Sentencia CIVIL Nº 77/2020, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 8, Rec 6250/2019 de 17 de Abril de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL. Sección 8ª SEVILLA

Prado de San Sebastián, s.n.

Proc. Origen: Juicio Ordinario número 798/17

Juzgado: de Primera Instancia número 24 de Sevilla

Rollo de Apelación: 6250/19-A5

SENTENCIA Nº

Ilustrísimo Señor Presidente:

D. VICTOR NIETO MATAS

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JOSE MARIA FRAGOSO BRAVO

D. JOAQUÍN MAROTO MARQUEZ

En SEVILLA, a 17 de abril de 2020

La Sección 8ª de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital constituida por los Ilustrísimos Señores que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos de carácter civil tramitados como Juicio Ordinario con el número 798/17 por el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación de Eva María contra la sentencia dictada por el Juzgado referido el 19 de marzo de 2019

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Sevilla se dictó sentencia de fecha 19 de marzo de 2019 que contiene el siguiente FALLO:

'QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el

Procurador Sr. Ales Sioli en nombre representación de doña Almudena y don

Teodulfo contra doña Eva María y en

consecuencia CONDENO A LA DEMANDADA A PAGAR47.500 € a cada

uno de los demandantes más intereses y costas determinados en los

fundamentos de referencia..'

SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso recurso de apelación contra ella, el cual se interpuso por escrito en tiempo y forma ante el Juzgado 'a quo', dándose traslado del mismo a la otra parte que presentó escrito de oposición, ordenándose la remisión a este Tribunal de los autos, que una vez recibidos se registraron y designó ponente, señalándose deliberación, votación y fallo.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

CUARTO.- Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Joaquín Maroto Márquez

Fundamentos

Se aceptan los de la sentencia recurrida, y

PRIMERO. - La sentencia apelada estima totalmente la demanda promovida por las demandantes frente a su hermana Eva María . Se pide el cumplimiento del contrato de 30 de marzo de 2011 y que en consecuencia pague 47.500 euros a cada una.

La Juzgadora de la Primera Instancia analiza los términos contractuales y las incidencias habidas con respecto a las dos viviendas a las que se refería el negocio y concluye en la exigencia de la obligación que se predica en la demanda.

Impone costas a la condenada parte.

SEGUNDO. - Recurre en apelación la demandada. En su escrito alega los motivos de impugnación.

Entiende que para que sea exigible el punto b de la clausula primera, aquella en la que se basan sus hermanos se ha incumplido la necesidad previa de escriturar la finca. No se le ha requerido con carácter previo.

La acción es contraria a los propios actos. De la documental se aprecia el reconocimiento de que la recurrente y Brigida ( otra hermana) eran las titulares registrales de la finca controvertida. La cantidad debe partir de los 120.000 euros declarados ante la Agencia Tributaria. El informe pericial es parcial.

La parte apelada impugna el recurso.

TERCERO. - Es fundamental recordar las directrices que establece el Tribunal Supremo en materia de interpretación contractual. Son capitales las de 29 de enero de 2015 y 25 de abril de 2016.

Señalan:

'Con carácter general debe indicarse que todo fenómeno interpretativo tiene por objeto la atribución de sentido o de significado a una determinada declaración. Esta labor, con la debida diferenciación, puede proyectarse sobre la formulación abstracta de un deber jurídico, supuesto de la interpretación normativa, o bien, sobre la interpretación de concretas declaraciones de voluntad, supuesto de la interpretación negocial. Pero, en cualquier caso, y esto es lo relevante, debe precisarse que la labor del intérprete no puede realizarse desde una libertad absoluta en la búsqueda o atribución de sentido, sino que, por el contrario, su labor está sujeta a las reglas de hermenéutica que exige el proceso interpretativo. Con ello, se pone de relieve que no sólo se incumple esta exigencia cuando la interpretación se realiza de un modo arbitrario, prescindiendo de cualquier regla o criterio hermenéutico al respecto, sino también cuando el desarrollo del curso interpretativo, aunque presentando visos de razonabilidad, se aparta del proceder lógico-jurídico que se deriva de los criterios o reglas que informan el proceso interpretativo.

Pues bien, en este contexto, y con relación a la interpretación de los actos y negocios jurídicos, la reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala se ha ocupado de establecer una suerte de directrices acerca del fenómeno interpretativo que conviene tener en consideración. En esta línea, una síntesis de estas directrices puede quedar expuesta de la siguiente manera:

i) En primer lugar, debe destacarse que en el proceso interpretativo de los contratos la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes se erige como principio rector de la labor interpretativa, de forma que las demás reglas confluyen a su alrededor bien complementándola, bien supliéndola, pero nunca limitándola o alterándola.

