10. PRIMEIRO.- Don Andrés Corral Álvarez, en representación de Atenciones Sanitarias SL, presentou demanda.
11. SEGUNDO.- Dona Ana Stock Bernárdez, en representación de Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros, presentou escrito de contestación.
13. PRIMEIRO.- A demandante solicitou a condena da demandada ao pagamento de 2380 euros, xuros do fundamento sétimo da demanda, con expresa imposición de custas.
14. A demandada solicitou a fixación da cantidade a percibir pola demandante en 1519,98 euros, con expresa imposición de custas á demandante.
15. A demandante estableceu como fundamentos das súas pretensións: 1) o 19-7-2023, don Sixto conducía o Hyundai i20, matrícula NUM000, polo carril dereito, nunha rotonda de Lugo; o Seat Ibiza NUM001, asegurado na demandada, impactou contra o NUM000; correspóndelle responsabilidade á demandada, dado que o NUM001 non respectou a preferencia que lle correspondía ao NUM000; 2) como consecuencia do accidente, don Sixto recibiu asistencia sanitaria da demandante; emitiuse factura por 2380 euros; 3) don Sixto pactou coa demandante contrato de cesión de crédito o 21-9-2023, para o cobro de tratamtento rhb, consultas e xestión do sinistro; remitiuse reclamación previa á aseguradora; non foi posible solución extraxudicial ao conflicto; 4) a reclamación ascende a 2380; son prezos de mercado; 5) existe cousa xulgada; achégase fiva, declaración amistosa de accidente, informe de urxencias do Hospital Marqués de Valdecilla, informe de médico rehabilitador, folla de tratamento con firmas de asistencia, informe médico con tratamento realizado e alta, factura sanitaria, contrato de cesión de crédito, correo con reclamación previa enviada á demandada, correo electrónico con resposta do 15-1-2024, correo con proposta de quita do 10% de descontó de data do 16-1-2024, correo con proposta de quita do 10%de descontó de data do 20-2-2024, correo con proposta de quita do 10% de desconto do 18-4-2024, correo con proposta de quita do 10% de desconto do 28-8-2024, correo con proposta de quita do 10% de desconto do 21-10-2024, informe pericial con presos de mercado actualizados ano 2023, sentenzas.
16. A demandada estableceu como fundamento da súa oposición: 1) acéptase o feito primeiro da demanda; 2) admítese o feito obxectivo de que don Sixto foi asistido a través dos servizos sanitarios da demandante; 3) a demandante repercute un importe co que se mostra disconformidade; as súas tarifas son superiores ás establecidas no convenios marco de asistencia sanitaria subscritos entre as entidades aseguradoras e centros de saúde, tanto de sector público como privado; a demandante reclama 2380 euros e a demandada cre que só procede 1519,98 euros; existe, polo tanto, pluspetición; 4) négase o cuarto da demanda con remisión ao xa expresado; 5) négase o quinto e cítanse sentenzas favorables ao criterio da demandada.
17. A parte demandante achegou: 1) fiva; 2) declaración amistosa de accidente; 3) informe de urxencias do Hospital Marqués de Valdecilla, informe de médico rehabilitador, folla de tratamento con firmas de asistencia, informe médico con tratamento realizado e alta, factura sanitaria; 4) contrato de cesión de crédito; 5) correo con reclamación previa enviada á demandada, correo electrónico con resposta do 15-1-2024, correo con proposta de quita do 10% de descontó de data do 16-1-2024, correo con proposta de quita do 10%de descontó de data do 20-2-2024, correo con proposta de quita do 10% de desconto do 18-4-2024, correo con proposta de quita do 10% de desconto do 28-8-2024, correo con proposta de quita do 10% de desconto do 21-10-2024; 6) informe pericial con presos de mercado actualizados ano 2023; 7) sentenzas.
18. A demanada achgou: 1) poder; 2) sentenza.
19. SEGUNDO.- Considero que procede estimar a demanda. Consta admitido o feito do accidente e o feito de ter sido asistido don Sixto a través do servizos sanitarios da demandante.
20.En relación coa validez de cesión de dereitos, a sentenza da Ilma. Audiencia Provincial de Lugo do 16-4-2020 , en relación coa cesión afirmou:"En anteriores resoluciones la Sala ya ha analizado la cuestión controvertida en el presente recurso al recordar que el Código Civil en su artículo 1112 indica que "todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario".
