC 139/1995, de 26 de septiembre y sentencias del TS 811/2013, de 12 de diciembre, 594/2015, de 11 de noviembre y 606/2019, de 13 de noviembre, entre otras).
No obstante, la misma jurisprudencia también viene insistiendo en 'la menor intensidad de la protección del derecho al honor cuando su titular es una persona jurídica' ( sentencias del TS 594/2015, de 11 de noviembre; 35/2017, de 19 de enero y 606/2019, de 13 de noviembre).
La parte recurrente mantiene una errónea valoración de la prueba practicada por cuanto la sentencia recurrida da por cierto que la entidad demandante mantuvo la opinión de modificar el código penal para penalizar como delito de odio el hecho que alguien no fuera atendido en catalán, y que apoyó de forma pública y reiterada a Mariano (conocido como Bicho).
Respecto del primer punto, relativo a la campaña 'Prou catalanofobia', una vez revisada la prueba practicada, y en especial el documento nº 9 acompañado en el acto de la audiencia previa, podemos compartir con la recurrente la observación que efectivamente no estaba contemplado explícitamente en la citada campaña de la demandante, el hecho de promover una modificación del código penal para la tipificación como delito de odio aquellos supuestos en que una persona no fuera atendida en catalán. Sin embargo lo que sí explica la nota de prensa de la entidad recurrente, de fecha 23 de noviembre de 2018, es que:
Así pues, lo que sí resulta acreditado es que el autor del manifiesto de la entidad recurrente, previo a lamentar la falta de competencia en materia penal, señala que la campaña 'Prou catalanofobia' pretendía la instauración de un régimen sancionador.
Esa mención a las competencias penales, daría pie al demandado, para especular que la voluntad de la entidad sería la de sancionar penalmente si pudiera.
En todo caso, aunque no fuera cierto que la demandante quisiera promover la modificación del código penal, ello resulta inane a los fines que pretendía el autor del artículo porque la opinión que expresa, y que la recurrente considera una agresión a su derecho al honor, versa sobre esa voluntad de la entidad recurrente de que se sancione la discriminación lingüistica, siendo en este punto irrelevante de cara al derecho al honor de la entidad si esa sanción debiera ser penal o administrativa.
Es esa voluntad sancionadora del ideario de la entidad demandante la que resulta, a nuestro juicio, suficiente para que el autor del artículo pudiera desplegar sobre tal hecho su opinión, aunque ésta sea tendenciosa, y podría justificar la expresión '
En cuanto al segundo eje que mantiene la recurrente, relativo a la inexistencia de un apoyo público y reiterado a Mariano (conocido como Bicho), por cuanto no fue la entidad quien propuso a la citada persona como candidato a VI edición del Premi Marti Gasull Roig que convoca la demandante, debemos señalar que una revisión del material probatorio, tampoco desvirtúa los razonamientos de la sentencia recurrida en cuanto al hecho que la base fáctica de actuación de la entidad permite inferir como opinión el referido apoyo público al citado Sr. Mariano.
En este caso, también podemos compartir con la recurrente que no fue esta entidad quien promovió la candidatura al premio del Sr. Mariano. Es cierto que no hay prueba de ello. Pero lo que sí es cierto y hay prueba de ello, es que la demandante, mediante su página web y su perfil en la red social Facebook, mantuvo la imagen del Sr. Mariano como candidato al citado premio más allá de la propia concesión del premio (que además no se le concedió a él).
De esta manera, alojando y difundiendo la imagen del Sr. Mariano en contenidos digitales propios de la entidad se da pie a la generación nuevamente de una opinión sobre ello por parte del demandado. Una opinión del autor consistente en que difundiendo su imagen se le está dando un apoyo implícito y que se expresaría al señalar: '
Debemos remarcar que la opinión expresada puede ser también interpretada de forma diferente a como lo hace la recurrente.
La expresión '
Con ello, queremos significar que tampoco es unívoca la conclusión que saca la recurrente del artículo de opinión y que caben otras interpretaciones de la opinión que no llevan necesariamente a concluir la calificación de filoterrorista o apologeta del terrorismo de la entidad demandante, y que son los calificativos que utiliza la recurrente en su demanda.
