Sentencia CIVIL Nº 779/2021, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 453/2021 de 17 de Diciembre de 2021

Encabezamiento

Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Lleida. Civil

Calle Canyeret, 1 - Lleida - C.P.: 25007

TEL.: 973705820

FAX: 973700281

EMAIL:aps2.lleida@xij.gencat.cat

N.I.G.: 2504042120208101934

Recurso de apelación 453/2021 -D

Materia: Procedimiento Ordinario

Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instáncia e Instrucción nº 3 de DIRECCION000 (UPSD)

Procedimiento de origen:Divorcio contencioso 209/2020

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 2206000012045321

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 02 de la Audiencia Provincial de Lleida. Civil

Concepto: 2206000012045321

Parte recurrente/Solicitante: Vicenta

Procurador/a: SILVIA BERGE ARRONIZ

Abogado/a: ALBA PONS SALA

Parte recurrida: Fermín

Procurador/a: XAVIER PIJUAN SANCHEZ

Abogado/a: ANTONIA MARTI TERUEL

SENTENCIA Nº 779/2021

Presidente:

Albert Montell Garcia

Magistrados:

Mª Carmen Bernat Alvarez Beatriz Terrer Baquero

Lleida, 17 de diciembre de 2021

Ponente: Mª Carmen Bernat Alvarez

Antecedentes

PRIMERO. En fecha 25 de mayo de 2021 se han recibido los autos de Divorcio contencioso 209/2020 remitidos por la Sección Civil del Juzgado de Primera Instáncia e Instrucción nº 3 de DIRECCION000 (UPSD) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Silvia Berge Arroniz, en nombre y representación de Vicenta contra Sentencia de fecha 26/02/2021 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Xavier Pijuan Sanchez, en nombre y representación de Fermín.

SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

'QUE ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL DE Dª. Vicenta, FRENTE A D. Fermín; Y ESTIMO LA RECONVENCIÓN

FORMILADA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE D. Fermín FRENTE A Dª. Vicenta; Y EN

CONSECUENCIA SE EFECTÚAN LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:

1.- Declaro la disolución del matrimonio formado por las partes por divorcio, quedando recovados los poderes que se hubieren otorgado recíprocamente si no lo estuvieran, y la disolución del régimen económico matrimonial en su caso existente entre las partes.

2.- Se atribuye la guarda y custodia de las hijas comunes menores de edad, Moises y Daniela a la madre, Dª. Vicenta, siendo el ejercicio de la potestad parental compartido entre ambos progenitores.

3.- Se establece, en defecto de mejor acuerdo entre los progenitores, en

favor del padre, D. Fermín el siguiente régimen de visitas:

-Fines de semana alternos, desde el viernes a las 19:00 horas del viernes a las 20:00 horas del domingo, en que el progenitor reintegrara a las menores al

domicilio materno, ya cenadas.

-Visitas intersemanales, en la semana que no se corresponda con el régimen de visitas de fines de semana, se establece a favor del progenitor no custodio dos visitas intersemanales, a desarrollarse, a falta de acuerdo, desde las 19:00 horas a 20:30 horas, reintegrando a las menores en el domicilio materno. A falta de acuerdo entre los progenitores, las visitas intersemanales tendrán lugar los martes y los jueves. En la semana que corresponda con las visitas de fin de semana, se establece un día de visita intersemanal a favor del padre, desde las 19:00 horas a 20:30 horas, reintegrando a las menores en el domicilio materno. A falta de acuerdo entre los progenitores, esta visita intersemanal tendrá lugar el martes.

La fijación del dicho régimen de visitas intersemanales obedece al interés

superior de las menores, el cual aconseja, siempre que sea posible el mayor contacto con ambos progenitores; y ello considerando circunstancias como el horario laboral del padre, sus propias manifestaciones en el interrogatorio en el acto de la vista, y la ubicación de los respectivos domicilios de los progenitores, permiten el establecimiento del mencionado régimen. -Las vacaciones escolares, de verano, Semana Santa y Navidad se distribuirán por mitades. A falta de acuerdo entre los progenitores, se fija el siguiente régimen:

a) Las vacaciones escolares de Navidad se dividen en dos periodos, comprendiendo el primero desde el primer día no lectivo del calendario escolar, a las 10:00 horas, hasta el día 30 de Diciembre a las 19:30 horas; y el segundo desde este día y hora, hasta las 19:30 horas del día anterior al de comienzo de las clases en el nuevo año.

A fata de acuerdo, en los años pares corresponderá a la madre el primer periodo, y al padre el segundo; mientras que en los años impares será a la inversa.

b) Las vacaciones de Semana Santa se dividen asimismo en dos periodos, el primero desde el primer día no lectivo del calendario escolar, a las 11:00 horas, hasta el Jueves Santo a las 11:00 horas; y el segundo desde este día y hora, hasta el último día no lectivo a las 20:00 horas.

A falta de acuerdo, en los años pares corresponderá a la madre el primer periodo, y al padre el segundo; mientras que en los años impares será a la inversa.

c) Las vacaciones de verano, que se entienden referidas a los meses de Julio y Agosto, se dividen en dos periodos, abarcando el primero la primera quincena de Julio y la primera quincena de Agosto, y el segundo la segunda quincena de Julio y la segunda quincena de Agosto.

A falta de acuerdo, en los años pares corresponderá a la madre el primer periodo, y al padre el segundo; mientras que en los años impares será a la inversa.

Tras cada periodo de vacaciones se reanudará el régimen ordinario de comunicaciones y visitas, correspondiendo el fin de semana siguiente al último periodo de vacaciones al progenitor que no tuvo consigo a la menor en el mismo.

-En relación con las comunicaciones de la hijas menores con sus progenitores, se establece que el progenitor que en cada momento tenga en su compañía a las menores deberá procurar y facilitar las comunicaciones telefónicas de Ias hijas con el otro, al menos una llamada diaria, con duración prudencial y en horario que no cause perjuicio al menor o perturbe su necesario descanso.

4.-Se fija una pensión de alimentos a cargo del padre y a favor de las hijas

comunes menores de edad de TRESCIENTOS EUROS (300€) mensuales (150 euros por hija). Estas cantidades serán pagaderas por meses anticipados, en la cuenta corriente que designe la madre y los cinco primeros días de cada mes. Dicha pensión será actualizable anualmente según las variaciones que experimente el IPC u otro índice que lo sustituya. El importe de dicha pensión será de abono desde la fecha de interposición de la demanda, debiendo compensarse con los pagos que el progenitor que haya de abonarla hubiera realizado desde la presentación de la demanda, y con anterioridad a la fecha de la presente resolución.

Desde el momento del cese del uso de la vivienda familiar atribuido a la madre y a las hijas, el importe de la pensión de alimentos ascenderá a 250 euros por cada una de las hijas. Estas cantidades serán pagaderas por meses anticipados, en la cuenta corriente que designe la madre y los cinco primeros días de cada mes.

Dicha pensión será actualizable anualmente según las variaciones que experimente el IPC u otro índice que lo sustituya.

Los gastos extraordinarios de la hijas comunes se abonarán por mitad.

