Sentencia CIVIL Nº 79/2021, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 424/2019 de 08 de Febrero de 2021

Encabezamiento

Sección nº 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Paseo Lluís Companys, 14-16, pl. 2a - Barcelona - C.P.: 08018

TEL.: 934866150

FAX: 934867109

EMAIL:aps11.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0812142120170056650

Recurso de apelación 424/2019 -B

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mataró

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 379/2017

Parte recurrente/Solicitante: Millán

Procurador/a: Maria Concepcion Alos Espinos

Abogado/a: Víctor Tubert Díaz

Parte recurrida: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Procurador/a: Francesc D'A. Mestres Coll

Abogado/a: JESSICA CLEMENTE OSUNA

SENTENCIA Nº 79/2021

Magistrados:

Doña María del Mar Alonso Martínez (Presidente)

Don Gonzalo Ferrer Amigo

Don Antonio Gómez Canal (Ponente)

En Barcelona, a 8 de febrero de 2021.

La Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona formada por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba identificados ha visto en grado de apelación los autos de JUICIO ORDINARIO 379/17 sobre resolución contractual y reclamación de cantidad seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Mataró por demanda de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representada por el Procurador sr. Mestres y asistida por la Abogada sra. Clemente, contra DON Millán, representado por la Procuradora sra. Alós y defendido por el Letrado sr. Tubert, y que penden ante nosotros por virtud del recurso interpuesto por el interpelado contra la Sentencia dictada en dichas actuaciones en fecha 12 de marzo de 2.019 y pronuncia la presente resolución en base a los siguientes,

Antecedentes

Primero.- RESOLUCIÓN RECURRIDA.

En el juicio ordinario 379/17 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mataró recayó Sentencia el día 12 de marzo de 2.019 cuya parte dispositiva establece textualmente lo siguiente:

'Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta en fecha 16 marzo 2017 por el Procurador de los Tribunales FRANCESC MESTRES I COLL en nombre y representación de BBVA SA contra Millán y Ramona sucedida procesalmente por el codemandado, a titulo de herencia testada, aceptada a beneficio de inventario, y

Debo declarar y declaro la resolución por vencimiento anticipado de la obligación de pago aplazada en el préstamo concedido a los demandados en fecha 7 de octubre de 2005 ante el Notario de Vilassar de Mar, Iltre. Albert DOMINGO CASTELLÀ bajo el número 1.956 de su protocolo y,

Debo condenar y condeno al demandado al pago al actor del total importe de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (178.717,56 €) de principal, con más los intereses de demora en la forma expresada en el fundamento jurídico séptimo de esta resolución, con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.'

Segundo.- LAS PARTES EN EL RECURSO.

Contra dicha resolución el interpelado interpuso recurso de apelación al que se opuso el actor en el traslado conferido al efecto. A continuación las partes fueron emplazadas ante la Superioridad y ambas comparecieron en tiempo y forma.

Tercero.- TRAMITACIÓN EN LA SALA.

Recibidos los autos en esta Sección proveemos sobre la prueba propuesta por el apelante (Auto de 19/6/19). Descartada la necesidad de celebración de vista, el día 3 de febrero de 2.021 tuvo lugar la sesión de deliberación, votación y fallo.

Cuarto.- CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES.

En la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional se han observado todas las prevenciones legales en vigor a excepción del plazo global de duración debido al cúmulo de asuntos que penden ante esta Sección.

Expresa la decisión del Tribunal el magistrado don Antonio Gómez Canal, que actúa como ponente.

Fundamentos

Primero.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DON Millán CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE MARZO DE 2.019 .