Nuevamente estamos ante una opinión del autor que no tiene porque compartirse y sobre la que existe la libertad de criticarla, precisamente en uso de la libertad de expresión que tienen todas las personas.
Partiendo de que las expresiones vertidas por el autor del artículo se fundamentan en hechos ciertos sobre los que se expresa una opinión sobre la que no debe hacerse ningún juicio de certeza. Debemos ponderar si el derecho al honor de la demandante ha resultado vulnerado por el ejercicio a la libertad de expresión del demandado.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sección primera, de 14 de junio de 2016, señala que los juicios de valor han de contar con una base fáctica suficiente que sustenten las imputaciones efectuadas, para no sobrepasar los límites de la libertad de expresión en un juicio de proporcionalidad, al señalar, con la oportuna cita jurisprudencial, que:
'Por otra parte, en sus sentencias Lingens (anteriormente citada, § 46) y Oberschlick c. Austria (23 de mayo de 1991, no 11662/85, § 63, serie A no 204), el TEDH ha establecido una distinción entre declaraciones de hecho y juicios de valor. La materialidad de las declaraciones de hecho se pueden probar, por el contrario, los juicios de valor, al no prestarse a una demostración de su exactitud, es imposible el cumplimiento de la obligación de la prueba correspondiente, y vulnera la propia libertad de opinión, elemento fundamental del derecho protegido por el artículo 10 del Convenio (De Haes y Gijsels c. Bélgica, 24 de febrero de 1997,§ 42, Compendio 1997-I). Sin embargo, en caso de un juicio de valor, la proporcionalidad de la injerencia depende de la existencia de una 'base fáctica' suficiente en la cual se sustentan las palabras litigiosas: si no la hubiere, este juicio de valor podría revelarse excesivo (De Haes y Gijsels, anteriormente citada, § 47, Oberschlick c. Austria (no 2) , no 20834/92, § 33, Compendio 1997-IV, Brasilier c. Francia , no 71343/01, § 36, 11 de abril de 2006, y Lindon, Otchakovsky- Laurens y July, anteriormente citada, § 55). Para distinguir una declaración de hecho de un juicio de valor, hay que tener en cuenta las circunstancias del caso y el tono general de las palabras (Brasilier, anteriormente citada, § 37), entendiéndose que unas afirmaciones sobre cuestiones de interés público pueden constituir, por ello mismo, más bien unos juicios de valor que unas declaraciones de hecho (Paturel c. Francia, no 54968/00, § 37, 22 de diciembre de 2005). Por añadidura, la necesidad de aportar unos hechos que sustenten un juicio de valor es menos estricta cuando estos ya son conocidos del público en general (Feldek c. Eslovaquia, no 29032/95, § 86, CEDH 2001- VIII)'.
Nuestra jurisprudencia constitucional y de la Sala 1ª del Tribunal Supremo también ha resuelto los conflictos entre ambos derechos fundamentales, y en tal labor ha reconocido que si bien, de forma abstracta, el derecho a la libertad de expresión goza de una especial protección ésta no es absoluta, sino que prima el derecho al honor cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y, por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental ( sentencias del Tribunal Constitucional 204/1997, de 25 de noviembre, F. 2; 134/1999, de 15 de julio, F. 3; 6/2000, de 17 de enero, F. 5; 11/2000, de 17 de enero, F. 7; 110/2000, de 5 de mayo, F. 8; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5; 148/2001, de 15 de octubre, F. 4 y más recientemente 6/2020, de 27 de enero, FJ 4, así como las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 233/2013, de 25 marzo o 51/2020, de 22 de enero, entre otras muchas).
La sentencia del Tribunal Supremo 233/2013, de 25 marzo, cuya doctrina recoge y ratifican las más recientes 51/2020, de 22 de enero; 276/2020, de 10 de junio o 139/2021, de 11 de marzo, determina el núcleo tuitivo de la libertad de expresión y del derecho al honor, en los términos siguientes:
'La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información ( SSTC 104/1986, de 17 de julio, y 139/2007, de 4 de junio), porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo [...].
El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio, FJ 7)'.
En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo 551/2017, de 11 de octubre, o la sentencia del Tribunal Constitucional 6/2020, de 27 de febrero.
