Sentencia CIVIL Nº 534/2020, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 8, Rec 330/2020 de 28 de Octubre de 2020

Encabezamiento

ROLLO Nº 330/20
SENTENCIA Nº 000534/2020
SECCIÓN OCTAVA =========================== Iltmos/as. Sres/as.: Presidente D. PEDRO LUIS VIGUER
SOLER Magistrados/as Dª Mª FE ORTEGA MIFSUD D. FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE
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En la ciudad de VALENCIA, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.
Vistos por la Sección Octava de esta Audiencia Provincial, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
GARCIA-MIGUEL AGUIRRE, los autos de Juicio Ordinario [ORD], 910/18 promovidos ante el Juzgado de 1ª
Instancia nº DIECIOCHO de VALENCIA, con el nº 000910/2018, por D. Miguel Y Dª Ruth representado en
esta alzada por la Procuradora Dª LAURA OLIVER FERRER y dirigido por el Letrado D. Josep Maria Sala Salla
contra CAIXABANK SA representado en esta alzada por la Procuradora Dª SILVIA LOPEZ MONZO y dirigido por
la Letrada Dª Marta Montes Jimenez, pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto
por D. Miguel y Ruth .

Antecedentes

PRIMERO.- La sentencia apelada, pronunciada por el Sr. Juez de 1ª Instancia nº DIECIOCHO de VALENCIA, en fecha 7 de enero de 2020, contiene el siguiente: 'FALLO: QUE DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA POR D. Miguel y D. Ruth , representados por el Procuradora OLIVER FERRER LAURA, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A CAIXABANK S.A. representada por la Procuradora LÓPEZ MONZÓ SILVIA, de las pretensiones contra ella deducidas en el presente juicio; todo ello con imposición a la parte actora de las costas procesales originadas en el mismo.'.



SEGUNDO.- Contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Miguel y Ruth , que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, señalándose para Deliberación y votación el 26 de Octubre de 2020.



TERCERO.- Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes y motivos de la impugnación.- La representación procesal de D. Miguel Y Dª.

Ruth formuló demanda contra CAIXABANK S.A. al amparo de la Ley 57/1968 reclamado la devolución de las cantidades entregadas a cuenta a la promotora TRAMPOLIN HILLS S.L. (hoy en concurso de acreedores) como consecuencia de la adquisición, en virtud de contrato privado de compraventa de fecha 16 de noviembre de 2007, de una vivienda, con garaje y trastero, en la Urbanización de Trampolín situada en Campos del Río, por precio de 202.500 €, al no haber cumplido la entidad bancaria demandada las obligaciones derivadas de la citada ley. Alega la parte actora, que la promoción no concluyó, que la mercantil promotora fue declarada en concurso y que la vivienda no fue entregada, sin que hayan sido restituidas las sumas entregadas a cuenta, por lo que solicita que se declare la responsabilidad de Caixabank S.A. en la devolución de las entregas a cuenta efectuadas a favor de la promotora, por no haber cumplido su obligación 'in vigilando' al amparo del art. 1.2º de la Ley 57/68 y que se le condene a la devolución de las sumas anticipadas ascendentes a 31.030 €, más intereses legales desde las respectivas entregas hasta la fecha de su devolución, y al pago de las costas procesales.

Admitida la demanda y sustanciado el proceso por sus trámites, la sentencia de instancia desestimó en su integridad las pretensiones de la parte actora y le condenó al pago de las costas procesales causadas.

Contra dicha sentencia se alza, por vía del recurso de apelación, la representación del actor alegando, en síntesis, que la sentencia impugnada incurre error en la valoración de la prueba en lo relativo al supuesto carácter inversor o especulativo de la adquisición, solicitando la estimación del recurso y la revocación de la sentencia dictando otra por la que se acojan en su integridad las pretensiones formuladas en la demanda.

Conferido el oportuno traslado, la representación procesal de Caixabank se opuso al recurso solicitó la confirmación de la sentencia dictada en la instancia con arreglo a las alegaciones vertidas en el escrito de oposición al recurso de apelación e imposición de costas a la parte apelante.



SEGUNDO.- Resumen de los hechos.- Para la decisión a adoptar en este recurso de apelación resultan de interés los siguientes antecedentes y hechos que derivan del contenido de autos: El 16 de noviembre de 2007 los actores suscribieron con la mercantil Trampolín Hills Golf Resort SL contrato de compraventa respecto de una vivienda, con garaje y trastero, en la Urbanización de Trampolín situada en Campos del Río (Murcia), por precio de 202.500 € (más IVA), en la Urbanización que Trampolín estaba promoviendo.

En la cláusula tercera de ambos contratos se establecía la forma de pago del precio, en los siguientes términos: '1. En fecha 1 de noviembre de 2007 la cantidad de 6.000 €, en concepto de señal, amparado por el art. 1454 CC.

2. A la firma del presente contrato, en fecha 16 de noviembre de 2006, la cantidad de 23.000 € más IVA correspondiente lo que hace un total de 25.030 euros.

3. Al cierre de la estructura la cantidad de 10.000 euros más 7% de IVA, lo que hace un total de 10.700 euros.

4. En el momento de la entrega de llaves el comprador pagará la cantidad de 163.500 € más 7% de IVA correspondiente, lo que hace un total de 174.945 €.

El pago se realizará mediante dinero en efectivo, transferencia bancaria o cheque bancario siendo todos los gastos de gestión y cobros de comisiones por cuenta del comprador'.