5.- Se atribuye el uso de la vivienda familiar a Dª Vicenta y a las hijas comunes, que quedarán bajo su guarda, hasta que se proceda la liquidación de la copropiedad ordinaria de la vivienda familiar.

Las partes estarán obligadas al pago de la hipoteca y seguros vinculados a la hipoteca según el título constitutivo, y que se impone la Sra Vicenta, la obligación de hacer frente al pago de los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de devengo anual.

6.- Declaro procedente la división de la cosa común, consistente en la vivienda familiar, sita en la en la CALLE000, número NUM000, de la localidad de DIRECCION001, finca registral nº NUM001 del Registro de la Propiedad de DIRECCION000

Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Comuníquese al Registro Civil competente, para que se practiquen las inscripciones marginales oportunas.

Firme que sea esta resolución, expídase el oportuno despacho para la anotación marginal de la misma en la inscripción de matrimonio en el Registro Civil de correspondiente.

TERCERO.El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 17/12/2021.

CUARTO.En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Mª Carmen Bernat Álvarez.

Fundamentos

PRIMERO. La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda y la reconvención y decreta la disolución del matrimonio formado por los Sres. Fermín y Vicenta por causa de divorcio, acordando la adopción de las siguientes medidas: Se atribuye la guarda y custodia de las hijas menores Moises y Daniela a la madre, estableciéndose un régimen de visitas en favor del padre de fines de semana alternos, visitas intersemanales y mitad de las vacaciones escolares de verano, Semana Santa y Navidad; se atribuye a las hijas y a la madre en cuya compañía quedan el uso de la que fuera vivienda familiar hasta que se proceda a la liquidación de la copropiedad ordinaria de la misma, distribuyendo el pago de los gastos; se fija en concepto de pensión alimenticia a favor de las hijas con cargo al progenitor la cantidad de 300 € mensuales (150 € por hija), incrementándose a la cantidad de 250 € por cada una de las hijas desde el momento del cese del uso de la vivienda familiar atribuido a la madre y a las hijas; ambos progenitores sufragarán los gastos extraordinarios de sus hijas por mitad y declara procedente la división de la cosa común consistente en la vivienda familiar.

Frente a la misma interpone recurso de apelación la representación de la Sra. Vicenta, mostrando disconformidad con la limitación temporal fijada a la atribución del uso del domicilio familiar, interesando que se suprima la limitación relativa a 'hasta que se proceda a liquidación de la copropiedad ordinaria de la vivienda familiar' y, en su lugar, en aplicación del Art. 233.20.2 CCC se establezca que se atribuye el uso de la vivienda familiar a la madre y a las hijas comunes que quedarán bajo su guarda, mientras dure ésta. Impugna el establecimiento de una pensión futura para el momento del cese del uso de la vivienda, que entiende debe quedar sin efecto. Impugna también la cuantía de la pensión de alimentos fijada en 150 € por cada una de las hijas, al considerarla insuficiente a los efectos de cubrir las necesidades de sustento y formación integral de las hijas y no ser acorde con la capacidad económica del progenitor obligado al pago ni con la dispar distribución del tiempo de estancia y cuidado de las hijas entre los progenitores. Y por último respecto a los gastos extraordinarios solicita que, si por la Sala se considera procedente, se refleje en el fallo para mayor claridad la especificación que se efectúa en la fundamentación jurídica sobre lo que debe considerarse por tales.

El Ministerio Fiscal y el apelado se oponen al recurso e interesan la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.La progenitora recurre en primer lugar el pronunciamiento relativo a la atribución del uso y disfrute del que fue domicilio conyugal,interesando que se confirme el uso del mismo para las menores y la cónyuge custodia, eliminando el límite temporal fijado relativo a 'hasta que se proceda a la liquidación de la copropiedad ordinaria de la vivienda familiar ', al estimar que dicha limitación es contraria a derecho, infringe el Art 233-20 CCC , es arbitrario y contrario al superior interés de las hijas, que no ven garantizada, con dicha medida, su derecho a la vivienda .

El juzgador en la resolución recurrida atribuye el uso de la vivienda familiar a la madre y a las hijas comunes, que quedarán bajo su guarda, hasta que se proceda a la liquidación de la copropiedad ordinaria de la vivienda familiar.

La limitación temporal que establece la resolución recurrida no puede operar en supuestos en que existen hijos menores de edad, salvo acuerdo entre las partes que salvaguarde el interés de éstos. Al efecto el Art. 233.20.2 CCC ya establece que si no existe acuerdo o si éste no es aprobado, la autoridad judicial debe atribuir el uso de la vivienda familiar, preferentemente, al progenitor a quien corresponda la guardade los hijos comunes mientras dure ésta.

En tal sentido se ha pronunciado reiteradamente el TSJ Catalunya y al efecto es ilustrativa la S. de 4 de abril de 2011 que, por lo que aquí interesa, establece: 'SEXTO.- Atribución del domicilio conyugal y su limitación temporal.

El tercer motivo del recurso denuncia la infracción del art. 83 CF , por cuanto se estima que la citada norma establece la posibilidad de limitar en el tiempo la atribución del uso si se garantiza la vivienda, a través de la fijación de una cantidad para hacer frente al abono de un alquiler.

La sentencia recurrida revoca el pronunciamiento de la dictada por el juzgador de primera instancia que atribuyó la vivienda familiar a la esposa e hijos añadiéndose que para el caso de que se procediera a la venta de la misma el Sr. Braulio deberá abonar a la Sra. María Inmaculada la suma de 1. 200 euros para hacer frente al alquiler de otra. Sin embargo, la resolución recurrida, con mayor acierto, establece que la atribución del uso de la vivienda, a falta de acuerdo de los cónyuges se realiza a favor del cónyuge (la Sra. María Inmaculada) que tiene atribuida la custodia del hijo, Ignacio, menor de edad hasta tanto duren las funciones de la guarda y custodia de dicho menor lo que se corresponde con lo dispuesto en el art. 83.2 a) CF . Para el caso de venta de la vivienda durante dicho lapso temporal, se añade, en el F. J. 2º de la sentencia recurrida, deberá conservar la atribución del uso a favor de la Sra. María Inmaculada, salvo acuerdo de las partes, sin perjuicio de que pueda sustituirse tal pronunciamiento del uso, por la contribución de una prestación económica tendente a lograr la contratación arrendaticia de otra vivienda para ser ocupada por la demandante y sus hijos.

La limitación temporal que solicita el recurrente no opera cuando como en el supuesto de autos existe un hijo menor de edad cuya custodia queda atribuida a la Sra. María Inmaculada y se justifica que es éste el interés más digno de protección, pues como declaramos en la STSJC 17 /2010, de 22 de abril, con cita de otras resoluciones de este Tribunal, como las SSTSJC 33/2009, de 22 septiembre , 13/2004, de 29 marzo , 26/2006, de 22 de junio y 49/2009, de 3 diciembre , la limitación temporal que pretende imponerse a la madre y a los tres hijos comporta de facto una obligación de trasladarse a otra vivienda, lo que no se corresponde ni con lo dispuesto en el art. 83. 2. a) CF ni con el interés prevalente del menor de edad, que es exclusivamente lo que debe ponderarse en el momento presente. El citado precepto dispone que la atribución se realiza en forma 'preferente' al cónyuge que tiene la guarda y custodia del menor, frente a a lo cual deben existir razones poderosas que comporten una excepción a la regla general, lo que no concurre en el caso examinado mientras no se justifique la existencia de un interés más perentorio por parte del recurrente o que, tal como se recoge en la sentencia recurrida, alcanzada la mayoría de edad pueda instarse su continuidad, entonces, de conformidad con el art. 83. 2. b) CF según el criterio legal de mayor necesidad, siendo este último extremo una cuestión ajena al debate litigioso puesto que no es el supuesto examinado (incardinado en el art. 83. 2. a): atribución de la vivienda a la esposa que tiene a su custodia un menor de edad, no justificándose motivos enervantes de dicha atribución.