La aplicación de este principio rector comporta una delimitación del proceso interpretativo que también interesa puntualizar. En efecto, en primer término, debe señalarse que la búsqueda o averiguación de la intención común de las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas; de modo que el análisis o la interpretación sistemática constituye un presupuesto lógico-jurídico de todo proceso interpretativo (también denominada canon hermenéutico de la totalidad de la totalidad, artículo 1286 CC . En segundo término, y en estrecha relación con la anterior, debe señalarse el carácter instrumental que presenta la interpretación literal del contrato que se infiere del criterio gramatical del mismo (1281.1 CC); de forma que no puede ser valorada como un fin en sí misma considerada, o como un dogma del proceso interpretativo, pues la atribución del sentido objeto de la interpretación, y de ahí la unidad lógica del artículo citado, conforme a su segundo párrafo, sigue estando en la voluntad realmente querida por partes contratantes.

Esta consideración, ha sido especialmente destacada por la doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre otras, STS de 18 de junio de 2012 , precisándose el hecho del necesario proceso interpretativo, aunque los términos resulten claros, pues dicha claridad no determina, por ella sola, que dichos términos resulten literalmente unívocos en el contexto interpretativo del contrato celebrado. En este sentido, profundiza la citada sentencia declarando, entre otros extremos, que: '... el sentido literal, como criterio hermenéutico, destaca por ser el presupuesto inicial del fenómeno interpretativo, esto es, el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato. Desde esta perspectiva general, su aplicación o contraste puede llevar a dos alternativas. En la primera, cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención querida por los contratantes, la interpretación literal es el punto de partida y también el punto de llegada del fenómeno interpretativo; de forma que se impide, so pretexto de la labor interpretativa, que se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. En la segunda, la interpretación literal colabora decisivamente en orden a establecer la cuestión interpretativa, esto es, que el contrato por su falta de claridad, contradicciones, vacíos, o la propia conducta de los contratantes, contenga disposiciones interpretables, de suerte que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de los diferentes medios interpretativos a su alcance, para poder dotarlo de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y de conformidad con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual'.

En este contexto, y, en tercer término, debe señalarse que esta valoración subjetiva del contrato celebrado es la que se sigue con la denominada interpretación integradora del mismo ( artículos 1282 y 1283 del Código Civil ).

ii) En segundo lugar, en orden a esta síntesis del marco de las directrices del proceso interpretativo, debe tenerse en cuenta que la reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala también ha resaltado el papel básico que juegan los principios de conservación del contrato y de buena fe contractual ( artículos 1284 , 1289 y 1258 CC ) respectivamente).

En relación con la conservación del contrato debe señalarse que se ha puntualizado su función interpretativa tras el reconocimiento de esta regla no sólo como un criterio de interpretación, sino también como un auténtico principio general del Derecho; STS de 15 de enero de 2013 . Destacándose su alcance general, como canon hermenéutico de la totalidad del contrato, con proyección en el tratamiento de la eficacia contractual que se derive. En los términos de la citada Sentencia de esta Sala: 'Siguiendo esta línea, la cuestión se vislumbra de un modo más nítido si nos preguntamos por el alcance sistemático que posibilita el ámbito conceptual de la figura, particularmente del principio de conservación de los contratos o 'favor contractus'. Este principio no solo se ha consolidado como un canon hermenéutico que informa nuestro ordenamiento jurídico, con múltiples manifestaciones al respecto, sino también como un elemento instrumental decisivo en la construcción de un renovado Derecho Contractual Europeo conforme a lo dispuesto en los principales textos de armonización, como la Convención de Viena, los Principios de Derecho Europeo de la Contratación (PECL) y, particularmente, la propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos. De modo que tal y como hemos señalado en las recientes sentencias de 28 de junio y 10 de septiembre de 2012 , precisamente en el marco del contrato de compraventa, la conservación de los contratos se erige como un auténtico principio informador de nuestro sistema jurídico que comporta, entre otros extremos, el dar una respuesta adecuada a las vicisitudes que presenta la dinámica contractual desde la preferencia y articulación de los mecanismos que anidan en la validez estructural del contrato y su consiguiente eficacia funcional, facilitando el tráfico patrimonial y su seguridad jurídica'.

Con relación al principio de buena fe no solo se ha destacado su papel típico en el plano diferenciado de la integración del contrato ( artículo 1258 CC ) sino que también se ha reforzado su función como criterio decisivo en materia de interpretación y ejecución del contrato STS de 14 de enero de 2014 .