Respecto de la segunda cantidad ascendente a 25.030 €, expresamente la cláusula quinta de los contratos decía lo siguiente: 'El comprador se obliga a abonar la cantidad de 25.030 € a la cuenta bancaria número NUM000 de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, cuyo titular es la mercantil Trampolín Hills Golf Resort SL, con sede en Plaza de Santa Catalina, nº 5 de Murcia (España). El pago se tendrá por realizado y el contrato de compraventa por perfeccionado cuando la transferencia se haga efectiva en las cuentas bancarias referidas en el presente'.

Los demandantes ingresaron en fecha 15 de noviembre y 16 de noviembre las cantidades de 6.000 y 25.030 euros respectivamente en dicha cuenta bancaria de Caixabank.

De los términos del contrato no resulta que se garantizaran las cantidades entregadas a cuenta por los compradores mediante aval individual constituido al amparo de la Ley 57/1968. Es un hecho no controvertido que las viviendas compradas nunca fueron terminadas ni entregadas (la promotora Trampolín Hills fue declarada en concurso de acreedores necesario por auto de 13 de octubre de 2009), dirigiendo los demandantes su reclamación contra la entidad Caixabank en su condición de depositaria de las cantidades entregadas a cuenta y por incumplimiento de la Ley 57/1968.

Como anteriormente se ha señalado, el único motivo de impugnación esgrimido en el escrito de interposición del recurso de apelación consiste en error en la valoración de la prueba en lo relativo al carácter especulativo de la adquisición de la vivienda

TERCERO.- Motivo de impugnación: ausencia de finalidad especulativa de la compra de las viviendas.- En lo relativo a la supuesta finalidad inversora o especulativa de la compra de las vivienda objeto de autos que declara la sentencia que impugna la parte actora y apelante, es indudable que se trata de una cuestión crucial, pues de concurrir quedaría excluida la aplicación de la Ley 57/1968, según reiterada jurisprudencia que deja fuera de la misma las adquisiciones efectuadas por profesionales del sector inmobiliario o por particulares pero con mera finalidad especulativa o de inversión ( SSTS nº 706/2011, de 25 de octubre, nº 360/2016 de 1 de junio, nº 420/2016 de 24 de junio, nº 675/2016, de 16 de noviembre, nº 582/2017 de 26 de octubre y nº 161/2018 de 21 de marzo entre las más recientes).

Pues bien, analizada por esta Sala el proceso argumentativo de la sentencia de instancia y la prueba practicada en autos se constata que los indicios que utiliza como hecho base no llevan inequívocamente a la conclusión que alcanza acerca del carácter especulativo de la adquisición de las dos viviendas adquiridas por el actor, por lo que la prueba de presunciones del art. 386 LEC no es en este caso un elemento determinante para rechazar la pretensión ejercitada.

En efecto, cabe señalar que los actores -que mientras no se acredite lo contrario son compradores amparados por la Ley 57/1968- adquirieron una vivienda ocasionalmente y a título particular, por tanto no como profesional, ni para revenderlas en el proceso de edificación.

Resulta irrelevante que los actores fueran propietarios de otra vivienda en una zona costera, pues precisamente la que se adquiría por el contrato de noviembre de 2007 se encuentra en el interior de Murcia, más dirigido al golf (como se puede comprobar en el propio logo empleado por la empresa promotora), que al turismo de playa.

Tampoco sirve para resolver el litigio el hecho de que en el contrato conste una cláusula de cesión a terceros (como esta Sala ha señalado en otras ocasiones anteriores vid. infra sentencias que se citan) pues se trata de una cláusula estereotipada, e incluso es habitual y perfectamente posible que este tipo de cláusulas tenga como fin la cesión del inmueble adquirido entre miembros de una misma familia, por lo que este dato por sí solo tampoco revelaría necesariamente una intención especulativa, y además no está avalado por ninguna otra prueba.

Por otro lado, la única prueba relacionada con la cualidad profesional del demandante se refiere a trabajos de albañilería y pequeños trabajos de construcción (como se puede comprobar en las declaraciones tributarias de D. Miguel -modelo 390-) y salones e institutos de belleza (modelos 390 de Dª. Ruth ) y, en consecuencia, no relacionada con la explotación de inmuebles.

Sí que puede resultar llamativo que con fecha posterior a la adquisición a la vivienda objeto de autos se adquiriera la vivienda de Mazarrón en la calle Albuñol 12. Aunque la adquisición fuera posterior, no obstante, era el domicilio que hacían constar los actores en el contrato de arras y en el contrato de compraventa a que se refiere el presente pleito. También se hace constar como domicilio en el poder para pleitos. Y también es el domicilio que les conta en las declaraciones del impuesto sobre la renta desde al menos 2008. Por lo tanto, puede ser considerado como el domicilio habitual de los demandantes, por lo que tampoco plantea problema que trataran de adquirir una vivienda vacacional.

Por otro lado, este domicilio ha sido, al parecer, objeto de arrendamiento desde el año 2014 según lo que se deduce de la documentación fiscal de los actores. No obstante, tal dato no puede interpretarse unívocamente con una finalidad inversora o especulativa del adquirente. Existen múltiples hipótesis que justifican esa dualidad relativa a que la vivienda conste al mismo tiempo como domicilio de los actores e inmueble arrendado. De hecho, la cantidad declarada como ingreso íntegro computable en el IRPF de 2014 (2.872,13 €) es una cantidad relativamente baja para un inmueble vacacional. Se consigna la clave 3 en este apartado del IRPF que significa que ha estado a disposición de sus titulares y ha generado rentas inmobiliarias imputadas y, además, en algún momento del ejercicio ha estado arrendado generando rendimientos de capital inmobiliario.