En su consecuencia, procede rechazar el tercer motivo del recurso de casación'.

Como más reciente procede citar también la STSJ Catalunya 19 marzo 2018, nº 29/2018 , invocada por la apelante en su escrito de recurso, que dispone: 'TERCER. Recurs de cassació

1. Sota aquests pressupostos fàctics, el recurs de cassació denuncia la infracció dels apartats 2 i 3 de l' article 233-20 CCCat i gira entorn de la durada del dret d'ús de l'habitatge familiar quan aquest dret s'ha reconegut judicialment a favor del progenitor que té la guarda dels fills menors i un dels cònjuges copropietari de l'immoble n'exercita l'acció de divisió de la cosa comuna.

En concret, el recorrent combat la decisió del tribunal d'apel lació segons la qual l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar al senyor Carlos Miguel s'extingirà quan es dugui a terme la venda forçosa de l'habitatge en el si del procediment executiu de divisió de la cosa comuna. I ho fa amb les següents paraules: ' debe retirarse la limitación temporal del uso y atribución de la vivienda conyugal y no ligarlo a la venta de la vivienda, disponiendo que mientras los hijos sean menores de edad y el padre tenga la guarda y custodia de los mismos, tendrá atribuido el uso y disfrute de la vivienda conyugal, incluso en el supuesto de la venta de la misma o de la ejecución de la sentencia en los autos 52/2014 '.

Així considerada, la controvèrsia presenta una doble vessant: per una banda, la determinació de la durada del dret d'ús reconegut al guardador dels fills; per l'altra, la repercussió sobre aquest dret d'ús de l'acció de divisió de l'habitatge comú promoguda pel cònjuge copropietari no guardador dels fills.

2. Pel que fa a la primera qüestió, la sentència d'aquest tribunal 67/2012, de 12 de novembre, seguint la sentència 17/2010, de 22 d'abril, totes dues citades pel recorrent, recordava, per bé que en relació a situacions jurídiques regides pel Codi de família, que ' el dret a l'ús de l'habitatge familiar es caracteritza per la provisionalitat i temporalitat, ja que després del cessament de la convivència marital i si la llei no preveu una altra cosa, l'immoble hauria de tornar al règim jurídic ordinari que lliga disposició de l'ús a la titularitat.

És per això que en els casos de crisi matrimonial la llei preveu una sèrie de regles que parteixen de la prolongació de la solidaritat conjugal o de l'interès superior de tercers (els fills menors d'edat).

D'aquesta forma, l' article 83 del Codi de família , en cas de desacord entre els cònjuges sobre a qui cal atribuir l'ús de l'habitatge familiar, estableix que, si hi ha fills, l'ús s'atribueix, preferentment, al cònjuge que en tingui atribuïda la guarda, mentre duri aquesta; si la guarda dels fills es distribueix entre els cònjuges, resol l'autoritat judicial, i si no hi ha fills, s'atribueix l'ús al cònjuge que en tingui més necessitat, tenint l'esmentada atribució caràcter temporal, mentre duri la necessitat que la va motivar, sens perjudici de pròrroga, si escau.

És clar, doncs, que la norma legal es decanta per la prestació in natura de l'obligació dels pares de subministrar habitatge als seus fills, per tal que no hagin de patir més canvis en la nova situació, ja que, tot i ser cert que en el concepte d'aliments de l' art. 259 del CF hi ha inclòs l'habitatge, també ho és que existeix una regulació específica per al cas de la ruptura del matrimoni o de la parella en el cas d'existència de fills menors, de manera que, si hi ha fills, l'ús s'atribueix, preferentment, al cònjuge que en tingui atribuïda la guarda, mentre aquesta duri '.

La qual cosa, acabava dient la STSJ 67/2012, amb invocació de la sentència 49/2009, de 3 de desembre, 'no supone que siempre y necesariamente la vivienda propiedad de uno de los cónyuges o miembros de la pareja deba ser atribuida al cónyuge que tenga la guardia y custodia de los hijos menores pues la ley ya establece que dicha atribución se realizará 'preferentemente', por lo que pueden existir razones poderosas que comporten una excepción a la regla general, como por ejemplo si el cónyuge no propietario a quien se hubiese atribuido la custodia tuviese por sí mismo medios más que suficientes para cubrir las necesidades de vivienda propias y la de los hijos, mientras que la necesidad más perentoria de vivienda la tuviese el cónyuge o miembro de la pareja propietario, en cuyo caso debería ser atribuida a este. De igual modo tampoco existiría obstáculo legal para instar una modificación de medidas si esta situación se diese con posterioridad a la atribución al cónyuge o miembro de la pareja custodia'.

Per raons temporals la regulació aplicable al nostre cas no és la del Codi de família sinó la continguda en el Codi civil de Catalunya, que destina els articles 233- 20 a 233-25 a regular l'atribució però també l'exclusió i els límits de l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar en cas de divorci o separació judicial. Segons que recull el preàmbul de la llei 25/2010, d'aprovació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en el nou règim 'es posa èmfasi en la necessitat de valorar les circumstàncies dels cas concret', raó per la qual, si bé es manté com a criteri preferent l'atribució de l'ús al cònjuge a qui correspongui la guarda dels fills (article 233-20.2), s'hi introdueixen diverses possibilitats per tal que el beneficiari de l'ús sigui -amb caràcter temporal, susceptible de pròrroga- el cònjuge més necessitat, encara que no sigui el qui té la guarda dels fills (article 233-20, apartats 3 i 4), o en les quals escaigui excloure l'atribució de l'ús (article 233-21.1).

En definitiva, s'instaura un sistema molt flexible que persegueix la solució més beneficiosa ateses les circumstàncies del cas sense perdre de vista -si escau- el superior interès del menor.

Limitant la nostra anàlisi a la específica controvèrsia d'aquest litigi, concretament l'apartat 2 de l' article 233-20 CCCat disposa que ' si no hi ha acord o si aquest no és aprovat, l'autoritat judicial ha d'atribuir l'ús de l'habitatge familiar, preferentment, al progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta ', norma complementada per l' article 233-24.1 CCCat, segons el qual ' el dret d'ús s'extingeix per les causes pactades entre els cònjuges i, si es va atribuir per raó de la guarda dels fills, per l'acabament de la guarda '.