Antes de examinar las pretensiones del recurrente será bueno constatar que a día de hoy, tras el dictado de la resolución de primer grado y la reacción de las partes frente a ella, no hay discusión sobre los siguientes extremos:

1º.- desde un punto de vista subjetivo, sobre la legitimación de cada una de las partes intervinientes en el proceso en su respectiva posición activa y pasiva: 1.1.- a pesar de haber sido transferida la hipoteca litigiosa a un fondo de titulización, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en adelante también simplemente BBVA), en su calidad de sucesora de Caixa d'Estalvis de Catalunya, ostenta legitimación para poner en marcha el presente proceso (Acuerdo de 15/7/16 de unificación de criterios de las Secciones Civiles de la AP de Barcelona y SsAAP de Madrid, Sec. 8ª, 431/18 de 15/10 y Sec. 21ª 307/18 de 18/9, de Barcelona, Sec. 19ª, 658/19 de 11/12 y Sec. 13ª 1.196/19 de 5/12 y de Valencia, Sec. 8ª, 570/19 de 9/12) en su doble condición de: a) prestamista de la suma objeto de reclamación (principal pendiente de amortizar e interés remuneratorio hasta la amortización completa tras ser declarado nulo, por abusivo, el interés de demora) y b) titular del derecho real de hipoteca constituido en garantía de su devolución (documento 2 de la demanda) y 1.2.- el sr. Millán, en su propio nombre y en calidad de sucesor mortis causade su esposa doña Ramona, que merece el calificativo de consumidor con la consiguiente protección comunitaria, nacional y autonómica ante la posible existencia de cláusulas abusivas insertas en el contrato litigioso suscrito con un profesional (Directiva 93/13, art. 51 C.E., RDLeg. 1/2007 Codi de consum y SsTJUE de 4/6/2009asunto Pannom GSM apartados 31 y 32, de 9/11/10 asunto VB Pénzügyi Lizing apartado 56 y de 14/6/12 asunto Banco Español de Crédito apartado 43 citadas por la de 14/3/13 asunto Aziz/Catalunyacaixa), ostenta legitimación para soportar las dos acciones acumuladas en el escrito rector del proceso ( SAP de Barcelona, Sec. 4ª, de 19/3/19 con cita de la STS 44/06 de 25/1): a) la personal derivada del incumplimiento, ya veremos de qué entidad, del contrato de préstamo dinerario suscrito en fecha 7/10/05 y b) la real de efectividad del derecho de hipoteca constituido en esa misma fecha sobre un bien raíz de su propiedad en garantía del cumplimiento de dicha obligación, con los límites marcados en el asiento registral correspondiente.

2º.- desde la perspectiva objetiva no se discuten las cuantías liquidadas por BBVA en fecha 27/2/17 según documento 5 de la demanda en concepto de principal e intereses remuneratorios vencidos y no abonados (13.109,4€ + 8.606,98€ = 21.716,38€) así como la del capital pendiente de vencimiento con sus intereses (157.001,18€) sin que se haya demostrado por el interpelado haber realizado pago alguno a cuenta desde el cierre de la operación.

Sentado lo anterior la segunda instancia se abre por el sr. Millán con tres finalidades, que constituyen cada uno de los motivos de su recurso de apelación:

Primer motivo: infracción de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5/4/93, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y jurisprudencia comunitaria y nacional que la interpreta, al eludir verificar el control de abusividad de diversas cláusulas insertas en el negocio jurídico base de la reclamación actora (4ª comisiones, 5ª gastos, 6ª bis resolución y 8ª transferencia).

El motivo se desestima.

Ya hemos adelantado que el sr. Millán, en la concreta relación jurídica controvertida de suscripción de un préstamo con garantía hipotecaria en fecha 7/10/05, merece el calificativo de consumidor conforme al art. 3 del RDLeg. 1/07 y que ello le hace tributario de una especial protección por los tribunales de justicia ante la posible abusividad de las cláusulas predispuestas por el profesional, entre las que se encuentran las enunciadas en el motivo. Esto se traduce en la obligación del Juzgado de examinar, de oficio, dicho carácter para lograr la justicia material compensando la situación de inferioridad en que se encuentra el consumidor y disuadir del uso futuro de esas estipulaciones (SsTJUE de 27/6/00, 26/10/06 y 14/6/12 y SsTS 705/15, de 23/12 y 52/20 de 31/1). Como consecuencia de lo anterior, y por ser la abusividad causa de nulidad absoluta, no precisaría la formulación de reconvención para ser tomada en consideración por el Juzgado (ver art. 408.2 LECivil).