Se consignan igualmente los días en que ha estado a disposición de sus titulares (298 días en 2014), por lo que no puede deducirse en absoluto que los demandantes se dediquen profesionalmente al arrendamiento de inmuebles, sino que durante cortos periodos de tiempo han arrendado su vivienda. Y esos arrendamientos han sido muy posteriores a la fecha del contrato de compraventa que es origen de la reclamación, por lo que tales actos de arrendamiento no pueden relacionarse causalmente con la adquisición de una vivienda 7 años antes.

Por tanto, nos hallamos ante datos que no sirven como indicios suficientes o determinantes, pues no tienen un significado unívoco -ni siquiera conjuntamente valorados- a los fines pretendidos, ya que no abocan unidireccionalmente hacia una supuesta finalidad inversora de la compra en tanto que admiten diferentes significaciones, no dándose el enlace preciso y directo entre el hecho base y aquél que se pretende demostrar que exige el art. 386 LEC, que regula las presunciones.

En cualquier caso, tratándose de un hecho cuya carga acreditativa corresponde a la demandada, perjudica a sus intereses no haber propuesta la prueba de interrogatorio de los actores, que podría haber arrojado luz en estas cuestiones que resultan fundamentales para la resolución del pleito.

En definitiva, nada en autos acredita que la vivienda se adquirieran con fines especulativos, es decir, no consta que el comprador sea profesional del sector inmobiliario ni que su intención inicial al tiempo del contrato fuera la de revender durante el proceso edificatorio, ni lo actuado excluye el uso residencial, siendo que además que según reiterada jurisprudencia en la materia incumbe a la entidad bancaria demandada la carga de la prueba para quedar exonerada de su responsabilidad, por lo que mientras otra cosa no se acredite no cabe excepcionar la regla general, y en consecuencia no cabe sino concluir que el actor adquirió ambas viviendas con fin residencial, ya permanente, vacacional, accidental o de temporada.

Cabe destacar además que se trata de una situación muy similar a la enjuiciada por esta Sala en sentencia nº 374/2017 de 17 de octubre o en la reciente sentencia nº 251/2019 de 2 de mayo en la que decíamos: 'El primer motivo del recurso lo constituye el de la ausencia de prueba sobre el carácter especulativo, pues la ley no excluye el uso de temporada y las otras fincas nada tienen que ver con las viviendas. Examinadas las actuaciones el motivo ha de ser estimado y ello porque en primer lugar hemos de tener en cuenta que cuando se trata de la aplicación de la Ley 57/68 no resulta jurídicamente técnico la expresión de consumidor sino más concretamente de adquirente o comprador de vivienda como así se expone en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 junio 2016 cuando declara que ...'en la jurisprudencia de esta Sala es una constante que la interpretación de las distintas normas de la Ley 57/68 ha de tener como base o punto de partida su finalidad protectora o tuitiva de los compradores de viviendas en construcción para un fin residencial'. Por tanto, la jurisprudencia como es conocido excluye del ámbito de protección de dicha normativa a los profesionales del sector inmobiliario y a quienes invierten en la compra de viviendas en construcción para revenderlas durante el proceso de edificación o bien al finalizar el mismo mediante el otorgamiento de escritura pública de compraventa a favor de un comprador diferente. Entendemos, que en este caso no ha quedado acreditado que los demandantes hayan intervenido en la compra de la vivienda en el marco de una actividad de carácter especulativo o profesional, sin que existan elementos de prueba para poder sostener que la compra de la vivienda tuviera una finalidad especulativa o para la reventa, pues el artículo 1º de la Ley 57/68 hace referencia a viviendas destinadas a domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial'. Sobre la misma cuestión se ha pronunciado esta Sala reciente y reiteradamente, en idéntico sentido, en sentencias nº 587/19 de 16 de diciembre, nº 7/2020 de 13 de enero y en nº 311/2020 de 25 de mayo.

En consecuencia, se estima el motivo de apelación, y se revoca la resolución de la instancia, cuya decisión desestimatoria descansaba sobre tal presupuesto. Ello obliga a este Tribunal a entrar sobre el fondo de la cuestión.



CUARTO.- Responsabilidad de la entidad bancaria por cantidades anticipadas en la adquisición de las viviendas. Jurisprudencia. Supuestos incluidos y excluidos. Análisis de los pagos realizados.- Cabe comenzar realizando un somero análisis de la jurisprudencia emanada de nuestro Tribunal Supremo en relación con la cuestión objeto del presente procedimiento, exponiendo en qué supuestos, según el TS, responden las entidades bancarias por las cantidades anticipadas para la adquisición de viviendas con fines residenciales y en qué circunstancias queda por el contrario excluida su responsabilidad.