És una regla molt semblant a la del derogat article 83.2, a/ del Codi de família, de manera que la doctrina jurisprudencial elaborada en relació a aquest precepte es també aplicable a la nova regulació. Així ho subratlla, entre d'altres, la sentència d'aquest tribunal 25/2016, de 14 d'abril.

El legislador certament admet que en els supòsits descrits en els apartats 3 i 4 de l' article 233-20 CCCat, cap d'ells concorrent en el cas que s'examina, l'ús de l'habitatge familiar s'atribueixi -tot i així amb caràcter temporal susceptible de pròrroga- al cònjuge més necessitat, que pot no ser aquell a qui s'ha assignat la guarda dels fills; de fet, l'Audiència en l'apel lació de la sentència de divorci va atribuir l'ús de l'habitatge familiar a la senyora Pura per un màxim de dos anys tot i no ser custòdia dels fills, per entendre que era la més necessitada i que el pare i els fills tenien coberta la necessitat d'habitatge per mitjà de la residència de l'àvia materna, a qui s'assignava la guarda dels menors. Però el que no admet el legislador, a banda dels supòsits d'exclusió de l'atribució de l'ús, és que quan l'ús de l'habitatge s'atribueix -seguint el criteri que ell mateix considera 'preferent'- al progenitor a qui correspon la guarda dels fills, hom el restringeixi de manera temporal en atenció a una raó que no sigui la durada de la guarda mateixa.

En conseqüència, la regla general és que l'ús de l'habitatge que s'atribueix al progenitor que ostenta la guarda dels fills menors -com és el cas- no pot ser limitat en el temps, puix que la seva durada coincideix amb la de la guarda dels menors.

3. Des d'aquest punt de vista, la sentència recorreguda no s'ajusta al tenor dels articles 233-20.2 i 233-24.1 CCCat, tota vegada que, no obstant atribuir a Carlos Miguel l'ús de l'habitatge familiar per mor de la seva funció de guardador dels fills menors de edat, en limita la durada ' no ya al tiempo de guarda, sino al tiempo de ejecución de la acción de división con la consiguiente venta del inmueble '.

Les raons que justifiquen aquesta decisió no són convincents.

En primer lloc, no són apropiades les referències a la cosa jutjada formal i material derivada del fet que la sentència ferma de divorci havia acordat -a petició justament del senyor Carlos Miguel - la divisió de l'habitatge comú i el consegüent repartiment del preu entre els cònjuges propietaris, atès que totes les mesures ordenades en un procés matrimonial es poden modificar, mitjançant una resolució judicial posterior, si varien substancialment les circumstàncies concurrents en el moment de dictar-les ( articles 233-7.1 CCCat i 775.1 LEC), i en aquest cas la modificació de mesures del divorci promoguda pel senyor Carlos Miguel incloïa tant una variació del titular de l'ús de l'habitatge familiar com la determinació que aquesta nova atribució era incompatible amb l'acció de divisió de l'immoble comú.

Encara que s'entengués que l'essencial modificabilitat de les mesures del divorci no inclou les de caràcter eventual, més concretament la que fa referència estricta a la divisió dels béns comuns o en comunitat ordinària indivisa ( article 233-4.2 CCCat), aquest criteri interpretatiu només seria aplicable sempre que dita acció recaigués en un supòsit en què no s'hagués acordat res sobre l'atribució de l'ús l'habitatge familiar comú a dividir, sigui perquè hagués desaparegut la mateixa funció de domicili familiar (per exemple, per canvi de residència dels dos cònjuges), sigui perquè ha prosperat la petició d'un d'ells adreçada a excloure l'atribució de l'ús a l'empara de l' article 233-21.1 CCCat. I en el nostre cas ja ha quedat exposat que la sentència de divorci dictada per l'Audiència féu una atribució de l'ús de l'habitatge de DIRECCION002 en favor del cònjuge que estimà més necessitat (en aquell cas, la dona) en aplicació d'un criteri anàleg al que inspira l'apartat 4 de l' article 233-20 CCCat, i que la sentència d'apel lació ara recorreguda fa el mateix només que en aquest cas atribueix l'ús al cònjuge a que assigna la guarda dels fills seguint el que disposa l'apartat 2 de l'article tantes vegades esmentat.

En darrer terme, cal subratllar que els efectes de cosa jutjada que declara la sentència recorreguda van referits només a l''acció de divisió de la cosa comuna' decretada per la sentència de divorci i, com veurem tot seguit, la divisió de la cosa és compatible amb la pervivència del dret d'ús de l'habitatge acordat en un procés matrimonial. Raó per la qual l'atribució de l'ús -no impugnada per la part demandada- que fa dita sentència a favor d'un dels cònjuges seguint un dels criteris de l' article 233-20 CCCat comporta la subjecció d'aquella acció a la tipologia d'aquest específic dret d'ús.

En conclusió, l'ús de l'habitatge familiar de DIRECCION002 reconegut a favor de Carlos Miguel per raó de ser el guardador dels seus dos fills es mantindrà mentre duri la guarda dels menors, sense perjudici lògicament dels efectes d'una hipotètica variació substancial de les circumstàncies.

4. La segona vessant de la controvèrsia (repercussió del cessament en la indivisió de l'immoble comú sobre el dret d'ús reconegut al progenitor custodi dels fills menors) ha de ser resolta amb l'estricta aplicació de l' article 233-25 CCCat posat en relació amb el darrer incís de l'article 233-4.2 del mateix cos legal.

Aquesta havia estat una qüestió molt debatuda en l'àmbit doctrinal i jurisprudencial, en particular en dret català degut primordialment al fet que la Compilació del dret civil de Catalunya de 1960 no va incorporar al seu text fins la reforma operada per la Llei 8/1993, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges, una norma de protecció de l'habitatge familiar semblant a la de l' article 1320 del Codi civil comú, introduïda en aquest codi per la Llei 11/1981, de 13 de maig. La sentència d'aquest tribunal 53/2013, de 26 de setembre, va tancar en sentit afirmatiu el debat sobre la vigència a Catalunya de l' article 1320 CC fins l'entrada en vigor de l'esmentada llei 8/1993, tot subratllant la seva naturalesa de norma relativa a l'anomenat règim econòmic matrimonial primari , la seva finalitat de protecció del domicili familiar, particularment en època de convivència conjugal, i la seva plena compatibilitat amb el règim legal de separació de béns propi del dret català.

El Codi de família, aprovat per la Llei 9/1998, de 15 de juliol, recollia en el seu article 9 la susdita norma de protecció de l'habitatge familiar en època de convivència conjugal, amb la particularitat que el seu apartat 4 establia que en els casos de separació judicial, de nul litat o de divorci la disposició de l'habitatge per part del cònjuge titular en principi no precisava el consentiment de l'altre cònjuge ni l'autorització judicial, 'tret del cas en què el cònjuge no titular o el fills tinguin dret a l'ús de l'esmentat habitatge, llevat que la disposició es faci respectant aquest dret'. En paral lel, el Codi de família reforçava el dret d'ús per la via de reconèixer el seu caràcter d'inscriptible en el Registre de la Propietat ( article 83.3 CF), amb el consegüent efecte de publicitat erga omnes.