21. Por lo tanto se ha de concluir que la cesión del crédito efectuada por los perjudicados al sanatorio que les prestó la asistencia practicada es perfectamente válida y eficaz de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.112 en relación con los arts. 1.203.3 y 1.209 y 1.526 y siguientes todos ellos del Código Civil . Así en los documentos de cesión núm. 3 y 4 de los que acompañan a la demanda se concreta el crédito objeto de cada cesión, indicando expresamente que se transmite "el crédito que pueda ostentar contra la compañía aseguradora responsable hasta el límite máximo previsto y por la cuantía económica a la que ascenderá el coste de la asistencia médico-sanitaria prestada en el Hospital, derivada de las lesiones sufridas por el asegurado/lesionado que suscribe, consecuencia del accidente de circulación que se menciona en el mismo" y, por lo tanto ya ocurrido, de modo que su objeto aparece definido, delimitado, liquidable y determinable sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes ( artículo 1.273 del Código Civil ), con plena validez en nuestro ordenamiento jurídico.
22. La cesión del derecho de crédito gozaba de la imprescindible determinación previa ya que se circunscribe a la asistencia médico-sanitaria respecto del concreto accidente de tráfico ocurrido el día 15 de abril de 2016, en el que resultaron lesionados los cedentes.
23. Como ya señalábamos en nuestra sentencia de 7 de junio de 2018 , "lo más trascendente es que quien ejercita ahora la acción es cesionaria del crédito que el perjudicado tenía contra la aseguradora, en este caso el importe preciso para ser resarcido por los gastos generados por su asistencia sanitaria, por lo que no podemos hablar, como se decía en el recurso, de nulidad del documento suscrito" Y en ella añadíamos que "la aseguradora, notificada del cambio operado por la cesión, debe abonar los gastos médicos al nuevo acreedor (Sanatorio apelado), plenamente legitimado para reclamarlos, sin que esta cesión perjudique ni obstaculice la reclamación que de otros conceptos indemnizatorios no cedidos (por ejemplo días de sanidad, secuelas, etc.) pueda articular el lesionado frente a la aseguradora".
24. De conformidad co exposto, considero que no existe ningún obstáculo á validez de transmisión de dereitos realizada por don Sixto á demandante, recollida en documento do 21-9-2023, achegado coa demanda.
25. En relación cos prezos, cabe sinalar que a sentenza da Ilma. Audiencia Provincial de Lugo do 19-1-2022 afirmou:
26. "En cuanto al recurso de apelación de Hospital Polusa, S.A, se alega el mismo error en la valoración de la prueba en relación con la publicidad sobre las tarifas que viene aplicando el citado Hospital a los lesionados por accidentes de tráfico, alegando también la libertad de fijación de precios y la improcedencia de aplicación de los precios del Decreto 56/2014, de 30 de abril, vulneración del principio de libertad de pacto y libertad contractual e infracción del artículo 1.255 del Código Civil , solicitando la entidad apelante actora que se condene a la entidad demandada al pago de la cantidad reclamada de 3.238,13 euros, más intereses moratorios y costas.
27. Estimo que el recurso de Hospital Polusa, S.A. ha de ser acogido sustancialmente del modo que señalaré.
28. La sentencia de instancia determina como cantidad a abonar por la entidad aseguradora demandada en concepto de principal la de 1.857,43 euros, frente a los 3.238,13 euros reclamados por principal en la demanda, aplicando para ello la resolución apelada, respecto de determinados conceptos reclamados y descritos en la propia sentencia, el Decreto 56/2014, de 30 de abril, por el que se establecen las tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud y en las fundaciones públicas sanitarias.
29. Asimismo la sentencia excluye de la reclamación de la entidad actora la consulta médica de 22 de mayo de 2019 , como así señala en el antepenúltimo párrafo de su tercer fundamento de derecho.
30. Y como ya adelantamos, estimamos que el recurso de apelación ha de ser sustancialmente acogido, pues considero que lo relevante es determinar si los precios facturados y reclamados por el Hospital demandante en este procedimiento resultan o no desproporcionados o abusivos y si resultan o no contrarios a los precios de mercado en relación con los que cobran otros Hospitales privados para asistencias prestadas a lesionados por accidentes de tráfico.
31. Y en el caso analizado considero que no se ha acreditado suficientemente en el procedimiento por la entidad demandada ni que los precios facturados por el Hospital demandante sean desproporcionados o abusivos, ni que se encuentren fuera de los habituales en el mercado, no constando tampoco que tales precios resulten contrarios o desproporcionados con los aplicados por otras Clínicas u Hospitales privados análogos.
