Sentencia Civil Nº 68/2013, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 219/2012 de 19 de Febrero de 2013

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA

SECC. 3a

ROLLO DE APELACIÓN: 219/2012

PROCEDENCIA: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 232/2010 JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 5 EL VENDRELL

APELANTE : Vicente Y Andrés

PROCURADOR :PURIFICACIÓN GARCIA DIAZ Y MANUEL SANCHEZ BUSQUETS

LETRADO : VICTOR MANUEL ROCA LASUEN Y ANA PACHECO RODRIGUEZ

APELADO : FINANZIA BANCO DE CREDITO S.A

PROCURADOR : LUIS COLET PANADES

LETRADO : ANNA BOUZA RUCOSA

S E N T È N C I A

PRESIDENT

Il lm. Sr. GUILLERMO ARIAS BOO

MAGISTRATS

Il lm. Sr. JOAN PERARNAU i MOYA (Ponent)

Il lma. Sra. Mª ANGELES BARCENILLA VISUS (Suplent)

Tarragona, 19 de febrer de 2013

Vist en aquesta Secció 3a de l'Audiència Provincial recurs d'apel lació interposat per Andrés , representat en aquesta instància pel Procurador/a Sr. Sánchez Busquets i defensat pel Lletrat/da Sra. Pacheco Rodríguez; i per Vicente , representat en aquesta instància pel Procurador/a Sra. García Díaz i defensat pel Lletrat/da Sr. Roca Lasuen, contra Sentència del Jutjat de 1a Instància 5 del Vendrell de data 30- 11-2011, en procediment Ordinari 232/10, en el que figura com a demandant Finanzia Banco de Crédito S.A. i com a demandats els recurrents.

Antecedentes

PRIMER.-La Sentència d'instància disposa: 'Estimo la demanda interposada per l'entitat Finanzia Banco de Crédito S.A. contra Andrés i Vicente , condemno als demandats a pagar a l'actora en la quantitat de 13.945,47 euros, més els interessos de demora pactats que es meritin de tal quantitat, amb expressa condemna en costes a la part demandada'.

SEGON.-En data 19-12-2011 es va presentar per Andrés recurs d'apel lació contra la Sentència d'instància.

En data 29-12-2011 es va presentar per Vicente recurs d'apel lació contra la Sentència d'instància.

TERCER.-Finanzia Banco de Crédito S.A. en data 22-2-2012 es va oposar als recursos.

QUART.-En la tramitació del present procediment, en aquesta alçada, s'han observat les normes i formalitats legals.

Fundamentos

PRIMER.-S'interposa demanda reclamant la devolució del que resta per retornar d'un préstec fet el 27-7-2007 per la quantitat de 16.951 euros, amb un interès remuneratori del 7,75 % anual i un interès moratori del 29% anual. Es reclamen 12.641,34 de capital pendent mes 236,67 euros d'interessos de demora al 29% anual, dels que s'han de restar 1.000 euros pagats amb posterioritat a la liquidació, per la qual cosa -es diu- que es reclamen en total 13.945,47 euros.

Es van oposar els demandats al legant el mateix: Ser abusius els interessos de demora.

La sentència impugnada estima la demanda, no considerant abusius els interessos de demora al 29% anual, per ser els pactats i ser interessos que sancionen l'impagament.

SEGON.-Al leguen als recursos els recurrents el mateix: Que els interessos de demora pactats serien abusius.

Tals interessos moratoris pactats, del 29% anual, s'han de declarar nuls per abusius.

Hem dit reiteradament (interlocutòries de 18 de setembre de 2012; 15 de març de 2011; Sentència de 8 de novembre de 2011 , entre moltes) que: '1.- Como tiene establecido la doctrina legal ( STS de 2 de octubre de 2001 y STS de 4 de junio de 2009 ), las prescripciones de la Ley de represión de la usura no son aplicables más que al verdadero interés, que es el remuneratorio, nunca al moratorio, que constituye la sanción del deudor moroso, incumplidor de sus obligaciones, del mismo modo que el juicio de abusividad sólo puede proyectarse sobre el interés moratorio, no sobre el remuneratorio'.

2.- A los intereses moratorios sí son, en cambio, de aplicación las normas de protección de consumidores y usuarios para examinar si son o no abusivos, y especialmente la Ley de Crédito al Consumo, cuyo art. 19 establece una norma definidora de qué puede considerarse abusivo, cuando dice textualmente: '4. En ningún caso se podrá aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero'.