Esta doctrina se complementa con la denominada interpretación histórica del contrato, así la STS de 16 de abril de 2015 'En parecidos términos, y en segundo lugar, debemos pronunciarnos respecto de la aplicación, en el presente caso, de la interpretación histórica del contrato y de la conducta de las partes como criterio o medio interpretativo artículo 1282 CC , en el plano preferente, ya señalado, de la valoración subjetiva del entramado contractual, esto es, como reza el precepto, para 'juzgar la intención de los contratantes', particularmente respecto del propósito negocial realmente querido por los mismos'; STS de 3 de marzo de 2014 'Por ello, se hace necesario, en el presente caso, buscar la voluntad real artículo 1281.2), la intención de los contratantes, atendiendo sus actos, coetáneos y posteriores al contrato ( artículo 1282 CC ), es decir, a la interpretación histórica del contrato o conducta de las partes como medio interpretativo'; y STS 27 de diciembre de 2012 ' En relación a la interpretación y calificación contractual de los objetos artísticos depositados, motivos primero al cuarto del recurso, debe señalarse la aplicación preferente al presente caso de la interpretación histórica del contrato y la conducta de las partes ( artículos 1282 y 1283 del Código Civil en orden a averiguar o buscar la voluntad o intención común que, de facto, quedó establecida entre las partes'.

Sentada esta Jurisprudencia la valoración de los términos del contrato y en especial la de las cláusulas discutidas es justamente la que ha apreciado el Juzgador de la Primera Instancia que se decanta por la literalidad de las mismas como 'punto de partida y de llegada', respetando la regla 'in claris non fit interpretatio'.

Son sugestivas las alusiones que se hacen, cuando se alude a que la sentencia atacada no tiene en cuenta el criterio gramatical, lo que no es cierto porque esta resolución además contempla una interpretación integral teniendo en cuenta otros criterios interpretativos que también dan la razón a los demandantes . Lo que se reclama es un dinero al que se tendría derecho de haberse dado una serie de hitos que partían de la realización económica de la finca sita en la CALLE000 de esta localidad. La exigencia de escriturar es accesoria e irrelevante. La verdadera intención de las partes es la de compensar equitativamente a los hermanos por el desapoderamiento de las dos fincas. La Juez se fija en las declaraciones de doña Brigida y de doña Eva María. La 'escrituración' no era requisito 'sine qua non' y exigirlo va en contra de las exigencias de la buena fe que impone el artículo 7 del Código Civil. El motor para activar el contrato era la venta de la finca en CALLE000 porque, si se ignoraba, el enriquecimiento de la apelante era injusto.

No era preciso mayor requerimiento, ello sin perjuicio de los que se adjuntan a la demanda que son inequívocos.

CUARTO. - Lo cual enlaza con la doctrina de los actos propios. El Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de octubre de 2008 establece que ' los actos propios tienen su fundamento último en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, lo que impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables, declarando así mismo que sólo pueden merecer esta consideración aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definen de forma inalterable la situación jurídica de su autor o aquellos que vaya encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, lo que no puede predicarse en los supuestos de error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia ( SSTS de 27 de octubre 2005, 15 de junio de 2007) ' .

En el supuesto de hecho enjuiciado, la postura táctica de la demandante en otro procedimiento no es acto concluyente que fije su posición jurídica. Nunca se ha dejado de reconocer que la finca de de Tomares era de los cuatro hermanos.

QUINTO. - En lo relativo al valor del inmueble debemos estar a la prueba pericial aceptada en la sentencia por más de lo habido en Hacienda. Es atinada la reflexión de los apelados. Se echa de menos la contradicción de una prueba contraria de la parte que discuta lo apreciado por un profesional en este tipo de tasaciones. Debemos estar al respeto del principio de preferencia de la valoración judicial sobre la particular de los litigantes, máxime cuando estas probanzas se valoran conforme a las reglas de la sana crítica No hay prueba legal, sino libre del Juzgador.

SEXTO. - Las costas de la alzada se imponen a los recurrentes. Artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En su virtud,

Fallo

Se desestima el recurso interpuesto por la representación de Eva María. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Sevilla con fecha 19 de marzo de 2019 en el Juicio Ordinario nº 798/17, y se confirma íntegramente la misma con imposición de las costas de esta Alzada a la parte apelante.-

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su ejecución.

Dése a los depósitos constituidos el destino legal.

Hágase saber que la misma es susceptible de recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal si cumple los requisitos de los artículos 477 ó 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada por Ley 37/2011, de 10 de octubre), en el plazo de veinte días siguientes al de esta notificación, con la constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial -modificación operada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre- en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sala, en Banco de Santander, número de cuenta 4135/0000/00/Nº /AÑO:

- Recurso Extraordinario por infracción procesal (50 Euros).

- Recurso de Casación (50 Euros).

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos, y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido publicada por el Ilustrísimo Señor Magistrado Ponente en el día de su fecha. Doy fe.-