Sentencia CIVIL Nº 94/201...il de 2018

Última revisión
17/09/2017

Sentencia CIVIL Nº 94/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 877/2017 de 12 de Abril de 2018

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico

Relacionados:

Tiempo de lectura: 14 min

Orden: Civil

Fecha: 12 de Abril de 2018

Tribunal: AP - Pontevedra

Ponente: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL

Nº de sentencia: 94/2018

Núm. Cendoj: 36057370062018100090

Núm. Ecli: ES:APPO:2018:336

Núm. Roj: SAP PO 336:2018

Resumen:
INCAPACITACION

Encabezamiento

AUD. PROVINCIAL SECCION N. 6

PONTEVEDRA

N10250

C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - VIGO

Tfno.: 986817388-986817389 Fax: 986817387

N.I.G.36045 41 1 2016 0000562

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000877 /2017

Juzgado de procedencia:XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.1 de REDONDELA

Procedimiento de origen:INCAPACITACION 0000234 /2016

Recurrente: Joaquina , Imanol

Procurador: MARIA DOLORES VIRULEGIO FIGUEROA, MARIA DOLORES VIRULEGIO FIGUEROA

Abogado: CONSUELO BARREIRO COUÑAGO, CONSUELO BARREIRO COUÑAGO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL DE VIGO , Maximino

Procurador: , JOSE JAIME PEREZ ALFAYA ,

Abogado: , MARIA ADELINA MARTINEZ-PAUL DOMINGUEZ ,

A Sección Sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo,composta polos maxistradosD. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, Presidente, D. JULIO PICATOSTE BOBILLO e DONA MAGDALENA FERNÁNDEZ SOTO,pronunciou

NO NOME DO REI

a seguinte

S E N T E N Z A Nº 94/18

En Vigo, a doce de abril de dous mil dezaoito.

VISTOS en grao de apelación, ante a Sección Sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra, os autos de proceso especial de incapacidade respecto de Maximino , procedentes do Xulgado de 1ª Instancia Núm. 1 de Redondela os que correspondeu o rolo 877/2017, nos que aparece como parteapelante:DON Imanol e DONA Joaquina , representados pola Procuradora dona María Dolores Virulegio Figueroa e asistidos da Letrada dona Consuelo Barreiro Couñago e como parteapelada:A CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL DE VIGO na súa calidade de tutor administrativo de Maximino , representada polo Procurador don Jaime Pérez Alfaya, baixo a dirección da Letrada doña María Adelina-Paul Domínguez. Sendo parte nesta apelación ó MINISTERIO FISCAL.

É o maxistradorelatorD. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, quen expresa o parecer da Sala.

Antecedentes

Primeiro.-O Xulgado de 1.ª Instancia Núm. 1 de Redondela, con data do 30 de marzo de 2017, ditou unha sentenza coa seguinte parte dispositiva:

' ESTIMAR la demanda interpuesta por la CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL DE VIGO y declarar la INCAPACIDAD DE Maximino expresando que no tiene la suficiente capacidad de obrar y habilidades necesarias para actuar por sí solo y prestar consentimiento válido en relación a:

1.- Decidir el lugar donde residirá

2.- Toma de decisiones y otorgar consentimiento informado valido para cualquier intervención o tratamiento

3.- Para realizar las actuaciones complejas o de administración de su patrimonio

4.- No puede tomar por si solo la decisión de salir al extranjero

5.- No puede otorgar testamento

6.- No puede entablar acciones judiciales.

7.- No puede otorgar por si solo consentimiento valido en contratos o negocios jurídicos que afecten a su persona o a su patrimonio

8.- No puede obtener permiso de conducir ni permiso de armas

9.- No puede ejercer el derecho de voto

Firme que sea la presente resolución, mándense los oficios pertinentes al Registro Civil y al Instituto Nacional de Estadística.

Adoptar como medida de apoyo el nombrar a la FUNGA como su tutora, que deberá completar, y suplir la capacidad de obrar de Maximino para aquellas actividades ya mencionadas.

Se considera adecuado que siga viviendo en ALDEAS INFANTILES, donde recibe unos cuidados y seguimiento extraordinarios, hasta que se obtenga recurso residencial más adecuado y donde garantizan la relación con la familia.

Recuérdese que el incapaz no puede salir del territorio nacional, sin consentimiento de su tutora o, en su defecto, autorización judicial.'

