Sentencia Civil Nº 805/2004, Audiencia Provincial de Malaga, Sección 5, Rec 829/2003 de 28 de Junio de 2004

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 8 0 5.

AUDIENCIA PROVINCIAL MALAGA

Sección 5ª

PRESIDENTE ILMO. SR.

D.HIPOLITO HERNANDEZ BAREA

MAGISTRADOS, ILTMOS. SRES.

D.ANTONIO TORRECILLAS CABRERA

D. MARIANO FERNANDEZ BALLESTA

REFERENCIA:

JUZGADO DE PROCEDENCIA: JUZG. Nº 1 DE RONDA

ROLLO DE APELACIÓN Nº 829/2003

JUICIO Nº 391/2002

En la Ciudad de Málaga a veintiocho de junio de dos mil cuatro.

Visto, por la Sección 5ª de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al márgen, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en juicio de Otros seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso Carlos Antonio que en la instancia fuera parte demandante y comparece en esta alzada representado por el Procurador D. JOSE SANCHEZ ORTEGA. Es parte recurrida FISCAL , que en la instancia ha litigado como parte demandada .

Antecedentes

Primero: El Juzgado de Primera Instancia dictó auto el día 14 de Mayo de 2.003 , en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: "Decido declarar la ineficacia civil de la sentencia de nulidad de matrimonio dictada en fecha 4-9-2002 por el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Granada".

Segundo: Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día veintitres de junio de 2.004 quedando visto para sentencia.

Tercero: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO TORRECILLAS CABRERA quien expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

Primero: Por la procuradora de los tribunales Sra. Sánchez Ortega, en la representación que ostenta de D. Carlos Antonio , se interpone recurso de apelación al auto de 14 de mayo de 2.003 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº Uno de Ronda por la que se acuerda no declarar la eficacia civil de la sentencia de nulidad canónica dictada por el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Granada que había sido solicitada por el recurrente; el referido auto mantiene que como la causa de la declaración de nulidad eclesiástica del matrimonio que el solicitante había contraído con Dª. María Virtudes es la impotencia, y como no ha quedado acreditado que esa causa fuera anterior o posterior al momento en el que se contrajo el matrimonio, y dado que quien solicitó la nulidad del matrimonio es quien padece tal enfermedad, ello lleva a que no se tenga certeza de que se den los presupuestos necesarios que contiene el Cº.c. para poder dar eficacia a dicha resolución en el orden civil.

Fundamenta el recurso el recurrente enque por sentencia del tribunal eclesiástico del Arzobispado de Granda se ha dictado sentencia que afirma que "consta la nulidad del matrimonio celebrado canónicamente entre D. Carlos Antonio y Dª. María Virtudes , por incapacidad del esposo para asumir y cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio, y ello en base a la impotencia padecida por el demandante"; en el proceso canónico quedó acreditado que antes de contraer matrimonio ya padecía la impotencia por la que más tarde se ha decretado la nulidad del matrimonio canónico y, por lo tanto, de ésta forma se acredita que la impotencia es anterior y perpetua al momento en que se contrajo el matrimonio (8-IV-1.995), circunstancia que también quedó acreditada mediante el informe emitido por el Jefe de Sección de Urología del Hospital General Básico de la Serranía de Ronda, en el que se indicaba que fue visto en la consulta de urología hace unos cinco años (el informe es de 23-IV-1.999) por problemas de impotencia total de varios meses de evolución y no tratada, y que en la actualidad presenta hipertrofia prostática G.III, que sumada a la patología Andrológica dificulta aún más la erección; en base a ello entiende que el juez a quo ha incurrido en error en la apreciación de la prueba; sin que además por el tipo de procedimiento previsto en la legislación se le permita demostrar la concurrencia de la causa por la que se decretó la nulidad del matrimonio, siendo evidente que concurre la causa prevista en el art. 73-4 del Cº.c. para decretar la nulidad del matrimonio.

El Ministerio Fiscal solicita la confirmación del auto recurrido por sus propios fundamentos, ya que se juzga la adecuación al derecho español de la sentencia canónica, lo que hace correctamente el auto recurrido.