1º) Responsabilidad de las entidades bancarias.- Al respecto y sin perjuicio de otras sentencias posteriores que se pronuncian en el mismo sentido ( sentencias nº 255/2019, nº 274/2019 y nº 298/2019 de 7, 21 y 28 de mayo, entre otras) la doctrina jurisprudencial aplicable a la presente controversia, esto es, a los supuestos en los que se reclama de la entidad de crédito con base en el art. 1.2.a) de la Ley 57/1968 por recibir anticipos de los compradores y no garantizar debidamente su devolución mediante aval e ingreso en cuenta especial, ha sido sintetizada en la STS nº 503/2018 de 19 de septiembre que a su vez se remite a la STS nº 102/2018 de 28 de febrero, y a tal efecto señala esta última que la doctrina del TS que interpreta la Ley 57/1968 no admite, por regla general, que recaigan sobre el comprador las consecuencias del incumplimiento por el promotor de sus propias obligaciones, como tampoco las derivadas de los incumplimientos imputables a las entidades bancarias en que el promotor tenga abiertas cuentas en las que los compradores ingresen cantidades anticipadas, y cita la sentencia nº 436/2016, de 29 de junio, según la cual, el carácter tuitivo de la dicha Ley ha sido remarcado por una jurisprudencia en la misma línea protectora del comprador, de modo que: A.-) Si existe garantía, los anticipos ingresados por el comprador se encuentran garantizados por el asegurador o avalista, aunque no se ingresen en la cuenta especial sino en otra diferente del promotor pero en la misma entidad bancaria ( sentencias de Pleno nº 779/2014, de 13 de enero de 2015, y nº 780/2014, de 30 de abril de 2015).

B.-) Si no existe dicha garantía (como ha sido el caso), ello no impide que las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía respondan frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad, pues a partir de la sentencia nº 733/2015, de 21 de diciembre se fijó como doctrina en relación con la condición 2.a) del art. 1º de la Ley 57/1968 que 'las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad' (doctrina que se reitera en las sentencias nº 142/2016, de 9 de marzo, nº 174/2016, de 17 de marzo, nº 226/2016, de 8 de abril y nº 459/2017, de 18 de julio).

La STS nº 102/2018 de 28 de febrero que seguimos y que como indicamos resume la doctrina jurisprudencial en relación con las garantías de la Ley 57/1968 respecto de las cantidades entregadas a cuenta respecto de inmuebles de uso residencial, expone el porqué de dicha responsabilidad de las entidades bancarias, y destaca que, como afirma la reciente sentencia nº 636/2017, de 23 de noviembre, la razón fundamental de esta jurisprudencia es que las entidades de crédito depositarias de cantidades provenientes de particulares compradores de viviendas en construcción no tienen el carácter de terceros ajenos a la relación entre comprador y promotor-vendedor, sino que deben colaborar activamente con el este último a fin de asegurarse de que cumple sus obligaciones legales (de recibir los anticipos en una cuenta especial debidamente garantizada). En consecuencia, basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer (que 'supo o tuvo que saber', según dijo literalmente dicha sentencia) que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta especial, separada y debidamente garantizada, porque no entenderlo así y exonerar de responsabilidad a la entidad de crédito en los casos en que las cantidades se recibieran 'en una sola cuenta del promotor, destinada a múltiples atenciones' privaría a los compradores de la protección que les blinda el 'enérgico e imperativo' sistema de la Ley 57/1968.

Por otro lado, la sentencia que seguimos en esta exposición, cita a su vez la STS nº 459/2017, de 18 de julio, que declaró al respecto que es el incumplimiento del deber de control sobre el promotor que la condición 2.ª del artículo 1º de la Ley 57/1968 impone al banco lo que determina su responsabilidad frente al comprador, de modo que, siendo el promotor el obligado principal a devolver la totalidad de los anticipos, esta misma obligación es la que asumen los garantes (en caso de que haya aval o seguro) y la entidad de crédito depositaria (en defecto de aquellos), y esto independientemente de que la cuenta en la que se ingresen tenga o no carácter especial.

2º) Excepciones. Supuestos en los que queda excluida la responsabilidad de la entidad bancaria.- Finalmente, la citada STS nº 102/2018 de 28 de febrero aclara también en qué concretos supuestos quedaría excluida la responsabilidad de la entidad bancaria en función de su capacidad de control de las cantidades entregadas por el comprador, y al respecto cita la sentencia nº 436/2016, de 29 de junio, en cuanto que descartó cualquier responsabilidad de la entidad de crédito respecto de la cantidad entregada al promotor sin posibilidad de conocimiento y control por aquella al no haberse ingresado en la cuenta indicada en el contrato, pues la ley solo la responsabiliza de las cantidades que se ingresan o transfieren a una cuenta del promotor en dicha entidad, sentencia que en concreto, puntualizó: 'Desde este punto de vista, la mención de la d. adicional 1.a b) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE), en su redacción aplicable al caso por razones temporales, a 'las cantidades entregadas en efectivo' no puede interpretarse, como propone el recurrente, en el sentido de que la garantía se extienda a cualesquiera pagos en efectivo del comprador al promotor a cuenta del precio total, sino, como explicó la ya citada sentencia de Pleno 467/2014, de 25 de noviembre, a la necesidad de llenar el vacío legal existente hasta entonces en relación con las cantidades anticipadas mediante efectos bancarios, pues la Ley 57/1968 solamente se refería a las entregas de dinero'. En definitiva, por 'cantidades entregadas en efectivo' ( d. adicional 1.a b) de la LOE) o por 'entregas de dinero' ( art.

1 de la Ley 57/1968) habrán de entenderse, por regla general, las percibidas por el promotor 'a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros' [ arts.1-2 .a y 2. c) de la Ley 57/1968 ], ya sea por ingreso directo del comprador en la entidad de que se trate, ya por transferencia, pues ambas modalidades deben considerarse comprendidas en el concepto 'entrega de dinero o en efectivo', lo que no excluye que en cada caso sea preciso ponderar la capacidad de control de la entidad avalista o aseguradora pues, como bien indicó en este litigio la sentencia de primera instancia, en el caso de los seguros colectivos la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1968 dispone que los contratos de compraventa han de haberse sometido al previo conocimiento de la entidad aseguradora'.