Ahora bien, no podemos eludir que el proceso es un conjunto ordenado de actos encaminados a la resolución judicial de un conflicto entre las partes y cuyo objeto ha de quedar perfectamente delimitado mediante los escritos alegatorios sin posibilidad de modificación so pena de vulnerar el derecho defensivo de aquéllas.

En este punto es obligado traer a colación el fundamento jurídico 3º de la citada Sentencia del Tribunal Supremo nº 52/20. Tras recordar el inexcusable deber de los tribunales de justicia de controlar de oficio la posible abusividad de las condiciones generales insertas en los contratos suscritos por los consumidores, señala que:

a.- 'La cuestión, por tanto, no es si el juez puede o no declarar de oficio la nulidad de una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor, o si lo puede hacer también en un juicio declarativo ordinario, sino cuál debe ser la naturaleza y alcance de tal actuación'(FJ 3º.3);

b.- 'La apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor puede llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento judicial pero solo cuando la validez y eficacia de esa cláusula sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes.

Si para estimar la pretensión formulada por el empresario o profesional contra un consumidor, o determinar el alcance de tal estimación, ha de aplicarse una cláusula no negociada, el tribunal habrá de valorar y, en su caso, apreciar de oficio la abusividad y consiguiente nulidad de la cláusula incluso en el caso de que el consumidor no haya alegado tal abusividad.

Asimismo, si el consumidor ha formulado una pretensión, en una demanda o en una contestación a la demanda, para cuya estimación es preciso la apreciación del carácter abusivo de una cláusula no negociada empleada por un empresario o profesional, dicha abusividad deberá ser apreciada aunque el consumidor no lo haya postulado expresamente'(FJ 3º. 4, 5 y 6).

c.- concluye en el apartado 16 que 'Como conclusión a lo expuesto, el alcance de la apreciación de oficio del posible carácter abusivo de cláusulas que no hubieran sido invocadas por el consumidor en su posición de parte demandante, que es el supuesto objeto del recurso, se ciñe, en la jurisprudencia del TJUE y de esta sala, a las cláusulas relevantes para resolver su pretensión ( STJUE de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank, C-51/17 , apartado 32, y sentencia de esta sala 267/2017, de 4 de mayo , fundamento 2, apartado 2).'

Si aplicamos al caso la anterior doctrina llegamos a las siguientes conclusiones:

1ª.- el Juzgado, en cumplimiento del principio de congruencia impuesto por el art. 218.1 LECivil, dio respuesta -equivocada o no, esto es irrelevante en este momento- a las pretensiones de la actora contenidas en la súplica de su demanda tomando en consideración los argumentos defensivos aducidos en la contestación, singularmente los trasladados a la súplica y no resueltos en la audiencia previa (prejudicialidad civil): - legitimación activa (FJ 10) y - posible abusividad de las dos únicas cláusulas negociales mencionadas al folio 180 de vencimiento anticipado (FJ 8º) y liquidación unilateral de la deuda por parte de la acreedora (FJ 11º).