Segundo:Contra a dita sentenza a procuradora Sra. Virulegio Figueroa, designada de oficio en representación de DONA Joaquina e DON Imanol , presentou un recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos efectos, consonte o disposto no artigo 455 da Lei de axuizamento civil (LAC).

Logo de cumpri-los trámites legais, eleváronse as presentes actuacións á esta Sección da Audiencia Provincial de Pontevedra na que se acordou sinalar para celebraciónd e vista o día 5 de abril as 10:30 horas vista que se celebrou con resultado que consta no rolo.


Fundamentos

Primeiro.-O instituto da incapacitación, e o seu corolario da tutela -entendida esta en sentido amplo, comprensivo de todas as modalidades de protección do incapaz-, xira sobre tres pilares ou ideas fundamentais. A primeira, a xeito de presuposto, é que para decretar a incapacitación precísase que o presunto incapaz padeza un problema de saúde, físico, mental, ou ambos, que lle impidan o autogoberno, colocándoo nunha situación de debilidade e inferioridade, tanto respecto da súa contorna máis próxima, como verbo da sociedade en xeral, cos conseguinte prexuizos que esa situación desigual pode acarrear para el. A segunda idea é que a tutela ten que ser concebida como un simple suplemento, en compensación e axuda para equilibrar esa situación desfavorable, xerada pola enfermidade. E a terceira idea é a do postulado da mínima intervención, no senso de que as medidas de garda deben circunscribirse ao que resulte indispensable para que o presunto incapaz poida desenvolver a súa vida e desexos con plenitude e dentro duns parámetros de normalidade, evitándose, xa que logo, medidas excesivamente proteccionistas, tan innecesarias como atentatorias contra a autonomía da persoa. O relativismo ou atención ao caso concreto supón, en acertada expresión dos tribunais, e como agora veremos, a necesidade de facer un traxe á medida do incapaz. Tres criterios, en fin, que aparecen sancionados, tanto pola lexislación nacional como internacional, así como pola doutrina xurisprudencial que interpreta e aplica esa normativa.

En efecto, e como proclama a sentenza do Tribunal Supremo de 11 de outubro de 2017 'Desde la reforma del Código Civil introducida por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, el art. 200 CC regula las causas de incapacitación atendiendo no al mero diagnóstico de una determinada enfermedad o deficiencia, física o psíquica, sino a los efectos que la persistencia de la enfermedad o deficiencia provoca en el autogobierno de la persona que los padece y sus consecuencias en el desarrollo de su vida ordinaria. La fórmula empleada por el art. 200 CC es la siguiente:

«Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma».

Lo relevante es la limitación, parcial o total, de la capacidad de autogobierno, que constituye algo más que un requisito, pues se trata en realidad del presupuesto de la incapacitación. La fórmula legal es suficientemente amplia y flexible para que cualquier enfermedad o deficiencia que determina en la práctica una discapacidad y la necesidad de apoyo y protección de la persona que la padece, pueda ser apreciada como causa de incapacitación. Y al mismo tiempo suministra al juez los parámetros necesarios para valorar dicha discapacidad natural y el alcance de la necesidad de constituir una guarda legal en interés de la persona que padece la discapacidad'.

Por outra banda, a sentenza do mesmo tribunal, de 16 de maio de 2017 , citada pola de 27 de setembro de 2017 , declara que 'La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que forma parte de nuestro ordenamiento desde el 3 de mayo de 2008, opta por un modelo de «apoyos» para configurar el sistema dirigido a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad (art. 12.3). Se trata, como declara el art. 1 de la Convención, de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Con el fin de hacer efectivo este objetivo, los Estados deben asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Esas salvaguardias deben asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona'.

Finalmente, a sentenza de 1 de xullo de 2014 puntualiza que 'el resultado del juicio sobre la capacidad de una persona debe ser «un traje a medida»:

«Para ello hay que conocer muy bien la situación de esa concreta persona, cómo se desarrolla su vida ordinaria y representarse en qué medida puede cuidarse por sí misma o necesita alguna ayuda si puede actuar por sí misma o si precisa que alguien lo haga por ella, para algunas facetas de la vida o para todas, hasta qué punto está en condiciones de decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales, o precisa de un complemento o de una representación, para todas o para determinados actuaciones. Para lograr este traje a medida, es necesario que el tribunal de instancia que deba decidir adquiera una convicción clara de cuál es la situación de esa persona, cómo se desarrolla su vida ordinaria, qué necesidades tiene, cuáles son sus intereses personales y patrimoniales, y en qué medida precisa una protección y ayuda».