Más recientemente -continúa la STS nº 102/2018 de 28 febrero- la STS Pleno 502/2017, de 14 de septiembre, descartó la responsabilidad de la entidad de crédito recurrente porque al cumplimiento 'de todo lo que le era exigible según la doctrina jurisprudencial' se unía la constancia de que los pagos no se habían realizado ni en la cuenta especial ni en ninguna otra de la promotora en la misma. Se ha insistido en esta línea también en los casos en que se exigía responsabilidad a la entidad de crédito con base en el art. 1.2.a Ley 57/1968, a falta de aval o seguro, siempre desde la idea de que dicha responsabilidad legal impone la constancia de que la entidad conoció o tuvo que conocer la existencia de ingresos a cuenta del precio de venta de viviendas sujetas a dicho régimen. Así, la sentencia 636/2017, de 23 de noviembre declara que la responsabilidad legal del banco derivada del art. 1-2.a de la Ley 571968 no se funda, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, ni en la connivencia entre banco y promotor ni en el conocimiento por el banco del ingreso de anticipos en una o varias cuentas del promotor, sino en el deber de control del banco sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor para exigirle la apertura de la preceptiva cuenta especial, debidamente garantizada, en cuanto advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas.

Y precisamente porque consideró documentalmente probada la existencia de ingresos de los demandantes en una cuenta de la promotora-vendedora por la compra de viviendas en construcción, siguió el criterio de la sentencia 174/2016, de 17 de marzo, de considerar que en esas circunstancias (realidad de los ingresos) no podía descargarse en los compradores 'una responsabilidad de control sobre las cuentas del promotor que, legalmente, corresponde a la entidad de crédito en la que el promotor tenga una o varias cuentas' Por último, debe recordarse que desde la sentencia de Pleno 781/2014, de 16 de enero de 2015, en un caso en que eran distintas la entidad que financió la construcción y la que percibía las cantidades anticipadas en una cuenta de la cooperativa de viviendas, y en el que no se había cumplido la exigencia legal de cuenta especial y de aval, es doctrina reiterada ( sentencias 126/2016, de 9 de marzo, y 468/2016, de 7 de julio) que no cabe exigir responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones legales a la primera, en tanto que no fue quien recibió 'directamente' las cantidades anticipadas por los cooperativistas.

En idéntico sentido cabe citar las SSTS nº 503/2018 de 19 de septiembre, nº 408 y 411/2019 de 9 de julio, y las muy recientes SsTS nº 622/2019 y 623/2019, ambas de 20 de noviembre, nº 644/2019 de 27 de noviembre, nº 645/2019 de 28 de noviembre, nº 147/2020 de 4 de marzo y nº 189/2020 de 19 de mayo. Analicemos algunas de ellas: La STS nº 503/2018 de 19 de septiembre citando de nuevo la sentencia 436/2016, de 29 de junio, descartó de forma rotunda y clara cualquier responsabilidad de la entidad de crédito respecto de la cantidad entregada al promotor sin posibilidad de conocimiento y control por aquella al no haberse ingresado en la cuenta indicada en el contrato, pues la ley solo la responsabiliza de las cantidades que se ingresan o transfieren a una cuenta del promotor en dicha entidad.

En el mismo sentido la más reciente STS nº 408/2019 de 9 de julio ha señalado que interpretando el art.

1-2.ª de la Ley 57/1968, el TS ha fijado y reiterado, en sus sentencias 733/2015, de 21 de diciembre (de pleno), 142/2016, de 9 de marzo, 174/2016, de 17 de marzo, 420/2016, de 24 de junio, 468/2016, de 7 de julio, 459/2017, de 18 de julio, 502/2017, de 14 de septiembre (de Pleno), 636/2017, de 23 de noviembre, 102/2018, de 28 de febrero, y 503/2018, de 19 de septiembre, la siguiente doctrina jurisprudencial: 1º) En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad.

2.ª) La ley solo responsabiliza a las entidades de crédito no avalistas de los anticipos que se ingresen o transfieran a una cuenta del promotor en dicha entidad, de modo que mientras el garante (avalista o asegurador) normalmente responde de todos los anticipos entregados por los compradores al vendedor, en cambio la entidad de crédito no garante solo responde de las cantidades que se entreguen o depositen en ella.

3.ª) Se infringe la referida doctrina jurisprudencial si se responsabiliza a la entidad recurrente de la totalidad de las cantidades anticipadas, incluso de las que no fueron ingresadas por la promotora en la cuenta indicada en el contrato ni en ninguna otra que tuviera abierta en la entidad recurrente, sin que el conocimiento del contrato de compraventa por la entidad recurrente, en el que se la mencionaba como avalista, pueda ampliar su responsabilidad por estar probado que nunca llegó a avalar efectivamente a la promotora-vendedora.