2ª.- a su vez la Sentencia recurrida, en cumplimiento de la doctrina expuesta, examinó de oficio y decretó la nulidad de la cláusula del interés moratorio inserta en el contrato (FJ 7º). A partir de aquí el interpelado no puede reprochar al Juzgado que no hubiera examinado la posible abusividad de otras estipulaciones, las que ahora ex novoinvoca en el recurso, sobre la base del primer otrosí digo de su escrito de contestación: - en él se invocaba un precepto, el art. 815.4 LECivil, incardinado en sede de proceso monitorio, que impone el examen de oficio de la abusividad en el momento anterior a su incoación y no de manera omnímoda sino limitado a las cláusulas que constituyan 'el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible'y que entonces silenció por lo que el Juzgado carecía de datos para realizar el control que ahora se demanda ( SsTJUE de 4/6/09 y 28/7/16 citadas por STS nº 319/19 de 4/6, FJ 2º.5) y - en la fase intermedia del proceso, momento en el que cabía precisar el objeto del litigio, ni se formuló por el sr. Millán la petición actual ni se concretó, tampoco se hace ahora, la incidencia que la nulidad por abusivas de esas cláusulas pudiera tener a los efectos de acoger su pretensión absolutoria, fundamentalmente las de comisiones y gastos que se hubieran satisfecho a los efectos de aplicar una posible compensación del crédito reclamado en la demanda ( art. 408.1 LECivil).

En relación a la denuncia genérica de la abusividad del clausulado de un contrato por parte de un consumidor y el alcance de la actuación judicial dice la STS 52/20 lo siguiente (FJ 3º.13): 'Es contrario a las exigencias de utilización racional de los medios de la administración de justicia, no guarda relación con la finalidad de la normativa nacional y comunitaria de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, y supone una degradación de la función de asistencia del abogado (que en nuestro ordenamiento jurídico es obligatoria en la práctica totalidad de los litigios), pretender que el juez que resuelve sobre una demanda de juicio declarativo en la que se solicita que se declaren abusivas y nulas algunas cláusulas no negociadas en un contrato celebrado con unos consumidores, no solo debe pronunciarse sobre la pretensión formulada en la demanda por los consumidores, sino que además tiene que realizar una especie de investigación en la relación contractual que une al consumidor con el empresario para descubrir si existen otras cláusulas potencialmente abusivas y pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas que nada tienen que ver con aquellas que el consumidor, en su demanda, con la asistencia y orientación profesional de su abogado, solicitó que se declararan abusivas y que, por tanto, son irrelevantes para la estimación de la pretensión formulada.'

3ª.- acatada la validez de la cláusula de liquidación unilateral de la deuda, en relación a la de vencimiento anticipado por incumplimiento del deudor -la 6ª.bis.d) sobre cuya abusividad se insiste en la alzada- debemos señalar que: - merece ese calificativo conforme a la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Ss. de 14/3/13, 26/1/17 y Aa. 11/6/15 y 8/7/15) acogida por el Tribunal Supremo (Ss. 463/19 de 11/9 y 101/20 de 12/2) porque 'ni modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación'y - esa declaración, como bien dice el Juzgado, es inocua a los efectos de acoger la pretensión absolutoria del interpelado (no formuló reconvención pidiendo un pronunciamiento expreso) por lo que según la doctrina expuesta resulta inexigible al tribunal: a diferencia de lo que sucede en el proceso ejecutivo, esa estipulación no constituye el fundamento de la reclamación actora. Tal como ocurría en el asunto resuelto por la SAP de Barcelona, Sec. 16ª, 251/20 de 5/10, BBVA declaró extrajudicialmente resuelto el vínculo por incumplimiento de la parte prestataria y será ahora, en el seno del presente juicio declarativo, cuando valoraremos si esa declaración unilateral hecha por la acreedora era ajustada a la normativa sustantiva de pertinente aplicación.

Segundo motivo: infracción, por aplicación indebida, de los arts. 1.124 y 1.129 del Código Civil común al considerar exigible la totalidad del capital consecuencia del vencimiento anticipado de la obligación.