En relación con este precepto legal, hay doctrina que entiende que esta norma no es aplicable directamente en materia de contratos de préstamos, porque está prevista para proteger al cuentacorrentista que, de modo expreso o por tácita concesión de la entidad bancaria, dispone de crédito incluso con descubiertos en su cuenta corriente, para la cual impone una tasa de interés, de ese crédito al descubierto, de un 2,5 veces el interés legal del dinero que no puede rebasar; pero no es en ningún caso, un interés vinculado a un incumplimiento. Por tanto no es aplicable esta limitación a los intereses de demora que tengan otra naturaleza y carácter distinto, como podrían ser los de un contrato de préstamo.

Otra doctrina entiende, en cambio, que si bien esta norma no sea aplicable directamente, no impide una aplicación analógica de la misma, como criterio orientativo en caso de aplicar facultades moderadoras. Para ello se hace una utilización analógica (al no ser posible, en muchos casos, una aplicación directa del precepto por la naturaleza del contrato en cuestión) del citado art. 19.4 para establecer los límites no abusivos de una cláusula de intereses moratorios. La consecuencia será declarar en su caso el interés moratorio pactado como manifiestamente abusivo, y reducirlo a 2,5 veces el interés legal vigente en la fecha del contrato.

Es esta segunda doctrina la que se está progresivamente imponiendo, de manera que se acepta que puedan los Tribunales de oficio examinar si los intereses moratorios pactados son o no abusivos conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios, y, en caso de serlo, la posibilidad de reducirlos entonces al límite fijado por la Ley de Crédito al Consumo (2,5 veces el interés legal vigente en la fecha del contrato).

Por tanto, siendo la finalidad de los intereses moratorios la de indemnizar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, derivando su procedencia del hecho de que el artículo 1108 CC , en el supuesto de obligaciones dinerarias, establece que la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 1101 del mismo texto legal consistirá en el pago del interés de demora, es posible el control judicial de estos intereses moratorios a los efectos únicamente de determinar su carácter abusivo de acuerdo con las normas de protección de los consumidores.

El actual artículo 85.6 LGDCU , texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, dispone que 'serán abusivas, en todo caso: 6. Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones'. Por su parte, ya el artículo 10 bis.1 LGDCU 26/1984, de 19 de julio, consideraba como cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente, que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, fijando una presunción legal de carácter abusivo a ciertas cláusulas a las que se refería la Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984 , entre ellas '...la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla con sus obligaciones'; y el último párrafo de este artículo 10 bis 1 concluye recordando la necesidad de determinar el carácter abusivo, no de forma general, sino particularizado en atención a la naturaleza de los bienes o servicio contratados así como las circunstancias concurrentes. La sanción del carácter abusivo de una de estas cláusulas se fija en artículo 10.bis.2 LGDCU , la cual determina la nulidad de las mismas, autorizando la integración judicial del contrato y el uso por parte del juez de facultades moderadoras. Sobre esta base legal debe de analizarse el interés fijado unilateralmente en el contrato por parte de la financiera. Para ello hay que partir de la comparación de los diferentes intereses que pueden ser tomados como punto de referencia para la proporcionalidad del interés de demora pactado.

Es evidente que todo interés de mora, por su propia condición de cláusula indemnizatoria por el incumplimiento del deudor de la obligación, tiene que ser superior al ordinario pactado con carácter remuneratorio, pero en todo caso debe de guardar una cierta proporción, o en palabras de la STS de 17 de marzo de 1998 , con referencia a las cláusulas absolutamente desproporcionadas contenidas en un contrato de leasing para fijar las consecuencias económicas del incumplimiento, añade que 'la cuantificación de estos es posible pactarla, pero ese pacto debe ser acomodado al equilibrio patrimonial, que en el presente caso se manifiesta enormemente desproporcionado...', y continua, 'en definitiva, se puede afirmar que todo lo previsto para el caso de impago tiene la naturaleza de cláusula penal, y el Tribunal está facultado para hacer uso de la moderación que la ley le confiere - art. 1154 CC ...'. Y lógicamente dicha proporción no se da cuando existe una diferencia muy sustancial entre el interés remuneratorio y el de demora. Para determinar tal diferencia habrá de atenderse al interés pactado en el contrato de adhesión por un lado (usualmente entre el 20% y el 30% anual) y al tipo fijado como interés legal del dinero y al interés fijado como de demora para el año que corresponda por otro lado, de manera que cuando tal diferencia sea sustancial la cláusula contractual que fijó el interés podrá ser considerada como abusiva y reducir el Tribunal tal interés al fijado por la Ley de Crédito al Consumo (2,5 veces el interés legal vigente en la fecha del contrato).