La STS nº 411/2019 de la misma fecha que la anterior, se pronuncia también con la misma rotundidad en cuanto a la responsabilidad de la entidad bancaria exclusivamente respecto de las cantidades ingresadas en alguna cuenta del promotor en la misma señalando al respecto, indicando que la responsabilidad de las entidades de crédito establecida en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 no depende de que los anticipos se ingresen en la cuenta identificada en el contrato de compraventa, sino, como resulta de la doctrina jurisprudencial fijada por esta sala a partir de la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre, de que se ingresen en una cuenta del promotor en la entidad conociendo esta, o debiendo conocer, que los ingresos se corresponden con anticipos de compradores de viviendas protegidos por dicha ley.

En el mismo sentido y recientemente la STS nº 644/2019 de 27 de noviembre de nuevo se refiere a la responsabilidad de la entidad bancaria respecto de las cantidades ingresadas en cualesquiera cuentas del promotor en dicha entidad, y señala al respecto que afirmar que la responsabilidad legal del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 depende de que la entidad sea avalista o financie la promoción no se ajustan a la doctrina jurisprudencial, ya que, como puntualiza la sentencia 503/2018, su responsabilidad como depositaria nace del incumplimiento de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor, no siendo por tanto lo relevante ni la falta de garantía ni el carácter especial o no especial de la cuenta en que se depositen los anticipos, sino si conoció o tuvo que conocer la existencia de esos ingresos a cuenta del precio de venta de viviendas sujetas a dicho régimen, lo que tiene lugar, según declaró la sentencia 636/2017, de 23 de noviembre, 'en cuanto advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas'.

Pero a renglón seguido añade que 'sin embargo, como entonces, sí tiene razón el banco recurrente cuando cuestiona la inferencia de la sentencia recurrida -confirmatoria de lo dicho al respecto en primera instancia- de que conoció, o al menos no podía desconocer, que las cantidades ingresadas en la cuenta abierta en dicho banco a nombre de X S.L. se correspondían con anticipos de los compradores a cuenta del precio de su vivienda. Y añade que según declaró a este respecto la sentencia 503/2018, y reiteró la sentencia 411/2019, al no ser la responsabilidad legal de la entidad de crédito depositaria una responsabilidad a todo trance a modo de garante superpuesto siempre al avalista o asegurador, sino, como establece el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 y declara la jurisprudencia, una responsabilidad derivada del incumplimiento de los deberes que les impone dicha ley' ( sentencia 502/2017, de 14 de septiembre), el TS ha descartado su responsabilidad en casos en que los pagos del comprador al vendedor se hagan al margen del contrato y sin posibilidad alguna de control por parte de la entidad bancaria (por ejemplo, sentencias 420/2016, de 24 de junio, 436/2016, de 29 de junio, y 675/2016, de 16 de noviembre, además de la ya citada102/2018, de 28 de febrero).

Por último citar la reciente STS nº 645/2019 de 28 de noviembre, que de nuevo aborda la cuestión y que extracta la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta en cuanto a la exclusión de la responsabilidad de las entidades bancarias por las cantidades entregadas a cuenta directamente al promotor o en cuentas bancarias de entidades distintas a la demandada, es decir, cuando no se hayan 'ingresado' las cantidades en la cuenta especial de la promotora en la entidad o en cualquier otra cuenta ordinaria de la misma, sentencia que parte de la jurisprudencia de la sala sobre el art. 1.2 de la Ley 57/1968, compilada en la reciente sentencia 408/2019, de 9 de julio y señala que en la interpretación del art. 1.2ª de la Ley 57/1968, el TS ha fijado y reiterado, en sus sentencias 733/2015, de 21 de diciembre (de pleno), 142/2016, de 9 de marzo, 174/2016, de 17 de marzo, 420/2016, de 24 de junio, 468/2016, de 7 de julio, 459/2017, de 18 de julio, 502/2017, de 14 de septiembre (de pleno), 636/2017, de 23 de noviembre, 102/2018, de 28 de febrero, y 503/2018, de 19 de septiembre, la doctrina jurisprudencial en cuya virtud en las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad. No obstante el TS precisa que esta doctrina merece dos puntualizaciones, a las que expresamente se refiere la sentencia 408/2019, de 9 de julio: la primera, que la ley solo responsabiliza a las entidades de crédito no avalistas de los anticipos que se ingresen o transfieran a una cuenta del promotor en dicha entidad, de modo que mientras el garante (avalista o asegurador) normalmente responde de todos los anticipos entregados por los compradores al vendedor, en cambio la entidad de crédito no garante solo responde de las cantidades que se entreguen o depositen en ella; y la segunda, que la responsabilidad de las entidades de crédito establecida en el art. 1- 2.ª de la Ley 57/1968 no depende de que los anticipos se ingresen en la cuenta identificada en el contrato de compraventa, sino, como resulta de la doctrina jurisprudencial fijada por esta sala a partir de la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre, de que se ingresen en una cuenta del promotor en la entidad conociendo esta, o debiendo conocer, que los ingresos se corresponden con anticipos de compradores de viviendas protegidos por dicha ley.

En suma, de la anterior doctrina jurisprudencial se desprende de forma absolutamente clara que las entidades bancarias únicamente responden de las cantidades entregadas a cuenta a que se refiere la Ley 57/1968 que hayan sido 'ingresadas' en cualesquiera cuentas bancarias que la promotora tenga abiertas en dicha entidad, ya se trate de la cuenta especial o de cualesquiera otras cuentas ordinarias; y por el contrario se excluye su responsabilidad respecto de las 'entregas' que no pudo conocer ni supervisar la entidad bancaria al quedar fuera de su control, como sucede con las cantidades entregadas en metálico al promotor y no ingresadas, o bien los ingresos realizados en otra entidad de crédito distinta, esto es, respecto de cantidades que nunca han ingresado en ninguna cuenta de la entidad bancaria demandada.