Segundo:Para resolver el presente recurso hay que partir de la base de que como dijo la S. del T.C. de 12-XI-1.982, no cabe el automatismo por parte de las tribunales del Estado en el reconocimiento y aplicación de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico; y precisamente por ello, el art. 778 de la Ley de Enjuiciamiento civil, dispone que "1. En las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera la adopción o modificación de medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica"; exigiendo por su parte el art. 80 del Cº.c. que "Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a las condiciones a las que se refiere el art.954 LEC"; es decir, que la sentencia canónica ha de declararse "ajustada al derecho del Estado".

En base a dicha legislación, el T.S. en S. de 1-VII-1.994 declaró, en base a la anterior LEC, cuyo contenido en éste punto era exactamente igual al actual art. 778, que "según el art. 80 CC y la disp. ad. 2 L 30/1981 la eficacia en él orden civil de las sentencias canónicas depende exclusivamente, sin mayores cortapisas, de la superación de un juicio de homologación que se ciñe a dos extremos concretos: a) autenticidad de la sentencia firme, esto es comprobación o verificación de su validez extrínseca o, en otras palabras, que el documento es veraz y no falso o falsificado, y b) adecuación de la sentencia (en su contenido) al Derecho del Estado, lo cual comporta un examen de fondo que sólo se extiende a constatar si las declaraciones de la sentencia, conforme al derecho canónico, no están en contradicción con los conceptos jurídicos y disposiciones equiparables o análogas del Derecho estatal de manera que no se vea perjudicado o alterado el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales del ciudadano español. Al margen de estas verificaciones el juicio de homologación no debe extenderse a hacer nuevos pronunciamientos que desvirtuarían su naturaleza y excederían del cometido que tiene atribuido por ley".

Partiendo de lo anterior, y siendo cierto que el art. 73 del Cº.c. reconoce en el nº 4 como causa de nulidad "El celebrado por error en la identidad del otro cónyuge o en aquéllas cualidades personales que, por su entidad, hubieran sido determinantes de la prestación del consentimiento"; y que efectivamente, la impotencia, como sostiene la sentencia canónica, puede ser motivo de nulidad del matrimonio, por error en las cualidades personales del otro cónyuge sin embargo, hay que tener en cuenta que como también sostiene el art. 76 del Cº.c. "En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la acción de nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio"; consiguientemente si el recurrente desconocía en el momento en el que contrajo el matrimonio que padecía la impotencia motivo de la declaración de nulidad canónica, es evidente que sí puede solicitar la eficacia civil de la sentencia de nulidad canónica; mientras que, por el contrario, si en dicho momento era consciente de que padecía con anterioridad al referido momento en el que contrajo el matrimonio que padecía aquélla disfunción, es evidente que no puede alegar una causa de nulidad de la que temía conocimiento en el momento en el que contrajo el matrimonio, puesto que no ha sufrido error alguno.

Conforme al propio contenido del recurso hay que llegar a la conclusión de que el recurrente no ha sufrido vicio alguno en la voluntad, por cuanto que él mismo reconoce que sufría la impotencia con anterioridad a la celebración del matrimonio; quien, en su caso, pudo haberlo sufrido fue su esposa Dª. María Virtudes ; siendo ella la única que, según nuestra legislación civil, está legitimada para reclamar la nulidad del matrimonio; en consecuencia, no habiéndose ejercitado por ella la acción pertinente, sino que lo ha hecho el esposo que sufriendo aquél padecimiento, y teniendo conocimiento del mismo en el momento de la celebración del matrimonio, es evidente que no puede reconocerse la eficacia civil reclamada a la sentencia canónica aportada, y en consecuencia, el recurso debe de ser desestimado y el auto de instancia confirmado en su integridad.

Tercero: Respecto de las costas procesales de ésta alzada, habrán de serle impuestas a la parte recurrente a tenor del art. 398-1 de la LEC en relación con el art. 394-1 del referido cuerpo legal.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimaos el recurso de apelación formulado por la procuradora de los tribunales Sra. Sánchez Ortega, en la representación que ostenta de D. Carlos Antonio , frente al auto de 14 de mayo de 2.003 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº Uno de Ronda por la que se acuerda no declarar la eficacia civil de la sentencia de nulidad canónica dictada por el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Granada; y consiguientemente debemos de mantener y mantenemos en su integridad el referido auto.

Respecto de las costas procesales de ésta alzada, habrán de serle impuestas a la parte recurrente.

Notifíquese la resolución en legal forma haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella, al juzgado de su procedencia a sus efectos.

Así por ésta nuestra sentencia definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrándose audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.