Aquest estat de coses normatiu explica que les nostres sentències 4/2003, de 24 de febrer, i 32/2008, de 18 de setembre, seguint la línia oberta pel Tribunal Suprem en la sentència de 26 d'abril de 2002, afirmessin que l'exercici de l'acció de divisió de la cosa comuna sobre l'immoble que constituïa l'habitatge familiar l'ús del qual estava atribuït per conveni o per decisió judicial a un dels cònjuges titulars del bé, era compatible amb aquest dret d'ús sempre que la divisió el respectés. En aquesta mateixa línia s'inscriu l' article 562-4.2 CCCat, introduït per la Llei 5/2006, el qual estableix que l'execució d'una hipoteca s'ha de compatibilitzar amb la regulació de l'ús de l'habitatge familiar prevista als articles 233-20 i següents CCCat.

Aquesta evolució legislativa ha culminat en l'actual caracterització del dret d'ús de l'habitatge familiar com un dret real d'origen familiar. Així es desprèn de l' article 233-25 CCCat, segons el qual ' el propietari o el titular de drets reals sobre l'habitatge familiar en pot disposar sense el consentiment del cònjuge que en tingui l'ús i sense autorització judicial, sens perjudici del dret d'ús ', el qual es complementa amb la previsió de l' article 233-22 CCCat segons el qual ' el dret d'ús de l'habitatge familiar atribuït al cònjuge es pot inscriure o, si s'ha atribuït com a mesura provisional, anotar preventivament en el Registre de la Propietat ', de manera que aquella caracterització i la inscriptibilitat, a la qual s'associen els efectes de la publicitat registral enunciats als articles 32, 34 i 38 de la Llei hipotecària, constitueix el factor determinant de la protecció dels drets sobre l'habitatge familiar en època de crisi conjugal.

La sentència recorreguda no s'aparta del que estableix l' article 233-25 CCCat quan proclama que ' por el mero hecho de realizarse la atribución de uso al progenitor que ostente la guarda no puede evitarse la división de la comunidad ', raó per la qual revocà el pronunciament del jutjat que havia deixat sense efecte l'acció executiva de divisió de la cosa comuna endegada per Pura, però sí que infringeix aquell article i per extensió també l' article 233-20.2 CCCat quan afirma que l'atribució d'ús de l'habitatge familiar al senyor Carlos Miguel durarà ' hasta que se produzca la venta de la misma en los trámites de ejecución de sentencia que ya se han iniciado '.

En conclusió, el procediment executiu de divisió de la cosa comuna promogut per la senyora Pura pot seguir endavant a fi i efecte de culminar l'extinció de la comunitat sobre l'habitatge familiar (val a dir que l' article 552-11.5 CCCat preveu diverses modalitats de dissolució diferents de la venda de la cosa a tercer, entre d'altres l'adjudicació al propietari que en tingui interès), sense més condicionant que la necessitat de respectar el dret d'ús que correspon a Carlos Miguel mentre exerceixi la guarda del fills. Lògicament, la preservació davant tothom d'aquesta titularitat real -per exemple, enfront del tercer rematant de la finca en una hipotètica subhasta- només s'assolirà amb la corresponent inscripció registral'.

En tal sentido se ha pronunciado también este Tribunal en Sentencias de 22 de octubre de 2015, nº 425/2015; 3 de julio de 2017, nº 286/2017 y 25 de enero 2019, nº 43/2019, entre otras, disponiendo ésta última: 'Això ve a tomb perquè l' art. 233-20.2 del CCCat estableix que l'ús del domicili familiar s'ha d'atribuir preferentment al progenitor guardador dels fills comuns i mentre duri la guarda. Pel que fa al sol·licitud que sigui limitat temporalment, s'ha d'estar al fet que determina l'atribució de l'ús, i que és el de ser el progenitor custodi dels fills menors d'edat segons determina l'esmentat l'art. 233-20.2. En aquest cas, l'atribució acabarà amb la majoria d'edat del menor dels fills, solució aquesta que no solament fixa el propi número 2 quan diu '...al progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta', sinó que a més ho confirma l'art. 233-24.1 quan diu que: '1. El dret d'ús s'extingeix per les causes pactades entre els cònjuges i, si es va atribuir per raó de la guarda dels fills, per l'acabament de la guarda'.TERCER. Recurs de cassació

1. Sota aquests pressupostos fàctics, el recurs de cassació denuncia la infracció dels apartats 2 i 3 de l' article 233-20 CCCat i gira entorn de la durada del dret d'ús de l'habitatge familiar quan aquest dret s'ha reconegut judicialment a favor del progenitor que té la guarda dels fills menors i un dels cònjuges copropietari de l'immoble n'exercita l'acció de divisió de la cosa comuna.

En concret, el recorrent combat la decisió del tribunal d'apel lació segons la qual l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar al senyor Carlos Miguel s'extingirà quan es dugui a terme la venda forçosa de l'habitatge en el si del procediment executiu de divisió de la cosa comuna. I ho fa amb les següents paraules: ' debe retirarse la limitación temporal del uso y atribución de la vivienda conyugal y no ligarlo a la venta de la vivienda, disponiendo que mientras los hijos sean menores de edad y el padre tenga la guarda y custodia de los mismos, tendrá atribuido el uso y disfrute de la vivienda conyugal, incluso en el supuesto de la venta de la misma o de la ejecución de la sentencia en los autos 52/2014 '.

Així considerada, la controvèrsia presenta una doble vessant: per una banda, la determinació de la durada del dret d'ús reconegut al guardador dels fills; per l'altra, la repercussió sobre aquest dret d'ús de l'acció de divisió de l'habitatge comú promoguda pel cònjuge copropietari no guardador dels fills.

2. Pel que fa a la primera qüestió, la sentència d'aquest tribunal 67/2012, de 12 de novembre, seguint la sentència 17/2010, de 22 d'abril, totes dues citades pel recorrent, recordava, per bé que en relació a situacions jurídiques regides pel Codi de família, que ' el dret a l'ús de l'habitatge familiar es caracteritza per la provisionalitat i temporalitat, ja que després del cessament de la convivència marital i si la llei no preveu una altra cosa, l'immoble hauria de tornar al règim jurídic ordinari que lliga disposició de l'ús a la titularitat.

És per això que en els casos de crisi matrimonial la llei preveu una sèrie de regles que parteixen de la prolongació de la solidaritat conjugal o de l'interès superior de tercers (els fills menors d'edat).

D'aquesta forma, l' article 83 del Codi de família , en cas de desacord entre els cònjuges sobre a qui cal atribuir l'ús de l'habitatge familiar, estableix que, si hi ha fills, l'ús s'atribueix, preferentment, al cònjuge que en tingui atribuïda la guarda, mentre duri aquesta; si la guarda dels fills es distribueix entre els cònjuges, resol l'autoritat judicial, i si no hi ha fills, s'atribueix l'ús al cònjuge que en tingui més necessitat, tenint l'esmentada atribució caràcter temporal, mentre duri la necessitat que la va motivar, sens perjudici de pròrroga, si escau.