Por su parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 146/2019, de 25 de noviembre, FJ 4, señala, en este afán delimitador, y en el mismo sentido, que:
'[...] distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene una importancia decisiva para determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues, 'mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información' ( SSTC 181/2006, de 19 de junio, FJ 4; 56/2008, de 14 de abril, FJ 3; 79/2014, de 28 de mayo, FJ 4; 38/2017, de 24 de abril, FJ 2, y 24/2019, de 25 de febrero, FJ 4)'.
La libertad de expresión de la que gozan las demandadas les permite manifestar sus pensamientos, ideas y opiniones, de forma crítica, agria, incluso desabrida, sobre hechos de interés general y de trascendencia social, sobretodo cuando tienen por objeto a personas o entidades que entran en el debate social que, por tal circunstancia, están sometidas al escrutinio ajeno y deben soportar aquellas opiniones que les pueden resultar molestas o hirientes. Ahora bien, ello no significa que el marco en el que opera legítimamente la libertad de expresión comprenda un ejercicio ilimitado, de manera tal que las personas sobre las que se dirigen dichas censuras, opiniones o pensamientos carezcan de su derecho fundamental al honor, de forma que puedan ser libremente vejadas, vilipendiadas o ser sujetos pasivos indefensos de la atribución de cualquier hecho que les haga desmerecer en la consideración ajena, en su fama o prestigio.
En definitiva, como puntualizan las sentencias del Tribunal Supremo 102/2014, de 26 de febrero; 156/2018, de 21 de marzo; 276/2020, de 10 de junio y 139/2021, de 11 de marzo, la opinión se expresa libremente y, desde este presupuesto, los tribunales juzgan si la libertad de opinión se ha ejercido de un modo constitucionalmente legítimo, o, por el contrario, no ha sido así, por haberse vulnerado otro derecho fundamental, en este caso el derecho al honor.
En el presente caso no podemos obviar que el objeto de opinión y sobre el que versa la libertad de expresión es la política lingüística sobre el catalán, de la que la entidad demandante tiene un posicionamiento público y es un eje principal en el objeto social de la entidad recurrente, y es, en consecuencia, un tema de debate público y de trascendencia social.
En este sentido como señala el Tribunal Supremo, para que prevalezca la libertad de expresión señala la sentencia 338/2018, de 6 de junio, es preciso que: 'la crítica u opinión divulgada venga referida a un asunto de interés general o relevancia pública, sea por la materia, por razón de las personas o por las dos cosas y, en segundo lugar, que en su exposición pública no se usen expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias (entre las más recientes, sentencias 139/2021, de 11 de marzo, 92/2018, de 19 de septiembre, y 488/2017, de 11 de septiembre, y las que en ella se citan)'.
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo 62/2013, de 5 de febrero y reproduce 146/2021, de 15 de marzo:
'[...] estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. Así, las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2010 (en el contexto de la dialéctica sindical); 22 de noviembre de 2010 (sobre imputación a un concejal de delito de estafa y falsificación documental que luego es absuelto); 9 de febrero y 21 de abril de 2010 (en conflicto laboral); 18 de marzo de 2009 (confrontación en ámbito de periodismo futbolístico)'.
Así pues, teniendo en cuenta que en definitiva se ha tratado de un artículo de opinión sobre un tema de público y de trascendencia social, como es la política lingüística, sobre la que demandante y demandado tienen visiones contrapuestas, debemos compartir el juicio de ponderación realizado en la sentencia recurrida y concluir que las expresiones vertidas por el demandado en su artículo de opinión, aun pudiendo ser molestas e innecesarias, no vulneran el derecho al honor de la demandada y quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión de su autor.
En cuanto a las costas de esta apelación, la desestimación del recurso presentado determina la imposición de las costas a la parte recurrente ( art. 398.1LEC) así como la pérdida del depósito, de acuerdo con el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ tras su reforma por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Fallo
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por ASSOCIACIÓ PLATAFORMA PER LA LLENGUA - COL·LECTIU L'ESBARZER contra la Sentencia de 22 de octubre de 2020, dictada en el Juicio Ordinario 953/2019 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. 37 de Barcelona, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución, con expresa imposición de las costas de esta instancia a la parte recurrente, que además perderá el depósito constituido para recurrir al que se dará su destino legal.
La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art. 469- 477- disposición final 16LEC), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de la presente.
Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.
Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.