En este sentido se ha pronunciado también esta Sala en múltiples ocasiones y a propósito precisamente de la misma promoción inmobiliaria, así por ejemplo, en la sentencia nº 520/2019 de 13 de noviembre y en un caso muy similar al presente, señalábamos: 'Como ya se ha indicado, las cantidades que se reclaman en este procedimiento por el Sr. Vicente fueron entregadas al promotor en metálico, no habiendo quedado acreditado en autos que las mismas fueran ingresadas, ni en el momento de su entrega ni en otro posterior, en la cuenta correspondiente al aval de la Ley 57/1968 ni en ninguna de las otras cuentas corrientes ordinarias mantenidas también por la Promotora en Caixabank (...) Así pues, debe descartarse la responsabilidad de la entidad demandada-apelante por las cantidades reclamadas y que fueron entregadas en metálico por el demandante a la Promotora, pues no consta su ingreso en alguna de las cuentas que en Caixabank tenía abiertas la entidad Trampolín Hills Golf Resort S.L.. Y ello porque las cantidades de 6.000 euros entregada en concepto de señal (ex art. 1454 CC ) y de 19.260 euros a la firma del contrato, no pueden ser consideradas como cantidades percibidas por el promotor 'a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros' [ arts.1-2 ª y 2c) de la Ley 57/1968 ], ya sea por ingreso directo del comprador en la entidad de que se trate, ya por transferencia, pues ambas modalidades deben considerarse comprendidas en el concepto 'entrega de dinero o en efectivo'.

En similares términos se pronuncian las sentencias de esta Sala nº 385/2019 de 11 de junio, nº 344/2019 de 17 de junio, nº 598/2018 de 28 de noviembre, nº 541/2018 de 12 de noviembre y nº 473/2018 de 17 de octubre por citar algunas entre las más recientes, todas ellas relativas a la misma promoción.

3.-) Aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al supuesto enjuiciado.- En el presente caso los dos ingreso por importe de 6.000 y 25.030 € aparecen sobradamente acreditados en autos. Así, consta los recibos emitidos por la entidad promotora, así como el certificado emitido por la administración concursal de tal entidad (docs.5 y 6 de la demanda), así como el extracto de la cuenta bancaria de Caixabank en el que se puede observar las transferencias por importe de 6.000 euros el 15 de noviembre de 2007 y por importe de 25.030 euros el 16 de noviembre de 2007.

Debe descartarse que el primero de los ingresos fuera mediante una entrega de efectivo, puesto que lo que excluye nuestra jurisprudencia son aquellas cantidades que no llegan a ingresarse en la cuenta de la entidad promotora y, por ende, quedan fuera del control de la entidad financiera. En el presente caso, los primeros 6.000 euros fueron ingresados en la cuenta de la promotora, por lo que pudieron ser conocidos por la demandada.

Es cierto que el ingreso de 25.030 euros lleva por concepto Miguel -con lo que no cabe duda de su origen-, y que el ingreso de 6000 euros lleva una clave por concepto; pero el certificado del administrador concursal, unido al recibo de la operación, dejan bien claro quién efectuó el ingreso de 15 de noviembre.

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta es evidente la responsabilidad de Caixabank en cuanto que conocía o debía conocer que los adquirentes estaban realizando ingresos anticipados en dicha cuenta en concepto de entregas a cuenta para la adquisición de viviendas en la citada promoción, máxime cuando por la relevancia y entidad de los ingresos esta circunstancia en modo alguno podía pasar desapercibida para la entidad bancaria, que no obstante no ejerció vigilancia o control alguno mientras los compradores iban ingresando sus anticipos en la mencionada cuenta, situación que permitió que se eludiera con facilidad el sistema protector de la Ley 57/68. Por tanto la falta de control es evidente dada la aquiescencia pasiva de la entidad bancaria, con lo que se produjo precisamente lo que la citada Ley pretendía evitar, esto es, ingresos descontrolados en una cuenta que no fue objeto de supervisión, con evidente dejación de sus funciones en orden a supervisar el estricto cumplimiento de la Ley, permitiendo al promotor que operara en dicha cuenta con el consiguiente desorden y el resultado producido en perjuicio de los compradores que entregaron sus ahorros como anticipo del precio al ingresarlos en una cuenta de la demandada de la que era titular la promotora, pues como señalan las STS nº 502/2017, 503/2018 y 411/2019 a la que se remite la reciente STS nº 623/2019, de 20 de noviembre, antes citada, se trata de una responsabilidad derivada directamente del incumplimiento de los deberes que impone a las entidades de crédito la mencionada Ley 57/68.



QUINTO.-Devengo de intereses. Finalmente, en cuanto al devengo de intereses previstos tanto en la Ley 57/1968 como en la Disposición Adicional 1ª de la LOE (Ley 38/1999), el TS ha reiterado que al tratarse de intereses remuneratorios de las cantidades anticipadas su devengo debe producirse desde la entrega a cuenta de dichas cantidades. Como señala la reciente STS nº 355/2019 de 25 de junio: 'Las razones alegadas como fundamento del recurso de casación deben ser estimadas porque ya la sentencia de esta sala 733/2015, de 21 de diciembre , que fijó doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad de las entidades de crédito establecida en el art. 1-2.a de la Ley 57/1968 , casó la sentencia recurrida, que había absuelto totalmente a la entidad de crédito codemandada, y confirmó la sentencia de primera instancia que la había condenado solidariamente con la promotora codemandada a devolver las cantidades anticipadas con sus intereses legales desde cada anticipo.