Segundo.-Partindo das pautas anteriormente relatadas, se impón manter a declaración de incapacidade da sentenza de primeira instancia, e o mecanismo protector da tutela, con fundamento nas acertadas razóns que esa resolución reseña, e sobre as que limitámonos a abundar simplemente agora.

En primeiro termo, non hai dúbida ningunha -e os pais do demandado non fan especial fincapé nesta cuestión- de que este último padece importantes e crónicas limitacións que lle inhabilitan para gobernarse adecaudamente por se mesmo, tanto na súa vertente persoal como patrimonial. Estamos ante unha persoa con trastornos condutales, co Síndrome de Asperger, tendo recoñecida unha incapacidade do 51%. Carece de autonomía, non é quen de tomar moitas das decisións necesarias na vida, ou non se manexa adecuadamente en cousas tan elementais como levantarse de cama, vestirse ou en cuestións de hixiene persoal. Presenta un pensamento lento e ten dificultades de comprensión das instruccións que se lle dan. E todas estas carencias, que lonxe de puntuais, son xeralizadas e crónicas, en unión da súa falta de iniciativa, igualmente de moito tempo atrás, o colocan nunha situación de inferioridade e de debilidade ante os demáis, o que fai imprescindible, en fin, unha atención, á par constante e especializada, de terceiras persoas que o controlen e lle axuden. A proba documental, as diversas pericias, ou a exploración do interesado, levadas a cabo tanto na primeira instancia, como agora nesta alzada por parte deste tribunal de apelación, son contextes e categóricas no sentido expresado.

En segundo termo, e partindo, dunha parte, desa situación de importante e ostensible falta de capacidade para autoxestionarse -ainda que os proxenitores, en determinados intres dos seus respectivos discursos minimicen o problema, fronte os contundentes informes que obran na lite, tanto por escrito como completados oralmente- e doutra, que esa ausencia provoca a necesidade de que entre en xogo o mecanismo tutelar, a cuestión que agora suscítase é e referida a quen debe asumir estas funcións protectoras, ora os páis, ora o organismo público promotor da demanda reitora desta lite. Pois ben, en exacta coincidencia coa xulgadora a quo, optamos por esta segunda alternativa como a máis conveniente en atención ao ben do interesado, Norte fundamental -e practicamente único- que temos que seguir na toma de medidas que afecten ao mesmo, tal como xa deixamos sentado.

O ambiente familiar, da familia próxima, pais e irmáns, é moi pouco propicio para suplir as carencias do interesado, e non houbo por parte da familia extensa ningún interese pola marcha deste durante os máis dos trece anos que leva acollido en Aldeas Infantís. As penurias económicas da familia son patentes. A nai fala dunhas retribucións, inxustificadas, en torno aos 200 euros ao mes, e o pai non é quen de indicar os seus emolumentos como 'pintor artístico', falando de 700 e de 2.000 euros como percepcións nos dous ou tres últimos anos. Tan só a pensión non contibutiva que percibe un dos fillos co que conviven, e que non chega aos 400 euros ao mes, pode darse por acreditada. E a familia ten que facer fronte a todos os gastos ordinarios, inclusive ao aluguer dunha vivenda. Os cambios continuos de residencia, e incluso de localidade, fan presumir que o é porque non poden facer fronte ao pagamento dos alugueres, todo iso dacordo coa proba documental.

Existe ademáis outro obstáculo que fai inviable a solución da garda familiar, como é a persoalidade do proxenitor. Os enfrontamentos do mesmo co centro que acolle ao interesado son tan inxustificados como dende hai moitos anos. Neste extremo, non resulta en absoluto creible, e debe reprocharse ao pai, que para xustificar a inadecuación dunha tutela pública, manifeste que os educadores do centro se ríen - habitualmente- do xeito de falar do seu fillo. O proxenitor falta pura e simplemente á verdade coa desviada finalidade de obter a tutela. Basta simplemente con escoitar as declaracións do fillo en tal sentido. Por outra banda, o pai ten un claro e inaceptable comportamento manipulador do fillo, tal como se colixe das pericias, que poñen de manifesto o cambio de actitude deste, a peor, unha vez que regresa de estar en compañía dos pais as fins de semana. Polo demáis, nun determinado intre do seu relato, o proxenitor, ante a pregunta de cómo considera a actidude do centro, manifesta significativamente que 'non o poido valorar'. Atopámonos ademáis ante unha persoalidade obsesiva, pouco realista, e con criterios de extrema rixidez, segundo os ditámenes, que en conxunción co carácter moi influenciable e extremadamente dependiente do fillo, non contribuiría precisamente a mellorar a autoestima deste último, nin a que superara os seus problemas de dependencia.