És clar, doncs, que la norma legal es decanta per la prestació in natura de l'obligació dels pares de subministrar habitatge als seus fills, per tal que no hagin de patir més canvis en la nova situació, ja que, tot i ser cert que en el concepte d'aliments de l' art. 259 del CF hi ha inclòs l'habitatge, també ho és que existeix una regulació específica per al cas de la ruptura del matrimoni o de la parella en el cas d'existència de fills menors, de manera que, si hi ha fills, l'ús s'atribueix, preferentment, al cònjuge que en tingui atribuïda la guarda, mentre aquesta duri '.

La qual cosa, acabava dient la STSJ 67/2012, amb invocació de la sentència 49/2009, de 3 de desembre, 'no supone que siempre y necesariamente la vivienda propiedad de uno de los cónyuges o miembros de la pareja deba ser atribuida al cónyuge que tenga la guardia y custodia de los hijos menores pues la ley ya establece que dicha atribución se realizará 'preferentemente', por lo que pueden existir razones poderosas que comporten una excepción a la regla general, como por ejemplo si el cónyuge no propietario a quien se hubiese atribuido la custodia tuviese por sí mismo medios más que suficientes para cubrir las necesidades de vivienda propias y la de los hijos, mientras que la necesidad más perentoria de vivienda la tuviese el cónyuge o miembro de la pareja propietario, en cuyo caso debería ser atribuida a este. De igual modo tampoco existiría obstáculo legal para instar una modificación de medidas si esta situación se diese con posterioridad a la atribución al cónyuge o miembro de la pareja custodia'.

Per raons temporals la regulació aplicable al nostre cas no és la del Codi de família sinó la continguda en el Codi civil de Catalunya, que destina els articles 233- 20 a 233-25 a regular l'atribució però també l'exclusió i els límits de l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar en cas de divorci o separació judicial. Segons que recull el preàmbul de la llei 25/2010, d'aprovació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en el nou règim 'es posa èmfasi en la necessitat de valorar les circumstàncies dels cas concret', raó per la qual, si bé es manté com a criteri preferent l'atribució de l'ús al cònjuge a qui correspongui la guarda dels fills (article 233-20.2), s'hi introdueixen diverses possibilitats per tal que el beneficiari de l'ús sigui -amb caràcter temporal, susceptible de pròrroga- el cònjuge més necessitat, encara que no sigui el qui té la guarda dels fills (article 233-20, apartats 3 i 4), o en les quals escaigui excloure l'atribució de l'ús (article 233-21.1).

En definitiva, s'instaura un sistema molt flexible que persegueix la solució més beneficiosa ateses les circumstàncies del cas sense perdre de vista -si escau- el superior interès del menor.

Limitant la nostra anàlisi a la específica controvèrsia d'aquest litigi, concretament l'apartat 2 de l' article 233-20 CCCat disposa que ' si no hi ha acord o si aquest no és aprovat, l'autoritat judicial ha d'atribuir l'ús de l'habitatge familiar, preferentment, al progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta ', norma complementada per l' article 233-24.1 CCCat, segons el qual ' el dret d'ús s'extingeix per les causes pactades entre els cònjuges i, si es va atribuir per raó de la guarda dels fills, per l'acabament de la guarda '.

És una regla molt semblant a la del derogat article 83.2, a/ del Codi de família, de manera que la doctrina jurisprudencial elaborada en relació a aquest precepte es també aplicable a la nova regulació. Així ho subratlla, entre d'altres, la sentència d'aquest tribunal 25/2016, de 14 d'abril.

El legislador certament admet que en els supòsits descrits en els apartats 3 i 4 de l' article 233-20 CCCat, cap d'ells concorrent en el cas que s'examina, l'ús de l'habitatge familiar s'atribueixi -tot i així amb caràcter temporal susceptible de pròrroga- al cònjuge més necessitat, que pot no ser aquell a qui s'ha assignat la guarda dels fills; de fet, l'Audiència en l'apel lació de la sentència de divorci va atribuir l'ús de l'habitatge familiar a la senyora Pura per un màxim de dos anys tot i no ser custòdia dels fills, per entendre que era la més necessitada i que el pare i els fills tenien coberta la necessitat d'habitatge per mitjà de la residència de l'àvia materna, a qui s'assignava la guarda dels menors. Però el que no admet el legislador, a banda dels supòsits d'exclusió de l'atribució de l'ús, és que quan l'ús de l'habitatge s'atribueix -seguint el criteri que ell mateix considera 'preferent'- al progenitor a qui correspon la guarda dels fills, hom el restringeixi de manera temporal en atenció a una raó que no sigui la durada de la guarda mateixa.

En conseqüència, la regla general és que l'ús de l'habitatge que s'atribueix al progenitor que ostenta la guarda dels fills menors -com és el cas- no pot ser limitat en el temps, puix que la seva durada coincideix amb la de la guarda dels menors.

3. Des d'aquest punt de vista, la sentència recorreguda no s'ajusta al tenor dels articles 233-20.2 i 233-24.1 CCCat, tota vegada que, no obstant atribuir a Carlos Miguel l'ús de l'habitatge familiar per mor de la seva funció de guardador dels fills menors de edat, en limita la durada ' no ya al tiempo de guarda, sino al tiempo de ejecución de la acción de división con la consiguiente venta del inmueble '.

Les raons que justifiquen aquesta decisió no són convincents.

En primer lloc, no són apropiades les referències a la cosa jutjada formal i material derivada del fet que la sentència ferma de divorci havia acordat -a petició justament del senyor Carlos Miguel - la divisió de l'habitatge comú i el consegüent repartiment del preu entre els cònjuges propietaris, atès que totes les mesures ordenades en un procés matrimonial es poden modificar, mitjançant una resolució judicial posterior, si varien substancialment les circumstàncies concurrents en el moment de dictar-les ( articles 233-7.1 CCCat i 775.1 LEC), i en aquest cas la modificació de mesures del divorci promoguda pel senyor Carlos Miguel incloïa tant una variació del titular de l'ús de l'habitatge familiar com la determinació que aquesta nova atribució era incompatible amb l'acció de divisió de l'immoble comú.

Encara que s'entengués que l'essencial modificabilitat de les mesures del divorci no inclou les de caràcter eventual, més concretament la que fa referència estricta a la divisió dels béns comuns o en comunitat ordinària indivisa ( article 233-4.2 CCCat), aquest criteri interpretatiu només seria aplicable sempre que dita acció recaigués en un supòsit en què no s'hagués acordat res sobre l'atribució de l'ús l'habitatge familiar comú a dividir, sigui perquè hagués desaparegut la mateixa funció de domicili familiar (per exemple, per canvi de residència dels dos cònjuges), sigui perquè ha prosperat la petició d'un d'ells adreçada a excloure l'atribució de l'ús a l'empara de l' article 233-21.1 CCCat. I en el nostre cas ja ha quedat exposat que la sentència de divorci dictada per l'Audiència féu una atribució de l'ús de l'habitatge de DIRECCION002 en favor del cònjuge que estimà més necessitat (en aquell cas, la dona) en aplicació d'un criteri anàleg al que inspira l'apartat 4 de l' article 233-20 CCCat, i que la sentència d'apel lació ara recorreguda fa el mateix només que en aquest cas atribueix l'ús al cònjuge a que assigna la guarda dels fills seguint el que disposa l'apartat 2 de l'article tantes vegades esmentat.