El motivo se desestima por las siguientes razones:

1º.- Ante todo porque se funda en la inaplicación al contrato litigioso -préstamo mutuo con restitución fraccionada del capital a lo largo del tiempo y pago de intereses remuneratorios- de la previsión resolutoria contenida en el art. 1.124 CCivil. Esta premisa es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia del Pleno de la Sala Civil 432/18 de 11 de julio (FJ 3º.2): 'Por lo expuesto en el anterior fundamento de esta sentencia, es criterio de la sala que, producida la entrega de dinero a cambio de una restitución fraccionada más el pago de intereses retributivos, el incumplimiento esencial del prestatario permite liberar al prestamista de permanecer vinculado por el contrato, puesto que la subsistencia del préstamo, por lo dicho, depende del pago de una retribución que nace del propio contrato.'

2º.- Esencialidad del incumplimiento de los prestatarios que a nuestro juicio resulta indiscutible y que legitimaba a la prestamista para poner fin anticipadamente al contrato con la consiguiente pérdida del plazo negocial estipulado ( arts. 1.124 y 1.129 CCivil, 24.1 LCCI, 693.2 LECivil y 129 bis LHip.).

Para llegar a este resultado recordemos que el hoy apelante acepta: a) el montante y la conformación de la deuda que llevó a BBVA en fecha 27/2/2017 a dar por vencido el préstamo concertado el 7/10/05, antes de la expiración del plazo pactado para su amortización (360 mensualidades): 13.109,4€ de principal + 8.606,98 € de intereses remuneratorios (documentos 2 y 5 de la demanda) y b) no haber realizado pago alguno a cuenta desde el cierre de la operación. Con estos antecedentes podemos afirmar que el incumplimiento de la parte hoy apelante era netamente resolutorio en línea con lo decidido, entre otras muchas, por las SsAAPP de Barcelona, Sec. 1ª, 407/19 de 17/6, Sec. 15ª, 2.395/19 de 20/12, Santander, Sec. 2ª, 591/19 de 19/11, Girona, Sec. 2ª 504/19 de 19/12, Valencia, Sec. 8ª, 558/19 de 4/12 y Asturias, Sec. 6ª, 317/20 de 28/9. Esto es así porque la falta de cumplimiento por parte del apelante:

a.- afecta a las prestaciones esenciales a cumplimentar por el prestatario en un contrato de préstamo oneroso, a saber, la amortización del capital en su día recibido y el abono del interés real que retribuye al prestamista ( arts. 1.740.I y 1.753 CCivil y correlativos del CCom.);

b.- rebasa, con creces, los criterios marcados por el art. 24.1 de la Ley 5/19, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de septiembre de 2.019 aplica a modo orientativo -por razones temporales tampoco resulta de aplicación al caso dicha norma (DT 3ª.4.i.f.)- para valorar la gravedad de la infracción negocial: según el acta de liquidación de la deuda aportada como documento 5 de la demanda, al cierre de la operación en fecha 27 de febrero de 2.017, cuando se hallaba en la primera mitad, los sres. Ramona Millán adeudaban 25 cuotas mensuales comprensivas de capital e intereses -de 31/1/15 a 31/1/17 (folio 85)- cuyo importe total (21.716,38€) rebasaba sobradamente el 3% del capital prestado (6.300€);

c.- tiene un carácter definitivo, por insolvencia del deudor, como cabe inferir del hecho, acreditado, de que la parte prestataria no ha realizado pago alguno desde el cierre de la operación en el año 2.017 hasta hoy, por lo que a nuestro juicio carecería de justificación obligar a la contraparte a respetar el plazo final de vencimiento pues a buen seguro comportaría la necesidad de interponer un nuevo pleito por parte de la prestamista en reclamación de las sumas que fueran venciendo en el futuro.

Tercer motivo: infracción, por inaplicación, del art. 394.2 LECivil al imponer las costas de primer grado al interpelado obviando que la estimación de la demanda fue tan solo parcial.

El motivo se estima.