O ambiente familiar tampouco resulta nada favorecedor para o presunto incapaz. Os proxenitores e os fillos maiores de idade que con eles conviven se atopan practicamente sempre en paro. Semella que carecen de iniciativa para formarse para o traballo, expresando a nai sobre este punto, por exemplo, que non fan cursos de formación porque 'non lle axudan para nada'. A integrante do equipo Psicosocial do centro que declarou no xuizo asevera que os pais non deixaron seguir a traballar ao fillo Damaso non concello de Redondela cando ainda lle faltaban catro meses para que rematara o contrato de traballo, así como que tiña aforrado sobre 6.000 euros, que foron gastados moi rapidamente. E advirte igualmente que o presunto inpacaz ten uns aforros en torno aos 12.000 euros, e que coa maioría de idade do mesmo vai cobrar unha pensión pola súa incapacidade. En fin, as tres persoas no centro de acollida que declararon nos autos aducen a existencia de motivos económicos no desacordo do pai coa garda a cabo do ente público. E esta conclusión aparecería avalada pola firme e inamovible vontade do pai de ter consigo ao fillo, presunto incapaz, fronte a súa postura permisiva, en cambio, observada verbo de outros fillos.

Finalmente, a collida do interesado no centro resultou claramente beneficiosa para el. A súa evolución é moi positiva, obtendo cada vez mellores resultados. E é precisamente, a atención constante, tenaz e especializada do centro a que levou a esa bonanza, que non tería presumiblemente lugar -cunha presunción vehemente- se o fillo pasara a residir coa familia. O retorno dende o centro, no que leva dende o ano 2003 ou 2004, ao domicilio, cambiante, dos proxenitores, resulta, en fin, inadecuado e moi arriscado para a formación da persoalidade do fillo, feble e coas serias deficiencias xa relatadas.

O motivo do recurso non se acolle.

Terceiro.-Non atopamos que concurra algunha circunstancia de excepción para prescindir do criterio xeral do vencimento obxectivo, disposto para as custas procesuais desta alzada polo artigo 398 da L. A. C..

Por todo o exposto, e pola autoridade que a este Tribunal lle outorgan a Constitución e o pobo español,

Fallo

Que desestimamos o recurso de apelación formulado por DONA Joaquina e DON Imanol , representados pola procuradora doña Dolores Virulegio Figueroa, contra a sentenza ditada polo Xulgado de Primera Instancia número 1 de Redondela o día 30 de marzo de 2017, con expresa imposición das custas procesuais desta alzada aos apelantes.

Esta é a nosa sentenza, que asinamos, e que se redacta en galego consonte o establecido no art. 3.2 e 3 da Constitución española no art. 5.1 , 2 e 3 do Estatuto de autonomía para Galicia, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril e nos arts. 1 , 2 , 6.3 , e 7.2 e 3 da Lei 3/1983 , do 15 de xuño, da Comunidade Autónoma de Galicia, de normalización lingüística.

Notifíqueselles ás partes a presente resolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra a presente sentenza cabe interpoñer recurso de casación por tratarse dun proceso que presenta interese casacional, sobre a base do establecido no art.º 477 da LEC , debendo interpoñer dentro dos vinte días seguintes á súa notificación na forma establecida no art.º 479 da LEC . Asímesmo cabe interpoñer recurso extraordinario por Infracción Procesual sobre a base do establecido no art.º 468 da LAC, debendo interponer dentro dos vinte días seguintes a súa notificación na forma establecido no artº 479 da LAC.

Devólvanselle os autos orixinais ó xulgado do que proceden, cun testemuño desta sentenza para o seu coñecemento e cumprimento.


Fórmate con Colex en esta materia. Ver libros relacionados.