Por su parte la sentencia 174/2016, de 17 de marzo , adoptó esa misma solución pero ya más explícitamente, al razonar en su fundamento de derecho cuarto: 'Procede, por tanto, estimar íntegramente la demanda para condenar a la entidad de crédito demandada a pagar a los demandantes la cantidad de 107.800 euros, suma total de las cantidades anticipadas e ingresadas en la cuenta del promotor abierta en dicha entidad, incrementada con los intereses legales devengados desde su ingreso, aunque no al tipo del 6% anual establecido en el art. 3 de la Ley 57/1968 , como se pedía con carácter principal, pues esta norma debe entenderse derogada por la d. adicional 1.a c) de la Ley de Ordenación de la Edificación , en su redacción aplicable al caso por razones temporales, anterior por tanto a la derogación de la Ley 57/1968, disposición adicional de la LOE que establece 'los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución'. A su vez la sentencia 469/2016, de 12 de julio , siguió el mismo criterio respecto de la gestora de una cooperativa de viviendas. Se trata, en fin, de una solución coherente con la distinción entre los intereses remuneratorios, naturaleza que tienen aquellos a los que se refieren los arts. 1 y 3 de la Ley 57/1968 , y los moratorios, distinción sobre la que ya razonó la sentencia del pleno de esta sala 540/2013, de 13 de septiembre (FJ 11º, razón 2ª) y que se reitera en las sentencias 420/2017, de 4 de julio , y 636/2017, de 23 de noviembre ; y coherente, también, con la responsabilidad, solidaria con el vendedor, que asume la entidad de crédito por no haber exigido la apertura de cuenta especial debidamente garantizada, sin perjuicio de que algunas sentencias de esta sala no la hayan adoptado por razones de congruencia con lo pedido en la demanda o del aquietamiento del demandante con lo acordado en las instancias'.

Por otro lado también esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre este cuestión, y en este sentido señalábamos recientemente en la sentencia nº 385/2019 de 11 de julio: 'Respecto al pago de los intereses del importe depositado en la entidad demanda, en un caso similar al que nos ocupa, esto es, responsabilidad no por el aval sino relativa a la inexistencia de cuenta especial o ingresos en cuenta del promotor distinta a esa cuenta especial, el Alto Tribunal estima el recurso de casación por interés casacional y condena a los intereses legales desde que se hizo el ingreso en la entidad demandada, y la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de marzo del año 2016 (Recurso nº 2695/2013 ), también en un supuesto similar, fija los intereses desde que se hicieron los ingresos en la entidad demandada y hasta su efectivo pago, desprendiéndose de ello que el día inicial del cómputo de los intereses, si así se pidiere en el Suplico, se fija desde que las cantidades salen de la esfera patrimonial de los ahora apelantes, y ello es concorde con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 57/1968 de 27 de julio (en la actualidad derogada) y con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado c) de la Ley de Ordenación de la Edificación de fecha 5 noviembre del año 1999, donde la devolución contemplada comprende las cantidades entregadas más los intereses legales del dinero vigente hasta el momento en que se haga efectiva la devolución, infiriéndose de ello que lo pretendido por el legislador es que el consumidor quede totalmente indemne, por lo que procede desestimar el presente motivo de apelación'.

Todo ello conlleva la íntegra estimación del recurso y a su vez la estimación total de la demanda formulada por el aludido importe de 31.030 €.



SEXTO.- Costas procesales.- Dada la íntegra estimación del recurso no procede expresa imposición de las costas de esta alzada y en cuanto a las causadas en la instancia, dada la estimación íntegra de la demanda, procede su condena a la parte demandada ( arts. 394 y 398 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación este Sala pronuncia el siguiente

Fallo

1.-) Estimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Miguel Y Dª. Ruth contra la sentencia de fecha 7 de enero de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Valencia en autos de juicio ordinario nº 910/18, que revocamos.

2.-) Estimamos íntegramente la demanda formulada por el indicado apelante contra CAIXABANK S.A.

condenamos a dicha entidad a satisfacer al actor la suma de 31.030 € más los intereses legales desde la fecha de entrega de la citada suma hasta su efectiva devolución, con expresa condena a la demandada de las costas de la instancia.

3.-) No procede efectuar especial imposición de costas causadas en esta alzada.

Dese al depósito constituido para recurrir el destino legal ( DA 15ª LO 1/2009).

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen, para su conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo.

Notifíquese a las partes la anterior resolución haciéndoles saber que la misma no es firme. Y que contra ella podrán formular recurso de casación, por el motivo previsto en el artículo 477. 2 - 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y recurso extraordinario por infracción procesal, a deducir este último únicamente acumulado con el anterior, a interponer en un único escrito, conforme al Acuerdo adoptado por la Sala Primera del Tribunal Supremo reunida en Pleno no Jurisdiccional el 27 de enero de 2017, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, ante esta Sala, para ante el Tribunal Supremo, en el plazo de veinte días desde su notificación. Y, en su caso, de la necesidad de constitución de depósito o de prestación de tasa para recurrir, así como la forma de hacerlos efectivos.

Así por ésta, nuestra Sentencia, que se llevará al Libro de las de su clase y sendos testimonios al Rollo de su razón y al procedimiento de que trae causa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.