32. Además, considero que no resultan de aplicación las tarifas que contempla el citado Decreto 56/2014, de 30 de abril, pues la entidad actora es un Centro sanitario de naturaleza privada y sin embargo dichas tarifas resultan de aplicación a los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud y a las fundaciones públicas sanitarias que contempla el Decreto.
33. Hemos de tener en cuenta, además, que por la entidad actora se aportó con su demanda (documento nº 22) un acta notarial de presencia de 28/12/2017 que pone de manifiesto y constata la existencia de lista de tarifas expuesta al público en el área de la Unidad de Tráficos del Hospital demandante.
34. Resultan de aplicación al caso presente los argumentos que exponíamos en la sentencia nº 138, de 24 de marzo de 2021 (recurso 782/2019 ), en que decíamos lo siguiente:
35. "En cuanto a la pluspetición que se alega, considero que el motivo tampoco puede ser acogido, pues además de que no parece que resulte de aplicación en el caso presente el Decreto 56/2014, de 30 de abril, referido por la apelante, hemos de tener en cuenta que la entidad actora es un centro médico privado que se rige por la libertad de mercado y de competencia, y considero que en el caso presente no se ha acreditado suficientemente por la entidad demandada ni que los precios facturados por la demandante sean excesivos, ni que se encuentren fuera de los habituales en el mercado, habiendo señalado esta Sala en la sentencia nº 3, de 2 de enero de 2020 , en un supuesto parecido, que "estamos en un ámbito de libre competencia y fijación de tarifas privadas, que salvo excesos evidentes han de ser respetada". Y en nuestro caso y como ya señalé, estimo que la entidad apelante no ha acreditado ni que los precios facturados sean excesivos, ni que los mismos no se hallen dentro de la media del mercado, no constando tampoco que tales precios resulten desproporcionados con los aplicados por otras Clínicas u Hospitales privados análogos. Y como decíamos en la sentencia de esta Sala nº 507, de 27 de octubre de 2020 , "en la relación contractual de servicio a los lesionados en el accidente de tráfico no rige ningún baremo porque la apelada NSOG, es un centro privado", sentencia en la que también señalábamos que "La parte apelante no ha acreditado que se le aplicaran unas tarifas diferentes a las que tiene fijadas para el público en general, incumbiéndole la carga de la prueba de este extremo". Y en la sentencia nº 20, de 16 de enero de 2020 , también en un caso análogo, indicábamos que "Por lo que se refiere a la pluspetición hemos de remitirnos al criterio reiteradamente expuesto ya por la Sala en supuestos similares, de la validez del contrato de cesión y del criterio de la libertad de precios, salvo motivos excepcionales....". Esta Sala, en su sentencia nº 599, de 30 de diciembre de 2020 , en un supuesto parecido al presente en el que también se oponía la entidad demandada a los importes facturados por la actora, se decía lo siguiente: "Tampoco resulta admisible como pretende la recurrente la aplicación del Convenio Marco de Asistencia Sanitaria del que la demandante no forma parte, ni lo previsto en el decreto de la Xunta de Galicia 56/2014 de 30 de abril ya que la relación existente entre las partes en este procedimiento no está incluida en su ámbito de aplicación, por lo que la relación entre los litigantes debe de regirse por el principio de la libertad de pacto y libertad contractual operante en nuestro derecho, estando la demandante facultada para facturar los servicios según los precios que previamente ha marcado para cada tipo de asistencia, de lo que no hay prueba que no haya ocurrido, es decir, la demandada solamente pretende que la actora facture los servicios conforme a una norma que a ella le resulta más beneficiosa pero que no es aplicable a la relación entre las partes por lo que tampoco el recurso puede ser estimado en este punto". Por lo tanto, considero que en el caso presente no se ha acreditado suficientemente por la entidad demandada ni que los precios facturados por la actora sean excesivos, ni que se encuentren fuera de los habituales en el mercado".
36. Resultan de plena aplicación al caso presente los argumentos que indicábamos en la sentencia de esta Sala nº 138, de 24 de marzo de 2021 (recurso 782/2019 ), que acabamos de transcribir.