De la lectura combinada del fundamento jurídico 12º -que se limita a transcribir el art. 394.1.I LECivil- y de la parte dispositiva de la Sentencia de primer grado se desprende que la imposición de costas al interpelado, hoy apelante, se funda en la aplicación estricta del principio del vencimiento objetivo recogido en dicho precepto por considerar el Juzgado que a) la estimación de las pretensiones contenidas en el escrito de demanda formulado por BBVA había sido íntegra y b) no concurrían serias dudas fácticas o jurídicas que justificaran separarse de la norma general.

Ahora bien, si comparamos el tenor literal de la súplica de la demanda rectora del proceso (folio 19) con la parte dispositiva de la Sentencia que lo concluye observamos que entre ambas no existe la coincidencia plena apreciada en la primera instancia, ni siquiera sustancial: - la petición acumulada de realización del derecho real de hipoteca en sede de ejecución de sentencia (apartado 3º), omitida en el fallo, la debemos considerar rechazada por lo razonado en el fundamento jurídico 9º firme a día de hoy y - la reclamación de intereses de demora, que aunque de naturaleza accesoria ascendía a la nada desdeñable suma de añadir 10 puntos porcentuales al interés real a aplicar sobre el principal (folio 58 vuelto), fue igualmente rechazada como consecuencia de la declaración de nulidad, por abusiva, de la cláusula negocial en la que se establecía.

Llegados a este punto, tras constatar que a) existe una divergencia significativa entre la petición inicial de la actora y la parte dispositiva de la Sentencia de primer grado y b) queda descartada una actuación temeraria al litigar -cada parte se ha limitado al ejercicio del derecho defensivo reconocido en el art. 24 C.E.-, llegamos a la conclusión de que las costas no debieron imponerse a ninguna de ellas conforme al apartado 2º del art. 394 LECivil: cada litigante deberá abonar las costas causadas a su instancia y la parte proporcional de las comunes si las hubiere.

Ello conduce a la ya anunciada estimación del motivo de apelación y parcial del recurso con la consiguiente revocación de la Sentencia en este punto.

Segundo.- COSTAS DE APELACIÓN.

La estimación del recurso, aunque sea en forma parcial, justifica que las costas causadas por su seguimiento no se impongan a ninguna de las partes ( art. 398.2 LECivil).

Tercero.- DEPÓSITO PARA RECURRIR.

Estimado el recurso de apelación, el depósito constituido será restituido a DON Millán (D.Ad. 15ª.8 LOrg. 6/1985).

Cuarto.- RECURSOS CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 208.4 LECivil se informa a las partes que esta Sentencia no es firme. Dictada en un proceso de cuantía inferior a 600.000 €, contra ella cabe recurso de casación, siempre que su resolución presente interés casacional, y recurso extraordinario por infracción procesal, ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la infracción de normas del ordenamiento civil catalán ( arts. 477.2.3º y 3, 478.1 y D.Final 16ª LECivil y arts. 2 y 3 Llei 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil de Catalunya).

Fallo

Que estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por DON Millán contra la Sentencia dictada en fecha 12 de marzo de 2.019 en los autos de juicio ordinario 379/17 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Mataró, y en consecuencia:

1º.- CONFIRMAMOSdicha resolución salvo en el pronunciamiento relativo a las costas de primer grado en que la REVOCAMOSy en su lugar no verificamos imposición a ninguno de los litigantes de tal forma que cada uno satisfará las propias y la parte proporcional de las comunes si las hubiera.

2º.- Las costas generadas por el seguimiento del recurso de apelación no se imponen a ninguna de las partes.

3º.- El depósito constituido para recurrir será restituido en su integridad a DON Millán.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma comunicándoles que no es firme y que contra ella caben, en su caso, recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a interponer por escrito presentado ante este tribunal en el término de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación con justificación documental de haber constituido el preceptivo depósito, salvo exención legal.

Inclúyase en el libro de Sentencias dejando testimonio en el rollo de su razón procediendo a la devolución de las actuaciones y la competencia al Juzgado con certificación de la presente para que cumpla lo ordenado.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando de manera definitiva en segunda instancia, lo pronunciamos y firmamos.

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