Sentencia Civil 287/2026 Tribunal de Instancia. Sección Civil plaza nº 1 de Zaragoza, Rec. 190/2026 de 21 de mayo del 2026

PRIMERO.- Por la parte actora se ejercita acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, alegando que suscribió un contrato de línea de crédito, en su modalidad revolving, con la demandada en fecha 18 de febrero de 2008, con la finalidad de financiar sus gastos personales, actuando, por tanto, como consumidor. El contrato de préstamo se suscribió sin que por su parte se le permitiera negociar ningún extremo del mismo, siendo la entidad demandada la que determinó todos sus aspectos, considerando, la abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios y sistema de amortización revolving establecida en el contrato por su falta de incorporación y transparencia, con efecto de devolución de lo abonado en exceso sobre el total capital que se haya prestado. Con carácter subsidiario, interesa la nulidad por abusiva de la cláusula de penalización por vencimiento anticipado.

La parte demandada se opone a la demanda alegando, en primer lugar, la falta de abusividad de la cláusula de interés remuneratorio por la información precontractual y contractual al actor de las condiciones del contrato, considerando el tipo de interés remuneratorio como un elemento esencial del contrato, sin contravenir la normativa de condiciones generales de la contratación. En segundo lugar, respecto de la comisión de penalización por vencimiento anticipado, considera su validez ante la previsión contractual de la misma.

SEGUNDO.- Como acción principal que se ejercita por la misma se solicita la nulidad de la cláusula de los intereses remuneratorios por abusiva del contrato de crédito de 18 de febrero de 2008.

Con carácter previo, se parte de la afirmación de que las condiciones generales de los contratos han de cumplir unos requisitos ( art. 5 LCGC) sin los cuales no se tienen por incorporadas ( art. 7 LCGC) y, desde la modificación introducida en el apartado 5 de la Disposición final 4.1 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, son nulas cuando se incorporen de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores (modificación introducida en el mismo sentido en la disposición final 8 de la citada Ley para añadir un segundo párrafo al artículo 83 del TRLGDCU).

Por lo tanto, la eficacia de las condiciones generales está sometida a un control formal y gramatical, aplicable en todo caso, y un control calificado como sustantivo en relación con consumidores y usuarios, en línea con los criterios jurisprudenciales establecidos por el TJUE y por el TS; tomamos como referencia la Sentencia 564/2020 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 27 de octubre de 2020, que desarrolla el ámbito del control de transparencia en relación con cláusulas de contratos suscritos por consumidores, con cita de otras muchas sentencias tanto del TJUE como del TS.

En todo caso, la nulidad de una cláusula por falta de transparencia requiere que su incorporación sea "en perjuicio de los consumidores" ( artículo 83 TRLGDCU) . Así, la abusividad de las cláusulas por falta de transparencia está vinculada a un desequilibrio económico en perjuicio del consumidor y al incumplimiento de las exigencias de la buena fe; la única diferencia entre cláusulas reguladoras de elementos esenciales y accidentales del contrato es que, en el caso de las primeras, sólo se puede valorar el desequilibrio o la mala fe si no superan el control de transparencia; en tanto que, respecto de las segundas, se pueden valorar directamente las circunstancias de abusividad, con o sin transparencia.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en dos sentencias respecto a la nulidad por abusividad de las cláusulas relativas a los intereses ordinarios contenidas en un contrato de tarjeta revolving,confirmando el criterio expuesto en la STS 149/2020, 4 de marzo. Así, en las sentencias de fecha 30 de enero de 2025, números 154 y 155, el Tribunal Supremo concluye que las cláusulas relativas al interés del crédito, considerada conjuntamente con el resto de las cláusulas del contrato y, más concretamente, las relativas al sistema de amortización revolving,no es trasparente. Para llegar a esa conclusión, la Sala fija el contenido de la información que ha de proporcionar el profesional: que el sistema es del tipo revolving,la duración del contrato, qué conceptos devengan intereses, ejemplos adecuados para comprender los riesgos del sistema. Declara que la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización revolving,el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor y provoca un grave desequilibrio, declarando el carácter abusivo, de conformidad con el art. 3.1 Directiva 93/13.

Analizando esta doctrina jurisprudencial podemos ya que señalar que el TJUE ha establecido que la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores que resulta de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE no puede reducirse solo al carácter comprensible de estas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por tanto de transparencia, debe entenderse de manera extensiva.

Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones ( sentencias de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19, apartados 42 y 43, de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, apartados 63 y 64, y de 20 de abril de 2023, C-263/22, Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado 26).

Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él ( sentencias de 30 de abril de 2014, C-26/13, Kásler y Káslerné Rábai, apartado 75, C-96/14, de 23 de abril de 2015, Van Hove, apartados 41 y 50, de 20 de septiembre de 2017, C-186/16, Andriciuc, apartado 45, de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 37, de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, , apartado 43, y de 16 de julio de 2020, Caixabank y BBVA? C-224/19 y 259/19, apartado 67).