37. Y también resultan de aplicación los argumentos de la sentencia nº 252, de 14 de junio de 2016, también de esta Sala , en que decíamos lo siguiente: "En cuanto al alegato al Convenio Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico, decir que su estipulación 2.2 B) resulta de aplicación a las aseguradoras adheridas al mismo respecto de las que genera obligaciones, pero aquí la entidad reclamante no es una aseguradora sino un Centro Médico. Además y con independencia del convenio, lo cierto es que en principio el paciente es quien decide dónde recibir el tratamiento, sin que pueda ser obligado a recibirlo en sitio distinto del elegido por él. No estamos considerando las relaciones de Seguridad Social, donde los principios son otros. Aquí se trata de que el responsable de un hecho circulatorio debe indemnizar los gastos ocasionados para la curación de las lesiones y debe hacerlo, bien directamente al perjudicado, o bien a quien pagó por él o, como es el caso, a quien prestó la debida asistencia sanitaria".
38. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los argumentos que exponíamos en las sentencias de esta Sala que he transcrito, los cuales resultan de aplicación al caso presente, procede estimar sustancialmente y en la cuantía que diré, el recurso de apelación, pues considero que no resultan de aplicación las tarifas que contempla el citado Decreto 56/2014, de 30 de abril y además no considero acreditado ni que los precios facturados por el Sanatorio apelante sean abusivos, ni que los mismos no se hallen dentro de la media del mercado, no constando tampoco que tales precios resulten desproporcionados con los aplicados por otras Clínicas u Hospitales privados análogos. No consta acreditado, en definitiva, que los precios facturados por el Hospital demandante apelante sean desproporcionados o abusivos, por lo que no resulta posible su minoración."
39. Considero que, aplicando o criterio mantido pola Ilma. Audiencia Provincial de Lugo, a demandante fixou os prezos dun modo válido, non son desproporcionados (a diferencia queda reducida a 860,02 euros) e entran dentro da liberdade da demandante.
40. Considero que todo o exposto debe levar, de conformidade cos arts. 1902 e seguintes, Real Decreto Lexislativo 8-2004, normas de cesión de créditos, á estimación da pretensión de conden a pagamento de 2380 euros.
41. En materia de xuros, a demandada solicitou a imposición de xuros do art. 20 LCS. Considero que esta pretensión da demandante debe ser estimada. Realizouse xa unha primeira reclamación extraxudicial o 23-11-2023 (houbo outras comunicación de reclamación o 16-1-2024, 20-2-2024, 18-4-2024, 28-8-2024, 21-10-2024) e, salvo erro material na revisión da documentación achegada ao proceso, non consta que se teña feito pagamento de ninguna cantidade pola demandada, a pesar de non ofrecer dúbidas que debería pagar algunha cantidade. Deste modo, considero que é clara a procedencia de imposición de xuros do art. 20 LCS.
42. TERCEIRO.- En relación co feito primeiro da contestación(acéptase o feito primeiro da demanda), considero admitido o feito do accidente segundo foi descrito na demanda.
43. En relación co feito segundo da contestación(admítese o feito obxectivo de que don Sixto foi asistido a través dos servizos sanitarios da demandante), considero que procede ter por admitido o feito de ter recibido don Sixto asistencia sanitaria a través dos servizos da demandante.
44. En relación co feito terceiro da contestación(a demandante repercute un importe co que se mostra disconformidade; as súas tarifas son superiores ás establecidas no convenios marco de asistencia sanitaria subscritos entre as entidades aseguradoras e centros de saúde, tanto de sector público como privado; a demandante reclama 2380 euros e a demandada cre que só procede 1519,98 euros; existe, polo tanto, pluspetición), considero que os prezos aplicados pola demandante entran dentro da súa libertade de fixación de prezos e, non sendo desproporcionados (a diferencia entre o reclamado pola demandante e o admitido pola demandada só foi de 860,02 euros) considero que procede estimar a demanda e non existiu pluspetición.
45. En relación co feito cuarto da contestación(négase o cuarto da demanda con remisión ao xa expresado), considero, como acabo de expresar, que os prezos aplicados pola demandante entran dentro da súa libertade de fixación de prezos e non son desproporcionados. Deste modo, considero que procede estimar a demanda.
46. En relación co feito quinto da contestación(négase o quinto e cítanse sentenzas favorables ao criterio da demandada), considero que o criterio da Ilma. Audiencia Provincial de Lugo exposto e mantido na sentenza do 19-1-2022 debe levar á estimación da demanda.
47. CUARTO.- En materia de custas, examinado o art. 394 LAC, se ben a sentenza é estimatoria, dado que a determinación dos prezos adecuados pode ofrecer dúbidas, considero adecuado ás circunstancias do caso establecer que cada parte pague as custas ocasionadas á súa instancia e as común por partes iguais.