En darrer terme, cal subratllar que els efectes de cosa jutjada que declara la sentència recorreguda van referits només a l''acció de divisió de la cosa comuna' decretada per la sentència de divorci i, com veurem tot seguit, la divisió de la cosa és compatible amb la pervivència del dret d'ús de l'habitatge acordat en un procés matrimonial. Raó per la qual l'atribució de l'ús -no impugnada per la part demandada- que fa dita sentència a favor d'un dels cònjuges seguint un dels criteris de l' article 233-20 CCCat comporta la subjecció d'aquella acció a la tipologia d'aquest específic dret d'ús.

En conclusió, l'ús de l'habitatge familiar de DIRECCION002 reconegut a favor de Carlos Miguel per raó de ser el guardador dels seus dos fills es mantindrà mentre duri la guarda dels menors, sense perjudici lògicament dels efectes d'una hipotètica variació substancial de les circumstàncies.

4. La segona vessant de la controvèrsia (repercussió del cessament en la indivisió de l'immoble comú sobre el dret d'ús reconegut al progenitor custodi dels fills menors) ha de ser resolta amb l'estricta aplicació de l' article 233-25 CCCat posat en relació amb el darrer incís de l'article 233-4.2 del mateix cos legal.

Aquesta havia estat una qüestió molt debatuda en l'àmbit doctrinal i jurisprudencial, en particular en dret català degut primordialment al fet que la Compilació del dret civil de Catalunya de 1960 no va incorporar al seu text fins la reforma operada per la Llei 8/1993, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges, una norma de protecció de l'habitatge familiar semblant a la de l' article 1320 del Codi civil comú, introduïda en aquest codi per la Llei 11/1981, de 13 de maig. La sentència d'aquest tribunal 53/2013, de 26 de setembre, va tancar en sentit afirmatiu el debat sobre la vigència a Catalunya de l' article 1320 CC fins l'entrada en vigor de l'esmentada llei 8/1993, tot subratllant la seva naturalesa de norma relativa a l'anomenat règim econòmic matrimonial primari , la seva finalitat de protecció del domicili familiar, particularment en època de convivència conjugal, i la seva plena compatibilitat amb el règim legal de separació de béns propi del dret català.

El Codi de família, aprovat per la Llei 9/1998, de 15 de juliol, recollia en el seu article 9 la susdita norma de protecció de l'habitatge familiar en època de convivència conjugal, amb la particularitat que el seu apartat 4 establia que en els casos de separació judicial, de nul litat o de divorci la disposició de l'habitatge per part del cònjuge titular en principi no precisava el consentiment de l'altre cònjuge ni l'autorització judicial, 'tret del cas en què el cònjuge no titular o el fills tinguin dret a l'ús de l'esmentat habitatge, llevat que la disposició es faci respectant aquest dret'. En paral lel, el Codi de família reforçava el dret d'ús per la via de reconèixer el seu caràcter d'inscriptible en el Registre de la Propietat ( article 83.3 CF), amb el consegüent efecte de publicitat erga omnes .

Aquest estat de coses normatiu explica que les nostres sentències 4/2003, de 24 de febrer, i 32/2008, de 18 de setembre, seguint la línia oberta pel Tribunal Suprem en la sentència de 26 d'abril de 2002, afirmessin que l'exercici de l'acció de divisió de la cosa comuna sobre l'immoble que constituïa l'habitatge familiar l'ús del qual estava atribuït per conveni o per decisió judicial a un dels cònjuges titulars del bé, era compatible amb aquest dret d'ús sempre que la divisió el respectés. En aquesta mateixa línia s'inscriu l' article 562-4.2 CCCat, introduït per la Llei 5/2006, el qual estableix que l'execució d'una hipoteca s'ha de compatibilitzar amb la regulació de l'ús de l'habitatge familiar prevista als articles 233-20 i següents CCCat.

Aquesta evolució legislativa ha culminat en l'actual caracterització del dret d'ús de l'habitatge familiar com un dret real d'origen familiar. Així es desprèn de l' article 233-25 CCCat, segons el qual ' el propietari o el titular de drets reals sobre l'habitatge familiar en pot disposar sense el consentiment del cònjuge que en tingui l'ús i sense autorització judicial, sens perjudici del dret d'ús ', el qual es complementa amb la previsió de l' article 233-22 CCCat segons el qual ' el dret d'ús de l'habitatge familiar atribuït al cònjuge es pot inscriure o, si s'ha atribuït com a mesura provisional, anotar preventivament en el Registre de la Propietat ', de manera que aquella caracterització i la inscriptibilitat, a la qual s'associen els efectes de la publicitat registral enunciats als articles 32, 34 i 38 de la Llei hipotecària, constitueix el factor determinant de la protecció dels drets sobre l'habitatge familiar en època de crisi conjugal.

La sentència recorreguda no s'aparta del que estableix l' article 233-25 CCCat quan proclama que ' por el mero hecho de realizarse la atribución de uso al progenitor que ostente la guarda no puede evitarse la división de la comunidad ', raó per la qual revocà el pronunciament del jutjat que havia deixat sense efecte l'acció executiva de divisió de la cosa comuna endegada per Pura, però sí que infringeix aquell article i per extensió també l' article 233-20.2 CCCat quan afirma que l'atribució d'ús de l'habitatge familiar al senyor Carlos Miguel durarà ' hasta que se produzca la venta de la misma en los trámites de ejecución de sentencia que ya se han iniciado '.

En conclusió, el procediment executiu de divisió de la cosa comuna promogut per la senyora Pura pot seguir endavant a fi i efecte de culminar l'extinció de la comunitat sobre l'habitatge familiar (val a dir que l' article 552-11.5 CCCat preveu diverses modalitats de dissolució diferents de la venda de la cosa a tercer, entre d'altres l'adjudicació al propietari que en tingui interès), sense més condicionant que la necessitat de respectar el dret d'ús que correspon a Carlos Miguel mentre exerceixi la guarda del fills. Lògicament, la preservació davant tothom d'aquesta titularitat real -per exemple, enfront del tercer rematant de la finca en una hipotètica subhasta- només s'assolirà amb la corresponent inscripció registral.

Lo expuesto determina que proceda dar lugar al recurso en este extremo, dejando sin efecto la limitación de uso de la vivienda recogida en la resolución recurrida.

La eliminación de la limitación del derecho de uso de la vivienda supone también, conforme a lo solicitado por la apelante en su escrito de recurso, que se deje sin efecto cualquier incremento de la pensión por alimentos cuando se proceda a la venta de la vivienda dada la compatibilidad de la atribución del uso en un proceso de familia con la acción de división del bien común, más respetando en esta última la concesión efectuada en proceso matrimonial o de familia conforme a reiterada jurisprudencia.

TERCERO.Cuestiona también elimporte de la pensión alimenticiaen favor de las hijas con cargo al progenitor, que la sentencia fija en 300 € mensuales (150 € por cada una de las hijas), al considerarla insuficiente a los efectos de cubrir las necesidades de sustento y formación integral de las hijas y no ser acorde con la capacidad económica del progenitor obligado al pago, ni con la dispar distribución del tiempo de estancia y cuidado de las hijas entre los progenitores.

Para centrar debidamente la cuestión no está de más recordar que el deber de alimentos de los hijos menores incumbe a ambos progenitores, entendiendo esta obligación alimenticia en el amplio sentido que se deriva de los Arts. 236-17 y. 237- 1 del Código Civil de Cataluña (CCC) y cuando las personas obligadas a prestar alimentos son varias la obligación se ha de distribuir entre ellas, en función de sus recursos económicos y sus posibilidades, y en caso de custodia monoparental debe también valorarse como tal contribución la dedicación que ha de prestar el progenitor custodio que ostenta la guarda y custodia, y en cuya compañía quedan los menores. Por tanto, la pensión de alimentos de los hijos debe determinarse en función de sus necesidades, y teniendo en cuenta los medios económicos y las posibilidades de las personas obligadas a prestarlos ( Arts. 233-8, 237-7, y 237-9 CCC), con la lógica consecuencia de que hay que estar a las particulares y concretas circunstancias familiares de cada supuesto caso.

Partiendo de estos criterios, la Sala considera que, atendiendo a la situación fáctica concurrente, la cantidad fijada en la resolución recurrida se ajusta debidamente a las circunstancias del caso

En cuanto a la capacidad económica del progenitor, debe estarse a la situación actual y no a la existente durante la convivencia, como pretende la apelante en su escrito de recurso. Y ha quedado perfectamente acreditado que en el momento de celebración de la vista el Sr. Fermín trabajaba para la empresa Sergi Samper García de DIRECCION000 como oficial de 2ª, con un contrato de trabajo temporal a tiempo completo de 40 horas de lunes a viernes, percibiendo un salario neto mensual de entre 1.232,57 € y 1402,32 € incluyendo las pagas extras, tal y como se desprende de las nóminas de los meses de agosto a diciembre 2020 acompañadas en el acto de la vista.

Hay que tener presente también que ambos progenitores son titulares proindiviso de la vivienda familiar, abonando una cuota hipotecaria de unos 600 € mensuales, haciendo frente el progenitor a la mitad de dicho importe y de los impuestos que gravan la vivienda. Atendiendo al hecho que se ha atribuido el uso de la vivienda familiar a la madre y a las hijas en cuya compañía quedan y que dicha atribución del uso, conforme dispone expresamente el Art 233.20.2 CCC, se extenderá mientras dure la guarda, dicha atribución del uso de la vivienda debe ponderarse como contribución en especie para la fijación de los alimentos de las hijas.

Así lo establece también de forma expresa el Art. 233.20-7 CCC, que en concreto dispone que la atribución del uso de la vivienda, si ésta pertenece en todo o en parte al cónyuge que no es beneficiario, debe ponderarse como contribución en especie para la fijación de los alimentos de los hijos y de la prestación compensatoria que eventualmente devengue el otro cónyuge.

Han quedado acreditados también los gastos a que debe hacer frente al progenitor en concepto de préstamos, que ascienden a 91,04 € mensuales el préstamo concertado con CAIXABANK, con vencimiento en febrero de 2024 y 311,43 € mensuales el contrato de financiación del vehículo adquirido con la misma entidad bancaria.

En la actualidad el progenitor reside con su abuela en una vivienda titularidad de ésta, habiendo manifestado en el interrogatorio practicado en el acto de la vista que contribuye al pago de los gastos derivados de la misma, habiendo aportado documental acreditativa del pago de una transferencia realizada en diciembre de 2020 a la misma por importe de 250 €.

Respecto a la capacidad económica de la progenitora, ha quedado acreditado que trabaja por cuenta ajena como administrativa, oficial de 2ª, para la empresa IBERALFA de DIRECCION001, con un contrato de jornada reducida, 30 horas semanales, percibiendo un salario mensual neto de 1100 € mensuales por 13 pagas. Así se desprende de las nóminas aportadas junto al escrito de demanda, que comprende el periodo de enero de 2019 a enero de 2020, y de la consulta integral CGPJ efectuada por el Juzgado, de la que se desprende como percepciones del trabajo en el ejercicio 2019,17.804,99 € de retribución, 1.780,50 € de retención y 1.132,69 € de gastos deducibles.

En cuanto a los gastos, debe hacer frente también a la mitad del importe de la hipoteca que grava la vivienda conyugal actual, debiéndose valorar que se le ha atribuido el uso y disfruto del domicilio conyugal como cónyuge custodio, atribución del derecho de uso, que como ya hemos analizado detenidamente, no puede establecérsele límite alguno al ser las hijas menores de edad.

Junto a la capacidad económica de los progenitores hay que tener en cuenta también los gastos de las menores, cuyo concreto importe no ha quedado debidamente acreditado. De las declaraciones de ambas partes resulta que las mismas asisten al colegio público de la localidad donde residen, siendo evidente que pese a ello se generan gastos de material escolar, libros, AMPA y excursiones escolares, pero lo cierto es que no se ha practicado prueba alguna para acreditar el importe al que ascienden los mismos.

En cuanto a los gastos de comedor escolar, de la declaración de la progenitora en el acto de la vista se desprende que no comen cada día en el colegio, sino que día sí, día no, comen con los abuelos maternos, precisando que los gastos de comedor ascienden a 90 € mensuales

Lo que sí han quedado debidamente acreditados, con la documental aportada junto al escrito de demanda, son los gastos extraescolares de las menores, que se concretan en las actividades de gimnasia rítmica e inglés.

En definitiva, atendiendo a las necesidades de las hijas y a la capacidad económica de ambos progenitores, considera la Sala que la pensión alimenticia fijada en la resolución recurrida es adecuada y procede mantenerla, desestimando el recurso de apelación en este extremo.

CUARTO. Por último respecto a los gastos extraordinarios solicita la apelante que, si por la Sala se considera procedente, se refleje en el fallo para mayor claridad la especificación que se efectúa en la fundamentación jurídica sobre lo que debe considerarse por tales, en concreto que se entiende por tales 'los urgentes y necesarios, los consensuados y los médicos y farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social o mutua equivalente', petición que procede acoger para mayor claridad.

QUINTO.Dada la especial naturaleza de las cuestiones debatidas, no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas derivadas de este recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTEel recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Vicentacontra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera e Instrucción 3 de DIRECCION000 en los autos de Divorcio 209/2020 y REVOCAMOS PARCIALMENTEla citada resolución en el sentido de dejar sin efecto la limitación de uso de la vivienda conyugal dispuesta en la misma y el incremento de la pensión por alimentos vinculada a ello, añadiendoen cuanto a los gastos extraordinarios que se entiende por tales los urgentes y necesarios, los consensuados y los médicos y farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social o mutua equivalente. CONFIRMAMOSel resto de pronunciamientos, sin que proceda efectuar especial pronunciamiento sobre las costas de este recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta sentencia, a los oportunos efectos.

Dese el destino que proceda al depósito que ha constituido la parte recurrente para recurrir en apelación, conforme a lo dispuesto en la DA 15ª de la LOPJ.

Modo de impugnación:recurso de CASACIÓNen los supuestos del art. 477.2LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTEdías, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.