Las consecuencias negativas para el consumidor pueden producirse por la conjunción de varios factores:

- el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito;

- el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado tipo de interés;

- la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital;

- y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización de modo que el interés de demora se calcula sobre la totalidad de la cantidad adeudada, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones.

En consecuencia, es preciso que el consumidor reciba una información sobre estas características y estos riesgos, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno.

Respecto del momento en que debe facilitarse la información, la doctrina del TJUE que resalta la importancia de que la información sea facilitada al consumidor antes de celebrar el contrato.

En el caso que analiza la primera STS, se tiene en cuenta que la fecha del contrato y la fecha INE, es la misma.

En cuanto al contenido de la información: debe exponer de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados:

- cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés;

- y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital.

Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En conclusión, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda.

Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving.Porque la diferencia de esta modalidad con la de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE.

En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que:

- el sistema de amortización es del tipo revolving;

- debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta);

- debe establecer cuál es la duración del contrato;

- debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas);

- Y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras.

Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización,

En el caso que nos ocupa, noconsta que se proporcionada al actor, con carácter previo a la fecha del contrato de 18 de febrero de 2008, la información relativa a la INE, lo que dificultó la aceptación de que hubo información precontractual, ya que no consta dicha la información previa en las condiciones generales del contrato de crédito aportadas por ambas partes, pues dicha información se incorpora al contrato con igual fecha, lo que sería indicativo de que el actor no habría recibido la información previa al contrato, con la debida antelación y a su satisfacción, en los términos exigidos por la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, y haber recibido por parte del prestamista o, en su caso, del intermediario de crédito, explicación personalizada y asesoramiento exclusivo sobre las características esenciales de la oferta de crédito propuesta. La letra, de tamaño normal, permite su lectura, sin que conste en el contrato ejemplos respecto del funcionamiento del crédito, requisito no sólo razonable, sino exigido expresamente por la Orden ETD/699/2020 y reiterado por la Circular 3/2022 de 30 de marzo del Banco de España. Pero, todo ello, en el contexto de una "información precontractual". Lo que, obviamente, significa, previa a la firma del contrato.

Por lo tanto, no hubo información precontractual. No existe explicación alguna de cómo se reconstituye el cuadro de la deuda cuando habiendo dispuesto de una cantidad, con una cuota concreta, se vuelve a disponer de crédito sin haber devuelto el primero.

Tampoco se traslada ejemplo de las consecuencias de una posible capitalización de intereses ("anatocismo") para que el consumidor medio tenga una representación real de la carga que asume.

La falta de transparencia lleva consigo la condición de abusividad, procediendo la declaración de falta de transparencia y la abusividad de la cláusula de "intereses remuneratorios" en los términos demandados, con efecto de liquidación del contrato con la recíproca restitución de contraprestaciones al modo del art. 1303 C. civil, donde la la demandante devolverá el principal dispuesto y aún no reintegrado, más los intereses legales desde su recepción por la acreditada del capital recibido, tanto del reintegrado como del aún no reintegrado y por parte del banco acreditante la devolución del resto de conceptos cobrados (intereses, comisiones, gastos, etc.) más el interés legal de esas cantidades desde su cobro.

TERCERO.- Restitución de cantidad, en último término, a la que la parte demandada opone su prescripción. Excepción que se debe valorar en los términos opuestos por la demandada conforme a la sentencia del Tribunal Supremo nº 350/25, de 5 de marzo. Sentencia en la que se distingue la acción de nulidad del contrato por usura, que no caduca ni prescribe, de la acción de restitución de las cosas y del precio entregado, que es una acción personal sometida al plazo de prescripción del art. 1964 del C.Civil, que antes de octubre de 2015 era de 15 años y en la actualidad de 5 años. Y en cuanto al dies a quo del plazo de prescripción de la acción restitutoria, la sentencia indica que no es aplicable la doctrina del TJUE por ser la usura una cuestión ajena al ámbito del Derecho de la UE, declarando que, al tratarse de un crédito revolving, la acción para solicitar lo pagado en exceso sobre el capital del que se ha dispuesto nace respecto de cada pago mensual, concluyendo la sentencia que la acción para reclamar lo pagado que exceda del capital prestado en los cinco años anteriores a la formulación de la reclamación extrajudicial o a la interposición de la demanda, con ampliación del plazo en 82 días como consecuencia de la suspensión de los plazos de prescripción acordada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Conclusiones sobre la prescripción que deben trasladarse al presente caso, ante la acreditación de la reclamación extrajudicial en fecha 7 de diciembre de 2025, documento nº 3 de la demanda, lo que conlleva la desestimación de la excepción de prescripción.

CUARTO.- En cuanto a las costas procesales, de conformidad con el art. 394 LEC, al estimarse la demanda, se imponen a la demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo