Sentencia CIVIL Nº 57/201...io de 2018

Última revisión
17/09/2017

Sentencia CIVIL Nº 57/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 27/2018 de 21 de Junio de 2018

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Orden: Civil

Fecha: 21 de Junio de 2018

Tribunal: TSJ Cataluña

Ponente: ALEGRET BURGUES, MARIA EUGENIA

Nº de sentencia: 57/2018

Núm. Cendoj: 08019310012018100106

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2018:5819

Núm. Roj: STSJ CAT 5819:2018


Encabezamiento

SENTENCIA NÚM. 57

Presidente:

Ilmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombau

Magistrados:

Ilma. Sra. Dª. Mª Eugènia Alegret Burgués

Ilmo. Sr. D. Jordi Seguí Puntas

Barcelona, 21 de junio de 2018

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación núm. 27/2018 contra la sentencia dictada en el 436/2017 Recurso de apelación - Sección Civil 2 Audiencia Provincial Lleida como consecuencia del procedimiento 941/2016 Divorcio contencioso ( art.770 - 773 Lec - Juzgado Primera Instancia 7 Lleida. El Sr. Laureano ha interpuesto recurso de casación, representado por el/la Procurador/a RAQUEL PALOU BERNABE y defendido por el/la Letrado/a JOSE ANTONIO CALLES RAMOS. El/La Sr/a. Sofía , parte recurrida en este procedimiento, ha estado representada por el Procurador Sr. RICARD SIMO PASCUAL y defendido por el/la Letrado/a MONICA SEUMA SANDOVAL. Con la debida intervención del MINISTERIO FISCAL.

Antecedentes

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales Sr/a. Belén Font Gonzalo, actuó en nombre y representación de Sofía formulando demanda de 941/2016 Divorcio contencioso ( art.770 - 773 Lec - Juzgado Primera Instancia 7 Lleida . Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó sentencia con fecha 28 de marzo de 2017 , la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente:

'Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda de Divorcio promovida por la Procuradora de los Tribunales Dª Belén Font Gonzalo, en nombre y representación de la demandante principal y demandada reconvencional Dª Sofía , frente al demandado principal y actor reconvencional D. Laureano , y en consecuencia,

ACUERDO la disolució por divorcio del matrimonio celebrado entre Dª Sofía y D. Laureano con todos los efectos legales inherentes a la misma, y se acuerda:

- Atribución de la guarda y custodia compartida entre ambos progenitores, siendo la patria potetad compartida.

- Las vacaciones serán por mitad entre ambos progenitores:

Navidad: 1er periodo desde fin de clases hasta el 30 de diciembre a las 20 horas, años pares con el padre; 2do periodo desde las 20 horas del 30 de diciembre hasta inicio de clase.

Semana Santa: 1er periodo desde fin de clases hasta el miércoles santo a las 20 horas, años pares con el padre; 2do periodo desde las 20 horas del miércoles santo hasta inicio de clase.

Verano por quincenas, eligiendo el padre los años pares y la madre los impartes, y debiendo avisar con dos meses de antelación al otro progenitor. Se distribuirán los periodos del siguiente modo: 1er periodo desde el último día de clase a 1 de julio, del 16 de julio al 1 de agosto y del 16 de agosto al 1 de septiembre; 2do periodo desde el 1 al 16 de julio, del 1 al 16 de agosto y del 1 de septiembre al inicio de clase. Los cambios se harán a las 10 horas.

- Se establece una pensión de alimentos de 400 euros mensuales a cargo del padre y en favor de la hija y 200 euros a cargo de la madre, pensión que deberá ser satisfecha por meses anticipados dentro de los cinco primeros días de cada mes, y abonada en la cuenta común que se designe al efecto, siendo objeto de revisión anual de conformidad con las variaciones que experimente el Indice de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de estadística u organismo que legalmente le sustituya. Los gastos extraordinarios serán sufragados en un 60% por el padre y en un 40% por la madre.

- Respecto a los gastos de la menor, el padre ingresará en la cuenta que se designe al efecto 400 euros mensuales y la madre 200. Los gastos extraordinarios los gastos médicos no cubiertos por la seguridad social y aquellos otros de devengo no periódico e imprevisible como las actividades extraescolares, campamentos de verano, repasos y nutricionista, previo acuerdo de los progenitores, salvo en caso de urgencia. En caso de que uno de los progenitores decida unilateralmente un gasto extraordinario no urgente, asumirá íntegramente el coste.

No ha lugar a la atribución del vehículo Megane que utiliza la Sra. Sofía en cuanto no hay acuerdo entre las partes en su adjudicación.

Respecto a los 2.500 euros que reclama la Sra. Sofía respecto al depósito que había a su nombre, no ha lugar a la restitución solicitada, sin perjuicio de instar por la parte interesada el procedimiento correspondiente. Y respecto a la cuenta común que manifiesta la Sra. Sofía , no ha quedado acreditado documentalmente el saldo que manifiesta la misma que había en fecha 2012 por lo que no ha lugar a lo solicitado.

- Se acuerda la división de los siguientes bienes en común:

1. Vivienda situada en la CALLE000 nº NUM000 NUM001 NUM002 de la localidad de Lleida, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Lleida, en el tomo NUM003 , libro NUM004 , folio NUM005 , finca nº NUM006 , cuyo uso y disfrute se atribuye a la hija menor y a la madre hasta el momento de su venta.

2. Una doceava parte indivisa de la entidad numero uno, del local situada en la planta sótano del edificio sito calle Corregidor Escofet nº 37 5ª 1ª de la localidad de Lleida, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Lleida, en el tomo 2175, libro 1355, folio 31, finca nº 81.226, que da derecho al uso exclusivo y disfrute de la plaza de aparcamiento nº 7 y cuarto trastero nº 7.

- Se desestima cualquier otro pedimento.

- No procede hacer especial pronunciamiento en costas'.

SEGUNDO.- Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida la cual dictó Sentencia en fecha 13 de diciembre de 2017, con la siguiente parte dispositiva:

'ESTIMEM parcialment el recurs d'apel lacio interposat pel procurador Font contra la Sentència de data 28 de març de 2017 del jutjat de família de Lleida, que REVOQUEM en el sentit d'atribuir a la mare la guarda i custodia de la fill menor Jana, tot fixant a favor del pare un règim de visites consistent en caps de setmana alterns des de divendres a la sortida del col legi i fins a dilluns a l'entrada amb més un dia entre setmana amb pernocta, dia que poden escollir de mutu acord els progenitors, però que a manca d'aquell serà els dimecres des de la sortida del col legi i fins al dijous a l'entrada. Es manté el règim de vacances que estableix la sentència de primera instància.

Pel que fa a l'atribució de l'ús del domicili a favor de la mare i fill es fa amb independència de que es procedeixi a la divisió de la cosa comuna, però en tot cas cal afegir-hi que serà amb el límit temporal màxim en que la menor arribi a tenir independència econòmica.

Es fixa una pensió d'aliments a càrrec del pare per import de 400€ mensuals que haurà d'ingressar dins dels primers cinc dies de cada mes en el compte o llibreta que la mare designi i que s'incrementarà segons l'IPC anual tots els dies 1 de gener. Tanmateix aquella pensió també s'incrementaria automàticament en 150€ mensuales per al cas de que, com a conseqüència de la divisió acordada de l'habitatge, mare i fill haguessin d'abandonar-lo.

S'atribueix així mateix l'ús del Renault Megane a la mare, malgrat es mantingui la seva cotitularitat.

Es ratifica la resta de pronunciaments de primera instància que no hagin estat expressament revocats.

No fem declaració de les costas d'aquesta alçada'

TERCERO.- Contra esta Sentencia, la representación procesal de Laureano interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. Por Auto de fecha 1 de marzo de 2018, este Tribunal se declaró competente y admitió a trámite los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos, dándose traslado a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal para formalizar oposición por escrito en el plazo de veinte días.

CUARTO.- Por providencia de fecha 16 de abril de 2018 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señaló para su votación y fallo que ha tenido lugar el día 4 de junio de 2018.

Ha sido ponente el/la Magistrado/a Doña Mª Eugènia Alegret Burgués.


Fundamentos

PRIMERO.-Antecedentes

El procedimiento que se eleva a esta Sala para resolver el recurso de casación tiene por origen la demanda de divorcio contencioso que presentó la Sra. Sofía contra el Sr. Laureano .

En ella, la Sra. Sofía solicitó, entre otros pronunciamientos, la guarda y custodia de la hija menor, la atribución de la vivienda conyugal y la adjudicación e inscripción en Tráfico de uno de los vehículos de uso de la familia que adujo era copropiedad de ambos y que ella se había adjudicado en el momento de la separación de hecho ocurrida en el año 2012.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, a diferencia de la del Juzgado de primera instancia entendió que la guarda y custodia de la menor debía ser concedida a la madre y en función de dicha guarda dispuso la atribución del uso del domicilio familiar a la madre y a la hija con el límite temporal de la independencia económica de la segunda (FJ 3).

En orden a la adjudicación del vehículo marca Renault Megane, acordó en el FJ 5º que procedíaatribuir su uso a la esposa manteniéndose la cotitularidadpor el hecho de que siempre lo había utilizado ésta y que el marido se había atribuido una motocicleta y otro vehículo BMW.

SEGUNDO.-Planteamiento del recurso de casación

Frente a la Sentencia de la Audiencia se alza la defensa del Sr. Laureano que presenta recurso de casación por interés casacional que desarrolla en dos motivos.

Se refieren: el primero de ellos, al pronunciamiento de la Sentencia relativo a la extensión temporal del derecho de uso del domicilio familiar al momento en que la hija adquiera independencia económica, y el segundo, en orden a la atribución del uso de un vehículo que entiende no procede realizar en el procedimiento de familia cuando no hay acuerdo de las partes sobre ese extremo.

Denuncia como infringidos, en el primer motivo, el art. 233-20.2 y el art. 233-24.1 del libro II del CCCat así como la doctrina del TSJCat expuesta en las Sentencias 42/2017 de 9 de octubre y 7/2017 de 16 de febrero.

En el segundo se alega que no existe doctrina del TSJCat sobre la posibilidad de atribuir el uso de vehículos en el procedimiento de familia, denunciando la infracción de los arts. 233-4.2 y 232-12.2 que regulan las medidas definitivas que pueden adoptarse en el seno de los procedimientos de familia, aduciendo que al efecto existen sentencias contradictorias de las Audiencias provinciales.

La parte recurrida se opone a la admisión del primer motivo del recurso por cuanto, a su criterio, las sentencias que cita el recurrente no resuelven casos similares al presente.

La Sala advirtió el interés casacional en ambos motivos del recurso, de lo que se infiere queprima facieapreció que el interés casacional se hallaba convenientemente descrito por lo que procederá a su análisis ya que lo que en realidad plantea la parte recurrida son motivos de oposición en cuanto al fondo.

Resolución del recurso de casación

TERCERO.-Primer motivo del recurso. Atribución del uso del domicilio familiar por razón de la minoría de edad de los hijos: duración hasta la mayoría de edad

Aduce el recurrente que la decisión de la Audiencia al atribuir el uso del domicilio conyugal a la esposa y a la hija en función de la minoría de edad de esta pero extendiendo ese uso a la obtención de su independencia económica, vulnera el art. 233-20.2 en relación con el art. 233-24.1 y se opone, además, a la doctrina establecida en las SSTSJCat antes citadas.

Disponen dichos artículos que si no existe acuerdo entre las partes o si éste no es aprobado, la autoridad judicial debe atribuir el uso de la vivienda familiar, preferentemente, al progenitor a quien corresponda la guarda de los hijos comunesmientras dure estay que el derecho se extingue si se atribuyó por razón de la guarda de los hijos,por la finalización de la guarda.

La parte recurrida estima, por su parte, que no existe analogía entre el caso resuelto en las Sentencias de contraste que se citan en el recurso y el presente.

Al efecto, cabe recordar que cuando se trata de un interés casacional por oposición a jurisprudencia de este Tribunal se requiere la mención de dos sentencias (no de Autos) razonándose cómo, cuándo y en qué sentido ha sido vulnerada la doctrina de cada una de ellas, siendo rechazable cuando no se entra en contradicción con la jurisprudencia o doctrina del TSJCat si no se contempla una relación histórica análoga o similar a la que aplicar las mismas o similares normas.

Por tanto, será necesario recoger el contenido de las sentencias, con expresión de la específica materia en que se suscita la contraposición jurisprudencial y de qué modo se produce. Requiere, por ello, motivar sobre la identidad sustancial de supuestos entre la sentencia recurrida y las que se invocan como contradictorias; siendo de añadir que esta exigencia comporta que se trate de supuestos fácticos homologables, porque en todos los casos, laratio decidendide las sentencias citadas haga especial contemplación de uno o más aspectos de tales supuestos para la aplicación o para la inaplicación del precepto citado como infringido, de modo que, por un lado, sea posible elevar dichos aspectos a categoría jurídica a fin de justificar la revisión nomofiláctica que la casación implica, y, por otro, que, más allá de lo contradictorio de las interpretaciones patrocinadas en cada caso, puedan considerarse aquéllos intercambiables entre las sentencias comparadas, sin que por ello se produzca ninguna alteración de la coherencia de sus respectivos razonamientos jurídicos.

Pues bien, es obvia la vulneración de los preceptos legales que se dicen conculcados y también la de la doctrina legal que los ha ido aplicando, en tanto que la normativa resulta clara en su formulación y también en el espíritu de la nueva regulación del libro II del CCCat.

Ciertamente la sentencia de 9 de octubre de 2017 recae en un procedimiento de modificación de efectos de sentencia.

En él pretendía el demandante la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar propiedad común de los litigantes, concedido en su día a la madre en función de la guarda del hijo menor por haber alcanzado el hijo la mayoría de edad y ello con fundamento en el artículo 233-24.1 del CCCat .

Por su parte la demandada en aquel procedimiento adujo, por un lado, que el hijo no tenía todavía independencia económica y de otro, que su interés era ahora el más necesitado de protección por lo que el uso del domicilio familiar no podía extinguirse.

La Audiencia rechazó estas alegaciones acordando la extinción del derecho de uso del domicilio familiar declarando que: a) que la mayoría de edad del hijo común obligaba a declarar la extinción del derecho de uso de la vivienda que había sido conyugal, solicitado por la parte actora y b) que no apreciaba que el interés de la demandada fuese el más necesitado de protección al contar con un trabajo estable y con la propiedad de la mitad de la vivienda familiar que ambas partes podían liquidar destinando el dinero a procurarse un nuevo hogar. Ello no obstante concedió el uso exclusivo a la madre por el plazo de un año que estimaba suficiente para facilitar los trámites liquidatarios.

En consecuencia en dicho procedimiento el hijo había alcanzado la mayoría de edad y no obstante ello, la madre había interesado que se mantuviese dicho uso por no contar aquel con independencia económica y por ser su interés el más necesitado de protección.

Interpuesto recurso de casación la Sala rechazó el recurso confirmando el criterio de la Audiencia Provincial.

Dijo la Sala al respecto que en el caso de que se hubiese atribuido la vivienda en función de la guarda de los hijos menores, el art. 233-24.1 del CCCat dispone que es causa de extinción del uso, la finalización de la guarda, que se produce cuando se alcanza la mayoría de edad.

Y añadió que:no resulta pues trascendente que los mayores de edad no cuenten con independencia económica, sin perjuicio de que en el caso de que todavía precisen alimentos deba tenerse en cuenta para fijar la cuantía de estos, las necesidades de habitación. En suma, no es preciso en estos casos que la habitación se preste in natura, con una vivienda determinada, que impida desvincular la propiedad de la misma de la crisis familiar.

Y en cuanto a la petición de atribución de la vivienda alcanzada la mayoría de edad de los hijos, a uno de los cónyuges por razón de la mayor necesidad, estableció que:la prolongación de la solidaridad conyugal siempre es temporal y atiende a la especial necesidad de vivienda que puede encontrarse uno de los cónyuges cuando no existen hijos o estos son ya mayores (art. 233-20.3 b). Para su determinación deberán ser analizadas las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta, las particularidades personales de quien reclama la vivienda (edad, estado de salud), ingresos, estabilidad laboral y patrimonio.

De lo anterior resulta que si bien aquel procedimiento se instó cuando el hijo ya había alcanzado la mayoría de edad, en el se discutieron dos cuestiones: a) si la falta de independencia económica del hijo podía hacer que el uso del domicilio se prorrogase y b) si, negado lo anterior, debía concederse el uso al otro cónyuge en función de su mayor necesidad.

En el caso presente el procedimiento se ha planteado cuando la hija de los litigantes es todavía menor y el uso de la vivienda familiar no se ha concedido en función de la mayor necesidad de la madre, ni actual ni previsible -lo que es factible a tenor del art. 233-20.3 letra c)- ya que nada de eso se analiza en el FJ 3º de la Sentencia, sino única y exclusivamente en función de la minoría de edad de la hija.

En este caso es aplicable el art. 233-20.2 del CCCat y tambien la doctrina establecida en la sentencia antes mencionada, dada la identidad existente entre la norma citada y el art. 233-24.1 aplicado en dicha resolución, en el sentido de que la atribución del uso por razón de la minoría de edad de los hijos, debe cesar cuando termina la guarda, que coincide con la mayoría de edad de los hijos, prescindiendo de si estos han alcanzado o no la independencia económica.

Se trata pues de supuestos homologables.

Como dice la STS, Sala 1ª nº 183/2017 de 14 de marzo o 43/2017 de 23 de enero , interpretando el art. 96 del CC , de contenido similar al art 233-20.2 y 3 del CCCat :'La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso,..deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas».

Cuanto más en la regulación catalana que, como pusimos de relieve en la STSJCat de 5-10-2015,parte de una mayor flexibilización en orden a la atribución del uso de la vivienda familiar en el entendido que después del cese de la convivencia marital los inmuebles deben volver al régimen jurídico ordinario que liga el goce con la titularidad del bien.

Ello salvo que intereses superiores exijan otra solución como sería el caso de la existencia de hijos menores de edad, o bien cuando sea necesaria la prolongación temporal de la solidaridad conyugal cuando uno de los cónyuges estuviese necesitado de especial protección.

La regulación catalana admite incluso el supuesto de que las necesidades de vivienda puedan satisfacerse de otro modo que no sea enlazando la propiedad privativa de uno de los cónyuges a esa finalidad con el fin de que los vínculos económicos que se habían creado durante el matrimonio no perduren más que lo estrictamente indispensable.

Estas ideas laten también en la STSJCat de 14 de abril de 2016 y en la sentencia de 16 de febrero de 2017 que se cita en el recurso en la cual la Sala de casación en un procedimiento de divorcio confirma la sentencia de apelación en la cual se adjudica el uso de la vivienda familiar a la madre en función de la guarda de los hijos menoresmientras dure estatal y como dispone con claridad el art. 233-20.2 expresando dicha Sentencia que la regla general, en el caso de que no exista acuerdo entre los cónyuges, es que la atribución del uso de la vivienda familiar se haga a aquel a quien se otorgue la guarda de los menores'mientras dure esta'aunque la legislación catalana permita incluso- art. 233- 21.1 a ) y b) CCCat - no atribuir la vivienda conyugal a ninguna de las partes si el progenitor que tiene la guarda cuenta con medios económicos suficientes para satisfacer sus necesidades de vivienda y las de los hijos en otra forma, o bien quien ha de ceder el uso de la vivienda tiene capacidad económica bastante para satisfacer en forma de pensión alimenticia las necesidades habitacionales de los hijos, circunstancias que no se han planteado en el presente caso.

De otro lado, la misma doctrina elaboramos en aplicación del art. 83 del Código de familia de similar redacción en este punto.

Así puede comprobarse de la lectura de la STSJCat nº 17 de 22 de abril de 2010 y de las sentencias que en ellas se citan de 22-9-2003 , 29-3-2004 y 22-6-2006 en las que dijimos que: 'Quan a la interpretació de l' art. 83.2 del Codi de Família , tal sentència afegia que'una interpretació estrictament literal de l'indicat precepte semblaria conduir a una única i inequívoca conclusió : la voluntat del legislador d'establir sempre i en tot cas un termini en l'atribució de l'habitatge familiar, tant si hi ha fills menors d'edat com si no. Per al primer supòsit (a on s'assenyala la preferència d'atribució en favor del cònjuge encarregat de la guarda dels menors), la duració vindrà marcada, amb caràcter general, per l'edat d'aquests, ja que la cessació de la guarda comportarà també la de l'ús de l'habitatge.'.

De este modo, no puede atenderse a las alegaciones de la parte recurrida al oponerse al recurso y por las que se pretende, en base a lo dispuesto en el art. 233-20.3 letra c), que se examinen ahora sus circunstancias económicas para atribuir a la madre el uso de la vivienda en función de su previsible mayor necesidad, cosa que la sentencia no ha examinado ni acordado, no siendo esa tampoco una decisión que deba disponerse de oficio, visto el contenido del art. 233-4.2 del CCCat , en tanto no afecta a superiores intereses de orden público.

Consecuencia de lo hasta ahora razonado es la estimación del primer motivo del recurso de casación, lo que obliga a anular la sentencia disponiendo que el uso de la vivienda conyugal a la madre, por razón de la minoría de edad de la hija, se mantendría mientras dure la guarda.

CUARTO.-Segundo motivo del recurso. Atribución del uso de un vehículo en el procedimiento de familia. Improcedencia.

En el motivo segundo del recurso de casación se dice vulnerado el artículo 233-4.2 del CCCat a cuyo tenor:Si alguno de los cónyuges lo solicita, la autoridad judicial debe adoptar las medidas pertinentes respecto al uso de la vivienda familiar y su ajuar, la prestación compensatoria, la compensación económica por razón del trabajo si el régimen económico es el de separación de bienes, la liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes comunes o en comunidad ordinaria indivisa.

Y también el art. 232-12.2 que dice: Siexisten varios bienes en comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicita, la autoridad judicial puede considerarlos en conjunto a efectos de formar lotes y adjudicarlos.

Se aduce en el recurso que no existe jurisprudencia de la Sala sobre la posibilidad de atribución en el proceso de familia del uso de un vehículo y que existen Sentencias de los Tribunales inferiores que resuelven la cuestión de diferentes formas.

Sin perjuicio que el art. 3 de la llei 4/2012 de 5 de marzo , del recurso de casación en materia de derecho civil de Cataluña, no contemple como cauce adecuado para la apertura de la casación la contradicción jurídica en una determinada materia en las sentencias de las Audiencias provinciales y que las sentencias que se invocan en el recurso no resuelven, tampoco, un caso por completo igual al presente, lo cierto es que no existe doctrina legal en relación con este punto tras la promulgación del libro II, si bien tangencialmente la STSJCat 11/2010 de 11 de marzo se pronunció en referencia al Código de Familia en el sentido de que las acciones reivindicatorias no cabían en sede de procedimientos matrimoniales.

En el supuesto planteado, la defensa de la parte actora, dentro del apartado VI de la demanda, denominado 'disolución del régimen económico' -antes se había afirmado que era el de separación de bienes- expuso que en el momento de la separación de hecho, ocurrida en el año 2012 (la demanda se presenta en el año 2016),el núcleo familiar disponía de tres vehículos, de los que el Sr. Laureano se adjudicó para sí una motocicleta de alta cilindrada y un BMW (a su nombre en Jefatura de tráfico).Y que surepresentada se adjudicó el vehículo Renault Megane, matrícula ....-RWQ , del que los dos son cotitulares, y cuya adjudicación y atribución a nombre de Sofía se solicita, que inscribirá a su nombre en dicha Jefatura de tráfico con exención del impuesto de transmisiones patrimoniales por razón del divorcio (sic).

El demandado al contestar a la demanda se opuso a lo solicitado, manifestando que este no era el procedimiento adecuado, remitiéndose auna pieza separada de liquidación del régimen matrimonial.La sentencia de primera instancia consideró que no existiendo acuerdo sobre la adjudicación no había lugar a acordar lo interesado por la parte actora.

Recurrió este extremo la defensa de la Sra. Sofía , alegando lo injusto del no pronunciamiento en la medida en que era ella quien venía usando el vehículo Renault mientras los otros dos los utilizaba el esposo.

La sentencia de la Audiencia al resolver el recurso en relación con esta cuestión literalmente dice: 'Pel que fa al Renault Megane, essent que aquell ha estat sempre el vehicle que ha emprat l'esposa (de fet està en la seva possessió des de la separació de fet a l'any 2012) i que ell s'ha atribuït la motocicleta i el BMW, escau atribuir el seu ús a l'esposa malgrat mantenir-ne la cotitularitat'.

El recurso se estima.

Ni la actora -que parece reclamaba en su demanda la ejecución de un acuerdo extrajudicial sobre la distribución de la propiedad de los vehículos de la familia- ni la sentencia del Juzgado, ni finalmente la de la Audiencia, que se limita a otorgar el uso del vehículo, fundan en derecho sus peticiones y resoluciones.

De conformidad con el art. 232.1 del CCCat , en el régimen de separación de bienes cada cónyuge tiene la propiedad, el goce, la administración y la libre disposición de todos sus bienes, con los límites establecidos por la ley.

En el procedimiento de nulidad, separación o divorcio del matrimonio, el art 232-12.1 del CCCat permite acumular dichas acciones a la acción de división de la cosa o las cosas que el matrimonio tuviese en comunidad ordinaria indivisa.

Si se ejercitan estas acciones, en la fase declarativa del procedimiento puede discutirse tratándose de bienes comunes, si procede la división, acordándose en su caso esta al dictarse la sentencia. En ejecución de sentencia se materializará la división acordada.

Cuando existan varios bienes en comunidad ordinaria indivisa, a petición de cualquiera de las partes, el Juez está facultado si lo considera oportuno para liquidar los bienes considerándolos en conjunto, mediante la formación de lotes y su adjudicación a las partes, remitiéndose entonces al procedimiento establecido en el art. 806 de la Lec 1/2000 . Así se desprende del contenido del artículo 232-12. 2 en relación con la Disposición Adicional Tercera punto 2 del libro II del CCCat .

En relación con la atribución del uso de bienes diferentes al domicilio conyugal y ajuar doméstico, el art. 233-4.1 y 2 del CCCat nada contempla entre las medidas definitivas a acordar, de oficio o a instancia de parte, a diferencia del art. 233-1 g) que, en sede de medidas provisionales, establece que el juez puede decidir sobre la tenencia y administración de bienes en comunidad ordinaria.

Se trata esta de una administración provisional de las cosas comunes, también prevista en el art. 552-7.4 CCCat , que recaerá normalmente respecto de los bienes sobre los que se pida la división puesto que, como hemos visto, no hay continuidad en medidas definitivas en el art. 233-4 y lo mismo se infiere del contenido del art. 774.4 Lec 1/2000 .

Sí cabe -como hemos afirmado- que en el propio procedimiento se solicite la división de los bienes comunes y, en consecuencia, como culminación de esa acción que los bienes comunes dejen de serlo y pasen a la propiedad exclusiva de uno u otro de los cónyuges o bien de terceros, y con la propiedad, la posesión también exclusiva a ella inherente.

Pues bien, ello expuesto, en el caso de autos, la Sra. Sofía no ejercitó respecto del vehículo Renault Megane ni respecto de los otros pertenecientes alnúcleo familiar,según dijo, ninguna acción de división. La parte demandada se opuso a la adjudicación directa pretendida, y en el escrito oponiéndose al recurso, dicha parte incurre en continuas contradicciones sobre el carácter privativo o común del vehículo en cuestión.

En estas condiciones, parece claro que en el presente procedimiento no procedía adjudicar el uso, que deberá seguir las reglas establecidas en el art. 232-1 o bien las de la comunidad ex art 552-6, ambos del CCCat .

En consecuencia, debe formularse la siguiente doctrina: en los procedimientos matrimoniales, a falta de acuerdo entre los cónyuges, no puede atribuirse en sede de medidas definitivas el uso bienes diferentes de los establecidos en el art. 233-20 del CCCat sin perjuicio de la posibilidad de acumular la acción de liquidación del régimen económico matrimonial y la acción de división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa.

QUINTO.-Costas y devolución del depósito

No procede imponer las costas del recurso de casación atendida su estimación ( Art. 394 y 398 de la Lec ) con devolución del depósito constituido ( Disposición adicional 15ª LOPJ )

Fallo

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, DECIDE:

ESTIMARel recurso de casación formulado por Laureano contra la Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2017 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, en el rollo de apelación núm. 436/17 y,CASAR EN PARTEla misma, en consecuencia, en el pronunciamiento relativo a la atribución a la madre e hija del uso del domicilio conyugal se suprime el inciso con el límite temporal máximo en que la menor llegue a tener independencia económica que será sustituido por la atribución mientras dure la guarda de la menor.

Se deja sin efecto el pronunciamiento referido al uso del vehículo Renault Megane.

No se imponen las costas del recurso de casación.

Se acuerda la devolución del depósito constituido.

Notifíquese la presente a las partes litigantes y con su testimonio remítase el Rollo y las actuaciones a la Sección indicada de la Audiencia.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Esta Sentencia se ha firmado y publicado el mismo día de la fecha por los Magistrados de esta Sala que la han dictado. Doy fe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Sala Civil i Penal

Recurs de cassació núm. 27/2018

SENTÈNCIA NÚM. 57

President:

Il lm. Sr. José Francisco Valls Gombau

Magistrats:

Il lma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués

Il lm. Sr. Jordi Seguí Puntas

Barcelona, 21 de juny de 2018

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, integrada pels magistrats que s'indiquen més amunt, ha vist el recurs de cassació núm. 27/2018 contra la Sentència dictada en el 436/2017 recurs d'apel lació - Secció Civil 2a Audiència Provincial de Lleida arran del procediment 941/2016 divorci contenciós ( art. 770 - 773 LEC -Jutjat de Primera Instància 7 de Lleida. El Sr. Laureano hi ha interposat un recurs de cassació, representat per la procuradora Sra. RAQUEL PALOU BERNABE i defensat pel lletrat Sr. JOSE ANTONIO CALLES RAMOS. La Sra. Sofía , part contra la qual es recorre en aquest procediment, ha estat representada pel procurador Sr. RICARD SIMO PASCUAL i defensat per la lletrada Sra. MONICA SEUMA SANDOVAL, amb la deguda intervenció del MINISTERI FISCAL.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. La procuradora dels tribunals Sra. Belén Font Gonzalo va actuar en representació de la Sra. Sofía per formular la demanda 941/2016 de divorci contenciós ( art. 770 - 773 LEC - Jutjat de Primera Instància 7 de Lleida). Seguida la tramitació legal, el Jutjat indicat va dictar sentència amb data 28 de març de 2017 , la part dispositiva de la qual diu el següent:

'Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda de Divorcio promovida por la Procuradora de los Tribunales Dª Belén Font Gonzalo, en nombre y representación de la demandante principal y demandada reconvencional Dª Sofía , frente al demandado principal y actor reconvencional D. Laureano , y en consecuencia,

ACUERDO la disolució por divorcio del matrimonio celebrado entre Dª Sofía y D. Laureano con todos los efectos legales inherentes a la misma, y se acuerda:

- Atribución de la guarda y custodia compartida entre ambos progenitores, siendo la patria potetad compartida.

- Las vacaciones serán por mitad entre ambos progenitores:

Navidad: 1er periodo desde fin de clases hasta el 30 de diciembre a las 20 horas, años pares con el padre; 2do periodo desde las 20 horas del 30 de diciembre hasta inicio de clase.

Semana Santa: 1er periodo desde fin de clases hasta el miércoles santo a las 20 horas, años pares con el padre; 2do periodo desde las 20 horas del miércoles santo hasta inicio de clase.

Verano por quincenas, eligiendo el padre los años pares y la madre los impartes, y debiendo avisar con dos meses de antelación al otro progenitor. Se distribuirán los periodos del siguiente modo: 1er periodo desde el último día de clase a 1 de julio, del 16 de julio al 1 de agosto y del 16 de agosto al 1 de septiembre; 2do periodo desde el 1 al 16 de julio, del 1 al 16 de agosto y del 1 de septiembre al inicio de clase. Los cambios se harán a las 10 horas.

- Se establece una pensión de alimentos de 400 euros mensuales a cargo del padre y en favor de la hija y 200 euros a cargo de la madre, pensión que deberá ser satisfecha por meses anticipados dentro de los cinco primeros días de cada mes, y abonada en la cuenta común que se designe al efecto, siendo objeto de revisión anual de conformidad con las variaciones que experimente el Indice de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de estadística u organismo que legalmente le sustituya. Los gastos extraordinarios serán sufragados en un 60% por el padre y en un 40% por la madre.

- Respecto a los gastos de la menor, el padre ingresará en la cuenta que se designe al efecto 400 euros mensuales y la madre 200. Los gastos extraordinarios los gastos médicos no cubiertos por la seguridad social y aquellos otros de devengo no periódico e imprevisible como las actividades extraescolares, campamentos de verano, repasos y nutricionista, previo acuerdo de los progenitores, salvo en caso de urgencia. En caso de que uno de los progenitores decida unilateralmente un gasto extraordinario no urgente, asumirá íntegramente el coste.

No ha lugar a la atribución del vehículo Megane que utiliza la Sra. Sofía en cuanto no hay acuerdo entre las partes en su adjudicación.

Respecto a los 2.500 euros que reclama la Sra. Sofía respecto al depósito que había a su nombre, no ha lugar a la restitución solicitada, sin perjuicio de instar por la parte interesada el procedimiento correspondiente. Y respecto a la cuenta común que manifiesta la Sra. Sofía , no ha quedado acreditado documentalmente el saldo que manifiesta la misma que había en fecha 2012 por lo que no ha lugar a lo solicitado.

- Se acuerda la división de los siguientes bienes en común:

1. Vivienda situada en la CALLE000 nº NUM000 NUM001 NUM002 de la localidad de Lleida, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Lleida, en el tomo NUM003 , libro NUM004 , folio NUM005 , finca nº NUM006 , cuyo uso y disfrute se atribuye a la hija menor y a la madre hasta el momento de su venta.

2. Una doceava parte indivisa de la entidad numero uno, del local situada en la planta sótano del edificio sito calle Corregidor Escofet nº 37 5ª 1ª de la localidad de Lleida, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Lleida, en el tomo 2175, libro 1355, folio 31, finca nº 81.226, que da derecho al uso exclusivo y disfrute de la plaza de aparcamiento nº 7 y cuarto trastero nº 7.

- Se desestima cualquier otro pedimento.

- No procede hacer especial pronunciamiento en costas'.

SEGON. Contra aquesta Sentència, la part actora va interposar-hi un recurs d'apel lació, que es va admetre i es va substanciar a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Lleida, la qual va dictar Sentència en data 13 de desembre de 2017, amb la següent part dispositiva:

'ESTIMEM parcialment el recurs d'apel lacio interposat pel procurador Font contra la Sentència de data 28 de març de 2017 del jutjat de família de Lleida, que REVOQUEM en el sentit d'atribuir a la mare la guarda i custodia de la fill menor Jana, tot fixant a favor del pare un règim de visites consistent en caps de setmana alterns des de divendres a la sortida del col legi i fins a dilluns a l'entrada amb més un dia entre setmana amb pernocta, dia que poden escollir de mutu acord els progenitors, però que a manca d'aquell serà els dimecres des de la sortida del col legi i fins al dijous a l'entrada. Es manté el règim de vacances que estableix la sentència de primera instància.

Pel que fa a l'atribució de l'ús del domicili a favor de la mare i fill es fa amb independència de que es procedeixi a la divisió de la cosa comuna, però en tot cas cal afegir-hi que serà amb el límit temporal màxim en que la menor arribi a tenir independència econòmica.

Es fixa una pensió d'aliments a càrrec del pare per import de 400€ mensuals que haurà d'ingressar dins dels primers cinc dies de cada mes en el compte o llibreta que la mare designi i que s'incrementarà segons l'IPC anual tots els dies 1 de gener. Tanmateix aquella pensió també s'incrementaria automàticament en 150€ mensuales per al cas de que, com a conseqüència de la divisió acordada de l'habitatge, mare i fill haguessin d'abandonar-lo.

S'atribueix així mateix l'ús del Renault Megane a la mare, malgrat es mantingui la seva cotitularitat.

Es ratifica la resta de pronunciaments de primera instància que no hagin estat expressament revocats.

No fem declaració de les costas d'aquesta alçada.'

TERCER. Contra aquesta Sentència, la representació processal del Sr. Laureano va interposar-hi un recurs de cassació i extraordinari per infracció processal. Per mitjà de la interlocutòria de data 1 de març de 2018, aquest Tribunal es va declarar competent i va admetre a tràmit els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal interposats, que es van traslladar a la part objecte del recurs i al Ministeri Fiscal per formalitzar oposició per escrit en el termini de vint dies.

QUART. Per mitjà de la provisió de data 16 d'abril de 2018 es va tenir per formulada oposició al recurs de cassació i, de conformitat amb l' art. 485 de la Llei d'enjudiciament civil, es va adiar la votació i decisió, que ha tingut lloc el 4 de juny de 2018.

Ha estat ponent la magistrada Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués.

FONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.Antecedents

El procediment que s'eleva a aquesta Sala per resoldre el recurs de cassació té per origen la demanda de divorci contenciós que va presentar la Sra. Sofía contra el Sr. Laureano .

La Sra. Sofía hi va sol licitar, entre altres pronunciaments, la guarda i custòdia de la filla menor, l'atribució de l'habitatge conjugal i l'adjudicació i inscripció a Trànsit d'un dels vehicles d'ús de la família que va adduir que era copropietat d'ambdós i que ella s'havia adjudicat en el moment de la separació de fet esdevinguda l'any 2012.

La Sentència de l'Audiència Provincial de Lleida, a diferència de la del Jutjat de Primera Instància, va entendre que la guarda i custòdia de la menor havia de ser concedida a la mare, i en funció d'aquesta guarda va disposar l'atribució de l'ús del domicili familiar a la mare i a la filla amb el límit temporal de la independència econòmica de la segona (FJ 3).

Pel que fa a l'adjudicació del vehicle marca Renault Megane, va acordar en el FJ 5è que esqueiaatribuir-ne l'ús a la muller mantenint-se'n la cotitularitatpel fet que sempre l'havia utilitzat aquesta i que el marit s'havia atribuït una motocicleta i un altre vehicle BMW.

SEGON.Plantejament del recurs de cassació

La defensa del Sr. Laureano s'alça contra la Sentència de l'Audiència, que hi interposa un recurs de cassació per interès cassacional que desenvolupa en dos motius.

Es refereixen: el primer, al pronunciament de la Sentència relatiu a l'extensió temporal del dret d'ús del domicili familiar en un moment en què la filla adquireixi independència econòmica, i el segon, pel que fa a l'atribució de l'ús d'un vehicle que entén que no escau fer en el procediment de família quan no hi ha acord de les parts sobre aquest aspecte.

Denuncia com a infringits, en el primer motiu, l' art. 233-20.2 i l ' art. 233-24.1 del llibre II del CCCat , així com la doctrina del TSJCat exposada en les sentències 42/2017, de 9 d'octubre i 7/2017, de 16 de febrer.

En el segon s'al lega que no existeix doctrina del TSJCat sobre la possibilitat d'atribuir l'ús de vehicles en el procediment de família, i denuncia la infracció dels articles 233-4.2 i 232- 12.2 que regulen les mesures definitives que poden adoptar-se al si dels procediments de família, i addueix que a aquest efecte existeixen sentències contradictòries de les audiències provincials.

La part objecte del recurs s'oposa a l'admissió del primer motiu del recurs ja que, segons el seu parer, les sentències que cita el recurrent no resolen casos similars al present.

La Sala va advertir l'interès cassacional en ambdós motius del recurs, i per tant se n'infereix queprima facieva apreciar que l'interès cassacional es trobava convenientment descrit, per la qual cosa en farà l'anàlisi, ja que el que en realitat planteja la part objecte del recurs són motius d'oposició pel que fa al fons.

Resolució del recurs de cassació

TERCER.Primer motiu del recurs. Atribució de l'ús del domicili familiar per raó de la minoria d'edat dels fills: durada fins a la majoria d'edat

El recurrent addueix que la decisió de l'Audiència en atribuir l'ús del domicili conjugal a la muller i a la filla en funció de la minoria d'edat d'aquesta però estenent aquest ús a l'obtenció de la seva independència econòmica vulnera l'art. 233-20.2 en relació amb l'art. 233-24.1 i s'oposa, a més, a la doctrina establerta en les STSJCat abans esmentades.

Aquests articles disposen que si no existeix acord entre les parts o si aquest no és aprovat, l'autoritat judicial ha d'atribuir l'ús de l'habitatge familiar, preferentment, al progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comunsmentre duri aquesta, i que el dret s'extingeix si es va atribuir per raó de la guarda dels fills,per la finalització de la guarda.

La part objecte del recurs estima, per la seva banda, que no existeix analogia entre el cas resolt en les sentències de contrast que se citen en el recurs i el present.

A aquest efecte, cal recordar que quan es tracta d'un interès cassacional per oposició a jurisprudència d'aquest Tribunal es requereix l'esment de dues sentències (no d'interlocutòries) en què es raoni com, quan i en quin sentit ha estat vulnerada la doctrina de cadascuna, i és rebutjable quan no s'entra en contradicció amb la jurisprudència o doctrina del TSJCat si no es té en compte una relació històrica anàloga o similar a la qual aplicar les mateixes normes o similars.

Per tant, és necessari recollir el contingut de les sentències, amb expressió de l'específica matèria en què se suscita la contraposició jurisprudencial i de quina manera es produeix. Requereix, per això, motivar sobre la identitat substancial de supòsits entre la sentència impugnada i les que s'invoquen com a contradictòries; cal afegir-hi que aquesta exigència comporta que es tracti de supòsits fàctics homologables, perquè en tots els casos laratio decidendide les sentències citades faci especial contemplació d'un aspecte o més de tals supòsits per a l'aplicació o per a la inaplicació del precepte citat com a infringit, de manera que, d'una banda, sigui possible elevar aquests aspectes a categoria jurídica per tal de justificar la revisió nomofilàctica que la cassació implica, i, d'una altra, que, més enllà del que és contradictori de les interpretacions patrocinades en cada cas, puguin considerar- se aquells intercanviables entre les sentències comparades, sense que per això es produeixi cap alteració de la coherència dels raonaments jurídics respectius.

Doncs bé, és òbvia la vulneració dels preceptes legals que es diuen conculcats i també la de la doctrina legal que els ha anat aplicant, mentre que la normativa resulta clara en la seva formulació i també en l'esperit de la nova regulació del llibre II del CCCat.

Certament, la Sentència de 9 d'octubre de 2017 recau en un procediment de modificació d'efectes de sentència.

En aquest el demandant pretenia l'extinció del dret d'ús de l'habitatge familiar propietat comuna dels litigants, concedit al seu dia a la mare en funció de la guarda del fill menor pel fet que aquest havia arribat a la majoria d'edat, i això amb fonament en l' article 233-24.1 del CCCat .

Per la seva banda, la demandada en aquell procediment va adduir, d'una banda, que el fill no tenia encara independència econòmica i, d'una altra, que el seu interès era ara el més necessitat de protecció, per la qual cosa l'ús del domicili familiar no podia extingir-se.

L'Audiència va rebutjar aquestes al legacions. Va acordar l'extinció del dret d'ús del domicili familiar i va declarar que:a) que la majoria d'edat del fill comú obligava a declarar l'extinció del dret d'ús de l'habitatge que havia estat conjugal, sol licitat per la part actora i b) que no apreciava que l'interès de la demandada fos el més necessitat de protecció en comptar amb una feina estable i amb la propietat de la meitat de l'habitatge familiar que ambdues parts podien liquidar destinant els diners a procurar-se una nova llar. No obstant això, va concedir-ne l'ús exclusiu a la mare pel termini d'un any, que estimava suficient per facilitar els tràmits liquidatoris.

En conseqüència, en aquest procediment el fill havia arribat a la majoria d'edat i, no obstant això, la mare havia demanat que es mantingués aquest ús perquè ell no tenia independència econòmica i perquè el seu interès era el més necessitat de protecció.

Interposat el recurs de cassació, la Sala va rebutjar el recurs i va confirmar el criteri de l'Audiència Provincial.

La Sala va dir a aquest respecte que en cas que s'hagués atribuït l'habitatge en funció de la guarda dels fills menors, l' art. 233-24.1 del CCCat disposa que la finalització de la guarda, que es produeix quan s'assoleix la majoria d'edat, és causa d'extinció de l'ús.

I va afegir-hi que: 'no resulta pues trascendente que los mayores de edad no cuenten con independencia económica, sin perjuicio de que en el caso de que todavía precisen alimentos deba tenerse en cuenta para fijar la cuantía de estos, las necesidades de habitación. En suma, no es preciso en estos casos que la habitación se preste in natura, con una vivienda determinada, que impida desvincular la propiedad de la misma de la crisis familiar.'

I pel que fa a la petició d'atribució de l'habitatge a un dels cònjuges per raó de la major necessitat, un cop arribada la majoria d'edat dels fills, va establir que: 'la prolongación de la solidaridad conyugal siempre es temporal y atiende a la especial necesidad de vivienda que puede encontrarse uno de los cónyuges cuando no existen hijos o estos son ya mayores (art. 233-20.3 b). Para su determinación deberán ser analizadas las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta, las particularidades personales de quien reclama la vivienda (edad, estado de salud), ingresos, estabilidad laboral y patrimonio.'

D'això en resulta que, per bé que aquell procediment es va instar quan el fill ja havia assolit la majoria d'edat, s'hi van discutir dues qüestions:a) si la falta d'independència econòmica del fill podia fer que l'ús del domicili es prorrogués ib) si, negat això, havia de concedir-se l'ús a l'altre cònjuge en funció de la major necessitat.

En el cas present el procediment s'ha plantejat quan la filla dels litigants és encara menor i l'ús de l'habitatge familiar no s'ha concedit en funció de la major necessitat de la mare, ni actual ni previsible -la qual cosa és factible segons l'art. 233-20.3 lletrac-, ja que no s'analitza res d'això en el FJ 3r de la Sentència, sinó únicament i exclusivament en funció de la minoria d'edat de la filla.

En aquest cas és aplicable l' art. 233-20.2 del CCCat i també la doctrina establerta en la Sentència abans esmentada, atesa la identitat existent entre la norma citada i l'art. 233- 24.1 aplicat en aquella resolució, en el sentit que l'atribució de l'ús per raó de la minoria d'edat dels fills ha de cessar quan acaba la guarda, que coincideix amb la majoria d'edat dels fills, prescindint de si aquests han assolit o no la independència econòmica.

Es tracta, doncs, de supòsits homologables.

Com diu l' STS, Sala 1a, núm. 183/2017, de 14 de mar ç, o 43/2017, de 23 de gener , interpretant l' art. 96 del CC , de contingut similar a l' art 233-20.2 i 3 del CCCat :'La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso,..deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas».

Amb més motiu en la regulació catalana, que, tal com vam remarcar en l'STSJCat de 5.10.2015, parteix d'una major flexibilització pel que fa a l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar en el benentès que després del cessament de la convivència marital els immobles han de tornar al règim jurídic ordinari que lliga el gaudi amb la titularitat del bé.

Això llevat que interessos superiors exigeixin una altra solució, com seria el cas de l'existència de fills menors d'edat, o bé quan sigui necessària la prolongació temporal de la solidaritat conjugal quan un dels cònjuges estigués necessitat d'especial protecció.

La regulació catalana admet fins i tot el supòsit que les necessitats d'habitatge puguin satisfer-se d'una altra manera que no sigui enllaçant la propietat privativa d'un dels cònjuges a aquesta finalitat a fi que els vincles econòmics que s'havien creat durant el matrimoni no perdurin més que l'estrictament indispensable.

Aquestes idees bateguen també en l'STSJCat de 14 d'abril de 2016 i en la Sentència de 16 de febrer de 2017 que se cita en el recurs, en la qual la Sala de cassació en un procediment de divorci confirma la Sentència d'apel lació en la qual s'adjudica l'ús de l'habitatge familiar a la mare en funció de la guarda dels fills menorsmentre duri aquestatal com disposa amb claredat l'art. 233-20.2. Aquesta Sentència expressa que la regla general, en cas que no existeixi acord entre els cònjuges, és que l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar es faci a aquell a qui s'atorgui la guarda dels menors'mentre duri aquesta'encara que la legislació catalana permeti fins i tot - art. 233-21.1 a ) i b ) CCCat - no atribuir l'habitatge conjugal a cap de les parts si el progenitor que té la guarda té mitjans econòmics suficients per satisfer les seves necessitats d'habitatge i les dels fills d'una altra manera, o bé qui ha de cedir l'ús de l'habitatge té capacitat econòmica suficient per satisfer en forma de pensió alimentària les necessitats d'habitatge dels fills, circumstàncies que no s'han plantejat en aquest cas.

D'altra banda, vam elaborar la mateixa doctrina en aplicació de l' art. 83 del Codi de família de redacció similar en aquest punt.

Així pot comprovar-se de la lectura de l'STSJCat núm. 17, de 22 d'abril de 2010, i de les sentències que s'hi citen de 22.9.2003 , 29.3.2004 i 22.6.2006 , en què vam dir que:'una interpretació estrictament literal de l'indicat precepte semblaria conduir a una única i inequívoca conclusió : la voluntat del legislador d'establir sempre i en tot cas un termini en l'atribució de l'habitatge familiar, tant si hi ha fills menors d'edat com si no. Per al primer supòsit (a on s'assenyala la preferència d'atribució en favor del cònjuge encarregat de la guarda dels menors), la duració vindrà marcada, amb caràcter general, per l'edat d'aquests, ja que la cessació de la guarda comportarà també la de l'ús de l'habitatge.'

D'aquesta manera, no pot atendre's a les al legacions de la part objecte del recurs en oposar-se al recurs i per les quals es pretén, partint del que disposa l'art. 233-20.3 lletrac, que s'examinin ara les seves circumstàncies econòmiques per atribuir a la mare l'ús de l'habitatge en funció de la seva previsible major necessitat, cosa que la Sentència no ha examinat ni acordat, sense que sigui aquesta tampoc una decisió que hagi de disposar-se d'ofici, vist el contingut de l' art. 233-4.2 del CCCat , en la mesura que no afecta interessos d'ordre públic superiors.

Conseqüència del que s'ha raonat fins ara és l'estimació del primer motiu del recurs de cassació, fet que obliga a anul lar la Sentència disposant que l'ús de l'habitatge conjugal a la mare, per raó de la minoria d'edat de la filla, es mantindrà mentre duri la guarda.

QUART.Segon motiu del recurs. Atribució de l'ús d'un vehicle en el procediment de família. Improcedència

En el motiu segon del recurs de cassació es diu vulnerat l' article 233-4.2 del CCCat , segons el qual: 'Si algun dels cònjuges ho sol licita, l'autoritat judicial ha d'adoptar les mesures pertinents respecte a l'ús de l'habitatge familiar i el seu parament, la prestació compensatòria, la compensació econòmica per raó del treball si el règim econòmic és el de separació de béns, la liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns comuns o en comunitat ordinària indivisa.'

I també l'art. 232-12.2, que diu: 'Si hi ha diversos béns en comunitat ordinària indivisa i un dels cònjuges ho demana, l'autoritat judicial els pot considerar en conjunt a efectes de formar lots i adjudicar-los.'

S'addueix en el recurs que no existeix jurisprudència de la Sala sobre la possibilitat d'atribució en el procés de família de l'ús d'un vehicle i que existeixen sentències dels tribunals inferiors que resolen la qüestió de maneres diferents.

Sens perjudici que l' art. 3 de la Llei 4/2012, de 5 de mar ç, del recurs de cassació en matèria de dret civil de Catalunya, no tingui en compte com a via adequada per a l'obertura de la cassació la contradicció jurídica en una determinada matèria en les sentències de les audiències provincials i que les sentències que s'invoquen en el recurs no resolen, tampoc, un cas per complet igual al que ens ocupa, el fet cert és que no existeix doctrina legal en relació amb aquest punt després de la promulgació del llibre II, per bé que tangencialment l'STSJCat 11/2010, d'11 de març, es va pronunciar en referència al Codi de família en el sentit que les accions reivindicatòries no esqueien dins de procediments matrimonials.

Supòsit plantejat, la defensa de la part actora, dins l'apartat VI de la demanda, anomenat 'dissolució del règim econòmic' -abans s'havia afirmat que era el de separació de béns- va exposar que en el moment de la separació de fet, esdevinguda l'any 2012 (la demanda es presenta l'any 2016),el núcleo familiar disponía de tres vehículos, de los que el Sr. Laureano se adjudicó para sí una motocicleta de alta cilindrada y un BMW (a su nombre en Jefatura de tráfico).I que la sevarepresentada se adjudicó el vehículo Renault Megane, matrícula ....-RWQ , del que los dos son cotitulares, y cuya adjudicación y atribución a nombre de Sofía se solicita, que inscribirá a su nombre en dicha Jefatura de tráfico con exención del impuesto de transmisiones patrimoniales por razón del divorcio (sic).

El demandat, en contestar a la demanda, es va oposar al que s'havia sol licitat, i va manifestar que aquest no era el procediment adequat, i es va remetre a una peça separada de liquidació del règim matrimonial.La Sentència de primera instància va considerar que no existint acord sobre l'adjudicació no esqueia disposar el que havia sol licitat la part actora.

La defensa de la Sra. Sofía va recórrer contra aquest punt al legant l'injust del no pronunciament en la mesura que era ella qui utilitzava el vehicle Renault, mentre que els altres dos els utilitzava l'espòs.

La Sentència de l'Audiència en resoldre el recurs en relació amb aquesta qüestió literalment diu: 'Pel que fa al Renault Megane, essent que aquell ha estat sempre el vehicle que ha emprat l'esposa (de fet està en la seva possessió des de la separació de fet a l'any 2012) i que ell s'ha atribuït la motocicleta i el BMW, escau atribuir el seu ús a l'esposa malgrat mantenir-ne la cotitularitat'.

El recurs s'estima.

Ni l'actora -que sembla que reclamava en la seva demanda l'execució d'un acord extrajudicial sobre la distribució de la propietat dels vehicles de la família- ni la Sentència del Jutjat, ni finalment la de l'Audiència, que es limita a atorgar l'ús del vehicle, no fonamenten en el dret les seves peticions i resolucions.

De conformitat amb l' art. 232.1 del CCCat , en el règim de separació de béns cada cònjuge té la propietat, el gaudi, l'administració i la lliure disposició de tots els seus béns, amb els límits establerts per la llei.

En el procediment de nul litat, separació o divorci del matrimoni, l' art 232-12.1 del CCCat permet acumular aquestes accions a l'acció de divisió de la cosa o les coses que el matrimoni tingués en comunitat ordinària indivisa.

Si s'exerciten aquestes accions, en la fase declarativa del procediment pot discutir-se, tractant-se de béns comuns, si escau la divisió, i acordar-se si escau aquesta en dictar-se la sentència. En execució de sentència es materialitzarà la divisió acordada.

Quan existeixin diversos béns en comunitat ordinària indivisa, a petició de qualsevol de les parts el jutge està facultat si ho considera oportú per liquidar els béns considerant-los en conjunt, mitjançant la formació de lots i la seva adjudicació a les parts, remetent-se llavors al procediment establert en l' art. 806 de la LEC 1/2000 . Així es desprèn del contingut de l' article 232-12.2 en relació amb la disposició addicional tercera punt 2 del llibre II del CCCat .

En relació amb l'atribució de l'ús de béns diferents del domicili conjugal i parament domèstic, l' art. 233-4.1 i 2 del CCCat no preveu res entre les mesures definitives a acordar, d'ofici o a instàncies de part, a diferència de l'art. 233-1.g,que, en el context de mesures provisionals, estableix que el jutge pot decidir sobre la tinença i administració de béns en comunitat ordinària.

Es tracta d'una administració provisional de les coses comunes, també prevista en l' art. 552-7.4 CCCat , que recaurà normalment quant als béns sobre els quals es demani la divisió atès que, com hem vist, no hi ha continuïtat en mesures definitives en l' art. 233-4 i el mateix se n'infereix del contingut de l ' art. 774.4 LEC 1/2000 .

Sí que escau -com hem afirmat- que en el procediment mateix se sol liciti la divisió dels béns comuns i, en conseqüència, com a culminació d'aquesta acció que els béns comuns deixin de ser-ho i passin a la propietat exclusiva d'un cònjuge o de l'altre o bé de tercers, i amb la propietat, la possessió també exclusiva inherent a aquesta.

Doncs bé, un cop això exposat, en el cas que ens ocupa, la Sra. Sofía no va exercitar pel que fa al vehicle Renault Megane ni pel que fa als altres que pertanyen alnucli familiar,segons que va dir, cap acció de divisió. La part demandada es va oposar a l'adjudicació directa pretesa, i en l'escrit en què s'oposa al recurs, aquesta part incorre en contínues contradiccions sobre el caràcter privatiu o comú del vehicle en qüestió.

En aquestes condicions, sembla clar que en aquest procediment no esqueia ni adjudicar el bé, que, excepte amb acord de les parts, exigia una acció de divisió prèvia, si s'afirmava la cotitularitat ni, encara menys, l'ús, que ha de seguir les regles establertes en l' art. 232-1 o bé les de la comunitat ex art 552-6, ambdós del CCCat .

En conseqüència, ha de formular-se la següent doctrina: en els procediments matrimonials, si no hi ha acord entre els cònjuges, no pot atribuir-se dins de les mesures definitives l'ús de béns diferents dels establerts en l' art. 233-20 del CCCat , sens perjudici de la possibilitat d'acumular l'acció de liquidació del règim econòmic matrimonial i l'acció de divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa.

CINQUÈ.Costes i devolució del dipòsit

No escau imposar les costes del recurs de cassació atesa l'estimació ( art. 394 i 398 de la LEC ), amb devolució del dipòsit constituït ( disposició addicional 15a LOPJ ).

DECISIÓ

LA SALA CIVIL I PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYADECIDEIX:

ESTIMARel recurs de cassació formulat per Laureano contra la Sentència de data 13 de desembre de 2017 dictada per la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Lleida, en el rotlle d'apel lació núm. 436/17, iCASSAR-LA EN PART;en conseqüència, en el pronunciament relatiu a l'atribució a la mare i la filla de l'ús del domicili conjugal se suprimeix l'incís amb el límit temporal màxim en què la menor arribi a tenir independència econòmica, que ha de ser substituït per l'atribució mentre duri la guarda de la menor.

Es deixa sense efecte el pronunciament referit a l'ús del vehicle Renault Megane.

No s'imposen les costes del recurs de cassació.

S'acorda la devolució del dipòsit constituït.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i, juntament amb un testimoniatge, remeteu el rotlle i les actuacions a la Secció indicada de l'Audiència.

Així, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.

PUBLICACIÓ.Avui han signat i publicat questa Sentència els magistrats d'aquesta Sala que l'han dictat. En dono fe.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

Sala Civil y Penal

Recurso de casación núm. 27/2018


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