Esta doctrina parece ser aceptada por la reciente Sentencia del TS, Civil, sección 1, de 23 de septiembre de 2010 , que declara abusivo el interés moratorio pactado del 29% anual en base al aplicable, por la fecha del contrato en cuestión, artículo 10 de la Ley de Consumidores y Usuarios de 1984 , interpretando y aplicando dicha norma a la luz de la legislación posterior adaptada a la realidad social, conforme al artículo 3.1 del Código Civil .

Es también la doctrina seguida reiteradamente y desde hace años por este Tribunal, que ya se ha pronunciado sobre la posibilidad que tienen de oficio los Tribunales para examinar si los intereses pactados son, o no, abusivos, y la posibilidad de reducirlos de oficio en este último caso.

Así nuestra Sentencia de 14-7-2008 y Autos AP Tarragona, Secc. 3ª, de 30 de junio de 2009 y 9 de diciembre de 2009 , entre otros.

En conclusión, la reducción hecha de oficio por el Juez a quo de los intereses moratorios a multiplicar por 2,5 el interés legal del dinero al considerar abusivos los pactados del 27% anual es ajustada a derecho'.

L'anterior doctrina, però, ha de ser corregida per imperatiu de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 14-6-2012 .

Aquesta sentència ratifica que puguin els Tribunals examinar d'ofici, en qualsevol procediment i en qualsevol moment processal, la validesa o no de les clàusules que puguin ser abusives en els contractes d'adhesió fets entre professionals i consumidors.

Ara bé, i a diferència de la que era la nostra doctrina, tal sentència no permet als Tribunals integrar el contracte modificant el contingut de la clàusula abusiva, rebaixant els interessos moratoris a 2,5 vegades l'interès legal del diner, sinó simplement declarar nul litat de la mateixa i eliminar-la, no aplicant-la doncs al consumidor en absolut. Tal conseqüència deriva -diu- tant de l'interès públic en que descansa la protecció dels consumidors, com d'una qüestió d'eficàcia en tal protecció, ja que si els Tribunals podessin modificar el contingut de les clàusules abusives dels contractes, aquesta facultat contribuiria a eliminar l'efecte dissuasori que exerceix sobre els professionals el fet que, pura i simplement, tals clàusules abusives no s'apliquin als consumidors, en la mesura que els professionals podrien veure's temptats a utilitzar clàusules abusives al saber que, encara que fossin declarades nul les, el contracte seria integrat pel Tribunal en el que fos necessari, garantint així l'interés de tals professionals.

En el present cas, els interessos moratoris del 29% anual són abusius, com ja hem resolt moltes vegades abans, ja que excedeixen amb escreix de 2,5 vegades l'interès legal de l'any 2007 (que era del 5%, per la qual cosa 2,5 vegades seria 12,50%). Això fa que, per imperatiu de la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 14-6-2012 , no sigui procedent fer pels Tribunals reducció dels interessos, és a dir, integrar el contracte modificant el contingut de la clàusula declarada abusiva relativa als interessos, sinó simplement declarar nul litat de la mateixa i eliminar-la, no aplicant-la en absolut al consumidor, el que suposa que no s'hagin de pagar interessos de demora.

Per tant, procedeix estimar els recursos, revocar parcialment la sentència impugnada, estimar substancialment la demanda i condemnar als demandats a pagar a l'actora en la quantitat de 11.641,34 euros de principal (12.641,34 euros de capital pendent - 1.000 euros pagats), més únicament els interessos de l' art. 576 LEC , amb condemna en costes de primera instància a la part demandada per ser una estimació substancial.

TERCER.-Conforme als arts. 394 i 398 LEC , a l'estimar-se els recursos, no es fa imposició de les costes d'aquesta instància.

Fallo

ESTIMEMels recursos d'apel lació interposats per Andrés i per Vicente contra Sentència del Jutjat de 1a Instància 5 del Vendrell de data 30-11-2011 , en procediment Ordinari 232/10, que es REVOCA parcialment en el sentit de:

1.- Estimar substancialment la demanda i condemnar als demandats a pagar a l'actora en la quantitat de 11.641,34 euros de principal (12.641,34 de capital pendent - 1.000 euros pagats), més únicament els interessos de l' art. 576 LEC , amb condemna en costes de primera instància a la part demandada.

2.- No es fa imposició de les costes d'aquesta instància.

Retorneu les actuacions originals al Jutjat de procedència, amb testimoni de la present resolució, i demaneu d'aquell rebut.

Així ho acordem, manem i signem.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por quien la dictó estando celebrando Audiencia Pública en el día diecinueve de febrero de dos mil trece. Doy fe.